Julio Martínez Martínez. | Carlos Luján (EP)
Juan Pardo Navarro
El escenario judicial que cerca al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un vuelco radical. Los lazos de estricta confidencialidad que unían al exlíder socialista con su presunto testaferro, Julio Martínez, conocido como Julito, se han agrietado de manera irreversible. Zapatero ha perdido el control sobre su hombre de confianza y alberga serias sospechas de que este se encuentre a un paso de sellar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para eludir un horizonte penal extremadamente adverso.
Los movimientos de distanciamiento entre ambos comenzaron a ejecutarse el pasado mes de diciembre, inmediatamente después de que se produjera la detención de Julio Martínez. Fue una maniobra fría, guiada por la estricta cautela y la prevención jurídica, y no porque la relación personal o de negocios se hubiese enfriado en los despachos. La consigna inicial era evitar cualquier exposición pública que alimentara el foco de los investigadores.
Por ello, dejaron de verse con la asiduidad con la que lo hacían habitualmente en El Pardo. Entonces, el expresidente del Gobierno mantenía una tranquilidad absoluta basada en una fe ciega hacia su presunto testaferro. Si algo tenía nítidamente claro el exlíder del PSOE era la fidelidad inquebrantable de su mano derecha. «Sabía que no le iba a fallar», detallan a este periódico personas pertenecientes a su círculo íntimo. Sin embargo, las certezas que sostenían al exjefe del Ejecutivo se han desmoronado por completo en la última semana.
Julito está en shock
El punto de inflexión definitivo se produjo el pasado martes 19 de mayo. Ese día, la Audiencia Nacional dio un golpe de timón a la instrucción al comunicar formalmente a José Luis Rodríguez Zapatero su imputación judicial en la causa. El magistrado instructor sitúa al expresidente como el presunto líder de una estructura perfectamente organizada dedicada al tráfico de influencias. De forma paralela a la notificación de la imputación, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional procedieron al registro de su despacho profesional y de las sedes de varias empresas directamente relacionadas con la trama delictiva.
La contundencia de la operación judicial ha pulverizado la resistencia anímica de su presunto testaferro. Desde el mismo momento en que se ejecutaron las entradas y registros y se oficializó la imputación del exlíder del Ejecutivo, Julio Martínez ha entrado en una situación de «shock». «No ha reaccionado», confirman de manera tajante fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esta parálisis y falta de respuesta genera un temor indisimulado en el entorno de Zapatero, ya que abre la puerta a un escenario que los estrategas legales del expresidente consideraban remoto: que Martínez decida finalmente «tirar de la manta». Las fuentes consultadas apuntan a que el investigado se debate en este momento entre dos estrategias procesales radicalmente opuestas.
La primera opción pasa por pactar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, un camino idéntico al que ha tomado recientemente el empresario Víctor de Aldama en el marco del caso Koldo. La segunda vía consistiría en cerrarse en banda, negar de plano la mayor y asumir sobre sus propias espaldas gran parte de la responsabilidad penal de la causa con el único objetivo de no delatar a quien, tal y como el propio Martínez aseguró sin tapujos en conversaciones privadas con empresarios de la aerolínea Plus Ultra, era su «jefe».
Este dilema mantiene en un vilo constante al expresidente del Gobierno, que duda abiertamente de si su subordinado será capaz de mantener una lealtad numantina similar a la que exhibió en su día el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. En aquel procedimiento, que guarda profundas similitudes por el rastro del dinero y las conexiones internacionales de la trama, el diplomático jamás señaló al expresidente en la causa penal en la que se le investigó de forma conjunta con su hijo, Alejo Morodo. Los Morodo fueron investigados por ocultar a la Hacienda Pública española cerca de 4,5 millones de euros, una cantidad que Alejo Morodo había cobrado de manera opaca, procedente de las cuentas de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Finalmente, el exembajador y su hijo llegaron a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado tras reconocer abiertamente los hechos delictivos y abonar una parte sustancial de la deuda tributaria, la cual superaba los 1,4 millones de euros. Gracias a esta conformidad, Raúl Morodo fue condenado a una pena de 10 meses de prisión, mientras que su hijo aceptó una condena de dos años de cárcel, lo que permitió que ninguno de los dos tuviera que ingresar de manera efectiva en un centro penitenciario.
La conexión de Washington
El horizonte judicial que se dibuja para Julio Martínez en la Audiencia Nacional es sustancialmente más sombrío y complejo que el que afrontó en su día la familia Morodo. El catálogo de delitos que la Fiscalía y el juzgado atribuyen al presunto testaferro de Zapatero incluye cargos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida en territorio español. Se trata de tipos penales graves que llevan aparejadas penas de prisión mucho más elevadas y que dificultan sobremanera la obtención de un beneficio penitenciario que le libre de la cárcel sin una colaboración total.
Por si fuera poco, la presión sobre el entramado societario ha adquirido una dimensión internacional que desborda las fronteras de la Audiencia Nacional. Tal y como ha podido confirmar y publicar THE OBJECTIVE, Estados Unidos tiene previsto actuar de manera inmediata para estrechar el cerco de forma definitiva sobre el presunto testaferro de Zapatero. Hasta tres fuentes distintas, procedentes tanto del ámbito policial como de la judicatura en España, desvelan a este periódico que la Administración estadounidense prepara ya minuciosamente una ambiciosa «operación de calado».
Y es que Julio Martínez Martínez controla más de medio millón de euros en fondos bancarios en Miami, a través de una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas (paraíso fiscal) que es titular de la cuenta en una banca de inversión privada estadounidense. Este dinero fue trasladado hace años desde Luxemburgo y no está directamente a su nombre personal, sino al de su sociedad. La UDEF lo descubrió en correos y documentos de un ordenador incautado en su detención. La cuenta registró movimientos de unos 200.000 euros en 2025. Estos fondos se investigan por posible blanqueo, aunque por ahora no se vinculan directamente al rescate de Plus Ultra, sino que se relacionan más con otras operaciones en Venezuela que tienen que ver con movimientos de oro y petróleo.
