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Ábalos: "He sido víctima de la UCO y del amor"

Caso Ábalos: Jessica Rodríguez contradice las evidencias policiales por  corrupción | Euronews

La decisión de la Fiscal General de no autorizar al fiscal jefe Anticorrupción la petición de rebaja de pena de siete a tres años y medio de prisión para Víctor Aldama, por el atenuante "muy cualificado" de su confesión, ha sido la guinda de una jornada en la que el ex ministro José Luis Ábalos se ha mostrado ante la Sala Segunda del Supremo como una víctima que ya ha sido condenada.

¿De quien depende la Fiscalía? El presidente del Gobierno lo tenía claro desde que asumió el cargo. Teresa Peramato ha cumplido con su papel, pasando por encima del criterio de Alejandro Luzón, para el que las aportaciones del comisionista han sido "esenciales" para el conocimiento de los hechos. Aldama declaró la semana pasada que Pedro Sánchez estaba en el "número uno" del escalafón de la trama corrupta. ¿Cómo iba Peramato a permitir que su subordinado premiara a Aldama con una rebaja de pena a la mitad después de haber puesto al presidente en la picota?


Después del lavado de cara de García Ortiz en el programa de Évole (recomiendo ver el vídeo de J.F. Lamata a los que no pusieron La Sexta el domingo por la noche), en el que sólo faltó la acusación abierta de prevaricación a la Sala Segunda del Supremo, la decisión de su sucesora viene a corroborar que sí, en efecto, la Fiscalía depende del presidente del Gobierno. ¿O acaso no bastaba para llegar a esa conclusión el hecho de que Pedro Sánchez nombrara como Fiscal General a su primera ministra de Justicia, Dolores Delgado?

El Gobierno y el PSOE se han volcado durante los últimos meses en reconducir este juicio contra el ex ministro Ábalos para convertirlo en otra prueba de fuego para el Supremo.

Contra lo que se intuía hace unos meses, la defensa de Koldo y de Ábalos han coincidido en lo esencial. No había ninguna trama corrupta, tan sólo la necesidad de proveer de mascarillas a una población atemorizada ante la mortandad que provocaba el Covid. Ábalos ha declarado al tribunal que él no autorizó nada porque ni siquiera sabe cómo se redacta una orden ministerial. De la contratación de Soluciones de Gestión (la empresa de Cueto y Aldama que cobró más de 50 millones de euros de dinero público) se encargaron los técnicos. ¿Aldama? Sí, se le veía por allí por el ministerio, pero él no tenía ni idea de lo que era Soluciones de Gestión ni de que cobraba comisiones.

Lo que asombra más es la naturalidad con la que miente Ábalos y la indisimulada subordinación de la Fiscal General al presidente del Gobierno

Con habilitad, el ex ministro ha separado su vida sentimental de su actividad pública. Ha confesado, como un adolescente, que se enamoró de Jéssica, la querida a la que le pagó el alquiler de un piso en la Torre de Madrid y a la que colocó, a través de Koldo, en una empresa pública (bueno, en dos, una detrás de otra). Pero, imagínense ustedes, el ministro no sabía que las empresas que la contrataron eran públicas y que dependían de su ministerio. Koldo no le contaba todo. Ni si quiera Jéssica, que tampoco le confesó, ni siquiera en los momentos más apasionados, que no se pasaba nunca por la oficina. Él creía que trabajada desde el piso con el ordenador. Se ve que tenía muchas vacaciones, ya que nunca puso pegas a viajar con él al extranjero en visitas oficiales. Ahora sospecha de ella y cree que su declaración ante el tribunal, muy perjudicial para él, estaba condicionada por la presión de Aldama. ¿Era Jéssica una trampa del empresario para tener cogido por sus partes al ministro? Esa sospecha tiene él.

Esto les parecerá increíble, pero es así como lo ha relatado el señor Ábalos.

¿Cómo explica él entonces el verse metido en este berenjenal? Muy sencillo. Se trata de una operación política contra él (como cabeza de turco), en la que hay partidos de la derecha, organizaciones de ultraderecha y la UCO. Parece que en la Guardia Civil hay gente que quiere acabar con este gobierno "rojo y morado". ¡Ay si su abuelo, miembro de la Benemérita, levantara la cabeza!

El PSOE, en efecto, cerró la vía que abrió el año pasado el anterior abogado del ex ministro, José Aníbal Álvarez, para que colaborase con la Fiscalía, como lo estaba haciendo Aldama. Las presiones fueron enormes, y ganó la omertá. El partido es el partido y Ábalos es hombre de partido.

En su declaración, con la que se cierran las comparecencias ante el tribunal, Ábalos ha taponado también la vía de agua que dejó abierta Koldo García en su intervención del pasado jueves. ¿Chistorras? Ábalos no sabe nada de chistorras. Las chistorras son chistorras y los folios, folios. El PSOE sólo pagaba en efectivo los adelantos que se hacían para gastos y que luego había que justificar con facturas de comidas, taxis o lo que fuere. Era una práctica habitual que cesó cuando los pagos comenzaron a hacerse por transferencia. Ha venido a darle la razón al ex gerente del PSOE, Moreno Pavón, ahora aparcado en la dolce far niente de la presidencia de Enusa.

Koldo y Ábalos han coordinado sus defensas para apuntar sus baterías contra Aldama y la UCO. Dos víctimas de una operación política cuyo verdugo es el teniente coronel Balas.

En definitiva, las declaraciones de los dos principales implicados en la "organización criminal" (junto con el comisionista) y la decisión de la Fiscal General son coherentes y forman parte de la misma estrategia.

Detrás de este caso no hay nada, tan sólo las fantasmadas ("inventadas", dijo Sánchez) de un comisionista espabilado que, en connivencia con la extrema derecha, está inmerso en una operación política para hacer caer el Gobierno.

Lo que más asombra de todo esto es la naturalidad con la que miente Ábalos y la indisimulada subordinación a Moncloa de la Fiscal General del Estado. Cuando se conozca la sentencia, el Gobierno podrá decir que son los mismos (o casi) que condenaron a Álvaro García Ortiz.

Pedro Sánchez, responsable JEFE de la banda criminal organizada.


El fiscal Alejandro Luzón Cánovas durante el juicio contra el exministro José Luis Ábalos.
El fiscal Alejandro Luzón Cánovas durante el juicio contra el exministro José 
Luis Ábalos.
 
Por Juan Pardo Navarro

Respira el PSOE, respira el gobierno. Pedro Sánchez "no era el número uno" de la trama, como, sin aportar datos, "con notable desahogo", como ha apuntado el Fiscal Anticorrupción en su alegato ante el tribunal, afirmó el comisionista Víctor de Aldama en su declaración la semana pasada.

Sin embargo, la intervención de Alejandro Luzón debería preocupar y mucho al presidente y a los que durante años han mirado para otro lado, cuando no han colaborado en el encapsulamiento de la trama corrupta, como si fuera un tema menor, la historia de un ministro putero, un asistente espabilado y un empresario aprovechado.

No, ni mucho menos. Luzón -con funcionarios como él hay motivos para creer en el Estado de Derecho- ha entrado de lleno en lo que significa este caso, al que ha calificado de "corrupción organizada, continuada". Comportamientos como el del ex ministro José Luis Ábalos y su "sombra", Koldo García, no sólo dañan la libre competencia, sino que perturban "el normal funcionamiento de la administración pública". Esa "corrupción organizada" reduce la "confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, que estos delincuentes pervierten".

Según el Fiscal Anticorrupción las "actuaciones que normalizan o minimizan estas conductas corruptas o descalifican a los que las persiguen" lo que provocan es una "deslegitimación del Estado de Derecho". Para concluir: "La corrupción política carcome nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente contra ella puede frenarla".En este proceso -ya veremos lo que ocurre con la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre posible financiación irregular del PSOE- no han aparecido indicios que apunten al presidente del gobierno, más allá de la catarata de acusaciones que lanzó Aldama. Pero el Fiscal Anticorrupción no se limita en su alegato a señalar las pruebas que le llevan a pedir duras condenas para los acusados (Ábalos: 24 años de prisión), sino que sitúa a la organización criminal en su contexto. Y es ese contexto el que afecta de manera directa al presidente del gobierno, como responsable político del ecosistema que permite a un ministro actuar sin control, apoyándose en un subordinado que actúa en su nombre, para llevar a cabo sucios negocios con el único fin de enriquecerse o pagarse sus vicios.

Al igual que nadie cuestionaba a Koldo, porque se sabía que detrás estaba Ábalos; ante Ábalos todos se plegaban, porque detrás estaba el presidente del gobierno

Critica Luzón de las actuaciones de los poderes públicos "que minimizan las conductas corruptas o descalifican a quienes las persiguen". Aquí no está hablando de Ábalos, Koldo o Aldama. Se está refiriendo a los que desde sus puestos han intentado convertir este caso en poco más que un chascarrillo y en los que han cuestionado abiertamente a los funcionarios que han hecho su trabajo, en especial la UCO de la Guardia Civil.

Sin la aquiescencia de Sánchez ninguno de sus ministros, ningún dirigente socialista se hubiera atrevido a cuestionar la investigación de la UCO o a proteger a los que, desde puestos muy relevantes, se plegaron a los dictados de la trama. De forma muy especial, los ex presidentes de Baleares y de Canarias, que actuaron como cadena de trasmisión del ex ministro de Transportes, con Koldo como portavoz, para favorecer el negocio de Aldama sin poner ninguna pega.

Denuncia Luzón la "colonización de las empresas públicas por las distintas administraciones para aparcar a ex políticos" y para "el sustento de familiares". Sostiene el Fiscal Anticorrupción que es "el contexto cuasi colonial en el que está asumido que la mera sugerencia de un ministro, sus meros deseos, se convierten en órdenes ejecutivas". La trama dibuja una "corte servil hasta que, si hay suerte, aparece una empleada íntegra que alerte de lo que está sucediendo".

De ese contexto el responsable máximo es el presidente del gobierno. Al igual que a Koldo no se discutía nada, porque era la voz del ministro Ábalos; a Ábalos no se discutía nada porque era la voz del presidente, su número dos.

Esa "corte servil", tan útil para que la corrupción se nutra y se desarrolle, no sólo estuvo presente en el Ministerio de Transportes, o en Interior, o en los gobierno de algunas comunidades autónomas, sino, sobre todo, en el PSOE. Es ese servilismo el que le permitía a Koldo, sin ser cargo del partido, cobrar en efectivo los gastos en los que supuestamente incurría el ministro y, a la vez (qué importante es esto), secretario de Organización del PSOE.

Cuando al ex gerente del PSOE, Moreno Pavón -ahora en Enusa, otro caso de recolocación en virtud de favores y servicios prestados-, le preguntaron por el control de esos gastos, él, tranquilamente dijo que eso dependía de Ábalos y que a él no le controlaba nadie.

¿Puede sentirse el presidente del gobierno orgulloso de haber creado ese eco sistema favorecedor de la corrupción?. Pedro Sánchez es el responsable de haber creado la cultura del "puto amo", ese al que nadie puede poner un pero, porque es el que manda. El calificativo tiene mayor valor porque su autor es nada menos que el ministro Oscar Puente, amigo de Sánchez, y sustituto, ¡oh casualidad! de Ábalos al frente del ministerio con mayor presupuesto.

El presidente del gobierno, hay que recordarlo, justificó la expulsión de Ábalos del Grupo Socialista, en que, a pesar de no estar imputado -todavía- en el caso Koldo, él era responsable in vigilando. Pues bien, si fuera un poco coherente, después de lo que hemos visto en este proceso, después del alegato de Alejandro Luzón, a él no le quedaría otra salida que dimitir, que marcharse. Sin embargo, no lo hará, porque para eso le haría falta un punto de decencia.

La trama, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo empezó a cobrar "mordidas" en Abril de 2019.

 


El presunto cobro de mordidas en la cúpula del PSOE a cambio de contratos de obra empezó en abril de 2019. Por entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaba menos de un año viviendo en Moncloa. Las conversaciones grabadas por el exasesor ministerial Koldo García, publicadas este jueves, señalan directamente al exministro José Luis Ábalos y al hasta ayer número tres del partido, Santos Cerdán.

El reciente informe que los agentes han entregado al Tribunal Supremo recoge distintos pasajes en los que aparecen los tres personajes hablando, presuntamente, de grandes cantidades de dinero que les quedaban por cobrar. La primera, según la cronología a la que ha tenido acceso la UCO, empezó en 2019, cuando el PSOE no llevaba ni 12 meses gobernando tras sacar al PP del Ejecutivo por un caso de corrupción.

El 9 de abril de ese año, Koldo le explicó a Ábalos cómo estaban sus cuentas. Del audio, se desprende que el entonces ministro de Transportes, "habría cobrado 210.000 euros, quedando pendientes" otro pago con la misma cantidad. Además, se tendría que haber pagado "algún tipo de actuación sobre el bajo de un inmueble".

Koldo: Había un pico, que eran veinte, de los que había yo dicho, para que podamos, para entrar en gastos, si no para reducir un poco las cosas, ¿vale? Tenemos 210 ¿vale? De acuerdo. Quedan otros 210, y queda la bajera, vale. Entonces, con todo el respeto del mundo ¿vale?, ahora mismo, aquí, ha habido uno, que les ha caído de 70 ¿vale?, me ha dicho que…

Ábalos: Esto es lo de ADIF.

Koldo: Sí, exacto, hombre ¿entonces qué es lo que ocurre?, a ver, ehh…yo he hablado con SANTI, y digo tío eh, esto no puede continuar así. Y dice, claro, ellos abocan la presión que están ejerciendo ellos ¿vale?, es al tema de lo de Logroño y al tema de…

El juez Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, envió a la UCO el pasado lunes a hacer registros a distintos puntos de España. Entre otros, estaba la casa de Ábalos en Valencia y distintas constructoras, unas en esa provincia y otra en Navarra. Según el auto del magistrado, tras el análisis de distintas grabaciones había pruebas suficientes de que Ábalos habría cobrado comisiones a cambio de dar ciertos contratos a empresas. En el reciente informe destaca el papel de Acciona, aunque también el de una más pequeña, Servinabar, cuyo dueño es amigo íntimo de Santos Cerdán.

El hasta ayer secretario de organización del PSOE no está todavía imputado. Su condición de diputado obliga al juez a pedir permiso al Congreso para poder investigarlo formalmente. Sin embargo, tras conocerse el contenido del informe de la Guardia Civil, abandonó todos sus cargos.

Koldo pide dinero

En otros de los audios de ese mismo mes, 22 de abril, Koldo le dijo a Cerdán que había recibido 60.000 euros. En principio una sexta parte se la tendría que quedar él, mientras el resto iba para Ábalos. Pero el exasesor afirmó que le había dado todo al ministro. Y añadió que quedaba dinero por pagarle a su "jefe", como le llamaba.

La "deuda" con Ábalos todavía ascendía a 150.000 euros. La UCO ve "coherencia" entre las conversaciones. Si a principios de mes se le debían 210.000 euros al ministro y se le habían pagado 60.000, tiene sentido que Koldo reclamase esa cantidad.

Más de un año después, el 18 de noviembre de 2020, a Ábalos se le debía más dinero. Koldo se mostró comprensivo con el ministro, ya que el montante subió hasta los 350.000 euros.

El 21 de enero de 2021, Koldo habló con Santos Cerdán. Le explicó el dinero que había entregado a Ábalos hasta ese momento, presuntamente. Desglosó tres conceptos: una primera entrega de 450.000 euros, supuestamente vinculada a la adjudicación de tres contratos; una segunda por importe de 50.000 euros, relacionada con dos contratos recientes, a los que aludía como “los dos últimos contratos”; y una tercera de 70.000 euros, correspondiente a la denominada “bajera”. La suma total ascendería, según su propio relato expuesto en el informe de la UCO, a 570.000 euros.

La trama Begoñi/Aldama importaba petróleo y se lo vendía a España a más del doble de su precio en origen ¿Cuántos y quienes repartían?

 

La UCO investiga una trama «milmillonaria» que importaba petróleo desde Venezuela 

El crudo llegaba a España a través de Dominicana y habría reportado cuantiosos beneficios a toda la red de Aldama

La UCO investiga una trama «milmillonaria» que importaba petróleo desde Venezuela 

Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama

La trama de los hidrocarburos destapada por la Guardia Civil el pasado 7 de octubre es solo «la punta del iceberg». Lo que se esconde bajo su superficie es un entramado de mucho mayor alcance que un fraude del IVA sobre el precio final, porque incluye mordidas «en todas las fases de producción del combustible desde su origen», según fuentes de la investigación  La «organización criminal» en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ubica a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos se centró en la importación de petróleo, principalmente desde Venezuela, permitiendo mover cantidades de dinero «nunca antes vistas». 

Una «trama milmillonaria» en palabras de las fuentes consultadas y consistente en esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea vienen imponiendo desde 2018 al régimen de Nicolás Maduro. Según empresarios conocedores del entramado, «el petróleo de Venezuela venía a España» por la puerta de atrás, «a través de República Dominicana como país de origen». Esto permitía refinar el crudo en Dominicana, habida cuenta de que el Merey venezolano tiene un alto contenido en azufre y una alta densidad, y no se puede comercializar en la Unión Europea hasta que no se adapte a los estándares de calidad comunitarios. 

Sin embargo, el proyecto inicial de la trama era «hacer una refinería en Tenerife», motivo por el cual se celebró una reunión en 2022 entre Víctor de Aldama, su socios, Claudio Rivas y Koldo García con el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. Un encuentro que el socio de Aldama entrevistado por este diario ha ratificado ante notario en una declaración jurada. «Ya tenían los depósitos fiscales para almacenar el crudo», pero «decayó el proyecto porque no salió la refinería».
No obstante, la República Dominicana no solo era el medio para refinar el petróleo sino también «la caja» del entramado a través de la creación de «sociedades al portador» que permitían ocultar a los accionistas de las compañías y camuflar quién estaba detrás de movimientos de miles de millones de euros. Las acciones al portador, que son muy comunes en cuentas bancarias y sociedades radicadas en paraísos fiscales, no son nominales, por lo que pueden venderse o traspasarse sin verificar quién es el propietario real.
De esta forma, Aldama y Claudio Rivas se habrían servido presuntamente de una amplia red de sociedades mercantiles que operó en casi una decena de países en el extranjero: Portugal, Luxemburgo, República Dominicana, Brasil, Colombia, Guinea Ecuatorial, Singapur y China. Precisamente, como adelantó este periódico hace tres años, al mes de ser destituido, Abalos viajó junto a Koldo y el ginecólogo Ignacio Palomo dos veces a Dominicana y a Guinea.

Con el fin de blanquear el dinero defraudado del IVA de los hidrocarburos, Aldama creó además siete sociedades pantalla en Portugal, cuatro de ellas en Elvas, con la finalidad de evadir el pago de impuestos, entre septiembre del 2022 y marzo del 2023. La principal es Atmosferaudaz Unipessoal Lda., radicada en el pueblo portugués de Elvas. A ella se le suman seis más, la mayoría ficticias: Proezencontrada Lda., Cuboflamejante Lda., Agarróbvio Unipessoal, Bravapercepacao Unipessoal lda., Fenomenesferico Unipessoal Lda. y Etapinsvisível Unipessoal Lda.

Una mención especial merece Luxemburgo, por las elevadas cantidades que se movían en el entramado financiero: miles de millones a través de más de una decena de sociedades distintas relacionadas con la trama. Las fuentes consultadas desvelan que este entramado centra un nuevo informe de la UCO que estará próximamente a disposición de los jueces que investigan al «núcleo corruptor» del ‘caso Ábalos’ y de la trama de hidrocarburos, Ismael Moreno y Santiago Pedraz.

De momento, los investigadores han entregado ya un segundo informe de contenido «sensible», por la «relación epistolar» entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien fuera su ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que se incluye en los discos duros incautados en el domicilio de Koldo García.

El telegrama al hijo de Ábalos

La trama societaria se conoce meses después de que un empresario contactado por este periódico, S. D., enviara un telegrama a una vivienda propiedad del exministro ubicada en la calle Humilladero de Madrid, donde el hijo mayor de Ábalos tenía residenciada la sede social de dos empresas dedicadas a la interlocución con gobiernos para proyectos de cooperación al desarrollo. Precisamente el destinatario del telegrama al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico era Víctor Ábalos Aguado. El texto decía así: «Asunto Petróleo venezolano para cliente de China. Me urge contactar con usted hoy sin falta»

El emisor del mensaje era un empresario de Tenerife que pretendía aprovechar la «llegada» del exministro Ábalos para contactar con la empresa pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con vistas a importar petróleo venezolano a España. Concretamente su intención era comprar un tipo de producto petrolífero venezolano, el Merey, para venderlo al gobierno de China, dado que la empresa petrolera pública PetroChina había comprado una semana antes un cargamento de crudo venezolano Merey para su nueva megarefinería de Guangdong, en el sur del país. Un mes después de que este empresario enviara el telegrama al domicilio del exministro, España efectuó en mayo la mayor compra de petróleo venezolano de los últimos 20 años, un 380% más según los datos publicados por Cores (Corporación de Reservas estratégicas de Productos Petrolíferos).

Baltasar Garzón y Dolores Delgado se marchan a La República Dominicana, junto a Bono, Koldo, González, Ábalos, Rubiales, ....Los elefantes saben donde tienen que morir.

 

La ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el asesor del Tribunal Penal Internacional y ex juez Baltasar Garzón.  
La ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el asesor del Tribunal Penal Internacional y ex juez Baltasar Garzón.

El Tribunal Supremo anuló ayer el nombramiento de Dolores Delgado -ex ministra de Justicia, ex Fiscal General del Estado- como Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El nombramiento había sido recurrido por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y por otro solicitante de esa plaza, el fiscal Luis Ibáñez. Echar abajo ese nombramiento es un nuevo revés para el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha hecho todo lo posible para colocar a su amiga, a la que, además, le debe su puesto, en la cúpula fiscal.

La causa por la que se revoca el nombramiento ya se planteó en el Pleno del Consejo Fiscal que se celebró en junio de 2023, y es fácil de entender. Resulta que Dolores Delgado está casada con el ex juez Baltasar Garzón, impulsor de una Fundación de defensa de derechos humanos, que es una de las funciones de la fiscalía a la que aspiraba su esposa. Sin embargo, García Ortiz no tuvo en cuenta ese sólido argumento y desoyó al Consejo Fiscal. Quería hacer el nombramiento antes de que se celebraran las elecciones generales del 23-J, en las que se apuntaba al PP como partido ganador. Había que evitar riesgos.

Grave error, que ahora ha sido subsanado por la Sala de lo Contencioso del Supremo, que ha apelado a la prohibición expresa que figura en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que impide la colisión del cargo de fiscal con los intereses privados de sus cónyuges.

El nuevo revés del Supremo al Fiscal General en su empeño por ascender a Dolores Delgado no le debilita, sino todo lo contrario

En realidad, Delgado ya no era Fiscal de Sala, porque el Supremo anuló su ascenso el pasado mes de noviembre, en una sentencia de gran repercusión en la que se acusaba al Fiscal General nada menos que de "desviación de poder", al haberla promocionado a la Sala de lo Militar sin tener los requisitos necesarios para ello.

En buena lógica, si Delgado ya había dejado de ser Fiscal de Sala no podía ocupar el puesto de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Este ha sido un argumento debatido en el seno de la Sala de lo Contencioso del Supremo en su debate de ayer. El caso es que hay un doble motivo por el que Delgado tiene que abandonar su puesto: porque ya no era Fiscal de Sala y por la incompatibilidad de su cargo con los intereses que defiende el despacho de su marido.

Hay que recordar que el ex juez Baltasar Garzón propuso la creación de esa fiscalía tanto privada como públicamente. La influencia de Garzón en el Gobierno en todo lo que tiene que ver con la Justicia es palpable desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

En cualquier otro país democrático, con separación de poderes, la situación de García Ortiz sería insostenible. Sin embargo, aquí la decisión del Supremo no va a llevar ni a una dimisión ni a una destitución. Más bien al contrario, dado que lo que se premia, más que cualquier otra cosa, es la lealtad al poder y a los amigos.

Una prueba de lo fuerte que se siente García Ortiz es que ha recusado a todos los miembros de la Sala de lo Contencioso del Supremo que tienen que decidir sobre si tiene que seguir al frente de la Fiscalía General o no. El gesto no tiene precedentes y demuestra palmariamente cuál es el concepto de la Justicia que se tiene en el Gobierno. ¡Y luego les extraña a algunos que el presidente Sánchez quiera someter a los jueces a su 'operación limpieza'!

La trama Ábalos tumbará al Gobierno.


La 'trama Koldo' que hace temblar al Gobierno.

La 'trama Koldo' que hace temblar al Gobierno. Carmen Vivas

Soluciones de Gestión, una empresa zaragozana sin experiencia en la venta de material sanitario fue la elegida en 2020 para importar millones de mascarillas encargadas por el Gobierno en lo más duro de la pandemia. Es el punto de partida del escándalo de corrupción que estos días está haciendo temblar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Un complejo entramado de empresas y personajes con un nexo común; Koldo García Izaguirre, el asesor personal de José Luis Ábalos. No era un ministro cualquiera. Además de manejar Transportes -el departamento con mayor presupuesto de la Administración- el dirigente valenciano tenía en sus manos todo el poder orgánico del PSOE.

Los movimientos societarios de la trama investigada levantaron hace tiempo las sospechas de la Agencia Tributaria. En paralelo, el abogado aragonés Ramiro Grau alertó hasta en hasta seis escritos de las presuntas irregularidades a La Moncloa. Un día escribió a Isabel Díaz Ayuso y, en marzo de 2022, una denuncia del PP madrileño activó una investigación judicial que mantiene en vilo al Ejecutivo por las ramificaciones del caso -como el rescate público de la aerolínea Air Europa- y los implicados en el mismo.

¿Qué se investiga?

Los agentes de la Guardia Civil pusieron bajo la lupa contratos millonarios de empresas públicas como Puertos del Estado y ADIF; el Servicio Canario de la Salud, el Servicio de Salud de las Islas Baleares; y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En total, 13 expedientes por valor de casi 54 millones de euros.

Transportes encomendó en 2020 a Puertos del Estado la compra de mascarillas por su capacidad de contratación. Y fue la primera empresa pública en adjudicar el contrato a la firma Soluciones de Gestión por 20 millones de euros. A partir de ahí, otras compañías seleccionaron a este proveedor. Adif realizó un pedido de 12 millones de euros.

Los investigadores tratan de averiguar hasta qué punto -en la situación de escasez de material y de emergencia que existía por aquel entonces- los administradores de la empresa se valieron de sus vínculos con Koldo García para hacerse con los millonarios contratos y lucrarse de manera ilegal. ¿Estaba concertada la adjudicación entre la empresa y la Administración?

El pasado 20 de febrero se precipitaron las detenciones de los investigados. La Guardia Civil sitúa al empresario murciano Rogelio Pujalete en el centro del chivatazo. Dueño de un depósito judicial, la clave está en dilucidar cómo se enteró de que los investigadores tenían bajo su radar a la trama.

Los otros protagonistas

Además de Koldo y el citado Pujalte, los otros nombres propios de la trama son los de los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, presidente también del Zamora Fútbol Club y presunto conseguidor de los contratos. El primero -conocido por un caso de venta de armas al Gobierno de Angola- habría logrado presuntamente 9,6 millones de euros por la red corrupta, mientras que el segundo se habría embolsado otros 5,5, millones.

La investigación judicial ha puesto también en entredicho a la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso y tercera máxima autoridad del Estado. El Gobierno regional que presidía compró 1,7 millones de mascarillas FPP2 por un valor de 3,7 millones de euros. Aunque no tenían la calidad requerida, su administración certificó la entrega y no reclamó el dinero hasta pasados tres años de la misma. Una reclamación que los afectados habrían tratado de frenar presuntamente a través de Koldo.

Los empresarios, según las conversaciones del sumario al que ha accedido El Independiente, hacen referencias directas también al ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Por aquel entonces, era presidente de Canarias y contrató un pedido por valor de 12 millones. En las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, algunos de los empresarios de la trama corrupta aseguran tener trato directo con él cuando era presidente regional.

Herencia envenenada para Puente

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, está teniendo que cabalgar con la herencia de aquella época y ha ordenado abrir una auditoría interna. Hace solo unos días dictó el cese del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Peña, encargado de la compra de las mascarillas y que según la investigación, tenía un trato estrecho con Koldo García. Por escrito negó a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que Puertos tuviera alguna relación con Aldama.

El ex alcalde de Valladolid mantiene en su puesto, eso sí, al subsecretario del Ministerio, el funcionario con mayor peso técnico. Todo a pesar de haberse reunido a finales de 2023 con el exasesor personal de Ábalos y haber reconocido a los investigadores que le dio documentación sobre los contratos de aquella época para que se los entregase al exministro. Lo hizo en La Chalana, la marisquería madrileña cercana al Bernabéu donde Koldo estableció su centro de operaciones. Quién y desde cuándo conocía el Gobierno esas operaciones es otra de las dudas que deja el caso

De Delcy a Air Europa

El caso de las mascarillas tiene también una deriva venezolana. Antes de la pandemia, el empresario Aldama había sido contratado por Globalia -la matriz de la aerolínea Air Europa- para recuperar 200 millones de dólares que la compañía no podía sacar de Venezuela. Tras fracasar la intermediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro, la familia Hidalgo recurrió a este empresario.

No está claro si consiguió recuperar el dinero, pero un informe de Hacienda lo sitúa en el aeropuerto de Barajas la noche en que la vicepresidenta del régimen venezolano Delcy Rodríguez -quien tenía prohibida la entrada a territorio europeo- mantuvo un encuentro secreto con Ábalos.

Pero los investigadores sospechan también de la posible influencia que tuvo en el rescate millonario que el Gobierno concedió a Air Europa en un tiempo récord, en noviembre de 2020. Entre préstamos de la SEPI y créditos avalados por el ICO, la compañía recibió más de 600 millones de euros. Antes, la aerolínea consiguió hacerse con contratos para el transporte de mascarillas desde China que el Gobierno había comprado a la empresa investigada.

Y las dudas se ciernen también sobre los contactos de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez tanto con Hidalgo como con Aldama, con los que llegó a reunirse antes de dicho rescate para presentarle distintas propuestas de negocio. Aunque la relación venía de antes, esta se intensificó con la llegada a La Moncloa del PSOE, según publicó El Confidencial.

"Presión" de Ábalos sobre Adif

Hasta ahora, la polémica no había alcanzado directamente al exministro salvo por su responsabilidad política in eligendo e in vigilando. Al fin y al cabo fue él quien seleccionó como hombre de máxima confianza a Koldo García, al que los investigadores han encontrado anotaciones sobre pagos periódicos en metálico de 10.000 euros.

Sin embargo -como adelanto El Independiente- hay altos cargos como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que reconocieron en su declaración como testigo ante los agentes haber recibido "presión" del propio Ministro para adjudicar el contrato de las mascarillas "a la mayor brevedad posible".

De momento, Ábalos se agarra al escaño del Congreso de los Diputados como parapeto frente a la investigación judicial que se sigue en la Audiencia Nacional. Las consecuencias de la misma todavía están por descubrir. La Fiscalía Europea ha abierto también una investigación por la compra de las mascarillas con fondos comunitarios. Si alguien acaba 'tirando de la manta' es algo que aún está por ver. Y el sucesor de Ábalos en el PSOE, Santos Cerdán, encargado de gestionar la repercusión interna del caso, es uno de los que podría estar en la diana.

Puigdemont y su perro Sánchez, amenazan con aprobar la Ley de la amnistía o llenan España de cagadas de perro.

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Han estado riéndose de nosotros en nuestra cara, a costa de nuestros madrugones, nuestro estrés, nuestros miedos, angustias, desvelos y nuestro trabajo

A la señora Armengol le daba asco. O eso dice, que ya barruntamos que es mentira. Otra más, hemos perdido la cuenta. A mí me pone de muy mala leche. Cada vez que me miro al espejo, me veo más cara de boba, por no emplear un calificativo más altisonante. Estuve meses encerrada en casa contra mi voluntad. Con mis derechos y libertades cercenados y amenazada por todo tipo de multas. En el Parlamento, apagaron la luz y ahogaron la voz de mis representantes políticos, capacitados para indagar y supervisar de cerca la actuación de un Gobierno con poderes 
engrandecidos. Ilegalmente, según sentencia del Tribunal Constitucional que llegó tarde. Y ahora sabemos que, mientras por la tele nos echaban películas de Estallido para ayudar a que afloraran libremente nuestras tensiones, mientras nos adormecían con eternas y soporíferas charlas bolivarianas de los ministros y su presidente para hacernos creer que estaban ocupados y preocupados por nuestra salud y la de nuestra economía, andaban por esas calles desiertas, sin atascos y con escolta, visitando a los amiguetes empresarios y otorgando negocios y comisiones millonarias a los de la pandilla, el ginecólogo, el hermano o el primo y vaya usted a saber a cuántos más. Acabaremos por enterarnos.
 
Estos tipos andaban por España como Pedro por su casa, porque la habían dejado desierta para disfrutarla ellos solitos. Sólo faltan las noticias sobre las noches de parranda, bien regadas de alcohol, con mariscadas y en prostíbulos, que también saldrán, ¿qué apuestan? Por supuesto, pagadas de nuestro bolsillo, que ya nos advirtió Carmen Calvo que el dinero público, según la doctrina de Ferraz, no era de nadie. Es decir, es de ellos. O como tal lo usan. ¿Asco? Asco, cabreo, indignación es poco. Han estado riéndose de nosotros en nuestra cara, a costa de nuestros madrugones, nuestro estrés, nuestros miedos, angustias, desvelos y nuestro trabajo.
 
Una conducta así habría hecho caer a cualquier Gobierno en Europa. Si tanto le preocupa a Yolanda Díaz lo que hacen nuestros socios comunitarios, bien haría en tomar nota de lo que ocurrió en Downing Street en vez de preocuparse por la salud mental de los que trabajamos voluntariamente hasta altas horas de la madrugada. La estabilidad del Gobierno no sólo está en manos de Puigdemont, al que ya han comprado con la amnistía absoluta. Otra corrupción más, la más grave. A cara descubierta. Está en manos de Sumar, asqueado, al parecer –o eso nos ha dicho–, con los indultos a la corrupción. Que empiecen a mirar bajo las sillas de la sala del consejo de ministros, que aparecerá el que colaboró, la que lo sabía y la que lo tapó. Y está en manos, sobre todo, de un Partido Socialista, que es el que nos ha colado en las listas a unos candidatos que no son dignos de representarnos. De todos los gobiernos autonómicos del PSOE a los que ofertaron las mascarillas los chichos de Ábalos, tres se negaron a aceptarlas. Tendrán que decir por qué. ¿A qué esperan?

Pedro Sánchez, un sicópata que preside el Gobierno de España, sin cartera.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno EP

Algunos líderes políticos parecen tocados de una gracia especial que les hace parecer invulnerables. "La fortuna sonríe a los audaces", escribe Virgilio en La Eneida. Insiste en esa idea Maquiavelo en El Príncipe. Franco se creía bendecido por la baraka que le protegía hasta de las balas de los rifeños.

Pedro Sánchez tenía para una gran parte de la militancia socialista ese don que hacía de él un jefe audaz y con suerte. Su principal activo no era su visión política, su capacidad para afrontar retos encaminados a la mejora del país, sino su aguante ante la adversidad, como pone de manifiesto en su libro Manual de resistencia..

Hasta ahora, todo le había salido bien. Tras su caída en octubre de 2016 supo levantarse, ganarle las primarias contra pronóstico a Susana Díaz, y, en 2018, lanzarse a una moción de censura a Mariano Rajoy que salió por los pelos; es decir, por la traición del PNV al PP.

Una vez en Moncloa se las apañó para aguantar unos meses, convocar elecciones y, tras un resultado decepcionante, pactar con Podemos para tener la mayoría de la Cámara y formar un Gobierno de coalición, cosa que él mismo había descartado. Finalmente, en 2023, también contra pronóstico, logró la alianza de todos los partidos, excepto el PP y Vox, para ser investido. El coste, elevadísimo, aún lo estamos pagando en forma de una ley de amnistía que deja en papel mojado la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 sobre el procés.

Las mentiras o cambios de opinión, como él las llama, apenas si le han supuesto un coste entre sus votantes, que le ven como la garantía de que nunca, nunca, podrá volver la derecha al poder. La explicación a este curioso fenómeno de impermeabilidad ante el engaño la dio Nicolás Maquiavelo hace más de quinientos años: "Cuan loable es que un príncipe mantenga la palabra dada y viva con integridad, y no con astucias, todo el mundo lo entiende. No obstante, vemos por experiencia que, en nuestro tiempo, los príncipes que han sabido incumplir su palabra y embaucar astutamente a los demás han hecho grandes cosas y han superado, finalmente, a los partidarios de la sinceridad".

El presidente afronta los peores meses de su mandato, más débil que nunca, acosado por un caso de corrupción que amenaza con llevarse por delante su gobierno

Bien podríamos decir que Sánchez es el más maquiavélico de nuestros políticos. Tal vez de nuestra reciente historia, porque es el que mejor aplica la máxima de que el fin justifica los medios.

Sin embargo, esa baraka que acompaña a nuestro presidente desde que decidió echarse a la carretera en su Peugeot 407 para recuperar el poder en su partido en 2017 parece que que le ha abandonado súbitamente.

Tras perder las elecciones gallegas por goleada, con su partido humillado, surgió uno de esos escándalos que, como un tsunami, amenaza con llevarse por delante a su gobierno. El 'caso Koldo', ya el caso Ábalos, no es la corruptela de un listillo que ha estafado a unos cuantos. No es el 'caso Juan Guerra', ni mucho menos, porque el hermano del entonces vicepresidente se conformaba con hacer favores a los menesterosos ocupando un despacho oficial sin ser cargo público. Tampoco es el caso Filesa, o el caso Gürtel, ya que, de momento, no hay financiación ilegal del PSOE en los trapicheos de la trama. En cierto sentido, es un caso genuino de enriquecimiento personal de un grupo que utilizó sin vergüenza ni freno el poder del ex ministro de Fomento y ex secretario general del Partido Socialista.

El caso de las mascarillas afecta, de momento, no sólo al propio Ábalos, calificado ya por el juez Ismael Moreno como "intermediario", sino que deja a las puertas de la imputación a otros altos cargos, como la ex presidenta de Baleares, hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, y deja en muy mal lugar al ministro del Interior, Grande Marlaska, al ex ministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, y al ex presidente de Canarias, hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Al mismo tiempo, hemos conocido las amistades peligrosas de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con el empresario Javier Hidalgo (Globalia). Un asunto feo. No es lo mismo que la señora Gómez hubiera mantenido relaciones profesionales con, pongamos por caso, Amancio Ortega, y que éste le hubiera financiado actos para su instituto, que los patrocinios que ahora se conocen los haya hecho un empresario que, poco después, logró ayudas públicas aprobadas por el Consejo de Ministro presidido por su esposo por más de 600 millones de euros. Apesta a tráfico de influencias.

El ruido mediático de la trama Ábalos, en la que Koldo es sólo un pobre diablo, ha ocultado la importancia del auto del Tribunal Supremo admitiendo la investigación por delito de terrorismo al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los argumentos de la Sala Segunda son muy sólidos y dejan en mal lugar al Fiscal General del Estado y a la Teniente Fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, que en su escrito contradijo la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales de Sala.

Resulta paradójico que Sánchez esté deseando acordar la ley impunidad para Puigdemont con tal de que se deje de hablar del caso Ábalos.

Tanto el Gobierno como Junts han salido al paso de la decisión del Supremo anunciando que en los próximos días se alcanzará un acuerdo para la aprobación de la ley de Amnistía. Resulta paradójico que Sánchez esté deseando acordar la ley impunidad para Puigdemont con tal de que se deje de hablar del caso Ábalos.

Los nervios en Moncloa están a flor de piel, hasta el punto de manipular el contenido del informe de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) afirmando que da luz verde a la ley de amnistía, obviando que advierte sobre la división social que provoca y de la petición expresa de que su aprobación se produzca por una mayoría cualificada.

La ley de Amnistía no significará un remanso de paz para el Gobierno, sino todo lo contrario. Una vez aprobada, el Supremo recurrirá ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), que, de facto, paralizará su aplicación para los casos que juzga el alto tribunal. Es decir, que frenará en seco la amnistía para Puigdemont.

¿Qué hará entonces el líder de Junts, al margen de acusar a los jueces de law fair? Él amenazó el sábado con la "vía unilateral" para lograr la independencia.

Por no hablar del rechazo que genera esa norma incluso entre los propios votantes socialistas.

El PSOE afronta las próximas elecciones europeas (en las vascas le bastará con sumar con el PNV para que los nacionalistas sigan gobernando) en situación de extrema debilidad. Un mal resultado en junio abrirá un debate interno ahora larvado.

Sánchez ya no es aquel político que garantizaba a su partido la permanencia en el poder. Su baraka se ha esfumado y tiene por delante los peores meses de su mandato. Aguantará, sí, pero no podrá agotar la legislatura.