Presenciar un desahucio es asistir en directo al fracaso de la sociedad, de su política y de su inmoralidad.

¡A buenas horas mangas verdes¡ PP/PSOE quieren llegar a un acuerdo en una insidiosa  reforma electoral y en materia de desahucios. De cualquier forma este acercamiento, solo reafirma sus propios errores. Los políticos ignoran que la práctica indiscriminada del desahucio en España es un claro signo de tiranía. Soportar esa injusticia.                                                            Los desahucios, en España,   son un verdadero  espectáculo bochornoso y moralmente insoportable, algo que nunca debería ocurrir y que la clase política debería impedir en la mayoría de los casos. Arrebatar la vivienda a gente ya previamente azotada por el desempleo y la pobreza, que se siente desamparada y atemorizada, es de una crueldad supina y de una bajeza que sólo es posible en una sociedad injusta y desalmada, como la que hemos creado en España.

Presenciar un desahucio es asistir en directo al fracaso de la sociedad, de su política y de su ética. La policía expulsando de su hogar a familias desesperadas, incluyendo a ancianos y niños, entre lágrimas y gritos de protesta impotente, es algo que debería impedirse. Los bancos, después de haber recibido toneladas de miles de millones de dinero público, pagado con los impuestos ciudadanos, no deberían ser tan crueles y malvados, mientras la pasividad de los gobernantes merece que los ciudadanos los expulsen del poder y les sustituyan por gente con alma y decencia. La avaricia del sistema bancario español es una lacra para el país que nada tiene que ver con el justo beneficio que deben buscar las empresas, Aplastar al cliente que ya está aplastado y al que no es posible cobrarle, amparándose en una ley de principios del siglo XX que los ineptos y miserables políticos no se han atrevido a derogar, es una crueldad innecesaria, propia de bandidos.

Decir que los banqueros son ladrones autorizados, ya no daña ni a ellos mismos, aun se atreven a realizar esas crueldades y los políticos se lo permiten porque nadie tiene respeto en España a los ciudadanos, ni a sus derechos básicos, ni a su potencial rebeldía, castrada por el miedo y la incultura democrática reinante. Si España fuera un país de ciudadanos en lugar de una cloaca habitada por borregos acobardados, ni unos ni otros se atreverían a culminar semejantes canalladas.

Así protege la policía nacional a BANKIA

Estos insaciables banqueros son los principales y únicos  culpables de que la sociedad española odie a todos los que tienen dinero, de manera injusta e indiscriminada, incluso a Amancio Ortega, dueño del imperio Zara, uno de los españoles con más méritos y merecedores de admiración y respeto, creador de más de 110.000 puestos de trabajo, que acaba de ser linchado por la prensa de izquierdas y "progre" porque le ha donado 20 millones de euros a Cáritas, ONG ejemplar, perteneciente a la Iglesia Católica, libre de robos y manipulaciones políticas, que está ayudando a más de dos millones de españoles, que han quedado arruinados por obra de la crisis y de los políticos. Como han comentado algunos analistas, Amancio Ortega habría sido mejor tratado por los medios progresistas si hubiera asaltado un supermercado, como hizo el impresentable político comunista Sánchez Gordillo, cuyo robo a Mercadona fue tratado como heroico por la triste progresía izquierdista española.

Nunca piensan que cuando le roban a una familia desgraciada su vivienda, el problema para ellos no termina porque quedan endeudados con el banco hasta que no liquiden la deuda, lo que significa embargos sucesivos y, en la práctica, una pobreza eterna y humillante que convierte la vida en un suplicio.

Todos los índices incluso el de  suicidios crece como la espuma en la España injusta que nos han construido el PSOE y el PP y los desahucios son una de las principales causas. Los dos casos recientes más impactantes fueron un ahorcado y otro que se lanzó al vacío, desde la ventana de la casa que iban a expropiarle.

A los políticos solo les interesa el poder y con el, el dinero son gentuza insensible, alienada, arrogante y ajena al sufrimiento que les rodea sin que ellos, desde el lujo, lo perciban, habría sido y sigue siendo fácil evitar los desahucios, pero no lo han hecho porque les importa un bledo el sufrimiento ajeno y están borrachos de poder y de privilegios. Habría bastado con aprobar la dación en pago o negociar con los bancos una moratoria, obligatoria al menos para aquellas entidades que hubieran recibido fondos públicos. Pero no han hecho nada y, cuando se les presentó la ocasión de votar, el PP y el PSOE votaron en contra de que la deuda quedara liquidada con la entrega de la vivienda al banco,  o sea, DACIÓN DE PAGO, como estaba antes de la puta democracia.

A buenas horas mangas verdes, el PP aprueba el Código del Buen Gobierno

¡A buenas horas mangas verdes¡ Dentro de las muchas tonterías que está aprobando el Gobierno de Rajoy y que nunca se cumplirán está la normativa estatal de transparencia que, entre otras cosas,  ha incorporado  una regulación del Código de Buen Gobierno –ya estaba aprobado  se entiende que los políticos son gentuza honrada-   que exige a las personas comprendidas en su ámbito de aplicación observen en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española –Pensaba que la Constitución era de obligatorio cumplimiento desde su aprobación inicial, pero…. y en el resto del ordenamiento jurídico y promuevan el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Están sujetos a las obligaciones del buen gobierno, en los términos que señalaré posteriormente, en el ámbito de la Administración General del Estado los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. También están sujetos los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. Ahora bien, frente a lo que ocurría en el proyecto de Ley, que hubiera podido amparar incluso la pérdida de la condición de electos de algunos de los sujetos expresados, el texto finalmente aprobado deja claro que “la aplicación de las disposiciones sobre buen gobierno de la nueva Ley estatal no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar el sujeto a la misma, aunque más bien son objetos con patas.

Pero vamos a  preconizar la importancia de la normativa sobre buen gobierno se pone de manifiesto si se advierte cuáles son las posibles sanciones administrativas que pueden imponerse por su incumplimiento. Así, si a las infracciones leves corresponderá la amonestación, por la comisión de una infracción grave se impondrá al infractor la declaración del incumplimiento y su publicación en el BOE que corresponda o la no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo, que se impondrán en todo caso cuando se trate de infracciones muy graves. Pero, además, los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años. Está por ver, salvaguardada la condición de electo, conforme he advertido, si esa destitución puede alcanzar, como parece, a cualesquiera cargos o puestos que se ocupen y que no deriven automáticamente de tal condición de electo. El impacto que ello puede tener no escapa a ningún conocedor de la administración pública y el habitual revanchismo político que acaece tras los sucesivos cambios de gobierno no augura nada bueno más bien todo lo contrario.

Hay que tener muy en cuenta que el plazo de prescripción es de cinco años para las infracciones muy graves, tres para las graves y uno para las leves y correspondiendo a autoridades políticas la incoación del procedimiento y la competencia para su resolución, tan sólo una clara tipificación de las infracciones puede evitar que, al amparo de esta normativa, se abran causas generales a gobiernos anteriores cuyos miembros, frecuentemente, serán miembros electos de cámaras legislativas o plenos locales. Sin embargo, ni las obligaciones de buen gobierno resultan precisas, como demuestra una somera lectura de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, ni la tipificación de infracciones lo es. Y es que, dejando al margen la regulación de las infracciones en materia de conflicto de intereses o en materia de gestión económico-presupuestaria, entre las infracciones disciplinarias muy graves se incluyen algunas tan genéricas o imprecisas como “el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones”, “toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo”, “la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos”, “el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas” o “la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito” (art. 29.1 Ley de Transparencia). O sea, nada de lo mismo.

En definitiva, son más inseguridades que certezas las que abre la nueva norma estatal. No parece buena base para reformar la gobernanza de nuestro país atacando indeseables fenómenos de corrupción. La profunda modificación del anteproyecto y del propio proyecto de Ley, aunque ha eliminado las claras trazas de inconstitucionalidad que en su día se pusieron de manifiesto, pues se convertía al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en garante del buen gobierno en todos las administraciones públicas, por encima de autonomías y repartos competenciales, no permite concluir que sea la norma precisa para transformar las dinámicas de gobierno. Son otros y más complejos los problemas, previos. El buen gobierno no vendrá de leyes sancionadoras que, si no me equivoco, serán objeto de uso partidista sin lugar a dudas.