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Ábalos: "He sido víctima de la UCO y del amor"

Caso Ábalos: Jessica Rodríguez contradice las evidencias policiales por corrupción | Euronews

La decisión de la Fiscal General de no autorizar al fiscal jefe Anticorrupción la petición de rebaja de pena de siete a tres años y medio de prisión para Víctor Aldama, por el atenuante "muy cualificado" de su confesión, ha sido la guinda de una jornada en la que el ex ministro José Luis Ábalos se ha mostrado ante la Sala Segunda del Supremo como una víctima que ya ha sido condenada.

¿De quien depende la Fiscalía? El presidente del Gobierno lo tenía claro desde que asumió el cargo. Teresa Peramato ha cumplido con su papel, pasando por encima del criterio de Alejandro Luzón, para el que las aportaciones del comisionista han sido "esenciales" para el conocimiento de los hechos. Aldama declaró la semana pasada que Pedro Sánchez estaba en el "número uno" del escalafón de la trama corrupta. ¿Cómo iba Peramato a permitir que su subordinado premiara a Aldama con una rebaja de pena a la mitad después de haber puesto al presidente en la picota?

Después del lavado de cara de García Ortiz en el programa de Évole (recomiendo ver el vídeo de J.F. Lamata a los que no pusieron La Sexta el domingo por la noche), en el que sólo faltó la acusación abierta de prevaricación a la Sala Segunda del Supremo, la decisión de su sucesora viene a corroborar que sí, en efecto, la Fiscalía depende del presidente del Gobierno. ¿O acaso no bastaba para llegar a esa conclusión el hecho de que Pedro Sánchez nombrara como Fiscal General a su primera ministra de Justicia, Dolores Delgado?

El Gobierno y el PSOE se han volcado durante los últimos meses en reconducir este juicio contra el ex ministro Ábalos para convertirlo en otra prueba de fuego para el Supremo.

Contra lo que se intuía hace unos meses, la defensa de Koldo y de Ábalos han coincidido en lo esencial. No había ninguna trama corrupta, tan sólo la necesidad de proveer de mascarillas a una población atemorizada ante la mortandad que provocaba el Covid. Ábalos ha declarado al tribunal que él no autorizó nada porque ni siquiera sabe cómo se redacta una orden ministerial. De la contratación de Soluciones de Gestión (la empresa de Cueto y Aldama que cobró más de 50 millones de euros de dinero público) se encargaron los técnicos. ¿Aldama? Sí, se le veía por allí por el ministerio, pero él no tenía ni idea de lo que era Soluciones de Gestión ni de que cobraba comisiones.

Lo que asombra más es la naturalidad con la que miente Ábalos y la indisimulada subordinación de la Fiscal General al presidente del Gobierno

Con habilitad, el ex ministro ha separado su vida sentimental de su actividad pública. Ha confesado, como un adolescente, que se enamoró de Jéssica, la querida a la que le pagó el alquiler de un piso en la Torre de Madrid y a la que colocó, a través de Koldo, en una empresa pública (bueno, en dos, una detrás de otra). Pero, imagínense ustedes, el ministro no sabía que las empresas que la contrataron eran públicas y que dependían de su ministerio. Koldo no le contaba todo. Ni si quiera Jéssica, que tampoco le confesó, ni siquiera en los momentos más apasionados, que no se pasaba nunca por la oficina. Él creía que trabajada desde el piso con el ordenador. Se ve que tenía muchas vacaciones, ya que nunca puso pegas a viajar con él al extranjero en visitas oficiales. Ahora sospecha de ella y cree que su declaración ante el tribunal, muy perjudicial para él, estaba condicionada por la presión de Aldama. ¿Era Jéssica una trampa del empresario para tener cogido por sus partes al ministro? Esa sospecha tiene él.

Esto les parecerá increíble, pero es así como lo ha relatado el señor Ábalos.

¿Cómo explica él entonces el verse metido en este berenjenal? Muy sencillo. Se trata de una operación política contra él (como cabeza de turco), en la que hay partidos de la derecha, organizaciones de ultraderecha y la UCO. Parece que en la Guardia Civil hay gente que quiere acabar con este gobierno "rojo y morado". ¡Ay si su abuelo, miembro de la Benemérita, levantara la cabeza!

El PSOE, en efecto, cerró la vía que abrió el año pasado el anterior abogado del ex ministro, José Aníbal Álvarez, para que colaborase con la Fiscalía, como lo estaba haciendo Aldama. Las presiones fueron enormes, y ganó la omertá. El partido es el partido y Ábalos es hombre de partido.

En su declaración, con la que se cierran las comparecencias ante el tribunal, Ábalos ha taponado también la vía de agua que dejó abierta Koldo García en su intervención del pasado jueves. ¿Chistorras? Ábalos no sabe nada de chistorras. Las chistorras son chistorras y los folios, folios. El PSOE sólo pagaba en efectivo los adelantos que se hacían para gastos y que luego había que justificar con facturas de comidas, taxis o lo que fuere. Era una práctica habitual que cesó cuando los pagos comenzaron a hacerse por transferencia. Ha venido a darle la razón al ex gerente del PSOE, Moreno Pavón, ahora aparcado en la dolce far niente de la presidencia de Enusa.

Koldo y Ábalos han coordinado sus defensas para apuntar sus baterías contra Aldama y la UCO. Dos víctimas de una operación política cuyo verdugo es el teniente coronel Balas.

En definitiva, las declaraciones de los dos principales implicados en la "organización criminal" (junto con el comisionista) y la decisión de la Fiscal General son coherentes y forman parte de la misma estrategia.

Detrás de este caso no hay nada, tan sólo las fantasmadas ("inventadas", dijo Sánchez) de un comisionista espabilado que, en connivencia con la extrema derecha, está inmerso en una operación política para hacer caer el Gobierno.

Lo que más asombra de todo esto es la naturalidad con la que miente Ábalos y la indisimulada subordinación a Moncloa de la Fiscal General del Estado. Cuando se conozca la sentencia, el Gobierno podrá decir que son los mismos (o casi) que condenaron a Álvaro García Ortiz.

Pedro Sánchez, responsable JEFE de la banda criminal organizada.

El fiscal Alejandro Luzón Cánovas durante el juicio contra el exministro José

Luis Ábalos.

Por Juan Pardo Navarro

Respira el PSOE, respira el gobierno. Pedro Sánchez "no era el número uno" de la trama, como, sin aportar datos, "con notable desahogo", como ha apuntado el Fiscal Anticorrupción en su alegato ante el tribunal, afirmó el comisionista Víctor de Aldama en su declaración la semana pasada.

Sin embargo, la intervención de Alejandro Luzón debería preocupar y mucho al presidente y a los que durante años han mirado para otro lado, cuando no han colaborado en el encapsulamiento de la trama corrupta, como si fuera un tema menor, la historia de un ministro putero, un asistente espabilado y un empresario aprovechado.

No, ni mucho menos. Luzón -con funcionarios como él hay motivos para creer en el Estado de Derecho- ha entrado de lleno en lo que significa este caso, al que ha calificado de "corrupción organizada, continuada". Comportamientos como el del ex ministro José Luis Ábalos y su "sombra", Koldo García, no sólo dañan la libre competencia, sino que perturban "el normal funcionamiento de la administración pública". Esa "corrupción organizada" reduce la "confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, que estos delincuentes pervierten".

Según el Fiscal Anticorrupción las "actuaciones que normalizan o minimizan estas conductas corruptas o descalifican a los que las persiguen" lo que provocan es una "deslegitimación del Estado de Derecho". Para concluir: "La corrupción política carcome nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente contra ella puede frenarla".En este proceso -ya veremos lo que ocurre con la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre posible financiación irregular del PSOE- no han aparecido indicios que apunten al presidente del gobierno, más allá de la catarata de acusaciones que lanzó Aldama. Pero el Fiscal Anticorrupción no se limita en su alegato a señalar las pruebas que le llevan a pedir duras condenas para los acusados (Ábalos: 24 años de prisión), sino que sitúa a la organización criminal en su contexto. Y es ese contexto el que afecta de manera directa al presidente del gobierno, como responsable político del ecosistema que permite a un ministro actuar sin control, apoyándose en un subordinado que actúa en su nombre, para llevar a cabo sucios negocios con el único fin de enriquecerse o pagarse sus vicios.

Al igual que nadie cuestionaba a Koldo, porque se sabía que detrás estaba Ábalos; ante Ábalos todos se plegaban, porque detrás estaba el presidente del gobierno

Critica Luzón de las actuaciones de los poderes públicos "que minimizan las conductas corruptas o descalifican a quienes las persiguen". Aquí no está hablando de Ábalos, Koldo o Aldama. Se está refiriendo a los que desde sus puestos han intentado convertir este caso en poco más que un chascarrillo y en los que han cuestionado abiertamente a los funcionarios que han hecho su trabajo, en especial la UCO de la Guardia Civil.

Sin la aquiescencia de Sánchez ninguno de sus ministros, ningún dirigente socialista se hubiera atrevido a cuestionar la investigación de la UCO o a proteger a los que, desde puestos muy relevantes, se plegaron a los dictados de la trama. De forma muy especial, los ex presidentes de Baleares y de Canarias, que actuaron como cadena de trasmisión del ex ministro de Transportes, con Koldo como portavoz, para favorecer el negocio de Aldama sin poner ninguna pega.

Denuncia Luzón la "colonización de las empresas públicas por las distintas administraciones para aparcar a ex políticos" y para "el sustento de familiares". Sostiene el Fiscal Anticorrupción que es "el contexto cuasi colonial en el que está asumido que la mera sugerencia de un ministro, sus meros deseos, se convierten en órdenes ejecutivas". La trama dibuja una "corte servil hasta que, si hay suerte, aparece una empleada íntegra que alerte de lo que está sucediendo".

De ese contexto el responsable máximo es el presidente del gobierno. Al igual que a Koldo no se discutía nada, porque era la voz del ministro Ábalos; a Ábalos no se discutía nada porque era la voz del presidente, su número dos.

Esa "corte servil", tan útil para que la corrupción se nutra y se desarrolle, no sólo estuvo presente en el Ministerio de Transportes, o en Interior, o en los gobierno de algunas comunidades autónomas, sino, sobre todo, en el PSOE. Es ese servilismo el que le permitía a Koldo, sin ser cargo del partido, cobrar en efectivo los gastos en los que supuestamente incurría el ministro y, a la vez (qué importante es esto), secretario de Organización del PSOE.

Cuando al ex gerente del PSOE, Moreno Pavón -ahora en Enusa, otro caso de recolocación en virtud de favores y servicios prestados-, le preguntaron por el control de esos gastos, él, tranquilamente dijo que eso dependía de Ábalos y que a él no le controlaba nadie.

¿Puede sentirse el presidente del gobierno orgulloso de haber creado ese eco sistema favorecedor de la corrupción?. Pedro Sánchez es el responsable de haber creado la cultura del "puto amo", ese al que nadie puede poner un pero, porque es el que manda. El calificativo tiene mayor valor porque su autor es nada menos que el ministro Oscar Puente, amigo de Sánchez, y sustituto, ¡oh casualidad! de Ábalos al frente del ministerio con mayor presupuesto.

El presidente del gobierno, hay que recordarlo, justificó la expulsión de Ábalos del Grupo Socialista, en que, a pesar de no estar imputado -todavía- en el caso Koldo, él era responsable in vigilando. Pues bien, si fuera un poco coherente, después de lo que hemos visto en este proceso, después del alegato de Alejandro Luzón, a él no le quedaría otra salida que dimitir, que marcharse. Sin embargo, no lo hará, porque para eso le haría falta un punto de decencia.

La vieja muñeca, sustituta de Ábalos y Cerdán; Rebeca Torró, ahora contra Felipe González y Page.

Pedro Sánchez, Rebeca Torró y Ximo Puig

Por Juan Pardo Navarro

La Prensa del Movimiento también nos ha sacado una entrevista con Rebeca Torró, que sale poco y yo creo que ya se merecía algo así, esa entrevista de consagración, gloria y luto que sólo se les hace a los toreros, a los escritores y a los políticos cuando van para arriba o para abajo. En eso de la consagración, la gloria y el luto, y hablando del PSOE, claro, tiene que entrar meterse con Page, Felipe González y hasta Jordi Sevilla, que ahora parece un empollón cabreado, con las gafas quitadas y el puñito cerrado sobre el plumín. Sí, Torró sale poco, y eso que es secretaria de Organización del PSOE, el cargo que tuvieron antes Cerdán y Ábalos y que es como el puesto de visir de Sánchez o de chófer del Peugeot. A Torró la confundíamos con alguna ministra olvidable u olvidada, pero no, es ella la que está manejando el PSOE como un avión de piedra, macizo e inviable. Lo que pasa es que lleva lo suyo con más discreción o vergüenza, o está ocupada tapando salpicaduras y pasadizos por Ferraz, después de tanta charcutería y tanta fontanería (la red sanchista, extendida, ocuparía una longitud equivalente a la distancia que hay entre el Polo Norte y el Polo Sur).

Rebeca Torró nunca tuvo mucho peso orgánico en el PSOE antes de sentarse en ese trono como camionero que Cerdán y Ábalos dejaron así un poco sudado u orinado, pero tampoco le hace falta. Sánchez hace unos nombramientos muy de señor del castillo, según la lealtad, el antojo, las digestiones y las flemas. Hasta ahora apenas conocíamos a Torró de las acusaciones que recibió por tapar las denuncias contra Paco Salazar, que se subía y se bajaba la bragueta en la Moncloa como si fuera la bandera nacional, con corneta, salva y saludo. Pero le faltaba esa graduación, ese bachiller del sanchismo como un bachiller quevedesco que es meterse con Page, Felipe y demás (Jordi Sevilla se ha unido ahora a la banda fachosférica como si fuera El Estudiante). Y, además, hacerlo desde donde lo hace, desde ese balcón de pregonero de la Virgen que ya saben ustedes. De esto no nos podemos ni extrañar ni asustar, que es sólo una sanchista haciendo de sanchista desde la garita sanchista y en el domingo sanchista que es como un Domingo de Ramos. Pero es ella la que se ha equivocado de referente y de marco, no Felipe, Page, Sevilla u otros, que sólo mantienen sus ideas y convicciones, que eran también las del PSOE hace nada. Eran incluso las del propio Sánchez, hasta que el señor decretó que ya no había reglas ni vergüenza en su castillo.

La red sanchista, extendida, ocuparía una longitud equivalente a la distancia que hay entre el Polo Norte y el Polo Sur

Torró, decorada de rojos prestados, como una dama de honor, dice que Felipe ya no es un referente cuando quizá es el único anclaje que le queda al PSOE, ahora que Zapatero va a caer o ya cayó (nos hemos dado cuenta, en todo caso, de que lo suyo siempre fue un negocio global con tapadera lírica y guerracivilista, como la de algunos escritores escribecartas o escribeleches). Felipe, con sus errores y sus maldades, fue el último presidente socialista que tuvo un proyecto de país, porque lo de Zapatero fue un proyecto de secta y lo de Sánchez es un proyecto de estatua ecuestre. “La sociedad ha cambiado”, dice Torró como mirando el tiempo, pero en realidad sólo ha cambiado Sánchez. Ni la sociedad ni nadie es capaz de seguir el ritmo de los cambios de Sánchez. “Por eso tenemos 146 años de historia, porque nos adaptamos a la sociedad”, insistía un poco como cabeza abajo, porque el sanchismo es justo lo contrario. El sanchismo exige que la sociedad, el partido, la democracia, las necesidades nacionales y hasta la realidad y la verdad se adapten al interés de Sánchez, y luego nos intenta convencer de que ha sido al revés.

Torró no sólo se quedaba en el “cambio en la sociedad”, como si volvieran a ponernos La bola de cristal, sino que enlazaba ese cambio con un nuevo paradigma en el Congreso, más “plural”. En realidad, el Congreso no ha cambiado tanto, al menos por su lado. Ahí siguen estando el PSOE, y la izquierda a su izquierda, con varios nombres o colores sucesivos, y los nacionalistas de toda la vida, poco más o menos igual que cuando Felipe. Lo que pasa es que Felipe no perdía las elecciones como Sánchez. La pluralidad es la misma, pero no los escaños de Sánchez, ni su necesidad de gobernar cueste lo que cueste, que nos está costando bastante su estatua ecuestre. Que Sánchez tenga que subastar el Estado y la propia democracia, y dejar al PSOE sin ideología ni principios, no es fruto de la pluralidad sino de su ambición. Curiosamente, donde ha cambiado más el Congreso es en la derecha, ahora dividida, con lo que, siguiendo el argumento de Torró, la misma pluralidad obligaría a entenderse, en este caso, con Vox. La sociedad ha cambiado, ya saben. Mismamente, ahora vota a la derecha y a la ultraderecha después de que el sanchismo y su izquierda asociada hayan dejado el país tiritando.

Para Torró, darse cuenta de todo esto significa “comprar el marco del PP”, que suena a comprar un marco como un relicario de plata para una foto de Feijóo de comunión o con mapa de España. Y señalaba precisamente las palabras de Page, eso de sacrificar “toda la infantería para que sobreviva el cuartel general”. En principio, intentar que el PSOE gane debería ser el marco del PSOE, no del PP. Lo extraño es que el marco de Sánchez sea que el PSOE pierda porque eso aumenta la polarización y las posibilidades de su segundo milagro (es la única explicación para sus actos). Si Page comprara el marco de Sánchez, tendría que irse pronto entre baúles, levitas y chirridos, como el circo. Lo normal es quejarse y rebelarse, salvo que le paguen a uno más por perder que por ganar. En realidad, Sánchez manda a sus candidatos no a morir, sino a mandar para él en las provincias. Aunque quién sabe qué ocurre de verdad en el PSOE, que quien habla es sólo como la choferesa de Sánchez. A la entrevista torera le faltaba una foto de ella en el Peugeot como en una calesita.

Juan Pardo Navarro

Los chipópteros del sanchismo y el Fiscal General inhabilitado.

A nadie se le debe ocultar que la reacción del sanchismo —una militancia que abarca lo que antes era el Partido Socialista, alguna vieja izquierda comunista, el peronismo y ciertas fuerzas independentistas— al fallo contra el fiscal general está perfectamente orquestada —como toda la estrategia que surge de esa misma fuente—, tiene un único diseñador y responde a un propósito muy claro, que es el de crear el ambiente para impedir una alternancia del poder en España.

El sanchismo no quiere romper por completo el lazo con la democracia y por eso no está de momento en su horizonte la suspensión de las próximas elecciones generales u otras medidas radicales que llamaran la atención incluso de los más ciegos funcionarios de la Unión Europea. Pero entre ese paso extremo de la supresión del Estado de derecho y esperar pacientemente a la inevitable derrota electoral, puede existir una gama amplia de acciones que el sanchismo va a ejecutar en toda su plenitud.

La reacción a la condena del fiscal general marca la línea. Si ese solo aunque importante revés ha provocado la furia antisistema que hemos contemplado, ¿qué puede esperarse si se suceden en los próximos meses una nueva derrota en el juicio a la esposa del presidente del Gobierno, otra en la vista contra su hermano, sentencias desfavorables también contra Ábalos y contra Cerdán, algunas más que pueden caer por los graves casos de mascarillas e hidrocarburos e investigaciones que se vislumbran con preocupación sobre posible financiación del Partido Socialista y la actuación intimidatoria contra las instituciones por parte de Leire Díez?

Si el fallo contra el fiscal ha sido contestado desde el poder sanchista con una llamada a desautorizar e incluso levantarse contra el Tribunal Supremo y el modelo de Justicia española, la sucesión, por otra parte previsible, de otras derrotas judiciales colocaría sencillamente a la militancia del Gobierno en pie de guerra contra el sistema democrático, que ya no llamarían democrático porque habrían dibujado para entonces el escenario falso de que fuerzas oscuras al servicio de la derecha y la extrema derecha habían ocupado ilegalmente las instituciones. Imaginen la credibilidad que en esas circunstancias tendría para la izquierda una victoria del PP en las próximas elecciones y las consecuencias que tendría la formación de un Gobierno de coalición con Vox.

Algunos temíamos desde hace tiempo que la persona que nos gobierna es incompatible con los modos de una democracia y jamás acepta una derrota. Su tentación de dar una patada a la mesa cuando ve que las cartas no le son favorables se apreció desde su primer día en política y se demostró cuando condujo a su partido al borde del precipicio antes de aceptar su salida del poder tras sucesivos fracasos electorales.

«Se trata de explotar odios eternos y provocar la división suficiente entre españoles como para negar toda legitimidad al contrario»

Su partido ya nunca sobrevivió a aquel trance. La jugada temeraria acabó cuajando. Explotando emociones internas, viejas rencillas y ancestrales fantasías, el ínclito farsante se apoderó del partido, que ahora come en su mano y le sigue ciegamente.

No ha cambiado mucho su estrategia en el conjunto del país. Igualmente, se trata de explotar odios eternos y provocar la división suficiente entre españoles como para negar toda legitimidad al contrario. De esa forma, cualquier adversidad o delito será visto por los suyos como una maniobra de los malvados. Incluso un resultado electoral desfavorable podría quedar convertido por la propaganda sanchista en un golpe de Estado dentro de la ley, uno más de los muchos que vamos a escuchar de boca de los propagandistas oficiales en los próximos meses.

La amenaza que esto representa para «la paz civil» que Felipe González defendió en un memorable discurso en la celebración del 50 aniversario de la Monarquía parece evidente para todos. La facción más agresiva del sanchismo ha pedido ya reiteradamente «reventar a la derecha» sin que el sector más moderado de esa misma fuerza la haya desautorizado.

Tal vez no lo ha hecho porque nada se descarta ya. Y, en efecto, nada se puede descartar.

Ábalos se niega a declarar en el TS tras romper con su abogado.

El juez del Supremo mantiene la vistilla, donde decidirá si el exministro ingresa en prisión provisional

El exministro José Luis Ábalos llega al Supremo este miércoles.

José Luis Ábalos ha rechazado declarar en el Tribunal Supremo. El exministro despidió el pasado lunes a su abogado, José Aníbal Álvarez, por «diferencias irreconducibles». El magistrado Leopoldo Puente rechazó el cese al considerarlo «en fraude de ley» y le obligó a acudir. Al inicio de la sesión, el letrado ha renunciado a seguir defendiendo al actual diputado del Grupo Mixto tras fracasar en su intento de que rechazara el acta, explican fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. El instructor celebrará ahora una vistilla para estudiar cambios en las medidas cautelares que pesan contra el exdirigente socialista. La Fiscalía descarta solicitar prisión por el momento, algo que sí han hecho las acusaciones populares.

Ábalos ha manifestado este miércoles su voluntad de acogerse a su derecho a no responder tras las circunstancias que han rodeado su declaración. La decisión supone un cambio en su estrategia de defensa, ya que el exministro declaró en las tres ocasiones anteriores en las que acudió al Supremo. Tras la renuncia de Álvarez, tiene tres días para designar a un nuevo abogado. Ese es el plazo que le otorgó Puente tras ver en el despido del letrado una «intempestiva decisión».El auto de este martes subrayaba «la completa ausencia de justificación razonable» y consideraba que Ábalos buscaba «provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas». El exministro señaló en su escrito que tomó la decisión tras «un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza».

Ábalos y el cambio de letrado

El magistrado rechazó este martes el despido del letrado que comunicó Ábalos por considerar que «se realiza en fraude de ley». El juez mantuvo el señalamiento y anunció que, a su término, celebraría una vistilla, según establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). La comparecencia servirá para revisar las medidas cautelares (tiene el pasaporte retirado, no puede abandonar España y debe comparecer en el juzgado), lo que podría llevar al exministro a prisión, como piden las acusaciones populares, aunque no la Fiscalía. La última palabra la tendrá Puente.

La prisión provisional solo ha prosperado con Santos Cerdán. El ex secretario de Organización del PSOE fue encarcelado en Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio después de que el juez le atribuyera un rol de «cierta preeminencia» en la trama de amaño de obras públicas a cambio de mordidas.

Puente decidió citar al exministro y a Koldo García tras las evidencias del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El documento recoge «consistentes indicios» de que entre los patrimonios de ambos «podrían existir significativas zonas de intersección». El juez sospecha que el asesor «vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían» al actual diputado del Grupo Mixto.

Los investigadores detectaron que Ábalos desembolsó 95.000 euros sin justificación bancaria, entre los que destacaba casi 21.000 euros de gastos «personales» con cargo a «una fuente de ingresos no declarada». La UCO también reflejó que el PSOE pagó al exministro con dinero en efectivo mediante sobres, pero no la cantidad que había reconocido el partido en el documento que remitió al Supremo.

Lenguaje en clave

El informe de la UCO también reveló que Koldo García y su esposa utilizaban un lenguaje en clave para hablar del dinero que gestionaban como «custodios» del patrimonio de Ábalos. Se referían a él como «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» (200 euros) y «lechugas» (100 euros). Este diario ha publicado fotos exclusivas de que el exministro guardaba cajas, sobres y carpetas con dinero en un armario bajo llave.

La declaración de Koldo García también se mantiene este jueves. «En ambas declaraciones la defensa de Ábalos será desarrollada por el letrado don José Aníbal Álvarez García salvo que designara a otro en su lugar que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa», acordó el juez en un auto. Puente da tres días de plazo al exministro para que designe un nuevo abogado. En caso de no hacerlo, nombrará uno de oficio. Solo entonces, insiste el magistrado, «se tendrá por efectuada la renuncia y cesará en su función en esta causa especial el letrado José Aníbal Álvarez».

La trama, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo empezó a cobrar "mordidas" en Abril de 2019.

El presunto cobro de mordidas en la cúpula del PSOE a cambio de contratos de obra empezó en abril de 2019. Por entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaba menos de un año viviendo en Moncloa. Las conversaciones grabadas por el exasesor ministerial Koldo García, publicadas este jueves, señalan directamente al exministro José Luis Ábalos y al hasta ayer número tres del partido, Santos Cerdán.

El reciente informe que los agentes han entregado al Tribunal Supremo recoge distintos pasajes en los que aparecen los tres personajes hablando, presuntamente, de grandes cantidades de dinero que les quedaban por cobrar. La primera, según la cronología a la que ha tenido acceso la UCO, empezó en 2019, cuando el PSOE no llevaba ni 12 meses gobernando tras sacar al PP del Ejecutivo por un caso de corrupción.

El 9 de abril de ese año, Koldo le explicó a Ábalos cómo estaban sus cuentas. Del audio, se desprende que el entonces ministro de Transportes, "habría cobrado 210.000 euros, quedando pendientes" otro pago con la misma cantidad. Además, se tendría que haber pagado "algún tipo de actuación sobre el bajo de un inmueble".

Koldo: Había un pico, que eran veinte, de los que había yo dicho, para que podamos, para entrar en gastos, si no para reducir un poco las cosas, ¿vale? Tenemos 210 ¿vale? De acuerdo. Quedan otros 210, y queda la bajera, vale. Entonces, con todo el respeto del mundo ¿vale?, ahora mismo, aquí, ha habido uno, que les ha caído de 70 ¿vale?, me ha dicho que…

Ábalos: Esto es lo de ADIF.

Koldo: Sí, exacto, hombre ¿entonces qué es lo que ocurre?, a ver, ehh…yo he hablado con SANTI, y digo tío eh, esto no puede continuar así. Y dice, claro, ellos abocan la presión que están ejerciendo ellos ¿vale?, es al tema de lo de Logroño y al tema de…

El juez Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, envió a la UCO el pasado lunes a hacer registros a distintos puntos de España. Entre otros, estaba la casa de Ábalos en Valencia y distintas constructoras, unas en esa provincia y otra en Navarra. Según el auto del magistrado, tras el análisis de distintas grabaciones había pruebas suficientes de que Ábalos habría cobrado comisiones a cambio de dar ciertos contratos a empresas. En el reciente informe destaca el papel de Acciona, aunque también el de una más pequeña, Servinabar, cuyo dueño es amigo íntimo de Santos Cerdán.

El hasta ayer secretario de organización del PSOE no está todavía imputado. Su condición de diputado obliga al juez a pedir permiso al Congreso para poder investigarlo formalmente. Sin embargo, tras conocerse el contenido del informe de la Guardia Civil, abandonó todos sus cargos.

Koldo pide dinero

En otros de los audios de ese mismo mes, 22 de abril, Koldo le dijo a Cerdán que había recibido 60.000 euros. En principio una sexta parte se la tendría que quedar él, mientras el resto iba para Ábalos. Pero el exasesor afirmó que le había dado todo al ministro. Y añadió que quedaba dinero por pagarle a su "jefe", como le llamaba.

La "deuda" con Ábalos todavía ascendía a 150.000 euros. La UCO ve "coherencia" entre las conversaciones. Si a principios de mes se le debían 210.000 euros al ministro y se le habían pagado 60.000, tiene sentido que Koldo reclamase esa cantidad.

Más de un año después, el 18 de noviembre de 2020, a Ábalos se le debía más dinero. Koldo se mostró comprensivo con el ministro, ya que el montante subió hasta los 350.000 euros.

El 21 de enero de 2021, Koldo habló con Santos Cerdán. Le explicó el dinero que había entregado a Ábalos hasta ese momento, presuntamente. Desglosó tres conceptos: una primera entrega de 450.000 euros, supuestamente vinculada a la adjudicación de tres contratos; una segunda por importe de 50.000 euros, relacionada con dos contratos recientes, a los que aludía como “los dos últimos contratos”; y una tercera de 70.000 euros, correspondiente a la denominada “bajera”. La suma total ascendería, según su propio relato expuesto en el informe de la UCO, a 570.000 euros.

Aldama, políticamente destrozará a Sánchez, pero el presidente seguirá en el cargo aunque le tenga que apoyar VOX.

La declaración en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama este jueves

"Los hombres normales no saben que todo es posible". El autor de esta afirmación es el escritor francés David Rousset (1912-1977), que luchó en la Resistencia francesa contra el nazismo y que estuvo preso en el campo de concentración de Bunchenwald, donde murieron 56.000 personas, entre ellas 11.000 judíos.

La frase fue utilizada por Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo, porque en su simpleza y rotundidad expresa hasta qué punto en las mentes del común de los mortales no cabe que sean posibles cosas monstruosas, como, por ejemplo, el exterminio para salvaguardar la pureza de una raza o los crímenes masivos en defensa de una ideología.

La expresión "eso no puede ser" es propia de esas personas normales que no dan crédito a lo que resulta extraordinario. Cualquier individuo encuadrado en ese rango tan amplio y difuso como es la normalidad que vea el vídeo que contiene las dos horas de comparecencia de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno, podría sostener que lo que dice el calificado por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) como "nexo corruptor" de la trama en la que pululan el ex ministro José Luis Ábalos o su asistente Koldo García, "es sencillamente increíble, imposible".

El que en ningún caso puede decir que lo que dijo Aldama es una "inventada" es Pedro Sánchez. No sólo porque en su calidad de presidente del Gobierno se sale de ese rango de normalidad, sino porque él ha mentido reiteradamente en relación a este caso (y a otros también) y, por tanto, lo que diga sobre esa declaración sólo puede ser interpretado en clave de autodefensa.

La debilidad de Sánchez se ha convertido, paradójicamente, en su mayor fortaleza

El relato de Aldama, hábilmente conducido por su abogado José Antonio Choclán, no sólo es creíble y verosímil, sino que a él le han dado crédito tanto el fiscal como el juez del caso. Aunque no estaba en prisión por el llamado 'caso Koldo', sino por la trama de los hidrocarburos, el juez Santiago Pedráz, instructor de dicho caso, decretó su libertad a las pocas horas de declarar ante su colega Ismael Moreno. Si la Fiscalía Anticorrupción no hubiera interpretado que Aldama, con su declaración, estaba colaborando con la Justicia no hubiera pedido al juez su puesta en libertad. Así que, tanto la Fiscalía como dos jueces de la Audiencia Nacional han entendido que lo que declaró Aldama no es "una inventada", sino que tiene valor probatorio para esclarecer una de las tramas de corrupción mejor conectadas con el poder de las muchas que ya hemos padecido en España. Tanto por su volumen económico como por los posibles afectados (varios ministros, la esposa del presidente y el propio presidente del Gobierno), este caso supera con mucho a Filesa, Ibercorp, Roldán o la Gürtel.

Por mucho que se haya dicho, no deja de ser un sarcasmo que uno de los beneficiarios de esta trama corrupta sea precisamente José Luis Ábalos, el diputado socialista que defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy por encabezar un gobierno corrupto. "La decencia debe ser algo esencial", proclamó Ábalos en aquel ya lejano 31 de mayo de 2018.

"La inventada" no sólo no se sostiene por la decisión del juez de poner en libertad con medidas cautelares a Aldama, sino porque su relato se ajusta como un guante a los hechos que describe la UCO en el informe que sirvió de base para la imputación de Ábalos.

El pago de comisiones a Ábalos y Koldo se refleja en los documentos manejados por la UCO; las cantidades que se ingresaron y las comisiones que se cobraron por la venta de mascarillas, también; como su descripción del viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo que dijeron en su día Ábalos, Grande Marlaska o el propio Sánchez, eso sí que son "inventadas". ¡Y de qué tamaño!

Pero Aldama no se conformó con ratificar lo que ya apuntaba el informa de la UCO, sino que fue más allá: dio cifras del pago de mordidas en metálico a Ábalos y Koldo, pero, además, metió en el ajo al jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda (Carlos Moreno), y al número tres del PSOE, Santos Cerdán, al que el asistente llamó "jefe del cupo vasco" (de las comisiones de constructoras, se entiende).

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial; Teresa Ribera, futura vicepresidenta de la Comisión Europea, y, especialmente, el ministro del Interior, Grande Marlaska, salen tocados por la declaración de Aldama.

Que Aldama no es un fantasma lo demuestran el viaje que organizó a México en febrero de 2019, acompañado de Ábalos, entre otros; los ingresos de casi 60 millones en venta de mascarillas, y, sobre todo, el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid, para cuya estancia de varios días, contraviniendo la prohibición de pisar suelo europeo, había alquilado un chalé en El Viso donde estaba prevista una cena con varios ministros y un invitado muy especial: Pedro Sánchez.

Los afectados (Sánchez, Illa, Montero, Moreno, Torres y Santos Cerdán) presentarán una querella conjunta contra Aldama. Es una estrategia tan vieja como poco efectiva.

El caso no ha hecho más que empezar. La declaración de Aldama del pasado jueves no ha sido el final de la historia, sino el principio de un suplicio para Sánchez y su Gobierno, que tendrán que hacer frente a las andanadas del comisionista que, una vez que ha decidido tirar de la manta, no se va a parar hasta lograr sus objetivos.

Resulta lamentable que el mismo día que Aldama habló ante el juez, los partidos que apoyan a Sánchez no sólo rechazaron la oferta que les hizo Núñez Feijóo de avalar una moción de censura encabezada por él, sino que votaron a favor del gobierno unas medidas fiscales que serán la base de la próxima aprobación de los Presupuestos del Estado.

Un dirigente de Junts, fue sincero ante la pregunta de El Independiente sobre si apoyarían la moción de censura: "¿Cómo vamos a dejar caer a este Gobierno? Sánchez ahora nos necesita más que nunca, para nosotros es una bicoca".

Así de lamentable es la situación política en la que nos encontramos. La debilidad de Sánchez se ha convertido paradójicamente en su mayor fortaleza.

Como ha puesto de manifiesto una vez más en la negociación para el nombramiento de Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, a Sánchez no le importa la ideología de los que tiene enfrente, sino que den satisfacción a sus propósitos.

La matemática parlamentaria es testaruda. Los números no le salen, ni le saldrán a Feijóo para derribar a Sánchez. Quien espere una traición del PNV o Junts se equivoca. Y más aún los que abrigan la esperanza de que Podemos ponga sus votos al servicio del PP. Es más, pronto veremos al PSOE y a Sánchez haciendo arrumacos a Pablo Iglesias.

Así que habrá que esperar y ver la documentación que va aportando Aldama, que ya dijo al salir de Soto del Real que tiene pruebas de que lo que ha declarado es verdad. Fuentes cercanas al comisionista señalan que aún tiene mucho que decir. Sobre todo, en relación a Air Europa y a Begoña Gómez.

Hay mucha gente que piensa que todo esto quedará en nada, que lo declarado por Aldama es sólo una estrategia para salir de prisión... Pero esa gente no sabe que todo es posible. Incluido que este escándalo termine por derribar a Sánchez.

¿Quién tirará antes de la manta, el Fiscal General, García Ortiz o el Exministro, Ábalos?.

⚠️ULTIMA HORA⚠️, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO IMPUTADO POR EL SUPREMO Y ÁBALOS A PUNTO. 👈👈

El fiscal general amenaza con delinquir

En esta semana nos han dejado muy claro que son dos caras de la misma moneda. García Ortiz se siente respaldado y por lo tanto es imposible que se le pueda pasar por la cabeza proceder contra ningún miembro del Gobierno que lo nombró para el cargo

En el desbarajuste que vivimos por la pérdida de toda referencia, nos hemos encontrado en las últimas horas con la entrevista al todavía fiscal general del Estado en el Canal 24 Horas de TVE. Ya sabemos que cuando todo se derrumba sólo se puede acudir a los periodistas de máxima confianza. Allá se fue don Alvarone García Ortiz a responder a las denuncias diciendo que «los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar o para filtrar de cualquier manera». La frase no tiene desperdicio.

Ese material «muy sensible» que manejan ¿les llega por la policía judicial? Si no es por esa vía, ¿es por declaraciones voluntarias de gente que acude a la Fiscalía a ofrecer informaciones que pueden revelar delitos? No sé si existe una tercera vía de información. Quizá sí. Pero la pregunta relevante es ¿si el fiscal general del Estado tiene informaciones que pueden conllevar la comisión de delitos, por qué no los ha denunciado ya? ¿Qué quiere decir tener «muchísima información» que no se usa para insinuar? Informar es una cosa e insinuar es otra. Si el fiscal general del Estado tiene datos concretos de faltas o de delitos cometidos por cualquiera, su deber es proceder contra ellos. Ya comprendo que no lo hace porque si, con la montaña de informaciones muy concretas que tiene sobre su mesa respecto a las actividades de la familia del presidente y del entorno gubernamental y partidista del señor Sánchez, no hace nada contra ellos, sería especialmente grave que insinuara nada contra terceros. Hasta ahí podríamos llegar.

La segunda parte de esta desfachatez gubernamental es la reacción unánime y sin matices de todos los ministros habidos y por haber, del PSOE y de Sumar, que han salido a defender al fiscal general como uno más de los suyos. Ni uno ha hecho una declaración diciendo que esto no ha pasado nunca y quizá fuera bueno que García Ortiz reconsiderara su situación tras abrirse el proceso de imputación. Nada, nada. Eso son detalles irrelevantes. La Oficina de Agitación y Propaganda de Moncloa -auténtica heredera de la AgitProp nazi- ha ido sacando un ministro tras otro a respaldar al fiscal general. Lo nunca visto. No solo es algo inédito porque es la primera vez en la Historia de España que el Supremo imputa a un fiscal general, sino porque nunca vimos a un fiscal general y un Gobierno considerándose tan hermanados en sus labores y objetivos. En esta semana nos han dejado muy claro que son dos caras de la misma moneda. De una moneda en la que ya no podemos incluir a la Fiscalía porque ayer vimos como don Alvarone fue derrotado por sus compañeros tanto en el Consejo fiscal como en la Junta de Fiscales de Sala.

Pero él se siente fuerte porque tiene el respaldo del Gobierno. Y, consecuentemente, es imposible que se le pueda pasar por la cabeza proceder contra ningún miembro del Gobierno que lo nombró para el cargo. Aquí, como con Lope de Vega en el siglo XVII, «Todos a una, Fuenteovejuna».

El poder y buen hacer de Ayuso. Una tropelía del Fiscal General a su novio, arrolla a todo el sanchismo.

Un fiscal servil a los intereses del Gobierno

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en Barcelona. | EF

Lo que ha caracterizado sobre todas las cosas la actuación de Álvaro García Ortiz desde su nombramiento como fiscal general del Estado en agosto de 2022 ha sido su fidelidad al Gobierno, y a la persona que le propuso para el cargo, su anterior jefa, Dolores Delgado.

En la mañana del 16 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha comunicado su decisión de abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. La imputación se ha acordado por unanimidad de los cinco magistrados que componían la sala (Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo –ponente– y Carmen Lamela). No ha habido fisuras, pues, a la hora de dar un paso que cabe calificar de histórico, por cuanto nunca antes un fiscal general había sido investigado por el Supremo.

La Sala Segunda estima que hay suficientes indicios como para estimar que el fiscal general vulneró el derecho de defensa de Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso), al hacerse públicos por orden suya los correos entre el abogado de este, Carlos Neira, y el fiscal que llevaba el caso, Julián Salto.

Lo hechos sucedieron en el mes de marzo de este año. La nota de prensa, a instancias del fiscal general, se hizo pública el día 14 de ese mes, y era la respuesta a una noticia publicada por El Mundo unas horas antes, en la que se daba cuenta de un posible acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el presunto defraudador.

La fecha es importante porque enmarca lo sucedido en un contexto político complicado para el Gobierno. El 14 de febrero se aprobó en el Congreso la ley de amnistía, que no sólo concitó el voto en contra del PP y de Vox, sino el rechazo de la mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del PSOE. El día 21 de febrero se produjo la detención de Koldo García, el hiperactivo asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y, tal vez lo más importante, el 29 de febrero El Confidencial comenzó a publicar informaciones que afectaban directamente a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Viendo su trayectoria, no extraña que García Ortiz se empleara con tanto afán en "ganar la batalla del relato" a favor de Pedro Sánchez

En ese contexto, la investigación de Hacienda al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "la jefa", como la califica Pedro Sánchez, cobraba un valor extraordinario. Por ello, la Fiscalía filtró de manera inmediata la noticia que, previamente, García Ortiz había transmitido al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En efecto, el 12 de marzo elDiario.es publicaba en exclusiva que el novio de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía de Madrid "por defraudar a Hacienda 350.000 euros" a través de una de sus empresas, que se dedicaba a intermediar en la compra de mascarillas durante la pandemia. ¡Lo que salió de la boquita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero!

e marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso "un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras se judicializa el caso".

Esa exclusiva neutralizaba en gran medida los efectos de la bomba lanzada por elDiario.es. Ante esa situación, el fiscal general del Estado desplegó toda su capacidad de influencia y de mando para que la Fiscalía "ganara el relato". Es decir, para convertir a González Amador en un defraudador confeso que pedía clemencia a la Fiscalía para no ingresar en prisión.

La difusión de la nota de prensa para "ganar el relato" se hizo contra el criterio de la Fiscalía de Madrid, y en ella se transcribieron entrecomillados de los correos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.

¿Quién ganó la "batalla del relato"? No se sabe muy bien. Pero lo que ha quedado claro es que el fiscal general del Estado bordeó –como mínimo– la legalidad con tal de que en la opinión pública se hablara tanto de los trapicheos del novio de Díaz Ayuso como de las tropelías de Ábalos o los negocios de la esposa del presidente.

Viendo la trayectoria de García Ortiz no sorprende su disposición a poner la Fiscalía General al servicio de los intereses del presidente del Gobierno.

Un día después, el 13 de marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso "un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras se judicializa el caso".

Viendo la trayectoria de García Ortiz no sorprende su disposición a poner la Fiscalía General al servicio de los intereses del presidente del Gobierno.

Air Europa: del rescate a la venta a Iberia con la que los Hidalgo se embolsarán 500 millones

La aerolínea solo ha devuelto 95 millones de los 600 que le fueron concedidos por el Gobierno; 66 en concepto de intereses y 29 por el crédito del ICO

Juan José Hidalgo y Javier Hidalgo, propietarios de Air Europa. EP

La trama de comisiones ilegales por la compra de mascarillas surgida en el seno del Ministerio de Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos ha devuelto a la primera línea el millonario rescate público de la aerolínea Air Europa. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2020 una inyección de más de 600 millones de euros en créditos a la empresa de la familia Hidalgo. Lo hizo apenas unos meses después de que estallase la pandemia y con la compra ya anunciada de la aerolínea por parte de Iberia.

El Partido Popular ha denunciado esta semana que el jefe del Ejecutivo debería haberse abstenido en la aprobación del rescate de la aerolínea en el Consejo de Ministros. Su esposa Begoña Gómez -alegan los de Alberto Núñez Feijoó- tenía "vínculos de naturaleza económica y profesional" con los directivos de la empresa. Pero las actas de las reuniones celebradas en Moncloa el 3 de noviembre de 2020 y el 16 de marzo de 2021 recogen la presencia de Sánchez en la deliberación y aprobación del rescate para la aerolínea del veterano empresario salmantino Juan José Hidalgo.

Air Europa habría firmado en enero de 2020 un contrato con el IE Africa Center, el centro de estudios que dirigía la mujer del presidente, que contemplaba el pago de 40.000 euros anuales, según desveló este viernes El Confidencial. Aunque finalmente no se ejecutó.

Los 'populares' creen que el hecho de que Sánchez no se ausentase o inhibiese en esos Consejos de Ministros puede suponer una "infracción grave tipificada en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con una sanción de imposibilidad de ocupar un puesto de alto cargo durante un período de entre cinco y diez años".

El rescate a Air Europa fue una ayuda millonaria por la que uno de los presuntos comisionistas de la trama de las mascarillas que investiga la Audiencia Nacional, el empresario Víctor de Aldama, se mostró especialmente interesado según ha reconocido el propio Ábalos. No en vano, el también presidente del Zamora Fútbol Club había estado a sueldo de Air Europa en calidad de asesor durante el año 2019.

A cambio de una retribución de cinco millones, su misión era recuperar 200 millones de dólares que el Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro no dejaba repatriar a la familia fundadora. En plena pandemia, también fue uno de los negociadores de los vuelos chárter que Air Europa realizó para importar mascarillas desde China compradas por el Gobierno central a la empresa investigada, Soluciones de Gestión.

Al igual que hicieron otros gobiernos con diversas aerolíneas del continente europeo, el Ejecutivo español aprobó apenas unos meses después del estallido de la pandemia varias ayudas millonarias para mantener a flote a la compañía. Por un lado, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avaló un crédito privado concedido por un pool bancario por 141 millones de euros y con un interés del 8,107%. Liderado por Banco Santander, también estaban Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja y Banco Sabadell. Además de avalar el préstamo sindicado, el ICO aportó 35 millones de euros.

Por otro, Air Europa recibió 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado en junio y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Lo hizo con un crédito participativo por importe de 245 millones de euros que, en caso de no ser devuelto, permitiría a la SEPI cobrarlo en acciones de la empresa. Tenía un tipo de interés del Euribor más 5%. Asimismo, se concedió un crédito ordinario por importe de 230 millones de euros a un tipo de interés del 1,89%. Ambos préstamos están plenamente garantizados con todos los activos del holding turístico Globalia, que podrían ascender a más de 800 millones de euros.

La SEPI designó inicialmente a Valentín Lago como consejero delegado en sustitución de Javier Hidalgo, hijo del fundador de la empresa. También se nombró a dos consejeros en la compañía. Ahora mismo, el CEO es el expresidente de El Corte Inglés, Jesús Núñez de la Rosa.

Gracias a la estructura de financiación pactada por el Gobierno con la empresa del grupo Globalia, no fue necesario someter ninguno de los apoyos financieros a la aprobación previa por parte de la Comisión Europea. Ninguno de los dos préstamos aprobados superaban los 250 millones de euros que hubieran requerido el visto bueno previo de Bruselas. Fue suficiente con el aval genérico dado por el Ejecutivo comunitario a la creación del fondo de la SEPI, dotado con 10.000 millones de euros.

En cambio, desde las filas del Gobierno sí se presionó a la Comisión Europea para que acelerase el estudio sobre la integración de Air Europa en Iberia; una operación anunciada en 2019 por un valor de 1.000 millones de euros. La operación sufrió una rebaja de 500 millones tras la crisis sanitaria y todavía no se ha consumado.

Hace algo más de una semana, la Comisión Europea decidió parar temporalmente el reloj en el análisis de la compra para recabar más información sobre la operación y sus consecuencias sobre la competencia. Tras haber encallado por primera vez en 2021, ahora la venta está siendo sometida a una segunda fase de análisis, donde las autoridades comunitarias de Competencia son más exigentes.

José Luis Ábalos, entre Juan José y Javier Hidalgo en Fitur.

La matriz de Iberia, el grupo hispano-británico IAG, ya cuenta con un 20% del capital de la aerolínea, aunque sin capacidad de gestión en la misma. Hace unas semanas presentó a Bruselas los denominados remedies, es decir, las rutas y frecuencias que están dispuestos a ceder a otras aerolíneas para que se apruebe la operación. Desde la compañía que dirige Luis Gallego aseguran haber hecho una propuesta "muy ambiciosa" para responder "a las preocupaciones indicadas por la Comisión" en el anterior intento de adquisición.

En este sentido, aseguran que su propuesta garantiza "la entrada de nueva competencia en un amplio número de rutas". "Sería un perjuicio para España no lograr en el aeropuerto de Madrid-Barajas las mismas condiciones que disfrutan otros hubs en Francia, Alemania u Holanda", enfatizaban hace unos días desde IAG.

Los Hidalgo ya han cobrado 100 millones por la venta del 20% de la aerolínea y otros 75 millones por penalizaciones a Iberia. Los 400 millones restantes está previsto que los ingresen progresivamente. Los primeros 200 los recibirán cuando se apruebe la operación; con 100 millones en en efectivo y otros 100 millones en acciones de IAG. Los otros dos pagos de cien millones en metálico se harán cuando se cumpla el primer y segundo aniversario de la aprobación de la compra por parte de Bruselas.

Devolución mínima del rescate

Si finalmente concluye con éxito el análisis comunitario, la familia Hidalgo habrá ingresado 500 millones de euros y la deuda que quede por pagar la asumirá el comprador. Cuatro años después de la concesión del rescate público, Air Europa solo ha abonado 95 millones de euros por los diferentes préstamos.

Según detallan a El Independiente fuentes conocedoras del proceso, la compañía ha pagado hasta el momento 66 millones de euros en concepto de intereses; 24,6 millones del crédito con el pool bancario y 41,6 del crédito de la SEPI. Del préstamo avalado por el ICO, la compañía ha devuelto hasta el momento 29 millones de euros y le quedarían otros 111,5 millones de euros por amortizar.

La previsión de Air Europa es seguir devolviéndolo de forma anticipada en la medida que lo permitan sus posibilidades financieras. Aunque lo afrontan con optimismo, dada la actual situación de bonanza del sector turístico. La compañía presume de tener buenos datos de rentabilidad y confía en cerrar 2023 como el mejor ejercicio de su historia.

Sin embargo, las estadísticas oficiales de Aena reflejan que Air Europa cerró el año 2023 con un nivel de pasajeros un 11,3% inferior al que tenía en 2019, el último año previo a la pandemia y al rescate público.

De Globalia a Estepona

La compañía reflotada por el Ejecutivo español es una de las pocas piezas que quedaba en pie dentro del imperio turístico montado por el empresario salmantino -ahora asentado en República Dominicana- y en el que se volcó toda su descendencia. Pero hace un tiempo, Globalia traspasó al grupo Barceló la mitad que controlaba de de Ávoris Corporación Empresarial, donde convivían Halcón Viajes y las agencias de ambos conglomerados. Ávoris, también fue rescatada con 320 millones de euros por parte de la SEPI. Aunque el dinero fue devuelto anticipadamente.

Si se consuma la venta de Air Europa, el grupo de la familia se quedará con la cadena de hoteles Be Live, que tiene cerca de 30 alojamientos repartidos entre los dos archipiélagos, y países como Marruecos, Portugal, Colombia, Cuba y República Dominicana. Por otro lado, también mantendrá bajo su paraguas a Groundforce, la firma de servicios de asistencia en tierra (handling) que recientemente se ha impuesto en el concurso de Aena para gestionar la operación en varios de los grandes aeropuertos españoles.

Fuera de eso, el patriarca de la familia Hidalgo estaría buscando 500 millones para poder impulsar The Ville, el macrocomplejo hotelero que ha diseñado en Estepona (Málaga). Una parte vendrá de los hipotéticos ingresos que obtenga de la venta de Air Europa. Pero necesitará más. Para ello, ya ha repartido el dossier con los detalles del proyecto de 1,5 millones de metros cuadrados que incluye varios hoteles, villas y apartamentos de lujo, zonas deportivas y campos de golf, según reveló también hace unos días El Confidencial.

No fue una excepción

Pese a la rapidez que se dio el Gobierno para aprobar su rescate, Air Europa defiende que la ayuda pública que recibió no fue una excepción en el sector. Todas las aerolíneas del mundo tuvieron que detener su actividad turística y operativa durante la pandemia. Se dieron de bruces con una interrupción repentina de su actividad y no tenían la posibilidad de conseguir ingresos. Por contra, mantenían activos gran parte de sus costes como el alquiler de aviones, el pago de las tasas por el aparcamiento de la flota en los aeropuertos, o los gastos de personal.

Todo ello provocó pérdidas millonarias que llegaron a poner en riesgo la supervivencia de muchas de ellas. Aunque algunas de ellas ehan sido luego tumbadas en los tribunales, l Grupo Lufthansa se benefició de una ayuda de 11.000 millones de euros; Air France-KLM, de 10.600 millones de euros; Alitalia, de 3.500 millones de euros; TAP, de 1.200 millones de euros; Finnair, de 1.200 millones de euros; LOT, de 650 millones de euros; y Condor, de 600 millones de euros.