En estos momentos, la UDEF registra el despacho y la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno.
Por Juan Pardo Navarro
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declarará el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del 'caso Plus Ultra', según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente. La citación ha sido acordada por el magistrado José Luis Calama, que acaba de levantar el secreto de las actuaciones.
En estos momentos, agentes de la Policía Nacional están registrando la oficina del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz y otras tres mercantiles vinculadas a la investigación. La investigación sobre Zapatero y Plus Ultra gira en torno a la sospecha de que el rescate público a la aerolínea concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pudo ser utilizado para canalizar operaciones irregulares o favorecer intereses empresariales próximos al entorno del expresidente socialista.
La causa, iniciada en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, fue asumida en febrero por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ante la posible dimensión económica e internacional de los hechos investigados. Desde entonces, el procedimiento ha permanecido bajo secreto de sumario, que se ha prorrogado en dos ocasiones.
En el núcleo de las pesquisas aparece el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y administrador único de la sociedad Análisis Relevante. Según los informes policiales, esta mercantil habría abonado entre 2020 y 2025 cerca de 661.000 euros al expresidente y a sociedades vinculadas a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Durante ese mismo periodo, la compañía habría recibido al menos 707.000 euros de Plus Ultra y otros 127.000 euros de la constructora Aldesa,

Zapatero reconoció públicamente estos ingresos durante su comparecencia del pasado 2 de marzo en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', aunque negó de forma tajante cualquier actuación irregular. Según explicó, trabajó como consultor externo para Análisis Relevante, siempre como autónomo, mediante factura y sin disponer de sociedades instrumentales.
En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.
Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis llevó a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.