España no puede aguantar ni un solo día más la presión y el desconcierto ocasionado por el desastre corruptivo del sanchismo. En la cúpula del la dictadura de Pedro Sánchez, quien no está imputado está pendiente de que le conmuten la condena de garrote vil a cadena perpetua irrevisable. En dicha cúpula no solo están citados los cargos políticos, véase la banda de Koldo, Pepa Bueno, el rector de la complutense o el mismísimo Rey de Marruecos.
Con Pedro Sánchez lo estamos comprobando, con lágrimas, sudor y desesperación. El
poder centralizado en La Moncloa es excesivo. El presidente puede
gobernar al margen del Parlamento, prácticamente por decreto.
Ni siquiera es condición imprescindible que logre la aprobación de los
Presupuestos Generales. Puede prorrogar los anteriores y, según las
necesidades, establecer partidas de gasto extraordinarias. No es lo
ideal, pero funciona. Y al poder, es decir, a La Moncloa, le basta para
que la máquina del Estado siga funcionando a su capricho.
Esta peligrosa anomalía nace del temor a la ingobernabilidad de un país tradicionalmente dividido,
complejo y tendente a las pugnas nacionalistas, partidistas y
sectarias. El miedo a que la España postfranquista fuera ingobernable
llevó a que los padres de la Constitución de 1978 fortalecieran las
capacidades de la institución de la presidencia del gobierno.
Desgraciadamente, con el tiempo, este remedio se ha demostrado mucho
peor que la amenaza que pretendía prevenir.
Hoy, el complejo de La Moncloa es el centro del poder, un poder casi
absoluto que tiene un paradójico agravante en caso de que el gobierno
sea débil, como sucede con el Gobierno socialista. Y es que el
presidente usará ese inmenso poder como moneda de cambio y, en lugar de
que esta institución actúe como fuerza centrípeta, se convertirá en una
fuerza centrífuga, una motosierra con la que un solo individuo,
para conservar la presidencia, troceará el país y lo repartirá entre
mafias nacionalistas y políticas. Exactamente lo que está haciendo Sánchez.
Sometido a la dictadura del trueque presidencial, el Parlamento deja de representar al pueblo soberano.
No propone, debate, audita, subsana o mejora leyes, sino que, mediante
la articulación de una mayoría simple, ratifica el poder del presidente,
quien a su vez usará ese poder para comprar su permanencia en La
Moncloa. Un círculo vicioso que sólo atiende a la aritmética y que
desemboca en el infierno.
Así se explica que los parlamentarios, salvo honrosas excepciones, no
atiendan a los intereses generales ni sean constructivos, sino que
escenifiquen la pugna entra facciones por los beneficios de ese poder
desmedido, convirtiendo los debates en un espectáculo bochornoso, con descalificaciones, improperios, insultos, incluso mímica soez, como la escenificada por la ministra María Jesús Montero, que simuló comerse algo que no era una zanahoria, precisamente.
Nuestro Kremlin
Una de las pruebas más contundentes de este poder descontrolado está
en su propio aparataje. El complejo de La Moncloa, que incluye la
residencia oficial del presidente del Gobierno español y oficinas de
trabajo, emplea a unas 370 personas. Esta cifra incluye
funcionarios administrativos, auxiliares, y personal encargado de la
gestión y mantenimiento del recinto. Además, se estima que más de 120
personas están asignadas específicamente a la protección y seguridad del
complejo, lo que incluye fuerzas policiales y servicios técnicos
especializados.
A esto hay que sumar que, de los 869 asesores reclutados por
el presidente Sánchez, aproximadamente 383 están asignados a Moncloa.
Esto equivale a casi la mitad del personal de confianza del Gobierno.
Para hacerse una idea de la magnitud del complejo monclovita, Downing
Street 10, la residencia y oficina de los primeros ministros británicos,
emplea alrededor de 100 funcionarios y asesores, y una dotación de
personal de seguridad equiparable. En comparación, La Moncloa tiene
cuatro veces más personal que su equivalente británico.
Un país de ciudadanos dependientes
La concentración del poder es lo que ha permitido someter a
las demás instituciones a las necesidades de un solo individuo o, a lo
sumo, de una banda. Pero este proceso de acaparación no se ha
detenido ahí, ha ido mucho más lejos. Su naturaleza expansiva se ha
propagado como la pólvora, de tal forma que tanto los inquilinos de La
Moncloa como sus émulos regionales han trabajado con ahínco para generar
intensas dependencias en la sociedad, pues si lograban que una masa
crítica de electores se volviera dependiente, incentivarían el voto
cautivo a través de las redes clientelares y resultaría mucho más
difícil cuestionar el modelo y exigir que se reforme.
Cataluña y Extremadura son casos paradigmáticos, aunque no los
únicos. En la primera, de sus cuatro millones de población activa, 400.000
son funcionarios o empleados públicos dependientes de la Generalitat y
ayuntamientos, a lo que hay que sumar la red clientelar de subsidios y
subvenciones tejida por los nacionalistas. Algo que no va a
cambiar con la presidencia de un presunto socialista no nacionalista. Al
contrario, sólo para la proyectada Hacienda catalana Salvador Illa
va a convocar 4.000 nuevas plazas con cargo a los presupuestos. Esto,
sin embargo, es lo que se ve. Luego está lo que es opaco. La Generalitat
gestiona una cantidad significativa de fondos que benefician a
ciudadanos y empresas en diferentes niveles de dependencia económica,
aunque, como es la costumbre, no se dispone de un desglose preciso de
cuántas personas se benefician directamente de ellos.
«Se estima que alrededor de 17,2 millones de personas reciben ingresos del Estado»
En cuanto a Extremadura, de su población activa, que a duras penas
supera las 400.000 personas, más de 90.000 son funcionarios o empleados
públicos; es decir, casi uno de cada cuatro trabajadores extremeños cobra de la Administración. De las ayudas y subvenciones ni hablo. No hace falta.
El resultado de forma agregada es que una proporción muy
significativa de la población española depende del sector público para
su sustento, ya sea a través de empleo, pensiones, subsidios o
prestaciones sociales. Se estima que alrededor de 17,2 millones
de personas reciben ingresos del Estado, una cifra cercana a los 17,8
millones de empleados del sector privado. De esos 17,2 millones, 9,3
millones son pensionistas; 3,6 millones, empleados públicos, incluyendo
todas las administraciones y empresas públicas; 1,8 millones,
desempleados que reciben subsidios o prestaciones por desempleo; dos
millones, personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV); y, por
último, cerca de 500.000 personas que reciben alguna ayuda o
complemento.
Del otro lado habría, como digo, 17,8 millones de trabajadores que
cotizan en el sector privado. Sin embargo, también muchos de ellos
reciben algún tipo de ayuda o beneficio público (como subsidios a
sectores específicos, deducciones fiscales especiales o beneficios
sociales). No existe un dato exacto del número de trabajadores libres de
cualquier tipo de dependencia del Estado, pero podemos calcular
aproximadamente el número de los que no reciben beneficios sociales ni
deducciones fiscales específicas: entre 12 y 13 millones, según los datos del mercado laboral.
Pero el poder se las ha ingeniado para que las dependencias también estén presentes en este último grupo. Muchas empresas privadas reciben ayudas estatales que indirectamente sostienen empleos.
Por ejemplo, beneficios generalizados como reducciones en el IRPF o
bonificaciones por contratación. Así, aunque sobre el papel 17,8
millones de españoles trabajan en el sector privado, sólo dos tercios
están relativamente libres de dependencias directas del Estado:
alrededor de 12 millones. Incluso esta cifra es cuestionable según cómo
se definan los «beneficios estatales indirectos».
La ideología de la dependencia
A menudo se afirma que España es en su mayoría socialista. Una
afirmación que, además de los numerosos gobiernos del PSOE, cobra fuerza
al comprobar que las incontables tropelías del actual presidente, Pedro Sánchez, a duras penas merman su intención de voto.
Hay, pues, un suelo sólido bajo sus pies, un pétreo suelo socialista.
Discrepo de esta opinión. España no es un país socialista, es un país
extremadamente dependiente, educado con perseverancia en la dependencia
del poder y, en consecuencia, conservador en el peor sentido imaginable.
Dentro de este esquema no hay salida. La única opción es que este sistema de dependencia que tiende a infinito acabe colapsando, como ha sucedido en Argentina,
y las magnitudes se inviertan. Al final, como sucedía en las
postrimerías de la extinta Unión Soviética, el Estado simulará que paga y
los ciudadanos a su vez fingirán que trabajan. Por lo pronto, la letra
pequeña en exenciones y subsidios cada vez es más abundante, para que
resulte más difícil acceder a ellos, o sus importes y reglas cambian
constantemente para soltar lastre, mientras que las ayudas más
apremiantes y justificadas, como son los casos de desastres naturales,
tardan una eternidad o sencillamente nunca llegan.
Simultáneamente, los impuestos se disparan. Sólo durante la
presidencia de Pedro Sánchez se han aprobado seis subidas en el IRPF y
cuatro incrementos en el Impuesto de Sociedades, además de
subidas en el Impuesto sobre el Patrimonio y cambios en el cálculo de
plusvalías municipales; se ha revisado al alza el IVA en numerosos
productos y aprobado aumentos en el Impuesto de Matriculación y de
Hidrocarburos; se han llevado a cabo 19 subidas en las cotizaciones
sociales, incluyendo el aumento de las cuotas para autónomos y una nueva
«cuota de solidaridad»; y se ha creado la Tasa Google, la Tasa Tobin,
nuevos gravámenes a los plásticos no reciclables e impuestos
relacionados con transacciones digitales y productos contaminantes.
Sin embargo, esto, que es insostenible, ningún político se atreve a señalarlo, mucho menos a cambiarlo. Como tampoco está en discusión que La Moncloa se haya convertido en un centro de poder incontestable y en una monstruosa casa de subastas. Un potente electroimán que atrae a sociópatas como Sánchez.
