La ESPECIAL importancia de superar las 3/5 partes de los votos en el SENADO (PP/VOX), o sea, 160 senadores.

 

Juan Pardo Navarro

El Senado de España

El Senado es una de las dos cámaras que forman las Cortes Generales de España, junto con el Congreso de los Diputados.

Su principal función es representar a los distintos territorios españoles y participar en la elaboración y aprobación de las leyes.

¿Cuáles son sus funciones?

• Revisar las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados.
• Proponer modificaciones a las leyes, sin contar con la oposición.
• Representar los intereses de los diferentes territorios de España.
• Controlar la actuación del Gobierno.
• Participar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Por qué es importante?

El Senado es una institución fundamental de la democracia española porque permite que los territorios participen en las decisiones políticas del país.

Su sede se encuentra en Madrid.

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EL SENADO DE ESPAÑA Y EL POSIBLE PACTO PP-VOX

1. ¿Cuántos senadores tiene cada partido?

Al finalizar la XV Legislatura, el 6 de octubre de 2026, el Senado contaba con 266 senadores.

La distribución por grupos parlamentarios, según los datos oficiales del 5 de octubre, era la siguiente:

Grupo parlamentario	Senadores
Partido Popular (PP)	142
Grupo Socialista (PSOE y aliados)	88
ERC y EH Bildu	9
Grupo Plural (Junts y otros)	7
Grupo Vasco (PNV y otros)	7
Izquierda Confederal	6
Grupo Mixto	7
TOTAL	266

Estos datos corresponden a los grupos parlamentarios, que pueden incluir representantes de varios partidos. Vox tenía 5 senadores por designación autonómica, integrados en el Grupo Mixto.

2. ¿Por qué quieren llegar a 160 senadores?

El objetivo de las negociaciones entre PP y Vox es conseguir una mayoría de tres quintos del Senado.

Con 266 senadores, tres quintos equivalen al 60% de los votos, o sea 159,6, por lo que se necesitan 160 votos favorables. Con el pacto se superarían con creces.Hay circunscripciones en las que han faltado al PP menos de 40 votos para conseguir otro senador e ídem de lo mismo con VOX. Según el cálculo superarían los 180 senadores.

Esta mayoría es importante porque permite participar decisivamente en nombramientos institucionales, entre ellos:

• Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
• Diez vocales del Consejo General del Poder Judicial.
• Seis consejeros del Tribunal de Cuentas.

También es la mayoría exigida en el Senado para determinadas reformas constitucionales.

Por eso, alcanzar los 160 senadores permitiría al PP y Vox realizar ciertos nombramientos sin necesitar el apoyo del PSOE, siempre que mantuvieran el acuerdo.

3. ¿Por qué quieren pactar PP y Vox?

El 20 de octubre de 2026, Alberto Núñez Feijóo confirmó que el PP estaba negociando con Vox distintas fórmulas de colaboración electoral.

El motivo está relacionado con el sistema de elección de los senadores.

En la mayoría de las provincias españolas se eligen cuatro senadores. Habitualmente, la candidatura más votada consigue tres representantes y la segunda obtiene uno.

Si PP y Vox se presentan por separado, sus votos pueden dividirse y facilitar que otra candidatura consiga más senadores.

Por eso estudian distintas posibilidades:

1. Que Vox no presente candidatos al Senado en determinadas provincias.
2. Que algunos candidatos vinculados a Vox se incorporen a las candidaturas del PP.
3. Que el PP facilite posteriormente la designación de senadores autonómicos de Vox como parte de un acuerdo.

El objetivo es concentrar votos para conseguir más representantes en el Senado.

Estas fórmulas están en negociación y no significan que exista todavía un acuerdo definitivo.

4. ¿Cuántos senadores les faltarían?

Tomando como referencia la composición de la legislatura que acaba de terminar:

• PP: 142 senadores.
• Vox: 5 senadores.
• Total: 147 senadores.

Por tanto:

160 − 147 = 13 senadores.

Les faltarían 13 para alcanzar los tres quintos.

Sin embargo, esta cuenta es únicamente una comparación con la legislatura anterior. El número de senadores que obtenga cada partido en las próximas elecciones todavía no se conoce.

5. ¿Qué consecuencias tendría conseguir los 160 senadores?

Una mayoría de tres quintos permitiría al PP y Vox tener capacidad para impulsar determinados nombramientos institucionales sin depender del apoyo de otros partidos.

No obstante, tener 160 senadores no significa poder aprobar cualquier ley ni reformar la Constitución por sí solos.

El Congreso de los Diputados también interviene en la aprobación de las leyes y en las reformas constitucionales.

Además, otros partidos, especialmente el PSOE y sus posibles aliados, también están estudiando fórmulas de colaboración electoral para conseguir representación en el Senado.

6. Conclusión

El Senado desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de la democracia española.

Las negociaciones entre PP y Vox buscan conseguir una mayoría reforzada de tres quintos, que actualmente se calcula en 160 senadores.

Esta mayoría es especialmente relevante para la renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional.

Por tanto, la importancia del posible acuerdo PP-Vox no está solamente en conseguir más senadores, sino en la capacidad de participar decisivamente en determinados nombramientos institucionales.

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Entre las principales consecuencias estarían:

1. Tribunal Constitucional (TC): podrían acordar la elección de los cuatro magistrados cuya designación corresponde al Senado, sin necesitar el apoyo de otros partidos. Esto podría contribuir a que alcanzaran una mayoría de magistrados afines a sus posiciones jurídicas, aunque no les garantizaría automáticamente la mayoría del Tribunal Constitucional, que está compuesto por 12 magistrados.

2. Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): tendrían capacidad para elegir los diez vocales que corresponde designar al Senado, siempre que cumplieran los requisitos legales.

3. Tribunal de Cuentas: podrían acordar la elección de los seis consejeros cuya designación corresponde al Senado.

4. Reformas constitucionales: contarían con los votos necesarios en el Senado para aprobar determinadas reformas constitucionales, aunque también sería imprescindible alcanzar las mayorías exigidas en el Congreso de los Diputados.

5. Mayor influencia institucional: dispondrían de una posición más favorable para intervenir en decisiones relevantes relacionadas con la organización y el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Conclusión

El interés del posible acuerdo entre PP y Vox no se limita a conseguir más senadores. Su principal importancia reside en alcanzar los 160 escaños necesarios para obtener una mayoría de tres quintos en el Senado.

Esta mayoría les permitiría intervenir decisivamente en la renovación de instituciones fundamentales, especialmente el Tribunal Constitucional, donde podrían favorecer una composición más próxima a sus posiciones jurídicas y, dependiendo de los restantes magistrados, llegar a contar con una mayoría.

Es importante distinguir que alcanzar los 160 senadores no garantiza por sí solo una mayoría en el Tribunal Constitucional, ya que su composición depende también de los nombramientos realizados por el Congreso, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE se apodera de la justicia y esto lo lamentaremos TODOS los españoles.

 

Después de tantos años, de tantos y tantos intentos de acuerdo, de pactos de estado, de consensos partidistas o institucionales, de esfuerzos corporativos o profesionales, pareciera imposible que este punto de destino fuese peor que el de inicio.

Pero así es: la Justicia española está hoy peor que hace cinco años, y que hace diez, y con mucha seguridad que hace veinte.

Sin necesidad de adentrarnos en pormenores técnicos o en reformas legales, sólo cabe asomarse un día azaroso por cualquier juzgado o tribunal, fiscalía u órgano de apoyo a estos para certificar la podredumbre que asola los cimientos de lo que -no debemos olvidarlo- es el poder del Estado llamado a salvaguardar la legalidad y, con ella, la paz social, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, al pleno y seguro desenvolvimiento de las relaciones jurídicas.

Las sociedades funcionan gracias a una ficción comúnmente aceptada que llamamos Derecho, a ese conjunto sólido e imperfecto de reglas y normas que ordenan nuestra actividad social, la economía, los servicios públicos o la celebración de negocios jurídicos. Pero esa ficción, como en cualquier ejercicio narrativo, sólo posee lógica y dimensión para el espectador (que aquí además es el protagonista) si éste acepta con plenitud las consecuencias irremediables del guion. Si esto no acontece, si el desenlace se desconecta del comienzo o si el final no llega porque la escena fenece anticipadamente en el nudo, la ficción se resquebraja y la ilusión se esfuma. Todo se viene abajo. La narración y también sus protagonistas. El telón cae. Las luces se apagan.

Lo que viene ocurriendo en nuestro país desde hace algún tiempo, y de forma especialmente acelerada en todo lo que ha sido este año, es, precisamente, lo anterior: la ruptura de la ficción que supone la aceptación del Derecho aplicado. Y por supuesto esta quiebra no ha sido resultado del azar o la (mala) suerte. Todo lo contrario. La desilusión de la esperanza del Derecho es el producto ordinario de una concatenación de factores preordenados a un mismo fin: la desnudez de la Justicia a través de la resignación a su propia inutilidad.

Cuando no se destinan medios económicos para garantizar un personal mínimo y eficaz al servicio de un órgano, cuando se produce el bloqueo interesado del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo o cuando se reputan plausibles tasas de pendencia que desincentivan la inversión y deterioran profundamente la confianza en nuestra economía, lo que se está haciendo por vía de la inacción es desmontar primero la tutela judicial efectiva y después el mismo Estado de Derecho. Nada más, nada menos.

Una sociedad democrática, moderna, progresista y comprometida con los servicios públicos y el impulso a la iniciativa privada se escandalizaría de comprobar cómo funciona la Justicia en España. Parece sin embargo que no ocurre así en nuestro país. Y la pretensión de resignar a todos para que con brevedad la Justicia deje de funcionar (ya ha dejado de importar) se augura exitosa. Y luego dará igual. O tal vez no. Es difícil saberlo. Las ficciones funcionan sobre la base de la aceptación y a su vez la aceptación se asienta donde la confianza actúa como simiente.

Sin confianza, sin aceptación y sin justicia sólo quedará un óbito, el nuestro. Un entierro al que no acuda nadie pero que lamentarán todos.

Garzón, a través de su portavoz en el Gobierno, la Ministra, Lola Delgado confirma el golpe de Estado a la Constitución española.

Los animales marcan sus terrenos dominados meándose en puntos estratégicos. No con eso quiero decir que “Lola Delgado y Garzón” se vayan meando en las ruedas de todos los coches, postes de la luz…. Son millones de puntos –menuda meada-, pero sí que con su última fechoría anticonstitucional autorizan a sus socios de Gobierno a que vayan impregnando de orín los puntos delimitadores de sus territorios. Pautas e inflexiones, de momento las seguirá marcando Garzón y comunicadas por su amiguísima y portavoz “Lola, la ministra”.

Ayer se consumó el mayor ataque del Gobierno El Gobierno al Estado de derecho del régimen constitucional. Con las indicaciones políticas a la Abogacía del Estado para que cambiase su criterio en el escrito de acusación a los encausados en el procés -sustituyendo el grave delito de rebelión por el más leve de sedición-, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en suspenso, para regocijo de los golpistas y de sus apoyos fuera de España, el principio esencial de toda democracia: la separación de poderes.

Los representantes de los servicios jurídicos del Estado crean un disolvente conflicto institucional al poner en entredicho la rigurosa instrucción del juez Pablo Llarena -un magistrado acosado reiteradamente por el nacionalismo desde Cataluña y desde determinados tribunales de la Alemania de Merkel y Bélgica- y la posición firmemente defendida por los cuatro fiscales del Tribunal Supremo, que nunca dudaron de que los hechos de septiembre y octubre de 2017 eran constitutivos de un claro delito de rebelión. Así, además, lo justifican en el escrito de acusación que la Fiscalía presentó ayer ante el Supremo, en el que describen una acción "combinada y sincronizada" entre las instituciones catalanas -el Parlamento y el Gobierno de Cataluña, los partidos que las sostenían Junts pel Sí -coalición formada por la antigua Convergència y ERC- y la CUP) y las asociaciones soberanistas encargadas de movilizar a la calle (ANC, Òmnium y AMI), para consumar su objetivo de provocar una secesión territorial de Cataluña.

Para todo ello, fundamenta la Fiscalía, se valen "de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos y, por otra parte, el uso de los Mossos como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones". No es casual que, en paralelo, también ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso contra Trapero, haya pedido para el entonces Mayor de los Mossos 11 años de prisión por un delito de rebelión. Y que la Fiscalía pida 25 años para el ex vicepresident, Oriol Junqueras, y 17 para Carme Forcadel y los Jordis, los cuatro máximos responsables de un golpe encaminado a subvertir el orden constitucional. A pesar del cinismo y el descaro mostrado ayer por la vicepresidenta del Gobierno, que sin rubor alguno intentó convencer a la ciudadanía de que Sánchez no había cambiado de criterio sobre los supuestos delitos cometidos por el Gobierno de Carles Puigdemont, lo cierto es que debido a la forma en que el líder socialista llegó a La Moncloa, le ha obligado a claudicar ante el Govern rebelde y a enviar un inequívoco mensaje político a Torra y sus aliados de ERC. Por eso, Carmen Calvo, cuya irresponsabilidad y arrogancia recuerdan cada vez más a las de cualquier líder populista, llegó a defender un posible indulto, si la sentencia fuese condenatoria, como única forma de compensar a sus aliados soberanistas. Justo el precio que han puesto para seguir sosteniendo a Sánchez en el poder, aun a costa de erosionar las instituciones democráticas del Estado, como recordó Pablo Iglesias tras su visita a Junqueras en la cárcel de Lledoners. Esa es la única razón por la que se forzó el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, cuya intención fue siempre acusar por el delito de rebelión, como demuestra el hecho de que preguntasen por él durante la fase de instrucción. Tras las directrices políticas del Gobierno, sin embargo, del escrito de acusación se borró el concepto de violencia, palabra que no aparece en ningún momento, para reducir los hechos a meros "incidentes contra el orden público". Pero no solo eso. Para rebajar de manera más espectacular aún la petición de penas, los abogados del Estado han utilizado una argumentación conocida como "concurso medial" que, en este caso, consiste en considerar que el delito de malversación fue solo un medio para perpetrar el más grave de sedición, por lo que el cálculo de la condena es más favorable a los encausados que si se contabilizasen los dos delitos por separado. En base a este argumento, para Junqueras solo se piden 12 años de prisión, frente a los al menos 16 que le corresponderían sumando los dos delitos de manera individual. La grave crisis institucional abierta irresponsablemente por el Gobierno amenaza con socavar la credibilidad del Poder Judicial y debilitar la acción del Estado frente al más serio intento de destruir nuestra democracia, como anhelan populistas y nacionalistas. En solo cuatro meses, Sánchez ha perdido su legitimidad y debe convocar elecciones cuanto antes, para que sean los españoles los que decidan sobre su futuro.

Con estas declaraciones de la innoble,  ministra de Justicia, Dolores Delgado, negando que haya habido “guiños”  a los independentistas en la decisión de la Abogacía del Estado al no calificar de rebelión los delitos para el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, nada ni nadie puede poner en duda que España está siendo gobernada por una banda dependiente del crimen organizado con una buena e imprescindible ayuda del sectarismo dominante en el mismo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Delgado ha subrayado que la Abogacía del Estado ha actuado bajo criterios de "profesionalidad" basándose en "parámetros técnicos y jurídicos" y, por tanto, ha insistido, "no es una cuestión de gestos".

A la pregunta de si esta decisión podría afectar al apoyo de los independentistas a los presupuestos generales, Delgado se ha limitado a decir: "Sirva o no sirva, no tengo ni idea".