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El Miércoles pasado se presentaron los
resultados de la Comisión de Expertos en materia fiscal nombrada por Montoro
para buscar mejoras aplicables al sistema tributario español, y supongo que no
nos dejará indiferente a ninguno de los contribuyentes que mantenemos
vivo el sistema. El trabajo es serio, complejo y extenso. Sin lugar a dudas,
ahí radica una de las debilidades del informe: es tan extenso que casi nadie lo
leerá completo, es más, ni los mismos políticos de la comisión. Pero si
opinarán en sentido contrario a la realidad, seguro.
En verdad soy bastante pesimista al
respecto, es más, para ahorra tiempo al lector que haya llegado hasta aquí
puedo anticipar mis conclusiones personales, derivadas de este experimento, que
no del trabajo de los expertos en sí mismo: se quitarán las pocas
desgravaciones que quedan en algunos impuestos; se reducirán ligeramente los
tramos más bajos del IRPF; se presionará a las Comunidades Autónomas que han
apostado por reducir la presión fiscal en aquellos impuestos que gestionan,
para que los suban, con el argumento de igualar (al alza, aunque no se diga) el
terreno de juego fiscal de los contribuyentes; subirá el IVA; subirán los
impuestos especiales; y surgirán nuevos impuestos en terrenos insospechados
para la despistada imaginación del contribuyente.
De ninguna manera son conclusiones
a la ligera, sino resultado de la observación de lo que está pasando desde el
inicio de la crisis, de las primeras declaraciones políticas tras la
publicación del informe, y de los parámetros esenciales del encargo que han
recibido los expertos. Me estoy refiriendo a la premisa fundamental del mandato
“la reforma fiscal deberá ser compatible con las influencias de déficit público
en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España de 2013,
donde se establecía que la ratio de ingresos públicos sobre PIB se mantendría
constante en el entorno del 37% – 38% en el horizonte de 2016, mientras que los
gastos públicos se reducirían desde el 43,3% de 2013 hasta un 39,7% para 2016,
es decir 3,6 puntos de porcentaje sobre el PIB en tres años”. Sin lógica,
pero…..
Los técnicos/expertos han analizado
las cifras reales de recaudación, concluyendo “que la ratio de ingresos
públicos sobre PIB se ha reducido sustancialmente en España durante la crisis,
situándose ahora entre las más bajas de la Unión Europea. Sin embargo, el peso
relativo de las cotizaciones sociales es superior y, además, recae sobre los
empresarios en mayor medida que en otros países”; es decir, como muchos
analistas han advertido, cuanta más presión
impositiva se carga sobre los (pocos) contribuyentes que sobreviven a la
crisis, particulares y empresas, la recaudación cae; además, las empresas y los
autónomos soportan más cargas sociales conforme disminuye el número de
cotizantes a la Seguridad Social por el aumento del paro. No hay razón alguna para que unos soporten errores ajenos.
Con cierta candidez, los técnicos
señalan (que el esfuerzo de consolidación fiscal se concentrará especialmente
en el ámbito del gasto público; y además, subrayan que “el mantenimiento de la
ratio de ingresos fiscales sobre PIB en el entorno del 37,5% constituye de por sí un importante reto,
porque el proceso de consolidación fiscal y de reducción del endeudamiento
presionará sobre la demanda interna limitando, por tanto, su capacidad
recaudatoria”. En línea con ese argumento, indican que “aunque la mejoría del
ciclo económico impulse el crecimiento de la recaudación, ese crecimiento
difícilmente supondrá la vuelta a los elevados ingresos impositivos ligados de
modo muy directo al bombazo de la construcción”.
A su vez, la Comisión ha tratado
con sus propuestas de desplazar la carga tributaria desde la imposición directa
hacia la indirecta, porque de ese modo la reforma intensificará sus efectos
positivos sobre la eficiencia, la capacidad de competir y el crecimiento y el
nivel de empleo de la economía española a largo plazo, habría que decir.
Además, consideran que la mayor carga fiscal que proponen para algunos hechos
imponibles, como el taconeado tema del IVA, debería servir “para reducir las
cargas sociales que soporta el empleo asalariado”; en este tema, creo que se
mezclan conceptos que a muchos contribuyentes no les importa y, en mi modesta
opinión, no hay razón para mezclar la imposición con las cotizaciones sociales.
Los técnicos han realizado un trabajo encomiable para
un encargo difícil en un contexto muy complicado; han apuntado algunas líneas
razonables de mejora del sistema impositivo pero han olvidado que la realidad
es la que es, no la que nos gustaría que fuese; y esa realidad muestra
claramente que no hay suficiente voluntad política para atacar el tema del
gasto público y mucho menos el concepto eficiencia. Les han pedido que, para cumplir el compromiso de
saneamiento de las finanzas públicas que los gobiernos de España incumplen
desde el primer año, revisen el sistema tributario manteniendo el peso
relativo de los ingresos fiscales, dando por hecho que disminuirá
apreciablemente el peso del gasto público; como ya he comentado en otras
ocasiones, el esfuerzo de reducción del gasto, que sin duda existe en muchos
niveles de la Administración, es imperceptible en la economía, así que la
maquinaria pública necesita mucho combustible para seguir funcionando. Y ese
combustible no es otro que la recaudación impositiva. ¿Harán caso a los
expertos?
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