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¿Por qué los políticos compran votos?

 


¿Por qué los políticos compran votos?

Desde el primer trueque de una dracma por un voto en Atenas hace más de 2500 años, los políticos han practicado el arte bien perfeccionado, aunque rudimentario, de la compra de votos. Hoy en día sus incentivos van desde las bebidas alcohólicas, el gas y el dinero en efectivo en Estados Unidos hasta el dinero en efectivo, los granos y las máquinas lavadoras en grandes regiones de África, Asia, América Latina y el Caribe. Sin embargo, la compra de votos no es un fenómeno generalizado en todas partes. Como he señalado en un reciente estudio del BID con Marek Hanusch y Philip Keefer, la práctica corrupta surge a partir de condiciones específicas y prospera en circunstancias que dificultan particularmente su erradicación.

Pensemos en lo que ocurre durante una transición a un gobierno democrático. El dictador muere o es derrocado, la junta cae y los partidos que se constituyen se movilizan ante la expectativa de las elecciones que se celebrarán. Sin embargo, estos partidos son novatos. No tienen un historial en que afirmarse, ni tienen credibilidad y, en muchos casos, tampoco tienen una ideología, es decir nada que ayude al votante a distinguir entre unas formaciones y otras. Aún así, la competencia es feroz. Los políticos recién llegados están decididos a conseguir que sus partidos sean los primeros en entrar en el parlamento. Eso les brinda ventajas en términos de gastos, de patrocinio y de atención de los medios de comunicación, lo que facilitará en gran medida ganar las elecciones en el futuro. ¿Qué hacen estos ambiciosos políticos de partidos que no tienen rostro? Compran votos, como ha ocurrido en numerosas transiciones durante la llamada tercera ola de democratización de los años setenta hasta los años noventa.

Desde luego, la compra de votos no sólo tiene lugar durante las transiciones democráticas. Ocurre en todos los países donde los partidos políticos no consiguen construir una marca que convenza a los votantes de que pueden confiar en sus promesas electorales. Mucho después de que los gobiernos militares llegaron a su fin en Brasil en 1985, por ejemplo, la compra de votos siguió siendo un fenómeno generalizado debido a la abundancia de partidos débiles incapaces de construir una plataforma política. Los legisladores brasileños durante la legislatura de 1987-1990  habían pertenecido a aproximadamente tres partidos políticos. Una tercera parte de estos, según un estudio del sistema electoral brasileño, había cambiado de partido desde que fueron elegidos en 1986. Esta falta de lealtad con el propio partido significaba que los partidos políticos no tenían prácticamente ninguna trascendencia en términos de ideología ni de compromisos a largo plazo. Dado que no había partidos que los brasileños encontraran capaces de pronunciarse sobre importantes problemas generales, como un régimen fiscal más justo o un mejor sistema educativo, muchos prefirieron cambiar sus votos por dinero en efectivo, alimentos y ropa.

A medida que el tiempo pasa, la compra de votos puede convertirse en un fenómeno difícil de erradicar. Los ciudadanos, sobre todo los más pobres y los más marginados, pueden llegar a considerar que el pago de dinero en efectivo antes de las elecciones es lo único que consiguen de un gobierno ineficaz. Puede que lleguen a depender de ello. El resultado es que se produce un círculo vicioso. Paradójicamente, aquellos que más sufren de la corrupción se convierten en los que tienen menos probabilidades de oponerse a ella y demandar reformas.

Es difícil encontrar soluciones. La Encuesta Mundial de Valores de 2010-2014, llevada a cabo por una red global de cientistas sociales en casi 100 países, llegó a la conclusión de que el 51,8% de los encuestados creía que los votantes son “sobornados” a menudo o muy a menudo. Además, aún cuando los partidos estén mejor constituidos, la compra de votos puede seguir produciéndose cuando las elecciones son reñidas.

Sin embargo, una experiencia en Brasil después de los episodios ya mencionados de compra masiva de votos en los años ochenta y noventa representa un rayo de esperanza. En 1997, una ONG religiosa, apoyada por la Conferencia Episcopal de Brasil y unas 60 organizaciones de la sociedad civil, se organizaron para lanzar una iniciativa popular contra esta práctica ilegal. Los organizadores recolectaron más de un millón de firmas para ejercer presión a favor de una reforma que llevó a la aprobación de una ley en 1999 que endurecieron drásticamente las sanciones. Como se describió en un estudio de la ley, éstas contemplaban el despido inmediato mediante sanciones administrativas de los políticos sorprendidos en la práctica de ofrecer regalos preelectorales. Con un fuerte apoyo del poder judicial, los procesos judiciales se volvieron agresivos. Entre 2000 y 2008, unos 700 políticos fueron despedidos de su cargo y la compra de votos, aunque sigue siendo habitual en Brasil, ha sido reducida significativamente en comparación con los niveles anteriores.

Iniciativas similares pueden contribuir a disminuir la compra de votos globalmente. Los cambios en las instituciones políticas y en la cultura, que fomentan la constitución de partidos programáticos con fuertes tradiciones e ideologías y un historial de cumplimiento de las promesas hechas a los votantes, podría ir incluso más lejos para acabar con las ilegalidades que desvirtúan la voluntad popular.

Cuando socialistas voceaban: "Fuera, políticos, de la universidad". Begoña Gómez, solo es mujer de un políico.



La Complutense contrató a Begoña Gómez como profesora pese a carecer de  título oficial | Última hora Pedro Sánchez en directo

Como no es el qué, sino el quién; y como no es el mensaje, sino el medio, podría confirmarse que están cogiendo polvo las pancartas de los sindicatos de estudiantes. Las de tela incluso presentan agujeros, dado que es habitual que en los almacenes surjan nidos de polilla. La que incluía el lema “Fuera, políticos, de la universidad” se ha rasgado, lo que ha hecho inviable cualquier tipo de protesta contra Begoña Gómez. Ha quedado tan deteriorada que ahora sólo se observan los términos "políticos" y "universidad". Habrá que imprimir una nueva tarde o temprano.

Es una lástima que se hayan producido estos indeseables desperfectos porque la situación huele un poco a chamusquina. No sólo por el hecho de que la mujer del presidente del Gobierno co-dirija desde 2020 un Máster de Transformación Social Competitiva -concepto tan vacío que podría conducir al descalabro-, sino también porque utilizó el nombre de la universidad para impulsar el desarrollo de un software que aparentemente es (o debería ser) de titularidad pública, pero que Gómez ofrece en una empresa que está registrada a su nombre, según detallaron El Confidencial y El Mundo.

Es extraño que ninguna treintañera -más cerca de los 40 que de los 29- haya puesto el grito en el cielo, erigiéndose como portavoz del Sindicato de Estudiantes. Tampoco se sabe nada del paradero de Elisa Triviño, quien aprovechó el acto en el que se nombró a Isabel Díaz Ayuso como ‘alumna ilustre’ de esa institución académica para despotricar contra ella y contra quienes habían concedido esa distinción a alguien que estaba fuera del ámbito docente. “Hoy es un día muy triste porque cuando oigo Ayuso, oigo aplausos”, exclamó, entre aspavientos y tono mitinero.

El problema no es Begoña: pásalo

Cuentan fuentes presenciales que no se han observado pintadas contra Gómez ni se ha leído ningún manifiesto en favor de la independencia de la institución educativa. A la salida de la parada de metro de Ciudad Universitaria, epicentro del campus, no se ha visto a Ismael Serrano con la guitarra desenfundada, entonando a modo de solidaridad estudiantil la de Papá, cuéntame otra vez. Re, La, Sol, Re, trino en el verso que termina en -a. Tampoco ha aparecido ningún portavoz voluntarioso de Más Madrid para recordar que aquellos que están investigados por la justicia no deberían ostentar ningún cargo, como sucedía en aquellos años de germinación de la izquierda-pop.

El problema no está en que la mujer del presidente del Gobierno haya puesto en entredicho el prestigio de la institución educativa. Eso obligaría a modificar el diagnóstico y a dejar de señalar a la derecha, que también ha intentado influir en los despachos de la universidad -de ésta y de otras- a lo largo de su historia, en el mejor ejemplo de que el sistema es cautivo de los partidos, pero que siempre ha sido azotada con una mayor reacción estudiantil que la izquierda. Porque no es el qué -el agravio-, sino el quién -el único enemigo-.

Si esta situación se circunscribiera sólo a la educación superior, podría acotarse el problema con los correspondientes cortafuegos. La cuestión es que esto sucede en muchos más ámbitos, lo que permite concluir que existe en el progresismo asociativo español una doble vara de medir que le resta seriedad. Por ejemplo: es curioso comprobar cómo las voces sindicales contra la precariedad laboral pierden fuerza cuando la Moncloa está regentada por un presidente del PSOE. La situación alcanza lo paródico cuando varios ministros se manifiestan junto a los líderes sindicales el 1 de mayo para exigir más derechos laborales. Los que gobiernan piden derechos; y los que tienen que negociar con el poder, llevando en volandas a los regidores.

Aquello recordaba a cuando los empresarios mineros lanzaron a sus trabajadores a una segunda marcha negra porque estaban en contra de la cuota del carbón, allá por 2010. El hijo de uno de estos magnates pidió diez voluntarios para encerrarse en un pozo, con la mala suerte de que metieron a un inmigrante ilegal. Contaba el antiguo alcalde de aquel pueblo que tuvieron que bajar por la noche para cambiarle por otro. Caboverdiano por caboverdiano. ¿Quién se iba a dar cuenta?

Pepe Álvarez

El ejemplo viene al pelo porque el nivel es ése: hay quien profesa la fe que le dicen y repite las consignas con el mismo afán crítico con el que una ninfa dice lo de “lorito, lorito”. Incluso se manifiesta junto a aquel al que debería reclamar la mejora de los derechos. Por supuesto, hace suyas sus palabras, pese a que sean infames. Para muestra, un botón. Unos días después de que Pedro Sánchez anunciara su intención de regenerar España -tras los cinco días de esparcimiento-, el líder de UGT, Pepe Álvarez, apelaba a regular el sector de los medios de comunicación. La izquierda clama hoy contra los bulos. Son cosa siempre de los otros.

Este discurso contra la prensa llama la atención. Podría decirse que es un fenómeno internacional. El viernes por la mañana, circulaban por los medios españoles unas declaraciones de Donald Trump en las que expresaba su indignación por el “juez corrupto” que le había condenado y apelaba a ganar las próximas elecciones de Estados Unidos y así poder prohibir “los medios de comunicación de las fake news”.

La reacción de sus fieles era la de respaldarle. Incluso la web oficial de su candidatura se colapsó, ante el aluvión de ciudadanos que querían donar dinero para su carrera presidencial. A Sánchez no le faltaron apoyos en España cuando lanzó su duro ataque contra sus contrapesos. Aplaudieron como focas. Lo ponen difícil para no asumir la misantropía como cosmovisión innegociable. 

Emociones contra la razón

En este siglo XXI que se mueve a golpe de tuit, emoción y breaking news, las emociones han sustituido definitivamente a la razón en el discurso político, así que hay un nutrido grupo de gobernantes que han decidido ejercer el poder con el mismo estilo que un líder espiritual. Lo llaman trumpismo y aquí lo ejercen los de la "fachosfera" y los del "que te vote Txapote" como grito de guerra. Cada cual, en su ámbito.

En la universidad, ya se sabe quién domina las protestas de pasillo. Son los que callan con Begoña. ¿Para qué hablar, si es de los nuestros?

 

Si el PSOE no aprueba al PP, la Ley contra políticos y funcionarios independentistas. La amnistía ni se debatiría ni aprobaría nunca.

 


Pues esta es una auténtica enmienda a la totalidad -puesto que una proposición de ley no puede ser devuelta a los corrales- al contrario que una propuesta de ley, que sí lo puede hacer. Pero esta ley no enmienda a la otra ley pero sí es una enmienda absoluta a la totalidad de una ley que nos avergüenza a todos los que tenemos un poquito de esa lacha que no se ve que los diputados socialistas, pero ninguno ¿eh? ni los de Castilla La Mancha tengan.

Esperemos que esta sea la primera de muchas iniciativas legislativas que el PP tenga a bien presentar en el Congreso

Porque la ley va a salir adelante, claro que sí. Pero de la manera en que está redactada, no de la manera en que desearía el Partido Popular, cuyos deseos están prescritos en la redacción del PP cuyo añadido, el artículo 544, dice así: "para castigar con una pena de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años a "la autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma que, fuera de los cauces legales de reforma constitucional, promoviendo la inobservancia de las leyes o con incumplimiento de resoluciones judiciales, en perjuicio de forma manifiesta de los principios de unidad e indivisibilidad de la nación española, declare la independencia de una parte del territorio nacional o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien".

Ea, ya está. Más clara. el agua.

Hace muy bien el PP en plantarle cara al PSOE y a sus vicarios aunque no tenga los votos suficientes para desmontar todo ese tinglado bochornoso

Con esta iniciativa legislativa que obtendrá apenas los votos de Vox y quizá ni eso, el Partido Popular se pone delante del toro porque sabe que no le va a coger, que es un gesto inútil. Pero es una manera de poner colorado a cualquier otro miembro del Gobierno o de los partidos que le apoyen para saber si alguno tiene o no tiene cuajo para votar negativamente esta ley que va a salir del Congreso echando chispas porque la Cámara Alta está de obras.

Miguel Téllez calificó bien la ley que va a salir porque dijo que era una ley de impunidad, que es lo que en realidad es. Es la impunidad de todos los que se arropan en torno a un líder que no ha ganado las elecciones y a quien las cuentas no le salen más que agrupando en torno a sí a todos los que le rodean.

Entre los cuales está Yolanda Díaz, a la que se le han ido los cinco diputados de Podemos; los de Junts, que tiene como botín no sólo el indulto sino también la amnistía para tut hom y el referéndum de autodeterminación que ya reclama el gallito de ERC Pere Aragonés para cada vez más pronto cuando le dan cuerda -y lo veremos-, a Merche Aizpurúa vestida de azul como un angelito pero que se ha llevado por delante la alcaldía de Pamplona más una salida de presos a la calle que está por llegar y un Aitor Esteban que ahí está calladito pero que seguro que tiene algo en el buche. Y tantos más, que le andan rondando por ahí.

Pues por eso tenemos una ley de amnistía que nunca creímos que tendríamos en democracia. Y por eso hace muy bien el PP en plantarle cara al PSOE y a sus vicarios aunque no tenga los votos suficientes para desmontar todo ese tinglado bochornoso del que estamos asistiendo únicamente a sus primeros compases.

Sondeo encuesta demoscópica al 17-05-2020. Elecciones Generales.

Sondeo encuesta demoscópica al 17-06-2020. Elecciones Generales.


Encuestas electorales, comicios, elecciones, política, gobierno, pactos, análisis. Nuestro única meta es informar al votante de los resultados que otros votantes están realizando desinteresadamente desde su posición en redes sociales o digitales de amplio y reconocido de diferencia ideología. Todos podéis colaborar para la próxima semana 24/05/2020, juanpardo15@gmail.com Si la autoritaria censura nos lo permite. ¡Manda huevos¡ Yo que soy menos que nadie, pero mi nivel como persona y académico es muy superior al de Tezanos. 

España ha abierto un nuevo proceso de cambio en el sistema de partidos políticos, queremos servir de punto de unión entre todos los participantes en este apasionante momento histórico.
Todas las encuestas, comicios, elecciones, políticas, gobierno, pactos, encuestas, etc. Empresarios, políticos, académicos y ciudadanos de a pie, darán su opinión en un portal que se convertirá en el mejor testigo de este cambio de ciclo en España, en Europa y en todo el Mundo, que solo ha comenzado, y que no es otra cosa que el ansia de la ciudadanía del mundo por mayores cotas de democracia, su modernización y adaptación a los tiempos de una nueva era. En EEUU y Alemania este tipo de encuestas tienen más valor como determinantes que las profesionales. TE PAGO LA ENCUESTA, PERO LA COCINAS DE MODO QUE GANE ESTE PARTIDO, EL SEGUNDO SEA ESTE OTRO....PERO QUE AL FINAL TODOS DEPENDA DE TRES PARTIDOS PARA INVESTIR PRESIDENTE. 

juanpardo15@gmail.com

Populismo e inquisición.


Tras muchas negativas a declarar reside una abierta resistencia a dar cuenta de la gestión política, y una búsqueda de la impunidad a través del voto popular

En campaña electoral, los políticos son personajes de ficción que explican lo que dicen ser. Es la ejecución política lo que cuenta, porque somos nuestros actos, no nuestras palabras. Por eso es interesante fijarse en la actividad legislativa mientras dura el campanilleo de la feria electoral. Si han puesto oído estas semanas, la palabra mágica es Inquisición. Llamados a declarar en comisiones parlamentarias, en sesiones de control y en requerimientos informativos, muchos políticos se han negado a acudir alegando que no piensan someterse a procesos inquisitoriales. Bueno es que se reconozca a la Santa Inquisición como una vergüenza nacional, un episodio negro. Eso quiere decir que con retraso, quizá, veremos a los españoles avergonzarse de actitudes muy patrióticas y soliviantadas, de persecuciones y crímenes cometidos por una supuesta buena causa. Hay esperanza para el Valle de los Caídos, por ejemplo, de aquí a cuatrocientos años.
Pero detrás de esas negativas envueltas en vilezas históricas reside una abierta resistencia a dar cuenta de la gestión política y la búsqueda de la impunidad a través del voto popular. Una de las columnas vertebrales de la democracia es el control institucional. La victoria en la competición electoral no es una bendición con agua sagrada. Por eso, cuando los españoles votan no renuncian de manera automática a una auditoría solvente y cierta de sus representantes. Llamar a esa auditoría de la gestión proceso inquisitorial es un retruécano moral. Por ese camino podemos negarnos a una inspección de Hacienda alegando que es una invasión de nuestra privacidad. Ya muchos utilizan esta argumentación y así se niegan a hacer pública su declaración de bienes pese a ocupar cargos públicos o consideran la revelación de los papeles de Panamá, la lista Falciani o la nómina de los premiados con la amnistía fiscal como una intromisión en la intimidad.
La Inquisición, precedente religioso de las modernas purgas ideológicas, las confesiones forzadas y los campos de tortura justificados en aras de un bien supremo, ha sido arrinconada en el cajón de la infamia. Por eso, cada vez que vuelvan a escuchar a un político negarse a dar cuenta de su gestión económica aduciendo que no quiere someterse a un proceso inquisitorial, tengan claro que lo que pretende es eludir su responsabilidad y esquivar la obligación de rendir cuentas del uso que hace de lo público. Llamar inquisidores a los auditores, a los investigadores, a los inspectores o a los diputados es un insulto que tan solo pretende perpetuar la impunidad. Al día de hoy no buscamos herejes, solo ladrones, para así tratar de preservar la tambaleante fe en los servidores públicos.

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Políticos, corruptos; banqueros, ladrones. ¡NO¡


Los españoles estamos muy equivocados cuando malinterpretamos el significado de corrupto con ladrón. Ser político es una profesión “”noble”” como otra cualquiera, siempre y cuando el desarrollo de su actividad sea la de servir al pueblo y mezquina si se sirve del pueblo. Desde el preciso momento que un vividor de la política ejerce su  actividad con subjetividad, oscurantismo o favoritismo, deja de ser corrupto y es un “”otro”” delincuente más que debe ser inhabilitado, mientras dure la fase de instrucción y una vez juzgado, si resulta “culpable”, no le pueden imponer condenas de risa. Solo por haberse valido de su poder dominante ya son tres años –mínimo- de prisión más lo que le corresponda por el acto delictivo que ha llevado a ese proceso.   A la vista de lo que hemos ido conociendo en los últimos meses, parece que ganan razón los que sostienen que la primera premisa ha caído en desuso. Porque nada más que mezquindad e intereses espurios aparecen cuando empiezan a levantarse las alfombras. Aunque como estamos viendo, las condenas, repito, son de risa.
Si los jueces que investigan están en lo cierto, el panorama que nos presentan no puede ser más vergonzoso para la clase política, ni más desolador para quien se tenga por civilizado y demócrata. No con eso quiera decir que la democracia es una mierda, tampoco lo contrario.
Estamos viendo grabaciones, escuchas, pruebas irrefutables de verdadera delincuencia entre banqueros y políticos. Solo hay que leer cuando se levanta “esos” secretos del sumario de la operación que de por si solos  muestran el verdadero pobre estado en que vive nuestra democracia. El espacio público, donde se gestiona en teoría el interés común, aparece colonizado por una multitud de indeseables que se dedican casi en exclusiva a sacar cada cual su tajada. Partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, órganos fundamentales para la sociedad, han traicionado su vocación y se dedican a exprimir en su provecho el dinero público. Los contratos de servicios y obras se disfrazan de legalidad, pero se diseñan para que quienes deciden adjudicarlos y quienes los obtienen irregularmente se enriquezcan a costa de los impuestos de todos, incluidos los pobre/pobres, los últimos del estado democrático.
Poco o nada puede haber de sano en una sociedad en la que se han implantado como algo habitual y cotidiano el cohecho, el soborno, la prevaricación, la malversación, la falsedad y el tráfico de influencias. Donde los principios de igualdad y legalidad se subvierten a diario con tanta ligereza que ya ni se disimula en las conversaciones telefónicas, como ha venido a poner en evidencia el trabajo pertinaz de algunos jueces que poca o ninguna lógica tiene.
La Justicia hace a los países libres, al menos, esa es su finalidad. Podemos achacarle muchos defectos y rémoras, porque los tiene, y de ellos el principal es, sin duda, los largos e inasumibles plazos con los que trabaja. Tanto, que por eso mismo en muchas ocasiones se vuelve injusta, irracional y extemporánea. Se hace necesario no solo exigir urgencia en estos casos, sino atender a la dotación de medios para instaurar definitivamente la justicia rápida, que es la única verdaderamente eficaz, sin lugar a dudas.
Aun con ese defecto en los tiempos, no puede haber reproche en que saque a la luz las miserias que grupos corrompidos quieren ocultar. Al contrario. La Justicia ejerce su función cuando, en lugar de mirar para otro lado, pide explicaciones, registra dependencias oficiales y persigue los delitos. Como se ha visto, ha aparecido ante la opinión pública tal maraña de intereses que en un solo sumario se cuentan ya casi un centenar de imputados. Independientemente de cual sea el resultado final del proceso, tal cifra muestra a las claras la permeabilidad de buena parte de las corporaciones municipales al amaño, al complot y al favoritismo.
Si, es cierto y verdad de Ley que las indagaciones en la fase de instrucción no predeterminan culpabilidad. Y que la palabra imputado ha adquirido un valor que la norma jurídica no le da. Pero ni una cosa ni otra son argumentos de peso suficiente para tratar de imponer el silencio. Todos los acusados tienen el derecho a defenderse. Y a la presunción de inocencia, que en nuestro ordenamiento jurídico no quiere decir otra cosa que la garantía de que cualquier acusación ha de ser probada. Pero no es posible soslayar el derecho de la sociedad a poner freno a las prácticas corruptas. Y a exigir responsabilidades a quienes las hayan perpetrado.
De ahí que no se entienda como grupos políticos se muestran indulgentes y persistan en amparar con su inacción a quienes han hecho gala de comportamientos incompatibles con la gestión pública. Basta ver la zozobra en que ha entrado la corporación Santiago de Compostela o la pérdida de credibilidad de otros alcaldes y concejales para entender cuál es la principal causa de desafección de la sociedad con la clase política.
Los ciudadanos no solo han sido las víctimas de recortes en ámbitos tan sensibles como la sanidad y la educación; no solo han padecido una drástica caída de su poder adquisitivo, sino que han añadido a ello más empobrecimiento, con subidas de impuestos exagerados, pese a todas las promesas que se habían hecho de aligerar la carga social.
En España, la evolución del gasto de la administración central en los dos últimos años es un verdadero desastre de mala fe por parte del Gobierno. Más de la mitad de los ajustes han recaído sobre cuatro políticas de gastos: fomento del empleo, prestaciones y subsidios de paro, infraestructuras e investigación. Y las comunidades autónomas han retirado fondos también de algunas de estas partidas, pero han añadido al cadalso del Estado de bienestar nada menos que reducciones en sanidad y educación. Justo donde más necesario es dedicar recursos para atender las carencias que la crisis ha generado en la población. Tengo la sensación de que, los políticos, piensas que los únicos culpables de la crisis somos los ciudadanos y, en parte, llevan razón “NOSOTROS LES HEMOS VOTADO”
A la vez que el gasto superfluo se incrementa en toda España. Las comunidades autónomas mantienen costosas estructuras ineficaces. Las 38 diputaciones de régimen común distribuyen un presupuesto que se acerca a los 7.000 millones; es decir, más de un billón de las antiguas pesetas. Y se producen duplicidades inexplicables, como once defensores del pueblo, doce consejos de cuentas, 132 oficinas autonómicas en el exterior, varios consejos consultivos a imitación del Consejo de Estado, cámaras sin función, como el Senado, y numerosos organismos que ejercen tareas redundantes con las del Estado.
Tenemos elecciones a la vista que con toda seguridad van a ser un fracaso en cuando a índices de votantes y destinatarios del sufragio pasivo. Lo único bueno que apuntan es que hasta bien pasadas dichas elecciones se dará carpetazo a la racionalización de la Administración, puesto que las fuerzas políticas prefieren entregarse al populismo. Tanto, que ni siquiera se planteará en la campaña el verdadero debate sobre Europa, pese a que son muchos los que ven que el proyecto común, tal como está enfocado, va camino de un fracaso estrepitoso. Pero, pero, después hay elecciones municipales, o sea, no hay margen de maniobra malévola, al menos durante un año.
Quizá sea la obsesión por los resultados electorales lo que hace a los políticos huir de medidas racionales. De otro modo, resulta imposible entender por qué no actúan ante problemas tan visibles y constatables.
Ni de recibo es que, en España, las televisiones autonómicas arrastren un déficit de más de mil millones de euros  en un solo año para emitir programas a imagen y semejanza del capataz o presidente de la comunidad. Bien, ¡primicia¡ el Gobierno va a admitir un 2% más de endeudamiento a las autonómicas y el 50% de la publicidad electoral; ya, ya es de ellas.   
No se entiende que se regateen los euros en los servicios indispensables de la comunidad, y se empobrezcan los servicios sociales mientras asistimos a la demanda desesperada de miles de familias que no pueden atender mínimamente la alimentación y el cobijo.
No se entiende que las empresas se vean forzadas a encarar el peor de los escenarios posibles con sacrificios impensables, o incluso sean impelidas a la liquidación, por el cierre de los mercados y las obligaciones fiscales, mientras endeudados clubes de fútbol se saltan alegremente las imposiciones tributarias y se permiten reclamar trato de favor para una gestión quizá acreedora a la responsabilidad penal.
No se entiende por qué miles de jóvenes tienen que abandonar su tierra a la fuerza, por falta de expectativas.
No se entiende cómo los ciudadanos llenan todos los días páginas informativas y programas de televisión con sus preocupaciones reales y los elegidos para atenderlas se dedican a convertir la sede parlamentaria en un indecoroso gallinero.
No se entiende que las ocupaciones de los representantes políticos se hayan alejado tanto de las reclamaciones de la gente de la calle.
Pero aún es tiempo de poner fin a la huida hacia delante.
Se requiere el coraje de cortar de raíz cualquier atisbo de corrupción y devolver la limpieza a los ámbitos políticos.
Se requiere la determinación de repensar el funcionamiento de la Administración y encauzarla hacia el dinamismo de la sociedad, en lugar de a coartar sus iniciativas.
Y se requiere abandonar el debate pueril basado en el menosprecio del rival y concentrar algún esfuerzo en la búsqueda de consensos para apoyar los sectores que son y serán durante muchos años el sostén de la economía.
Se requiere, sobre todo, talla política y altura en los principios, que es lo que parece haber desaparecido de la escena.

Quizá aún tengan una oportunidad para recuperar la confianza los que creen que es posible, sano y provechoso vivir sin burocracia, sin juego sucio, sin confrontaciones irrelevantes y sin corrupción. Sería otra España. Pero sería aquella España donde queremos vivir, porque somos españoles. Donde tenemos derecho a vivir. Y a ello siempre aspiraremos y, al final, lo conseguiremos.