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Las desigualdades aumentan por el desarrollo sostenible.


Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. 
Naciones Unidas (2.000) lanzó los célebres Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que contaban la reducción drástica de la pobreza extrema y el hambre para 2021 y otras siete metas más. A un año de terminar el plazo, el balance de lo logrado arroja un serio avance en el primero de los objetivos, pero a la vez un aumento de las desigualdades. La pobreza extrema se ha reducido a la mitad, pero las desigualdades han aumentado y, con ellas, la pobreza relativa. La Posición Española para la Agenda Post2021 propone abordar estos dos retos y añadir otros 10 más, entre los que cuenta la sostenibilidad ambiental. Bien hecho, lo que tiene que ser sostenible es el medio ambiente.
Sin embargo, en el encuentro se adjudicó a menudo el adjetivo “sostenible” al desarrollo, sustituyendo la expresión “desarrollo humano”, que tanto ha costado de aclarar, por “desarrollo sostenible”. Esto es, a mi juicio, un retroceso.
Después de la II Guerra Mundial el desarrollo de los pueblos se medía en términos de PIB, y fueron pioneros como Lebret, Goulet, ul Haq o Sen quienes recordaron que el auténtico desarrollo es desarrollo humano, que los pueblos están desarrollados cuando las personas cuentan con las capacidades suficientes para llevar adelante los planes de vida que elijan, no cuando les sobran mercancías. Que la pobreza es falta de libertad. Recurrir ahora al desarrollo sostenible introduce un margen de ambigüedad.
Cuando se quiere recortar gastos en una partida cabe siempre la coartada de decir que tal como está resulta insostenible y que es necesario introducir reformas para asegurar su sostenibilidad. Así ocurre con la sanidad, las pensiones, los salarios, la educación o la economía, con la dependencia o la ayuda a los vulnerables. Los recortes se hacen entonces en nombre de las generaciones futuras, cuando lo bien cierto es que es preciso atender a las generaciones presentes sin olvidar a las futuras. Lo que ocurre es que el término “sostenible” es muy opaco.
Nacido a comienzos del siglo XVIII en el campo de la economía, recibió el espaldarazo social en las reflexiones sobre el expolio de la naturaleza. El Informe Brundtland gestó la idea de desarrollo sostenible y la Cumbre de Río de 1992 se ocupó del tema recordando que los recursos de la Tierra son escasos y es necesario usarlos racionalmente, manteniendo sus condiciones de reproducción y pensando en las generaciones futuras. Este uso de la palabra se introdujo en la Carta de la Tierra, asumida por la Unesco en 2003.
Para que los recursos naturales sean sostenibles deben usarse por debajo del límite de su renovación
Es verdad que, además de la naturaleza, ya se incluían en la expresión la protección de los derechos humanos, la paz, la diversidad cultural, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia. Pero el hecho de que la expresión se origine en la economía ecológica introduce siempre confusiones, porque no es lo mismo intentar que el uso de la naturaleza sea sostenible que construir una sociedad sostenible. En ese juego de la ambigüedad quienes desean manipular tienen las manos más libres.
Para que los recursos naturales sean sostenibles deben usarse por debajo del límite de su renovación. Si talamos un bosque, desaparece, pero si nos servimos de él por debajo de cierto límite, siempre hay madera disponible. Pero ¿qué sucede cuando se aplica esta medida a la protección de derechos humanos o a la democracia? ¿Cuál es el límite en la producción y distribución de recursos sanitarios, judiciales, educativos o de bienestar social, por debajo del cual es preciso situarse para hacer posible la renovación?
En los ochenta del siglo pasado se decía que el Estado debía propiciar a los ciudadanos un “mínimo razonable”, y que eso era lo justo. Pero la justicia parece estar perdiendo terreno frente a la sostenibilidad, que al parecer da más juego, pero es más confuso. Las personas no son bosques, no se puede hablar aquí de talar más o menos. Si se recorta tanto que se pone en peligro la vida digna de una parte de la generación presente, entramos en lo que se llamó en un tiempo “las elecciones crueles” entre las actuales generaciones y las por venir, que dejan las manos libres para actuar en la generación presente sin contar con criterios de justicia.
Ciertamente, una persona puede sacrificar algunas de sus aspiraciones para tener una vejez mejor, pero una sociedad no es una persona, sino un conjunto de personas, y son algunas de ellas las que deciden a quiénes se debe sacrificar. La elección es entonces cruel, pero no para quienes toman las decisiones, sino para los que sufren sus consecuencias.

Por eso en el caso de las sociedades es aconsejable sustituir el discurso de la sostenibilidad por el de la justicia, el del desarrollo sostenible por el del desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental. Y en vez de empeñarse en construir una economía o una sanidad sostenibles, en vez de hablar de pensiones o ayudas a la dependencia sostenibles, bregar para que sean justas.

¿Justicia social o Religión civil -de la ciudad-?


Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.
Hace 40 años, el sociólogo Daniel Bell, en su libro Las contradicciones culturales del capitalismo, puso sobre el tapete un diagnóstico de esas contradicciones y dos propuestas para superarlas que siguen siendo de actualidad. En cuanto al diagnóstico, las sociedades posindustriales necesitan para sobrevivir y mejorar que sus ciudadanos desarrollen la virtud de la civilidad, que estén dispuestos a trabajar por su comunidad política, y resulta difícil lograrlo cuando lo cierto es que en esas sociedades faltan proyectos y valores compartidos y reina una desigualdad profunda entre sus miembros. ¿Cómo pedir a quienes están situados en los escalones inferiores que se esfuercen por un bien supuestamente común, del que no participan? ¿Cómo pedir a los bien situados que se ocupen del bien común, y no sólo del particular, si no hay un proyecto compartido? Y, sin embargo, la cooperación de los ciudadanos es indispensable para construir una buena sociedad.
En aquellos años Bell proponía dos caminos para superar esta contradicción y merece la pena reflexionar sobre ellos porque, aunque las circunstancias han cambiado, siguen abiertos como posibilidades. Uno consiste en promover en la comunidad política una religión civil; el otro, en bregar por la justicia social.
La religión civil es la religión de la ciudad, de la comunidad política. Desde tiempos remotos se entendía que cada ciudad tiene sus dioses, que luchan por defenderla frente a los dioses y los hombres de las demás ciudades. Fue Maquiavelo quien vio en la religión civil una ayuda espléndida para construir una nueva república romana, contando milagros si es preciso, como la leyenda de Rómulo y Remo, y Rousseau dedicó a ese tipo de religión un apartado en el penúltimo capítulo de El contrato social. Tras haber meditado sobre los distintos aspectos de ese contrato por el que las personas pasan a ser ciudadanas de una comunidad política, se pregunta si no es dudoso que vayan a cumplir el pacto, y propone como medida necesaria para lograrlo recurrir a una religión que dote a los ciudadanos de una fe común y asegure desde ella su civilidad. No se trata de la religión del hombre, que le liga directamente con Dios, sino de la religión del ciudadano, la religión civil, que le liga a la polis.
Para construirla pueden seguirse dos procedimientos. O bien tomar una religión trascendente y convertirla en la religión de la ciudad, o bien dar a los símbolos de la comunidad política un halo sagrado. Es decir, dotar de un carácter sagrado a una determinada versión de la historia, a la bandera, al himno, a las fiestas, al pueblo, a la raza o la etnia, incluso al equipo de fútbol.
Las personas somos animales simbólicos, y esos símbolos, dotados de un carácter numinoso, que excede con mucho a sus soportes materiales, se inscriben en el terreno fértil de las emociones y hacen vibrar a quienes los comparten. Sintiéndose emocionalmente miembros de esa comunidad sagrada los que están siendo tratados de forma desigual olvidan que es así y trabajan con entusiasmo por una comunidad que sienten como suya. Con lo cual se va tejiendo emotivamente una voluntad común, aunque la desigualdad sea palmaria.
Ciertamente, es preciso tener en cuenta en cualquier proyecto social el valor de los símbolos, pero la religión civil es una solución premoderna, que ya no era de recibo en el siglo XVIII, cuando Rousseau la propuso, no digamos en el siglo XXI. En nuestros días es bien claro que el Estado y la sociedad civil son los responsables de crear cohesión social, no con leyendas y milagros emotivos, sino poniendo en práctica la justicia social.
Y llegados a este punto conviene recordar que el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, elaborado por FOESSA y auspiciado por Cáritas, arroja unos datos escalofriantes, que se han convertido en la primera preocupación de los españoles, y deberían serlo de cualquier partido político que aspire a gobernar. La población excluida representa el 25%, cinco millones se encuentran en exclusión severa, y de entre los excluidos, el 77,1% está excluido del empleo, el 61,7% de la vivienda y el 46% de la atención sanitaria.
Naturalmente, el barómetro del CIS de septiembre 2014 refleja que ésas son las principales preocupaciones de los españoles: el paro, la corrupción y el fraude que roban recursos públicos, los partidos políticos y la situación económica. Pero otros temas son igualmente urgentes, porque afectan a derechos humanos, por poner un solo ejemplo, el caso de la inmigración. Es doloroso que Europa no se preocupara de la ingente cantidad de africanos que moría por el ébola y, sin embargo, encontrara rápidamente dinero para intentar hacerle frente en cuanto la posibilidad de contagio cruzó el Estrecho de Gibraltar. Construir soluciones con altura humana es uno de los retos ante los que Europa no puede mirar hacia otro lado.
Abordar cuestiones como éstas es el proyecto que puede crear civilidad honradamente. Los partidos que se ocupen prioritariamente de ellas habrán tomado la política en serio.