La "reflexión" de Pedro Sánchez
sobre su continuidad al frente del Gobierno ha conseguido eclipsar
absolutamente la campaña catalana durante sus primeros cinco días. Y la
resolución final del presidente del Gobierno ha indignado a un
independentismo que ve como Sánchez se apropia ahora del discurso del lawfare y la victimización que hasta ahora habían abanderado Junts y ERC.
"Ahora descubre que
existe una extrema derecha política, mediática y judicial dispuesta a
todo" ha sido el lamento transversal del secesionismo, desde JxCat a la
CUP, tras la comparecencia del presidente. Un independentismo que ha
visto como Sánchez ha utilizado una herramienta que hasta ahora habían
exprimido casi en exclusiva: la política en base a agitar las emociones
más primarias. Y que Sánchez lo ha hecho con maestría digna de Carles Puigdemont.
"Hemos visto una
cortina de humo, un acto electoralista en cinco días que acaba con una
performance en forma de sermón", describía el president y candidato de
ERC, Pere Aragonès. Es probablemente el mayor
damnificado de la explosión de política-emoción provocada por Sánchez,
en un momento en que Esquerra aparece como tercera fuerza, en retroceso,
en todas las encuestas. Y lo ha hecho con "un gesto personalista" que abunda en una política de culto al líder en la que Aragonès no puede competir.
Sí la ha practicado, hasta la saciedad, Carles Puigdemont, que a lo largo del fin de semana ya dejó clara su indignación por el giro imprimido por Sánchez a la campaña catalana.
De los jueces a Pegasus
El ex president ha suspendido su agenda este lunes por el fallecimiento de su madre, pero el número dos del partido, Jordi Turull,
dejó claro el enfado generado en su partido por una escenificación de
Sánchez que ven como una usurpación de su papel de víctimas de la
justicia. "De verdad solo se ha planteado si vale la pena cuando afecta a
su familia", se preguntaba Turull.
Sánchez "no sintió la necesidad de reflexionar cuando la policía y la justicia fabricaban pruebas contras líderes políticos catalanes" añadía el secretario general de Junts en una declaración leída, presumiblemente pactada con Puigdemont.
Aragonès iba más allá, recordando el espionaje al que fue sometido con el programa Pegasus, reconocido por la propia ex directora del CNI, Paz Esteban. "Imaginen que cuando me espiaron me hubiera cogido cinco días para pensar porque me siento atacado por el CNI, que
está en manos de Pedro Sánchez". Aragonès argumentó que "me han espiado
por una razón falsa, como después se ha demostrado".
Victimismo avalado
Pero el discurso de
Sánchez tiene también una derivada que el independentismo utilizará a
fondo en lo que resta de campaña: la confirmación de que la democracia
española es más que mejorable y el sistema judicial actúa al dictado de
la derecha española. Tanto Junts como Esquerra entienden que el lamento
de Sánchez viene a confirmar sus tesis sobre la represión indiscriminada
de la que se proclaman víctimas, orquestada desde instancias
judiciales. Un argumento que será esencial, sobre todo, en la campaña de
Puigdemont.
Desde que se abrió a
negociar la investidura el pasado septiembre, Puigdemont dejó claro que
no abandonaría el discurso de la represión. Y forzó incluir en el
acuerdo con el PSOE referencias al lawfare que los socialistas
habían negado hasta ahora. La reacción de Sánchez ante la imputación de
su esposa da alas a las quejas independentistas.
"El PSOE ha certificado una obviedad, que la democracia española es de mala calidad"
ironizan desde Junts. "Bienvenido a la realidad, pero mantener durante
cinco días al conjunto del Estado en esta incerteza es una frivolidad
absoluta".
En este contexto,
reclaman al PSOE propuestas concretas para revertir esos supuestos
abusos de la justicia. Una exigencia compartida con los Comunes y Sumar,
que desde Esquerra ya han concretado en reformas legislativas. La
primera, acabar con la Audiencia Nacional, una
instancia que siempre han tachado de "tribunal franquista", en la que
ahora se investigan las causas de Tsunami Democràtic y los CDR.
Reclaman además una reformulación del delito de terrorismo, que "da manga ancha a los jueces", critican, como ha sucedido en la causa de Tsunami con las acusaciones contra Puigdemont, Marta Rovira y Ruben Wagensberg. También reformar la Ley de secretos oficiales, otra herencia franquista advierten, que sirvió para avalar los espionajes del CNI a líderes independentistas, y derogar la Ley mordaza, una promesa asumida por el PSOE que no se ha hecho realidad pese las reclamaciones de sus socios.
"La pregunta que
sigue sin responder es qué hará ante la ultra derecha más allá de todo
lo que empieza y acaba en sí mismo" le reprochaba Aragonès, recordando
que sus propuestas "han sido sistemáticamente rechazadas por el PSOE".
Turull, por su parte, incluye entre los supuestos abusos de las instituciones españolas "la aplicación vergonzosa del 155"
tras la proclamación unilateral de independencia. Y acusaba al PSOE de
haber sido "cómplice" de la regresión de la democracia española,
"mientras iban vendiendo que no existía un problema sistémico, y ahora
resulta que sabían que era mentira".
El PSC, aliviado
Mientras, el
socialismo catalán respira aliviado por la continuidad de Sánchez, cuya
maniobra ha conseguido además reactivar a los votantes socialistas
reacios a la amnistía. Desde el PSC reconocen que el pasado fin de
semana han notado un repunte en sus apoyos coincidiendo con las
movilizaciones en favor de Sánchez.
Los trakings
electorales mantienen el crecimiento sostenido de sus apoyos, mientras
Junts, que subía con el efecto Puigdemont, se ha estancado y Esquerra
sigue retrocediendo, aseguran. "Pero no va de eso" advierten desde el
PSC, negando que la amenaza de dimisión del presidente tuviera por
objeto relanzar las expectativas de Salvador Illa.
El propio Illa
negaba además que el giro emocional imprimido por Sánchez a la campaña
distorsione una estrategia que el PSC había diseñado en sentido
contrario: propuestas concretas y poco margen a revivir la explosión de
emociones que provocó el procés. Una estrategia que evita entrar en la dinámica que intenta imprimir Puigdemont, y esquivar el debate sobre la amnistía.
La política catalana
"ha tenido muchas dosis de emoción últimos años" reconocía Illa, "pero
yo seguiré con mi planteamiento de política a pie de calle, que hace
un planteamiento de unir y servir, dejar atrás diez años que no han ido
bien para Cataluña".