Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, en la última visita de la presidenta de la Comisión Europea a Madrid.
La Comisión Europea no parará la amnistía de Sánchez sin un texto jurídico que se considere anticonstitucional
El equipo de la presidenta Ursula Von der Leyen sigue echando balones fuera y tilda el problema de «asunto nacional» ante el que prefiere no pronunciarse
La Comisión Europea con Ursula von der Leyen a la cabeza evita por enésima vez pronunciarse respecto a la posibilidad de una amnistía a los golpistas catalanes, incluso después de que el presidente Pedro Sánchez se haya mostrado a favor en un acto de su partido el pasado fin de semana.
Desde que Carles Puigdemont lanzara el órdago de sus condiciones para apoyar al líder socialista en una supuesta investidura, la respuesta desde el edificio Berlaymont de Bruselas ha sido la misma: «es un asunto nacional y no comentamos sobre estos temas».
La comparación con otros casos es obligada. La Comisión sí actuó contra Rumanía, Polonia y Hungría contra reformas que hubieran dado impunidad a los políticos, según su parecer.
En el caso de Rumanía se actuó para evitar que se amnistiara a políticos que habían sido condenados por corrupción. El presidente de la Comisión en su momento, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, consideró la opción como «un paso atrás en el Estado de Derecho».
Contra Varsovia y Budapest se
actuó por considerar que había leyes contrarias al propio Estado de
Derecho europeo, aunque siempre se ha entendido que la supervisión tuvo
que ver más con motivos ideológicos que políticos.
Sánchez tiene las espaldas cubiertas
Ahora que Pedro Sánchez ha anunciado su apoyo a una posible amnistía como condición sine qua non para ser investido, la Comisión Europea parece no ver la misma violación del Estado de Derecho que en anteriores ocasiones.
«En
el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la
convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por
los hechos acaecidos en la década pasada», afirmó Sánchez en su
intervención en abierto en el Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre Congresos, del que forman parte entre otros los miembros de la Ejecutiva Federal y los líderes territoriales.
Puigdemont y sus acólitos no fueron condenados por corrupción, sino por saltarse el orden constitucional vigente, llevar a cabo un golpe de Estado suave y romper el principio de igualdad de todos los españoles.
Esto
no se considera suficiente para intervenir, no al menos mientras no
haya un texto jurídico y una sentencia que lo considere
anticonstitucional.
Y
es que este es el quid de la cuestión. Según fuentes consultadas por
este medio, la Comisión Europea no tomará medidas al respecto mientras
no exista un documento en firme.
Aun suponiendo que esa ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, la CE se escuda en que no interviene en asuntos que afecten al ordenamiento constitucional de un país.
La realidad es que el Tribunal lo controla el PSOE a través de Cándido Conde-Pumpido, por lo que Sánchez tendría las espaldas cubiertas de antemano.
Por otro lado, el comisario de Justicia Didier Reynders
dejó claro hace unos días que solo actuaría en caso de que en la ley se
incluyera una modificación incuestionable del delito de malversación.
Un
delito que ya ha sido modificado por otra vía de manera previa. Por lo
tanto, la vía Reynders es una vía muerta desde el principio.
Incluso en ese caso, cualquier recurso de la Comisión tardaría demasiado tiempo en resolverse en el Tribunal de Justicia Europeo.
Es
decir, que para entonces Pedro Sánchez no sería ya presidente de la UE
-algo realmente grave si se le condena durante este cargo-, pero ya
habría sido nombrado presidente de España por lo que sería imposible una
decisión de dicho Tribunal que sirviera para revocar un nombramiento
semejante.
Lo
que se extrae de todo esto es que la Comisión Europea por el momento no
quiere oír ni hablar de intervenir al Gobierno por el tema de la
amnistía (una patata caliente que prefiere evitar); que de hacerlo es
bajo unos supuestos que no se van a dar y que Pedro Sánchez conoce esto
de sobra y sabe que no hay manera de que su supuesta ley de amnistía le
pase factura desde Europa.
