Venezuela está inmersa en la
más severa crisis económica que haya encarado país latinoamericano alguno en la
historia moderna, con sombrías perspectivas de recuperación económica en el
corto plazo y sin que se vislumbre una voluntad política decisiva para diseñar
e implementar un programa económico integral, que atienda los desequilibrios
macroeconómicos, las profundas distorsiones de los precios relativos y la
disfuncionalidad de instituciones que mantienen la economía en un estado de
caos.
La economía venezolana
acumula en los últimos cuatro años una caída abismal del pib cercana a 40%, en
un cuadro de escasez que no solo afecta a las empresas por la ausencia de
insumos, materias primas y bienes de capital importados, sino a la población en
general que hoy dedica buena parte de su tiempo de vida a la búsqueda de bienes
esenciales para la subsistencia. El Banco Central de Venezuela (bcv) se ha
quedado sin reservas internacionales operativas, en un contexto en el que los
menguados ingresos petroleros ya no alcanzan para cubrir la pesada carga de
obligaciones financieras externas heredadas de la bonanza, que en promedio se
han comido 45% de las exportaciones anuales de la economía durante los últimos
cuatro años. Para cubrir el desequilibrio externo, el gobierno de Maduro ha
recortado las importaciones (en todo su espectro de bienes y servicios) en casi
76% en el mismo periodo. Con inmensas dificultades para cubrir la demanda
interna de divisas, el rígido mecanismo de control de cambios que ha regido el
país desde 2003 ha colapsado y, desde septiembre del año pasado, la economía se
ha quedado sin mercado cambiario legal u oficial y a merced de un mercado
paralelo no legalizado, cuya tasa de cambio ha adquirido un comportamiento
explosivo.
El sector externo no es el
único en problemas en Venezuela. La economía atraviesa una crisis fiscal como resultado
de la pesada carga de la deuda externa acumulada, de la caída de los ingresos
petroleros y de la no menos importante caída de los ingresos de origen no
petrolero, que han sido erosionados por la inflación. El país ha entrado en un
proceso de hiperinflación que, según los datos del índice de precios que
publica la Asamblea Nacional, movió los precios en el último trimestre de 2017
a una tasa promedio mensual de 62%. El proceso de aceleración inflacionaria,
que retrospectivamente se remonta a finales de 2012, ha acabado por completo
con los logros transitorios y cíclicos de los programas de desarrollo social de
la Revolución Bolivariana. En solo dos años, entre 2015 y 2016, 10 millones de
personas fueron enviadas al casillero que se ubica por debajo del umbral de
pobreza, y de acuerdo con el proyecto Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi),
cerca de 80% de los hogares se encontraba en situación de pobreza para finales
de 20161.
¿Cómo se explica esta
dinámica que ha convertido a un país tradicionalmente percibido como próspero
en una sociedad aplastada por una catástrofe que ya adquiere signos
humanitarios? Desde luego, hay factores estructurales que condicionan el
devenir de ciertas economías y preparan el terreno para el advenimiento de una
crisis. En el caso venezolano, la persistente dependencia de un recurso natural
exportable cuyos ingresos exhiben un comportamiento altamente volátil, la
tendencia a acumular gestiones fiscales deficitarias, el peso excesivo del
Estado en la economía, el escaso dinamismo del sector privado no petrolero para
proyectarse internacionalmente, la alta dependencia de las importaciones, la
sobrevaluación crónica de la moneda, la caída secular de la productividad, son
todos factores que se conjugan para proyectar, con un elevado grado de certeza,
el advenimiento de una crisis. También puede apelarse a la caída abrupta del
precio del petróleo y de los ingresos de origen petrolero como la razón que
explica el advenimiento de la crisis, y no ha faltado quien se aferre a ese argumento.
Sin despreciar la influencia que estos factores pueden haber tenido en el
desarrollo de la crisis venezolana, el momento, la prolongación y la magnitud
de lo que ha ocurrido en Venezuela requieren de otros elementos explicativos,
la mayor parte de los cuales, si no todos, responden al enfoque con que los
gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han encarado los desafíos económicos
encontrados. Abrazados a ideales pero también a una comprensión primitiva de
cómo trabaja una compleja y heterogénea economía en desarrollo, los gobiernos
de la llamada Revolución Bolivariana fueron promoviendo un modelo
«distribucionista» dirigido por el poder discrecional del Estado y apalancado
en los recursos de origen petrolero. Pero este mismo modelo fue cultivando las
condiciones para la generación y profundización de la crisis. El modesto
propósito de este ensayo es demostrar cómo tres dimensiones de la crisis –el
aislamiento financiero y la crisis externa, la crisis productiva, y la crisis
fiscal– condujeron a la economía venezolana a un destructivo proceso de
hiperinflación.
El manejo de la restricción
externa
A pesar de los cuantiosos
recursos que la economía del país registró en el pasado superciclo del precio
del petróleo, la deficiente gestión macroeconómica y una administración frágil
de los ingresos petroleros llevaron a la economía venezolana a un grave problema
de escasez de divisas y a una situación en la que se hacía imposible, con el
régimen cambiario imperante, cumplir simultáneamente con las obligaciones
externas y con las importaciones requeridas para mantener la «normalidad»
económica. Venezuela ha venido cabalgando con una crisis externa que se ha
convertido en una crisis de deuda, con sus típicos ciclos de euforia y
deflación en los precios de los títulos de la nación.
Animado por la bonanza
petrolera, el gobierno de Chávez aprovechó la altísima disposición de los
mercados financieros internacionales a prestar recursos en tiempos promisorios
de elevados precios de los commodities y en escasamente seis años, entre 2006 y
2012, cuadruplicó la deuda pública externa del país2. La deuda con los bancos de
desarrollo de China creció inmensamente, así como la deuda con la estatal
petrolera Petróleos de Venezuela (pdvsa). En el caso de los préstamos recibidos
de los bancos de desarrollo chinos, la mitad del endeudamiento se hizo a plazos
cortísimos (de tres años) y con pagos en envíos de crudo petrolero. Así, a
finales de 2012, la deuda pública externa ya remontaba los 113.000 millones de
dólares (v. cuadro), con vencimientos concentrados en el muy corto plazo.
A fines de 2012, antes de
que el precio del petróleo comenzara a caer, la economía venezolana ya se
encontraba con graves dificultades externas. El país había agotado casi todo su
nivel líquido de reservas internacionales y había perdido acceso a los mercados
financieros externos3. Dos desarrollos institucionales importantes permiten
explicar por qué Venezuela agotó sus reservas internacionales líquidas aun
antes de haber recibido el choque de precios del mercado petrolero mundial.
Ambos se vinculan con la reforma que Chávez promovió en julio de 2005 en la ley
que gobierna el bcv4. Por un lado, esta reforma permitió que el gobierno se
apoderara de una cuantía significativa de las reservas internacionales, que
fueron gradualmente traspasadas a un fondo para las inversiones del sector
público (fonden). Así, entre los años 2005 y 2013, el bcv traspasó al fonden
cerca de 53.500 millones de dólares de sus reservas internacionales. Por otro
lado, la reforma anuló la cláusula según la cual pdvsa tenía la obligación de
vender las divisas de origen petrolero al bcv a la tasa de cambio oficial. Así,
con la reforma, todo el poder sobre las divisas de origen petrolero fue
desplazado a pdvsa. Con un flujo de entrada limitado de dólares y un flujo de
salidas sin restricciones, el stock de reservas líquidas se fue agotando.
