VOX, el escupitajo de los cabreados del PSOE, condiciona el Gobierno de Aragón y de España.

 

El resultado de las elecciones en Aragón no ha sido bueno para el PP. Gana con 26 escaños, pero pierde dos respecto a 2023; aunque el PSOE se hunde hasta 18 escaños (5 menos que 2023), Vox se convierte en el vencedor de la noche al duplicar su representación, pasando de 7 a 14 escaños.

La derecha logra 5 escaños más que en 2023 (pasa de 35 a 40), pero el mayor beneficiario de ese giro es el partido de Abascal, que incluso le ha ganado al PSOE en la ciudad de Teruel.

Si Jorge Azcón adelantó los comicios al no poder aprobar los presupuestos con el objetivo de alcanzar la mayoría absoluta (34 escaños) y, de esa manera, no tener que depender de Vox, su operación ha devenido en fiasco. Si Feijóo pretendía que Aragón se convirtiera en la segunda fase del proceso iniciado en Extremadura, pero esta vez con mayor holgura respecto a la extrema derecha, le ha salido el tiro por la culata.

Abascal tiene ahora todas las bazas en su mano para forzar la entrada de Vox en el gobierno e imponer sus condiciones. El triunfo de su partido no se basa en el carisma de su candidato (Alejandro Nolasco sigue siendo desconocido para muchos aragoneses); ni siquiera en el atractivo de su programa, que tampoco es muy conocido, sino en que ha abanderado la oposición más radical contra Pedro Sánchez.

El PP, en un giro inexplicable, invitó al cierre de su campaña al supuesto periodista Vito Quiles, alguien muy identificado con el ideario de la extrema derecha. Quizás con el objetivo de frenar a Vox. Pues bien, lo que ha conseguido ha sido justo lo contrario: ha asustado a su votante moderado. ¿Acaso Azcón y Feijóo piensan, como ha dicho Miguel Tellado, que Quiles representa al "periodismo valiente"? ¿Es ese su modelo?

El batacazo del PSOE no hay que apuntárselo a Alegría, sino a Pedro Sánchez

Creo que Feijóo haría bien en replantearse su estrategia si no quiere que le ocurra lo mismo en Castilla y León o en Andalucía, aunque dudo que Juanma Moreno opte por confundirse con el partido de Abascal.

Desde luego, el que no puede estar contento tampoco es Pedro Sánchez. Su candidata, la ex ministra y portavoz del gobierno Pilar Alegría, ha logrado lo que parecía imposible, igualar el peor resultado de su partido en Aragón, que se alcanzó en 2015 cuando Podemos estaba subiendo como la espuma. Es una derrota sin paliativos y atribuible al presidente. Ha sido un voto de castigo no a Alegría, sino a Sánchez. Veremos qué dice Moncloa de esta triste noche del 8-F. Culparán a la ola populista que recorre Europa, a Trump y a los tecnoligarcas. O algo parecido. Todos tendrán la culpa menos el verdadero culpable, Sánchez.

¿Qué decir de Podemos? Sencillamente, que ha desaparecido de la escena política. La izquierda en Aragón ha votado a la Chunta (que ha pasado de 3 a 6 escaños), y ha dejado en las raspas a IU y Sumar. Pablo Iglesias va a tener que desempolvar algún manual de principios del siglo XX para explicar por qué el proletariado le ha sido tan esquivo.

En fin, que todo sigue igual, pero peor que antes del 8-F. Por lo menos para los que queremos un cambio hacia la sensatez y la moderación.

La estrategia socialista para restar votos al PP, no es otra que enaltecer a VOX.

    La palabra pinza se está extendiendo en diferentes estamentos del PP, desde el parlamentario al autonómico, incluso en la propia dirección nacional. En Génova están convencidos de que hay una colaboración "consciente o inconsciente" entre el PSOE y Vox para arremeter contra los populares, desgastarles como alternativa y conseguir prosperar con la competencia mutua por los costados para incentivar la polarización y el populismo de derecha y de izquierda. Pero por otro lado, ven primar otra estrategia paralela a la 'alimentación' socialista de Vox, que radica en minar el liderazgo de Feijóo y su percepción como alternativa, despreciarlo como adversario y apostar por el choque con otras figuras del PP más polarizadoras como Isabel Díaz Ayuso.

    El socialista busca poner contra las cuerdas a Feijóo, con temas difíciles a los que pocos, como Ayuso, se atreven a entrar. A la vez eso potencia un escenario polarizador en el que a nivel nacional Vox se mueve mejor, especialmente cuando se apela a las entrañas y no a la razón. Sánchez busca sostener ese clima hasta las próximas generales, presentando una oferta ideológica en el polo opuesto de la ultraderecha y del PP, absorbiendo la mayor parte de su izquierda con sus principales banderas, como Gaza, y dejando el dilema al electorado progresista de apoyar una opción amplia de izquierdas sobre la que movilizarse frente a una derecha que suma en las encuestas, pero sacrificando la fiscalización de ese poder, al primar el voto del 'mal menor'.

   Desde principios de octubre, cuando el debate sobre el aborto volvió a abrirse de par en par por el apoyo de los populares de Madrid a una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento, para advertir sobre un falso síndrome postaborto, Sánchez decidió entrar de lleno en un asunto que supone confrontar ideológicamente, dar la batalla cultural. Ante la propuesta de blindar en la Constitución el aborto, Feijóo dejó claras sus posiciones, negándose a ello pero validando el derecho a la interrupción del embarazo tal y como está establecido actualmente en la ley. Pero en Ayuso, Sánchez encontró su polo apuesto para ir caldeando más y más el ambiente. Se prioriza mirar a los territorios más que a Génova y dar autoridad a la madrileña, siempre 'eterna candidata en la sombra' para muchos.

   El objeto de la principal contienda han sido las listas de médicos objetores, las cuales feudos del PP como Baleares o Aragón si proporcionarán tras el requerimiento formal del Gobierno para su creación. Pero Madrid se resiste y juega al despiste, a la ambigüedad. Tanto PSOE como Sumar en el Gobierno instan a Ayuso a cumplir la ley -desde la reforma de 2023 se obliga a proporcionar esos listados- mientras que la madrileña niega hacer "listas negras" y denuncia una persecución de la libertad de conciencia y contra la deontología profesional de los médicos, que en su fin último es salvar vidas.

  En ese conflicto, tanto el PP de Madrid como Sánchez sacan rédito, pero las posiciones de máximos generan costuras internas en un PP que tiene distintas posiciones sobre el aborto. Quedó claro en el último congreso del partido en julio, donde se evitó ahondar en este tipo de asuntos. El interés del Gobierno, además de intentar movilizar a la izquierda, es el de evidenciar a un PP "ultraderechizado" por la competencia con Vox y hacer que al calor de los pronunciamientos de Ayuso Génova tenga que remarcar su posición. Y con ello, o generar una ruptura interna o que el propio Feijóo valide a Ayuso y de más combustible para denunciar la "derechización" de los populares, según los socialistas.

   Feijóo queda en una posición intermedia cuando de dar la batalla cultural se trata. El ejemplo es el aborto: se aferra a una posición 'continuista', de mantener la ley como está hasta ahora y garantizar el cumplimiento para no entrar en debates. Al mismo tiempo, a sabiendas de que hay mucho voto femenino en juego, se denuncia una estrategia del Gobierno para especular con que el PP quiere retirar derechos "que llevan más de 30 años" y que el interés real del Ejecutivo con ellos es "evitar que se hable de la corrupción". O de convocatorias como la de Sánchez a la comisión del caso Koldo en el Senado para el 30 de octubre.

De "ignorancia o mala fe" a "ánimo Alberto"

    A la vez que se juega la carta de la batalla cultural, en el PP detectan que se está volviendo a querer trasladar la imagen de político poco curtido. Es algo, se denuncia, que ya empezó en agosto de 2022 poco después del aterrizaje de Feijóo en Madrid tras la sucesión de Pablo Casado. En la anterior legislatura, tras afirmar que "Sánchez ha metido en un pufo de 6.000 euros a cada español", María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda le criticó por dejar "un pufo" monetario en Galicia. "¿Es ignorancia o mala fe?", preguntó la andaluza, una frase que se repitió para desprestigiar las capacidades del gallego.

   Pasó a utilizarla Sánchez en su primer cara a cara en el Senado con Feijóo como senador por designación autonómica, luego, tras las generales, trasladados al Congreso. Una estrategia de los socialistas para minar la imagen del popular. Para entonces, el PP denunció una larga lista de insultos -el PSOE contestaba esgrimiendo lo mismo- entre los que se encontraban adjetivos como "vago", "insolvente", "sectario" o "incompetente". Con picos y casos puntuales hasta hace bien poco, el propio Feijóo intentó darle la vuelta al asunto. Primero a finales de 2022 en el Senado. "¿Es incompetencia o mala fe?", le dijo en septiembre de este año a Sánchez y a Ana Redondo, ministra de Igualdad, por los errores de las pulseras antimaltrato.

    Los populares denuncian que esta semana se ha vuelto a esa tendencia de desprestigio de Feijóo, que hilan con la teoría de la pinza con Vox. Hay dos cuestiones que no han gustado nada en la cúpula.

    En primer lugar, el intento de Sánchez durante su entrevista en Cadena SER del martes de dar a entender que entre bambalinas, por detrás, los barones del PP lo ven agotado y ya se plantean candidatos alternativos. Sánchez apreció que cuando hay un cuestionamiento de Feijóo "la prensa de la derecha" pone sobre sobre la mesa un posible adelanto electoral. "No lo hacen con información detrás, porque cada vez que me preguntan digo que serán en 2027. Se hace para cerrar cualquier debate sucesorio respecto al señor Feijóo", aseguró Sánchez, para después apuntar que en "off the record, en distintos lugares de la Villa de Madrid distintos presidentes autonómicos del PP cuando vienen muestran su desagrado con la estrategia que está llevando Feijóo como jefe de la oposición, incluso se dejan querer" como alternativas de futuro.

    En segundo lugar, con una nueva expresión que se suma al "ánimo, Alberto" de la semana pasada, intentando equiparar a Feijóo con Casado en la previa a su depuración como dirigente por el choque con Ayuso entre febrero y marzo de 2022. En concreto, en la última sesión de control al Gobierno, Sánchez adjetivó al líder de la oposición con un "es usted la nada". Volvió a incidir en esa idea de falta de preparación.

   Además de cuestionar la preparación de Feijóo, el Gobierno detona otra intencionalidad: llevar esa imagen de "incompetencia" también a las comunidades para ensalzar la gestión económica desde Moncloa frente a "una mala gestión de servicios públicos" pese a recibir financiación.

   Fuentes populares entienden que esto forma parte de la estrategia de los socialistas ante el acorralamiento "por la corrupción". "Tienen que dar muchas explicaciones, de dónde sale el dinero fotografiado en el despacho de Ábalos -publicado por The Objective- o los sobres con dinero en efectivo con el membrete del PSOE", aseguran. También la atribuyen a la incapacidad de legislar asuntos como los Presupuestos Generales del Estado, unas nuevas cuentas de cara a 2026 que socios como ERC empiezan a no ver posibles. Ya no por la falta de apoyos como esgrime el Ejecutivo, sino porque se denuncia que ni si quiera se han iniciado conversaciones bilaterales con ellos.

   Además de la presunta corrupción, los populares apuntan al intento de restar relevancia a cuestiones como "un nuevo hachazo" a los autónomos, tras el anuncio de la subida de cuotas hecho por el Ministerio de Seguridad Social. Un plan que ni si quiera apoya Sumar. La vuelta a este lenguaje de desprecio contra el dirigente del PP se enmarca en una semana "complicada" para el Gobierno tras el paso de José Luis Ábalos y Koldo García por el Tribunal Supremo. Se considera que los reproches personales se prolongarán y azuzarán con el tiempo, y que el marco de batalla cultural elegido por Sánchez cambiará en pocos días. "Estamos apunto de entrar en noviembre, ahí empezará a hablar de Franco [por el 50 aniversario de su fallecimiento]. Por lo que sí abogan en Génova es por no echar más leña al fuego respecto al rifirrafe Gobierno-Ayuso, y se guarda silencio.

    Para los populares esta posición del Gobierno, y de especialmente el PSOE, no responde a nada más que intentar "resistir hasta 2027". Ni si quiera se vincula con un intento de convocar generales de forma anticipada. "Si quince puntos de distancia no hacen a Sánchez convocar elecciones, es que no las tiene consigo", creen en el PP.

Con la derecha dividida, aún ganando las elecciones con mayoría, el fracaso y la vuelta del socilismo está asegurado.

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Tezanos que de "tonto" tiene lo que le sobra de golfo se anticipa ante la evidencia de que si el PP necesita a VOX para gobernar España, el fracaso esta asegurado. En la actualidad, el sector liberal conservador dispone de holgada mayoría absoluta en el Congreso: 184 diputados. Pero los siete de Junts y los cinco del PNV prefieren la zanahoria de la independencia a la realidad liberal conservadora. Pablo Iglesias vio con claridad hace unos años que sí podía gobernar la izquierda. Fue el “sí Podemos” que confirmó a Pedro Sánchez en la silla curul del palacio de la Moncloa. En el año 2027, tal vez la opción liberal conservadora no necesite al centro derecha de Junts y del PNV porque la suma del Partido Popular y de Vox resulte suficiente para formar una sólida mayoría absoluta que desplace al sanchismo del poder, proyectado el presidente Sánchez hacia el banquillo de los acusados.

Se atribuye a Julio César la frase que ha presidido una parte de la vida política desde hace dos mil años: “Divide y vencerás”. José Félix Tezanos ha explicado a Pedro Sánchez que es necesario dar terreno a Vox, que conviene hablar de Abascal y no de Núñez Feijóo, que arde la situación entre el centro derecha del PP y la derecha radical de Vox. Y que es un hecho el millón de votos que se ha desplazado ya desde el partido de Feijóo al partido de Abascal.

El planteamiento de Tezanos resulta inteligente. Mientras más oscile el electorado conservador hacia Vox, la ley d’Hont juega a favor de fragilizar el resultado final. Aparte de las jugarretas del censo y correos, y quién sabe si alguna más a cargo de la digitalización y la inteligencia artificial, la política sanchista incidirá en favor de la crecida de Vox. Tal vez consiga distorsionar de forma determinante el cambio liberal conservador, el resultado de las próximas elecciones generales.

Alberto Núñez Feijóo y sus agradaores gallegos pueden continuar instalados en el hedonismo de la victoria segura, pero si en lugar de desdeñar la habilidad política de Pedro Sánchez la consideran adecuadamente, deberían estar trabajando para encontrar fórmulas que regularicen la relación entre el Partido Popular y Vox. No se trata de especulaciones de tertulianos ignaros. Se trata de algo que vibra ya en varias Comunidades Autónomas. Y no hay tiempo que perder para la operación liberal conservadora. Pedro Sánchez es demasiado peligroso y desdeñar su capacidad de maniobra puede conducir a Núñez Feijóo a un nuevo descalabro político.

VOX patrocinado por la corrupción del sanchismo, dará la campanada para el más que posible adelanto electoral.

 

Cuando el diputado de la Chunta Aragonesista adscrito a Sumar, Jorge Pueyo, pinchó el globo de la legislatura el pasado martes afirmando que si Pedro Sánchez no aprueba los Presupuestos, «debe convocar elecciones», no hizo más que repetir una convicción que, en privado, suscribe la mayoría en el PSOE. La consigna oficial de Moncloa es que «de esto no se habla» y es obligado proyectar la ficción de que existe alguna posibilidad de sacar adelante las cuentas públicas. Pero no es real. Como tampoco lo es que exista una interlocución con los socios del Ejecutivo en un contexto en que la llave de la gobernabilidad, que tiene Carles Puigdemont, no permitió a sus interlocutores, José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa, «ni siquiera hablar» de las cuentas públicas en sus últimos encuentros. Por ello, el Ejecutivo ha empezado a proyectar escenarios. Y uno de ellos es el electoral.

Como desveló THE OBJECTIVE hace una semana, la única maniobra capaz de frenar lo que viene en el terreno judicial, cuya pieza de caza mayor es la imputación del PSOE por financiación ilegal, sería la disolución de las Cortes, que abriría paso al periodo electoral en el cual se paralizan las causas judiciales. Una muestra de ello fue el retraso en las actuaciones policiales sobre los investigados del caso Koldo, previstas inicialmente para el 28 de junio de 2023, y postergadas hasta el mes de septiembre tras la convocatoria electoral del 23-J. Las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico sostienen que en Moncloa y en el PSOE ya han empezado a hacer proyecciones de voto, y los resultados han despertado el ánimo electoral a más de uno.

Lo que ha insuflado moral a los estrategas gubernamentales no es el resultado del PSOE, sino el de Vox, que se sitúa por primera vez en el 20% de intención de voto en la mesa demoscópica de Moncloa. Un dato relevante en la medida que puede tener consecuencias en la duración de la legislatura. Las fuentes gubernamentales y socialistas consultadas aseguran que «la comidilla en el Gobierno es que habrá elecciones en meses» si Vox se consolida en el 20% de proyección de voto y confirma su tendencia alcista. Un dato que aparecía este lunes en la encuesta realizada por Opina360, casa de sondeos que firma el anterior gurú de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y que Moncloa y Ferraz hicieron circular con júbilo entre sus cuadros.

El PSOE sospecha que Sánchez convocará elecciones para frenar la investigación judicial

Ketty Garat

La subida de Vox «beneficiaría al PSOE»

Sin embargo, los expertos en demoscopia del PSOE cogen con pinzas sus resultados e incluso califican de «excesivo» el 30,4% para el PSOE frente al 27,4% del PP. Según sus cálculos, el PSOE «baila» entre la primera y la segunda posición, aunque en la mayoría de muestras el PP se sitúa en cabeza con una cierta ventaja. Es casi un empate técnico, habida cuenta de que la distancia entre ambos se sitúa en el margen de error de la encuesta (más/menos 2%). Pero lo importante en demoscopia no es el dato, sino la tendencia. PSOE y Vox suben, se retroalimentan, y el PP, baja. Los de Alberto Núñez Feijóo siguen en cabeza, pero acusando un desgaste progresivo –he aquí la buena noticia para el PSOE– derivado de su «incapacidad de marcar la agenda política» y «forzado a ir a rebufo del Gobierno y de Vox».

El sondeo de Iván Redondo se enmarca más en la estrategia del CIS de José Félix Tezanos de cambiar la realidad en lugar de describirla, pero sí tiene elementos tangibles y concretos en relación con el que, en estos momentos, despierta una importancia capital en el Ejecutivo. No solo en la medida en que la subida de los de Santiago Abascal frenaría el crecimiento potencial del PP permitiendo un vuelco en la primera fuerza, sino porque, además, «beneficiaría al PSOE» en las pequeñas y medianas provincias en relación al reparto de escaños.

El Tribunal Supremo tiene «indicios suficientes» para imputar al PSOE por financiación ilegal

Ketty Garat

Teresa Gómez

Según los estrategas monclovitas, se podría dar la paradoja de que un incremento en la intención de voto de Vox en las circunscripciones de cinco escaños, en detrimento del PP, le diera un escaño más al PSOE, perjudicando al bloque de ‘las derechas’: la famosa teoría de los restos, que en 2016 perjudicó al PSOE por la división del voto de la izquierda y un reparto muy igualado entre el resultado de PSOE y Podemos, que dejó un sorpasso técnico de los morados y el mayor fracaso histórico del PSOE en las urnas: 88 escaños.

La «última mano» de Pedro Sánchez

No obstante, las proyecciones de voto todavía son terreno poco firme para Moncloa. La tendencia genera optimismo, pero son conscientes de que el repunte del voto socialista por el «genocidio» en Gaza ha sido un espejismo que se ha volatilizado antes de cristalizar.

Un sondeo de Iván Redondo da la victoria al PSOE en las elecciones y dispara a Vox

Rodrigo Isasi Arce

Queda esperar a que se consolide la tendencia de Vox que se observa «desde hace meses». Si se confirma, en el Gobierno y en el partido miran a la primavera de 2026, concretamente el mes de marzo, para la llamada a las urnas. Algunos hablan expresamente de que «Pedro convocará en seis meses»; otros auguran que será antes, a finales de año, «en cuanto fracasen los Presupuestos». Se trata de un pronóstico que Moncloa descarta cada vez menos y se escucha cada vez más en Ferraz. Como siempre, solo Sánchez sabe cuáles son sus cartas y cuál será su apuesta.

Aunque sus hábitos también consolidan tendencia: ninguna de sus legislaturas ha llegado a término. Y especialmente relevante es la primera, cuando uno de sus socios (ERC) tumbó los Presupuestos en febrero del 2019 y el Gobierno convocó elecciones para el mes de abril, en primavera. El Gobierno no cumplió los plazos y presentó las cuentas públicas fuera de plazo (enero 2019) tras prorrogar los del año anterior. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue retrasando el horizonte de su presentación, que en Moncloa fijan en torno al mes de noviembre, suben las apuestas por un adelanto electoral tras el fracaso presupuestario. Sobre todo teniendo en cuenta que Sánchez tiene que aprovechar su última mano y la marca de la casa: hacer de la necesidad virtud.

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  Ketty Garat

Feijóo, en VOZ alta dice que VOX nunca participará en coalición gubernamental con el PP.

 Todo son futuribles. Ni siquiera hay en el horizonte próximo la certeza de un adelanto electoral una vez que Pedro Sánchez parece dispuesto a resistir hasta 2027. Pero el PP está adelantando una estrategia de largo recorrido por la que busca acabar con la identificación de un tándem Feijóo-Abascal, desechar la idea de que el líder popular está condenado a formar un gobierno de coalición con Vox para hacer al líder de esta formación vicepresidente del Gobierno.

Lo cierto es que Feijóo no terminó de ser concluyente el pasado domingo. "Yo quiero un gobierno en solitario", dijo para agregar después que no habría cordones sanitarios a Vox, tampoco a Junts. No cerraba puertas. Pero no ha sido hasta hoy, a primera hora de la tarde, que su número dos, Miguel Tellado, aclaraba que no, que no habrá coalición gubernamental, incluso ante el riesgo de bloqueo y de repetición de elecciones generales.

De este modo, Feijóo y los suyos ponen la pelota en el tejado de Abascal en si estaría dispuesto a "facilitar" -bien apoyando o absteniéndose- la investidura del líder popular para desalojar a Sánchez de la Moncloa aunque no hubiera reparto de sillones ministeriales. El actual es el primer gobierno central de coalición de la democracia, "no lo tuvieron ni González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy", recuerdan en el PP, a pesar de carecer de mayoría absoluta en alguna de sus legislaturas.

José Luis Rodríguez Zapatero, un entusiasta de la coalición con Unidas Podemos, primero, y con Sumar, después, así como con la alianza estratégica con los independentistas "no gobernó con IU a pesar de carecer de mayoría absoluta", aducen, aunque en 2004 consiguió 164 escaños y en 2008, 169, bastante lejos de los registros que dan los sondeos al PP. El más alto ha llegado a los 154 escaños.

Sumar más que todo el bloque de investidura de Sánchez

El objetivo es precisamente, conseguir más representación parlamentaria que todo el bloque de la actual investidura, de modo que no haya una mayoría alternativa que no pase por hacer presidente a Feijóo. En este sentido, desde el equipo del líder del PP explican, de manera mucho más clara que su jefe de filas el pasado domingo, que "si para llegar al Gobierno hay que hacer ministro a Jorge Buxadé - eurodiputado y presidente de Vox- ese no es nuestro modelo". Es Abascal el que debe decidir "si facilita la investidura" de Feijóo o contribuye a la continuidad de Sánchez unos meses más hasta poner en marcha el mecanismo automático de disolución de las Cámaras y convocatoria de las elecciones, todo ello en caso de un escenario en que ambas formaciones, junto a otras menores como UPN y Coalición Canaria, sumaran la mayoría absoluta.

Le Pen condenada a cuatro años de cárcel e inhabilitación. La ultraderecha europea KO. VOX se desintegra....

 

Le Pen condenada a cuatro años de cárcel e inhabilitación. La ultraderecha europea KO. 

Marine Le Pen se dispone a apelar su condena de cuatro años de cárcel y su prohibición de presentarse a las elecciones presidenciales después de que simpatizantes de la líder de Agrupación Nacional criticaran duramente a los jueces por su sesgo antiderechista. La líder ultraderechista francesa apelará su condena por malversación de fondos públicos, según declaró su abogado el lunes, después de que un tribunal le impusiera una prohibición de cinco años para presentarse a cargos públicos. La apelación podría presentarse en los próximos meses. Laurent Jacobelli, diputado de Agrupación Nacional y portavoz del partido, declaró ante el veredicto que Le Pen se encuentra en un estado de ánimo combativo, y su abogado añadió que la medida supone un golpe a la democracia.

La mujer de 56 años recibió una multa de 84.000 libras esterlinas en virtud de la sentencia, que le prohibirá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 contra Emmanuel Macron. Técnicamente, aún podría presentarse si su apelación prospera antes de las elecciones, pero los expertos advierten que el proceso probablemente durará años. Su condena de cuatro años de cárcel será suspendida durante dos años, y el tiempo restante la pasará con un brazalete electrónico.

Le Pen y otros 24 funcionarios de Agrupación Nacional fueron acusados ​​de haber utilizado fondos destinados a asesores parlamentarios de la Unión Europea para pagar a personal que trabajó para el partido entre 2004 y 2016, violando las normas del bloque de 27 países. Sin embargo, tras la sentencia, varios simpatizantes de la extrema derecha han acudido en masa a las redes sociales para defenderla. El líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, compartió en X una publicación que decía: «Hoy no solo Marine Le Pen fue injustamente condenada: fue la democracia francesa la que fue asesinada».

Bardella, de 29 años, no se encontraba entre los acusados ​​en el juicio y también se le considera un posible candidato presidencial en caso de la caída de Marine Le Pen. En un documental emitido por BFMTV el domingo por la noche, Le Pen dio por primera vez su aprobación a la presidencia de Bardella. «Por supuesto que tiene la capacidad para convertirse en presidente de la república», afirmó. 

El líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó que Le Pen ha sido "cancelada" por lo que consideró "acusaciones muy falsas". Describió la inhabilitación de la líder de Agrupación Nacional para ejercer cargos públicos como una "tendencia", calificándola de "candidata que, sin duda, habría ganado las próximas elecciones presidenciales francesas".

Sugirió que los partidos euroescépticos han sido objeto de acciones legales injustas. «No veo cómo es posible que los únicos que han incumplido las normas de financiación de la UE sean euroescépticos. Simplemente es imposible», afirmó. 

Eric Ciotti, expresidente de los republicanos de centroderecha, también se pronunció públicamente contra la sentencia de Le Pen y declaró: «El destino democrático de nuestra nación, confiscado por una camarilla judicial indignante. Se le impidió presentarse al candidato favorito en las elecciones presidenciales. Esto no es una simple disfunción. Es un sistema de captura del poder que sistemáticamente descarta a cualquier candidato demasiado a la derecha y con posibilidades de ganar».

Pero Eric Zimmour, presidente del ultraderechista Partido de la Reconquista, criticó duramente la sentencia, afirmando: «No les corresponde a los jueces decidir por quién debe votar la gente. Sean cuales sean nuestros desacuerdos, Marine Le Pen tiene derecho a presentarse a las urnas». Matteo Salvini, viceprimer ministro italiano de extrema derecha, compartió un mensaje similar, afirmando: «Quienes temen el juicio de los votantes a menudo se tranquilizan con el fallo de los tribunales».

En París han condenado a Marine Le Pen y quieren excluirla de la vida política; una película deplorable que también vemos en otros países como Rumanía. El fallo contra Marine Le Pen es una declaración de guerra de Bruselas, en un momento en que los impulsos bélicos de Von der Leyen y Macron son aterradores. No nos dejaremos intimidar, no nos detendremos: ¡a toda máquina, amigo!

El Kremlin también criticó duramente el lunes la decisión del tribunal francés de prohibir a Le Pen presentarse como candidata a un cargo público debido a una supuesta estafa de empleo. «Bueno, de hecho, cada vez más capitales europeas están optando por pisotear las normas democráticas. Por supuesto, no queremos interferir en los asuntos internos de Francia, nunca lo hemos hecho, y este es un asunto interno de Francia», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa en una sesión informativa al ser preguntado sobre la decisión. «Pero, en general, nuestras observaciones sobre las capitales europeas muestran que no son en absoluto reacias a ir más allá de la democracia durante el proceso político», añadió.

También mostrando su apoyo público a la política, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, publicó en X: "¡Soy Marine!", tras su reciente expulsión de la política francesa. Durante la lectura del veredicto, de la que Le Pen salió furiosa antes de conocer la duración de su expulsión, el juez Perthuis afirmó que las acciones de Le Pen constituían un "ataque grave y duradero a las normas de la vida democrática en Europa, pero especialmente en Francia". En una sentencia contundente, los magistrados también acusaron a Le Pen de "socavar la democracia". Escribieron: "Marine Le Pen ha estado en el centro de este sistema ilegal desde 2009. Los acontecimientos han socavado grave y duraderamente las normas de la democracia. Esto supone un enriquecimiento del partido, una elusión de las normas que rigen la financiación de los partidos políticos y, por lo tanto, una elusión de la democracia".

Esto ocurre después de que la aspirante presidencial y decenas de otros funcionarios del partido fueran declarados culpables de malversación de aproximadamente 397.000 libras esterlinas, en particular para los contratos de su guardaespaldas, Thierry Légier, y su exagregado parlamentario y excuñada, Catherine Griset. Griset fue condenada a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación electoral. Louis Aliot, exnúmero dos de Agrupación Nacional, ha sido condenado a 18 meses de prisión, con diez meses en suspenso. El resto de su condena estará bajo un brazalete electrónico. También se le ha impuesto una inhabilitación de tres años, pero no provisional, «para preservar la libertad de los votantes que eligieron a su alcalde», según declaró el juez.

Durante el juicio de nueve semanas que tuvo lugar a finales de 2024, argumentó que la inelegibilidad "tendría el efecto de privarme de ser candidata presidencial" y privaría del derecho al voto a sus partidarios. "Hay 11 millones de personas que votaron por el movimiento que represento. Así que mañana, potencialmente, millones y millones de franceses se verían privados de su candidato en las elecciones", declaró ante el panel de tres jueces. Durante más de una década, Le Pen ha trabajado para hacer que su partido sea más convencional, atenuando su tono extremista para ampliar su atractivo para los votantes. Tras quedar tercera en las elecciones presidenciales de 2012, Marine Le Pen llegó a la segunda vuelta en 2017 y 2022, pero fue derrotada por Emmanuel Macron en ambas ocasiones. Sin embargo, 2027 podría ser una oportunidad diferente, ya que Macron no podrá presentarse de nuevo.

La vida de Le Pen ha estado marcada por el legado de su padre, abiertamente racista y veterano de la larga guerra de Argelia que finalmente condujo a la independencia de la antigua colonia francesa. En 2011, la política asumió el liderazgo del Frente Nacional (FN) de manos de su padre, Jean-Marie, cofundador del principal movimiento de extrema derecha de la posguerra francesa. Para distanciarse del legado de su padre, quien realizó declaraciones abiertamente antisemitas y racistas, rebautizó el partido como Agrupación Nacional (RN) y emprendió una política que denominó «desdiabolización» («desdemonización»). Esta labor dio sus frutos en las elecciones legislativas anticipadas del verano pasado, cuando RN se alzó como el partido con más votos en la Asamblea Nacional, aunque sin la mayoría absoluta que buscaba.

Esto le otorgó a Le Pen un poder sin precedentes sobre la política francesa, que utilizó al respaldar una moción de censura que derrocó al gobierno del primer ministro Michel Barnier más tarde ese mismo año. Los críticos acusan al partido de seguir siendo intrínsecamente racista, de tardar demasiado en distanciarse de Rusia y de recurrir a tácticas corruptas para aliviar sus precarias finanzas, acusaciones que Le Pen niega. Pero, aprovechando las preocupaciones cotidianas de la gente sobre la inmigración y el coste de la vida, Le Pen se considera ahora la que tiene su mejor oportunidad de ganar la presidencia francesa en 2027 tras tres intentos fallidos.