Que nadie tergiverse la setencia que a los guerreros que nos gobiernan, solo les afectaría moralmente, pero inducido al miedo. Le decía Pérez Royo a Zapatero: "Cuando te pongan los cuernos los altos tribunales de husticia que tu mismo has nombrado, ¡VETE, VETE RÁPIDO, porque te empapelan.
Encarnación Roca, nº 2 del Tribunal Constitucional
recibió presiones de Carmen Calvo para cambiar su voto sobre el estado de
alarma bajo la presión del “El estado de alarma salvó vidas" Los jueces ni se deben comorar ni se deben vender. En cambio, los políticos se transforman.
La recién incorporada a la
revolución sanchista y ministra de Justicia del
soviet de La Moncloa, Pilar Llop, cuestionó la credibilidad del Tribunal
Constitucional tras declarar la ilegalidad del estado de alarma y dentro de la
terna de VICEPRESIDENTAS, la Llop es la más docta en materia jurídica y como
tal acompañadas de su milicia con bombas, trompetas y tambores, ordenaron la
exclusión del Tribunal Constitucional, al no defender debidamente, la causa que
en días anteriores ordenó la extinta, Carmen Calvo.
El comité que preside, Pedro
Sánchez ha dado el banderazo de salida a todo un linchamiento generalizado en
redes sociales por parte de cargos socialistas contra una de las mayores
instituciones españolas: el Tribunal Constitucional.
El vicepresidente de la
Asamblea de Extremadura y Secretario General de PSOE de Cáceres afirmaba ayer
mismo lo siguiente: “Visto lo visto, no hay más preguntas señoría: estos son
los 6 magistrados que han declarado inconstitucional el confinamiento: vínculos
con el PP y FAES”. Este Sr. Morales es
de loa que hay que echar de comer aparte, por tanto dedicaremos dedicaremos una
publicación especial.
El diputado del Congreso por
Badajoz, Valentín García y antiguo portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea
de Extremadura se unía al linchamiento y afirmaba: “Estoy convencido que el TC
no hubiera dictaminado la sentencia de ayer en mayo de 2020. Es difícil
concluir que los países europeos (democracias plenas) se equivocaron al aplicar
medidas semejantes a la española. El TC se ha desprestigiado sólo”. El
socialista no sólo asume los planteamientos de Podemos -que tachaban a España
de no ser una democracia plena- sino que señala al Tribunal Constitucional como
culpable de ello.
La también socialista Zaida
Cantera continuaba con el ataque y descalificaba el fondo de la sentencia del
Constitucional: “Miles de vidas se salvaron con el estado de alarma aprobado en
el Congreso de los Diputados por mayoría sin ningún voto en contra. Mi voto fue
SÍ. Ninguna sentencia sobre papel y a destiempo impedirá ahora que esas vidas
fueran salvadas. Orgullosa de mi voto”. Resulta difícil pensar que si se siente
orgullosa de haber votado una medida anticonstitucional no piense en repetir su
voto llegado el momento oportuno.
Manolo Mata, autodefinido
como “abogado y socialista; desde hace mucho, y para siempre. Ahora portavoz
del grupo socialista en las Cortes Valencianas y Vice Secretario General del
PSPV-PSOE” atizaba otro golpe institucional al TC: “Cuando el Congreso de los
diputados aprobó la prórroga del estado de alarma por 321 votos y ningún voto
en contra se constata que el Tribunal Constitucional está lejos de la mayoría
social que representa la Cámara”.
Todo un suma y sigue de
acoso al Constitucional lanzado desde el partido en el Gobierno. Lanzado por
quien lidera el poder Ejecutivo, con el deseo de atizar al organismo encargado
de controlar y contrapesar los abusos de constitucionalidad del poder.
Todo ello sucede tras haber
recibido el Gobierno uno de los mayores varapalos: la sentencia del Tribunal
Constitucional contra su estado de alarma. Pero es más. Pedro Sánchez sabía que
aprobaba un estado de alarma que desbordaba la legalidad porque sus equipos
jurídicos le alertaron de que las limitaciones de derechos fundamentales que
decretaba entraban dentro del estado de excepción y no de la categoría más
suave del estado de alarma.
Pero el presidente del
Gobierno quería eludir el control del Parlamento. Y es que, si hubiese
tramitado el confinamiento como lo que era, un estado de excepción, debería
haber solicitado permiso al Parlamento para aplicar cada restricción de
derechos fundamentales. Y temía que el coste de las medidas provocasen una
desbandada de sus socios políticos.
Ahora, tras ser cazado en
esa ilegalidad, Sánchez reacciona cargando contra el Tribunal Constitucional. Y
ordena a su partido secundarle en el ataque a una institución.
