En 1532 se publica un texto fundamental de la filosofía política occidental, El Príncipe de
Nicolás Maquiavelo. Es curioso, porque a este autor se lo vincula con
una frase que puntualmente nunca pronunció de esa manera (“El fin
justifica los medios”); sin embargo abundan en este famoso libro
sentencias que van en idéntica dirección. Veamos sino. El Príncipe debe
estar dispuesto, postula Maquiavelo, a conservar una disposición
anfibia, a “parecer piadoso, fiel, humano, religioso, íntegro y aún
serlo, pero con ánimo resuelto a ser lo contrario en caso necesario”.
Efectivamente,
entre los capítulos XV y XVIII el autor florentino lanza una batería de
argumentos orientados a demostrar que procedimientos morales limitados
por el escrúpulo excesivo pueden culminar afectando la imprescindible
consistencia del gobernante de turno. Ese desapego frente a sagrados
valores no tiene que ser por cierto permanente, pero hay sin dudas que
recurrir a él en situaciones de excepción donde rigen magnos objetivos
de otra índole.
El
Príncipe queda así autorizado a subvertir imperativos que una filosofía
de la bondad considera intocables, a tolerar vicios que llaman a
escándalo, a alterar virtudes egregias, a implementar técnicas del
dominio que sólo aceptan como restricción el desplome de un poder que
demanda ser a cada paso consolidado. Esos ahora violables preceptos
morales, recordémoslo por si hiciese falta, son los del cristianismo, un
cristianismo cuya cosmovisión empezaba a resultar horadada por la marea
renacentista de la cual Maquiavelo era un célebre exponente.
Por
lo demás, Maquiavelo en algún sentido inaugura las teorías políticas
alimentadas por una antropología negativa, por la cual los hombres
suelen proceder impulsados por sentimientos innobles y pulsiones
inconvenientes, lo que exige a quien toma a su cargo la tarea de
gobernarlos un temperamento drástico y una ética que garantice la
sumisión. A diferencia de Rousseau, para el cual en el estado de
naturaleza pululan sujetos básicamente buenos que se degeneran luego de
la aparición de la propiedad privada, para el florentino el orden
político subsana y encarrila los desvíos siempre latentes del alma
humana.
Ahora bien, estas explosivas
aseveraciones recogieron a lo largo de la historia del pensamiento
político diferentes interpretaciones. Desde la perspectiva clásica
implicaban la consagración de una perversa ruptura entre política y
moral, la apología de un malsano pragmatismo que despojaba al estadista
de toda atadura trascendente, la justificación de un realismo de medios
que habilitaba cerriles formas de despotismo.
Para
los teóricos de la modernidad la escisión antes denunciada era palpable
pero no por eso abominable, pues instauraba la autonomización de la
política como disciplina y la posibilidad de elaborar un inédito
conocimiento científico en torno a ella. Un saber por suerte emancipado
de ingredientes religiosos y conformado por un conjunto de lógicas y
dispositivos que una filosofía ahora laica podía indagar con nuevas
luces.
Ambas miradas, como indicamos, partían
de aceptar que Maquiavelo quita a una cosa, la política, otra con la
cual sería incompatible, la moral. Sea para generar el infierno de un
gobernante impiadoso o el gratificante escenario de una nueva ciencia
que se organiza de acuerdo a sus propias reglas, se hablaba siempre de
órdenes enfrentados.
Veamos un obstante una
tercera posición, por la que me inclino. Fue la expresada durante el
siglo XX tanto por Maurice Merleau-Ponty como por Isaiah Berlin. Para
ellos la posición de Maquiavelo es en algún punto más compleja, pues de
lo que se trata no es de definir a la política y a la moral como
trincheras en estado de colisión; sino de puntualizar que la política tiene una dimensión moral que le es propia, que adquiere rasgos específicos respecto de cualquier otro tipo de acciones.
El
político apto no es visto así como un amoral, sino como un ejecutor de
iniciativas abastecidas por un código aceptable dentro del terreno de la
conducción de los pueblos y funcional a la consecución de la teleología
que rige particularmente ese ámbito. Digámoslo así. Atados a una moral
tradicional, los gobernantes pueden causar más daños a los hombres que
respondiendo a una ética que siendo relativa al resultado modifica para
bien la historia real de cada comunidad.
Llevado
al extremo, en el mundo social conviven dos tipos de moral. La de la
conciencia individual, que no se contamina con las oscuridades del poder
pero puede consentir así la perpetuación de inequidades; y la que
organiza la vida en comunidad, y supone por tanto que en ocasiones la
salvación de cada alma en singular puede implicar el naufragio del
supremo destino colectivo.
Ahora bien, si
aceptamos esta última vía hermenéutica, la conclusión no deja de ser
inquietante y de alguna manera trágica. Pues en definitiva ambas morales
retienen cuotas de legitimidad, tanto la que estructura el universo de
la política (donde la salvaguarda de la República puede auspiciar
decisiones impuras), como la que alimenta el último reducto axiológico
de cada ciudadano (que considera la apelación a la supremacía de la cosa
pública como un perversa impostura de los tiranos y corruptos).
Estas
preocupaciones canónicas introducidas por Maquiavelo todo el tiempo
reaparecen en el heterogéneo discurrir de la gimnasia política. Y
resulta pertinente invocarlas a propósito de la reciente condena y
detención de Cristina Fernández de Kirchner. Es claro que todo ese
proceso judicial quedó viciado por un sinnúmero de irregularidades, fue
conducido por personajes afines al macrismo y orquestado por el Grupo
Clarín y sectores del poder económico concentrado, con la evidente
intención de castigar y disciplinar a cualquier dirigente político que
tenga la osadía de afectar sus intereses corporativos.
No
obstante, reflota un debate que debe de una vez encararse con firmeza y
sin tapujos ni eufemismos. Lo primero en esta dirección es acertar con
un correcto diagnóstico, sin el cual las terapias a aplicarse son entre
torpes e ineficaces. En el grueso de la opinión pública, lo que se
llama usualmente “corrupción” surge asociado al enriquecimiento personal
de un funcionario, que aprovecha su sitial de poder y el manejo de
recursos públicos para beneficio propio. Esta situación, que por
supuesto a veces ocurre, en sin embargo minoritaria.
Es
decir, en la gran mayoría de las ocasiones ese desvío indebido de
fondos estatales no va al bolsillo del dirigente sino al financiamiento
de las campañas electorales. Esas campañas son largas y costosísimas, y
las exigencias que implican jamás pueden solventarse con los aportes en
blanco del Estado.
El concepto de “casta”, en
general despreciable y peligroso, se aplica perfectamente en este caso,
pues los montos que se destinan a este tipo de actividades son
escandalosos y de ninguna manera se justifican más aún en países con
notables privaciones sociales y económicas.
El
mecanismo funciona de la siguiente manera. Los empresarios aportan
dinero en negro a las campañas y los funcionarios (habitualmente
vinculados a concesiones de obra pública) las hacen favores de diverso
tipo. Es más, esos favores en más de una oportunidad no son plenamente
ilegales sino al filo del reglamento, aprovechando el amplio margen de
incumbencia que los Ejecutivos tienen en los procesos administrativos de
licitaciones públicas.
Esta lógica (que
obviamente no es una rareza argentina) atraviesa transversalmente a
todas las fuerzas políticas y a todos los niveles del Estado (local,
provincial y nacional), con contadas excepciones que siempre las hay. La
pregunta de si Cristina “sabía” es entre hipócrita e ingenua. Mucha
dirigencia “sabe” y permanece adherida a este nocivo dispositivo. Los
empresarios reciben favores, los partidos políticos financiamiento y los
medios de comunicación (mientras sermonean sobre la “corrupción”)
recaudan cada dos años para entrevistas y solicitadas.
Por
lo tanto, todo discurso que no sincere este cuadro y lo ataque de raíz
oscila entre la moralina republicana y la ignorancia indulgente. Dicho
de otra manera, transformar este escenario implica centralmente
modificar de modo drástico el financiamiento y el desarrollo de las
campañas electorales. Más cortas, con más artesanía militante y con una
fuerte regulación estatal en el otorgamiento de espacios publicitarios.
Volviendo
entonces a Maquiavelo, la solución no es moral sino política. Esto no
se erradica solo con políticos decentes (que son por supuesto
imprescindibles), con una Justicia proba (que es a todas luces
necesaria) o encarcelando a discreción a intendentes, gobernadores y
presidentes, sino reformulando un sistema que empuja a sus participantes
a nutrirse de él (a riesgo de perder una elección por falta de
suficiente difusión).
El remedio promovido por
los libertarios bordea el ridículo. Votar menos y suprimir la obra
pública. El camino es exactamente el contrario. Más democracia y más
obra pública, pero reformulando a fondo la manera en que ambas cosas se
llevan a cabo.
Al kirchnerismo estos desafíos
lo afectan singularmente, a partir de un hecho de un lesivo poder
simbólico que marca un antes y un después en su historia. La bizarra
imagen del señor López arrojando bolsos con dólares a la madrugada en un
convento. Hay que hacerse cargo de esa mancha, protagonizada por quien
fue durante años un hombre clave de aquella administración.
Revertir
esa mácula en la opinión pública no es sencillo, y no es la mejor
receta arrancar explicando que con Macri todo fue peor. Implica
mantener una ética de la austeridad entre nuestros cuadros, militantes y
dirigentes, impulsar con énfasis reformas electorales profundas y
alentar toda forma de control y supervisión del buen uso de los dineros
públicos. Volver a recuperar una mayoría que hoy no somos supone entre
otras cosas ser muy exigentes en el cumplimiento de esas tareas.
El
peronismo tiene en este punto un comportamiento ya inadmisible. Sea por
considerarlo un tema típico del repertorio “liberal”, sea por impropia
conciencia culposa ha quitado de su prédica identitaria los valores de
la honestidad y la transparencia. Cuando la enorme mayoría de sus
integrantes son un ejemplo de abnegación y compromiso en la defensa de
las modalidades más sanas de la intervención política.
Juan Pardo Navarro