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Es el mejor momento para vender una vivienda, en cambio, el peor para comprar.


El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España fue brutal. Ahora, según el INE, la situación puede estar cambiando. ¿A mejor? De acuerdo con los datos que acaba de hacer públicos Estadística, el índice del precio de la vivienda detecta una subida en el último trimestre que rompe la tendencia de 24 trimestres consecutivos de caídas; es decir 6 años, período que se eleva a 8 si se tienen en cuenta las transacciones efectivas. Al analizar los datos de la concesión de hipotecas y de ventas registradas, «parece que el mercado está más animado al margen de un efecto comparativo distorsionado aún por el impacto estadístico de la financización de la deducción fiscal por vivienda». El mero hecho de que los bancos hayan vuelto a hacer publicidad de sus productos hipotecarios, «un síntoma más de los esfuerzos por vender las viviendas que aún poseen en sus carteras», según AB&P Abogados.
Los banqueros financian normalmente al 100 % sus viviendas, porcentaje que no suele alcanzarse -ni de lejos- cuando el comprador opta por un piso que no pertenece a la cartera de inmuebles para la venta de la propia entidad financiera. Por ejemplo, Solvía -dicen que la inmobiliaria del Banco Sabadell hace un año compraba inmuebles por 250.000 euros y, hoy, los vende por 15.000 euros en Zurgena (Almería) ¿Qué hay escondido? Sencillamente, hacer liquidez para a continuación, el Sabadell, dirá que no tiene que ver nada con Solvia y otro duro golpe para el comprador, nunca tendrá casa -en regla-

Las plusvalías

Desfase en el 2015. Es el mejor momento para vender la casa, «porque su precio no se va a revalorizar a corto o medio plazo y de aprobarse la reforma fiscal de las plusvalías, en muchos casos vender un piso en el 2015 será más caro que en el 2014». La verdad sobre el mercado inmobiliario español, para quien los pisos seguirán bajando en sus valores nominales (sin tener en cuenta la inflación) durante todo el ejercicio 2015 y posteriormente también, pero a través de la inflación. Según sus cálculos, en el conjunto del ciclo la caída se situará en un rango de entre el 75 y 85 % en términos reales.

¿Qué es eso de la reforma fiscal y las plusvalías? 
A partir del 1 de enero del 2015, según AB&P Abogados con la estrategia fiscal diseñada por el Gobierno, los propietarios que vendan sus inmuebles tendrán que pagar mucho más a Hacienda por el beneficio obtenido, ya que se suprimirán los llamados coeficientes de abatimiento, mecanismos correctores ligados al incremento del coste de la vida, que beneficiaban principalmente los que fueron adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.

Cambios fiscales

Diferencias de miles de euros. Pongamos un ejemplo, usted tiene un piso comprado por 10.000 euros en 1980 que venderá en agosto de este año por 200.000. La plusvalía es de 190.000 euros. Si la operación se realizase antes de la reforma tributaria, usted tendría que abonarle a Hacienda poco más de 12.000 euros; con el nuevo cambio fiscal tendrá que abonar 44.480. ¿Qué consigue el Gobierno con estos cambios? Forzar la venta de los inmuebles y, en consecuencia, tirar a la baja de los precios.

Quiero comprar

Todavía no es el momento. AB&P Abogados  advierte que, a pesar de las bajadas de precios, la compra de una vivienda sigue siendo cara si se comparan los precios con los ingresos de una familia. Aconseja la organización no adquirir un inmueble por un importe que supere cuatro veces la renta anual familiar.


¿Cómo puedo calcular si el piso que me ofrecen está a buen precio?. «Hay que informarse del coste real al que están los alquileres de la zona donde quiero comprar el inmueble. Sumo el importe del alquiler anual, descontando todos los gastos que tiene el propietario (IBI, por ejemplo) y lo divido entre el precio del piso que se pretende comprar más los gastos de transmisión. Si el resultado es superior al 5 % puede ser interesante comprar, aunque no necesariamente». Cuando los mercados de crédito se corrijan y los tipos de interés suban, habrá una fuerte salida de capitales en busca de una mejor relación rentabilidad/liquidez que la que ofrecen las inversiones inmobiliarias. Habrá un nuevo descalabro de precios, en el que influirá también el envejecimiento de la población española. Según los datos que aporta, en la franja entre 15 a 29 años hay un 38 % menos de población que en la de 30 a 43. Por lo tanto parece que, por el momento, para comprar lo mejor es esperar. Con total seguridad, los precios tienen que bajar más de un 40%.

La reforma tributaria que nunca aplicará el Gobierno.


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El Miércoles pasado se presentaron los resultados de la Comisión de Expertos en materia fiscal nombrada por Montoro para buscar mejoras aplicables al sistema tributario español, y supongo que no nos dejará indiferente a  ninguno de los contribuyentes que mantenemos vivo el sistema. El trabajo es serio, complejo y extenso. Sin lugar a dudas, ahí radica una de las debilidades del informe: es tan extenso que casi nadie lo leerá completo, es más, ni los mismos políticos de la comisión. Pero si opinarán en sentido contrario a la realidad, seguro.
En verdad soy bastante pesimista al respecto, es más, para ahorra tiempo al lector que haya llegado hasta aquí puedo anticipar mis conclusiones personales, derivadas de este experimento, que no del trabajo de los expertos en sí mismo: se quitarán las pocas desgravaciones que quedan en algunos impuestos; se reducirán ligeramente los tramos más bajos del IRPF; se presionará a las Comunidades Autónomas que han apostado por reducir la presión fiscal en aquellos impuestos que gestionan, para que los suban, con el argumento de igualar (al alza, aunque no se diga) el terreno de juego fiscal de los contribuyentes; subirá el IVA;  subirán los impuestos especiales; y surgirán nuevos impuestos en terrenos insospechados para la despistada imaginación del contribuyente.
De ninguna manera son conclusiones a la ligera, sino resultado de la observación de lo que está pasando desde el inicio de la crisis, de las primeras declaraciones políticas tras la publicación del informe, y de los parámetros esenciales del encargo que han recibido los expertos. Me estoy refiriendo a la premisa fundamental del mandato “la reforma fiscal deberá ser compatible con las influencias de déficit público en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España de 2013, donde se establecía que la ratio de ingresos públicos sobre PIB se mantendría constante en el entorno del 37% – 38% en el horizonte de 2016, mientras que los gastos públicos se reducirían desde el 43,3% de 2013 hasta un 39,7% para 2016, es decir 3,6 puntos de porcentaje sobre el PIB en tres años”. Sin lógica, pero…..
Los técnicos/expertos han analizado las cifras reales de recaudación, concluyendo “que la ratio de ingresos públicos sobre PIB se ha reducido sustancialmente en España durante la crisis, situándose ahora entre las más bajas de la Unión Europea. Sin embargo, el peso relativo de las cotizaciones sociales es superior y, además, recae sobre los empresarios en mayor medida que en otros países”; es decir, como muchos analistas han advertido,  cuanta más presión impositiva se carga sobre los (pocos) contribuyentes que sobreviven a la crisis, particulares y empresas, la recaudación cae; además, las empresas y los autónomos soportan más cargas sociales conforme disminuye el número de cotizantes a la Seguridad Social por el aumento del paro. No hay razón alguna para que unos soporten errores ajenos.
Con cierta candidez, los técnicos señalan (que el esfuerzo de consolidación fiscal se concentrará especialmente en el ámbito del gasto público; y además, subrayan que “el mantenimiento de la ratio de ingresos fiscales sobre PIB en el entorno del 37,5%  constituye de por sí un importante reto, porque el proceso de consolidación fiscal y de reducción del endeudamiento presionará sobre la demanda interna limitando, por tanto, su capacidad recaudatoria”. En línea con ese argumento, indican que “aunque la mejoría del ciclo económico impulse el crecimiento de la recaudación, ese crecimiento difícilmente supondrá la vuelta a los elevados ingresos impositivos ligados de modo muy directo al bombazo de la construcción”.
A su vez, la Comisión ha tratado con sus propuestas de desplazar la carga tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta, porque de ese modo la reforma intensificará sus efectos positivos sobre la eficiencia, la capacidad de competir y el crecimiento y el nivel de empleo de la economía española a largo plazo, habría que decir. Además, consideran que la mayor carga fiscal que proponen para algunos hechos imponibles, como el taconeado tema del IVA, debería servir “para reducir las cargas sociales que soporta el empleo asalariado”; en este tema, creo que se mezclan conceptos que a muchos contribuyentes no les importa y, en mi modesta opinión, no hay razón para mezclar la imposición con las cotizaciones sociales.
Los técnicos han realizado un trabajo encomiable para un encargo difícil en un contexto muy complicado; han apuntado algunas líneas razonables de mejora del sistema impositivo pero han olvidado que la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuese; y esa realidad muestra claramente que no hay suficiente voluntad política para atacar el tema del gasto público y mucho menos el concepto eficiencia. Les han pedido que, para cumplir el compromiso de saneamiento de las finanzas públicas que los gobiernos de España incumplen desde el primer año,  revisen el sistema tributario manteniendo el peso relativo de los ingresos fiscales, dando por hecho que disminuirá apreciablemente el peso del gasto público; como ya he comentado en otras ocasiones, el esfuerzo de reducción del gasto, que sin duda existe en muchos niveles de la Administración, es imperceptible en la economía, así que la maquinaria pública necesita mucho combustible para seguir funcionando. Y ese combustible no es otro que la recaudación impositiva. ¿Harán caso a los expertos?