Políticos, corruptos; banqueros, ladrones. ¡NO¡

Los españoles estamos muy equivocados cuando malinterpretamos el significado de corrupto con ladrón. Ser político es una profesión “”noble”” como otra cualquiera, siempre y cuando el desarrollo de su actividad sea la de servir al pueblo y mezquina si se sirve del pueblo. Desde el preciso momento que un vividor de la política ejerce su  actividad con subjetividad, oscurantismo o favoritismo, deja de ser corrupto y es un “”otro”” delincuente más que debe ser inhabilitado, mientras dure la fase de instrucción y una vez juzgado, si resulta “culpable”, no le pueden imponer condenas de risa. Solo por haberse valido de su poder dominante ya son tres años –mínimo- de prisión más lo que le corresponda por el acto delictivo que ha llevado a ese proceso.   A la vista de lo que hemos ido conociendo en los últimos meses, parece que ganan razón los que sostienen que la primera premisa ha caído en desuso. Porque nada más que mezquindad e intereses espurios aparecen cuando empiezan a levantarse las alfombras. Aunque como estamos viendo, las condenas, repito, son de risa.

Si los jueces que investigan están en lo cierto, el panorama que nos presentan no puede ser más vergonzoso para la clase política, ni más desolador para quien se tenga por civilizado y demócrata. No con eso quiera decir que la democracia es una mierda, tampoco lo contrario.

Estamos viendo grabaciones, escuchas, pruebas irrefutables de verdadera delincuencia entre banqueros y políticos. Solo hay que leer cuando se levanta “esos” secretos del sumario de la operación que de por si solos  muestran el verdadero pobre estado en que vive nuestra democracia. El espacio público, donde se gestiona en teoría el interés común, aparece colonizado por una multitud de indeseables que se dedican casi en exclusiva a sacar cada cual su tajada. Partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, órganos fundamentales para la sociedad, han traicionado su vocación y se dedican a exprimir en su provecho el dinero público. Los contratos de servicios y obras se disfrazan de legalidad, pero se diseñan para que quienes deciden adjudicarlos y quienes los obtienen irregularmente se enriquezcan a costa de los impuestos de todos, incluidos los pobre/pobres, los últimos del estado democrático.

Poco o nada puede haber de sano en una sociedad en la que se han implantado como algo habitual y cotidiano el cohecho, el soborno, la prevaricación, la malversación, la falsedad y el tráfico de influencias. Donde los principios de igualdad y legalidad se subvierten a diario con tanta ligereza que ya ni se disimula en las conversaciones telefónicas, como ha venido a poner en evidencia el trabajo pertinaz de algunos jueces que poca o ninguna lógica tiene.

La Justicia hace a los países libres, al menos, esa es su finalidad. Podemos achacarle muchos defectos y rémoras, porque los tiene, y de ellos el principal es, sin duda, los largos e inasumibles plazos con los que trabaja. Tanto, que por eso mismo en muchas ocasiones se vuelve injusta, irracional y extemporánea. Se hace necesario no solo exigir urgencia en estos casos, sino atender a la dotación de medios para instaurar definitivamente la justicia rápida, que es la única verdaderamente eficaz, sin lugar a dudas.

Aun con ese defecto en los tiempos, no puede haber reproche en que saque a la luz las miserias que grupos corrompidos quieren ocultar. Al contrario. La Justicia ejerce su función cuando, en lugar de mirar para otro lado, pide explicaciones, registra dependencias oficiales y persigue los delitos. Como se ha visto, ha aparecido ante la opinión pública tal maraña de intereses que en un solo sumario se cuentan ya casi un centenar de imputados. Independientemente de cual sea el resultado final del proceso, tal cifra muestra a las claras la permeabilidad de buena parte de las corporaciones municipales al amaño, al complot y al favoritismo.

Si, es cierto y verdad de Ley que las indagaciones en la fase de instrucción no predeterminan culpabilidad. Y que la palabra imputado ha adquirido un valor que la norma jurídica no le da. Pero ni una cosa ni otra son argumentos de peso suficiente para tratar de imponer el silencio. Todos los acusados tienen el derecho a defenderse. Y a la presunción de inocencia, que en nuestro ordenamiento jurídico no quiere decir otra cosa que la garantía de que cualquier acusación ha de ser probada. Pero no es posible soslayar el derecho de la sociedad a poner freno a las prácticas corruptas. Y a exigir responsabilidades a quienes las hayan perpetrado.

De ahí que no se entienda como grupos políticos se muestran indulgentes y persistan en amparar con su inacción a quienes han hecho gala de comportamientos incompatibles con la gestión pública. Basta ver la zozobra en que ha entrado la corporación Santiago de Compostela o la pérdida de credibilidad de otros alcaldes y concejales para entender cuál es la principal causa de desafección de la sociedad con la clase política.

Los ciudadanos no solo han sido las víctimas de recortes en ámbitos tan sensibles como la sanidad y la educación; no solo han padecido una drástica caída de su poder adquisitivo, sino que han añadido a ello más empobrecimiento, con subidas de impuestos exagerados, pese a todas las promesas que se habían hecho de aligerar la carga social.

En España, la evolución del gasto de la administración central en los dos últimos años es un verdadero desastre de mala fe por parte del Gobierno. Más de la mitad de los ajustes han recaído sobre cuatro políticas de gastos: fomento del empleo, prestaciones y subsidios de paro, infraestructuras e investigación. Y las comunidades autónomas han retirado fondos también de algunas de estas partidas, pero han añadido al cadalso del Estado de bienestar nada menos que reducciones en sanidad y educación. Justo donde más necesario es dedicar recursos para atender las carencias que la crisis ha generado en la población. Tengo la sensación de que, los políticos, piensas que los únicos culpables de la crisis somos los ciudadanos y, en parte, llevan razón “NOSOTROS LES HEMOS VOTADO”

A la vez que el gasto superfluo se incrementa en toda España. Las comunidades autónomas mantienen costosas estructuras ineficaces. Las 38 diputaciones de régimen común distribuyen un presupuesto que se acerca a los 7.000 millones; es decir, más de un billón de las antiguas pesetas. Y se producen duplicidades inexplicables, como once defensores del pueblo, doce consejos de cuentas, 132 oficinas autonómicas en el exterior, varios consejos consultivos a imitación del Consejo de Estado, cámaras sin función, como el Senado, y numerosos organismos que ejercen tareas redundantes con las del Estado.

Tenemos elecciones a la vista que con toda seguridad van a ser un fracaso en cuando a índices de votantes y destinatarios del sufragio pasivo. Lo único bueno que apuntan es que hasta bien pasadas dichas elecciones se dará carpetazo a la racionalización de la Administración, puesto que las fuerzas políticas prefieren entregarse al populismo. Tanto, que ni siquiera se planteará en la campaña el verdadero debate sobre Europa, pese a que son muchos los que ven que el proyecto común, tal como está enfocado, va camino de un fracaso estrepitoso. Pero, pero, después hay elecciones municipales, o sea, no hay margen de maniobra malévola, al menos durante un año.

Quizá sea la obsesión por los resultados electorales lo que hace a los políticos huir de medidas racionales. De otro modo, resulta imposible entender por qué no actúan ante problemas tan visibles y constatables.

Ni de recibo es que, en España, las televisiones autonómicas arrastren un déficit de más de mil millones de euros  en un solo año para emitir programas a imagen y semejanza del capataz o presidente de la comunidad. Bien, ¡primicia¡ el Gobierno va a admitir un 2% más de endeudamiento a las autonómicas y el 50% de la publicidad electoral; ya, ya es de ellas.   

No se entiende que se regateen los euros en los servicios indispensables de la comunidad, y se empobrezcan los servicios sociales mientras asistimos a la demanda desesperada de miles de familias que no pueden atender mínimamente la alimentación y el cobijo.

No se entiende que las empresas se vean forzadas a encarar el peor de los escenarios posibles con sacrificios impensables, o incluso sean impelidas a la liquidación, por el cierre de los mercados y las obligaciones fiscales, mientras endeudados clubes de fútbol se saltan alegremente las imposiciones tributarias y se permiten reclamar trato de favor para una gestión quizá acreedora a la responsabilidad penal.

No se entiende por qué miles de jóvenes tienen que abandonar su tierra a la fuerza, por falta de expectativas.

No se entiende cómo los ciudadanos llenan todos los días páginas informativas y programas de televisión con sus preocupaciones reales y los elegidos para atenderlas se dedican a convertir la sede parlamentaria en un indecoroso gallinero.

No se entiende que las ocupaciones de los representantes políticos se hayan alejado tanto de las reclamaciones de la gente de la calle.

Pero aún es tiempo de poner fin a la huida hacia delante.

Se requiere el coraje de cortar de raíz cualquier atisbo de corrupción y devolver la limpieza a los ámbitos políticos.

Se requiere la determinación de repensar el funcionamiento de la Administración y encauzarla hacia el dinamismo de la sociedad, en lugar de a coartar sus iniciativas.

Y se requiere abandonar el debate pueril basado en el menosprecio del rival y concentrar algún esfuerzo en la búsqueda de consensos para apoyar los sectores que son y serán durante muchos años el sostén de la economía.

Se requiere, sobre todo, talla política y altura en los principios, que es lo que parece haber desaparecido de la escena.

Quizá aún tengan una oportunidad para recuperar la confianza los que creen que es posible, sano y provechoso vivir sin burocracia, sin juego sucio, sin confrontaciones irrelevantes y sin corrupción. Sería otra España. Pero sería aquella España donde queremos vivir, porque somos españoles. Donde tenemos derecho a vivir. Y a ello siempre aspiraremos y, al final, lo conseguiremos.