El TSJM tumba la querella
contra Rocío Monasterio al tratarse de "una falsedad grosera". Dice
que aunque si es cierto que hubo falsificación documental, suplantación de
título universitario y enriquecimiento personal derivado del inexistente título
de Arquitecta, los perjudicados que pagaron por los visados de la querellada,
deberían haberse dado cuenta antes de pagar ya que la documentación que
aportaba como docta en arquitectura era detectable a simple vista por burdo y
grosero.
De todas formas, se volverá
a presentar otra querella, ya que esta absolución, inadmitiría el
enjuiciamiento e ingreso en prisión de todos los falsificadores de billetes. O
sea, una cajera de un supermercado sería la verdadera culpable de que le “metan”
un billete falso. Quiero decir que si te “dan” un billete falso –yo no detecto
ninguno- no puedes denunciar el delito, porque el juzgado te va a condenar a
costas judiciales.
Varias veces he escrito que
Vox es una marca blanca del PSOE….¿Por qué la Fiscal General no ordenó que se
aplicase el código deontológico? En ese
caso, ya estaría en prisión, al igual que lo estaríamos cualquiera de nosotros.
En España hay más de 1.300 médicos desarrollando su actividad en hospitales con
títulos falsificados en Sudamérica e incluso en España. Solo han condenado a
200. Es normal, si el Presidente del Gobierno que dice ser doctor en economía
aplicada y su mujer catedrática patrocinada de la Complutense y entre los dos
suman poco más de un bachiller, a menos que demuestren lo contrario –imposible-
¿Por qué va a tener menos títulos universitarios un parado de larga duración?
Adriana Lastras ha pasado de ser doctora en derecho Constitucional a Licenciada
derecho, al final no acredita ni bachiller. Según ella por culpa de Franco, por
cierto cuando murió Franco ella tenía 4 años y, además, era de una familia
acomodada.
Por lo demás, tanto ella
como su marido, Iván Espinosa de los Monteros, se han limitado a insultar a
algunos de los afectados. Monasterio, también ha acusado a los periodistas de
pagar y presionar a personas de su entorno para testimoniar contra ella….NADIE
TESTIMONIÓ.
La parte técnica del caso
explicada por José María Echarte Ramos (Almería, 1973) es arquitecto (ETSAM,
2000) y profesor de Proyectos y Teoría y Crítica en la Universidad Rey Juan
Carlos
El caso de la dirigente de
Vox explicado por un arquitecto: máster inventado, desprecio por la
responsabilidad penal y civil y la paradoja del código deontológico que no
aplica
Según Émile Durkheim, en el
ámbito de la sociología de las profesiones, que las ocupaciones alcanzan el
estatus de profesión cuando sus miembros detentan un conocimiento exclusivo y,
sobre todo, cuando se adhieren a un código de conducta ético al que se someten
de forma voluntaria. Esta labor, en España, es la que ejercen los colegios
profesionales.
En el caso de Rocío
Monasterio se produce una paradoja que han sufrido los clientes de su estudio,
el último conocido el presentador Arturo Valls. La dirigente de Vox gestionaba
reformas para las que eran necesarios complejos trámites con un proyecto visado
por un arquitecto, cosa que Monasterio no podía ofrecer porque no era
arquitecta y por eso tampoco estaba sometida a código deontológico alguno.
Los planos que presentaba a
sus clientes daban a entender lo contrario. Siempre, eso sí, cuidando no dejar
su rúbrica manuscrita bajo el rótulo de arquitecta: o bien firmaba bajo
"Monasterio y Asociados", o bien rotulaba el cajetín como
"Arquitecto: Rocío Monasterio", pero lo dejaba sin firmar, o en una
tercera versión firmaba como "dirección facultativa". Por eso, la
líder del partido de ultraderecha en Madrid ha sido denunciada ante la Comisión
Deontológica del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) por José
Manuel Calvo, doctor arquitecto y concejal de Ahora Madrid. En el último caso,
incluso, el Colegio de Aparejadores ha declarado que el visado del documento
para el loft de Arturo Valls fue falsificado, pues no guarda ningún documento
equivalente en sus archivos. ¿Quizá sustituyó el cajetín de la aparejadora por
el suyo?
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ESTUDIO ROCÍO MONASTERIO
Estos planos correspondían a
reformas en edificios en suelo industrial bajo la denominación de loft. Un
término que no existe en la legislación española y que tiende a asociarse al de
vivienda, por lo que suele proponerse un cambio de uso del suelo. La realidad
es que este cambio es muy complejo —en muchos casos imposible por la cantidad
de adaptaciones que requiere el espacio y la normativa que hay que cumplir para
que un local pueda ser declarado vivienda—, y necesita de la intervención de un
arquitecto titulado. En muchas ocasiones, el resultado son viviendas ilegales
ubicadas en suelos industriales, una práctica perseguida por los ayuntamientos,
y más habitual en los años del boom inmobiliario.
Solicitud oficial al
Ayuntamiento de Madrid en la que Rocío Monasterio pide el cambio de uso de
suelo industrial a vivienda del 'loft' en calle Amalia, en 2006.
Más allá de otras
consideraciones, Monasterio no era arquitecta en las fechas que hemos ido
conociendo, por lo que no podía firmar un proyecto de cambio de uso. Volviendo
a Durkheim, la adscripción a un código ético profesional de la que hablaba el
sociólogo no existía y esta es, de hecho, la razón esgrimida por el COAM para
archivar la denuncia de Calvo: Monasterio no era colegiada en aquellas fechas,
por lo que no puede aplicársele el código deontológico. Triunfa la paradoja y
queda así la profesión desprotegida ante el uso indebido del título de
arquitecto.
Queda, no obstante, la
cuestión de la suplantación profesional, bastante más peliaguda en sus
implicaciones, aunque probablemente prescrita, y que el colegio, entiendo,
debería valorar no tanto como una cuestión de títulos y fechas sino como una de
desprestigio de la profesión.
La Arquitectura pertenece en
España a las llamadas "profesiones reguladas", esto es: es necesario
un requisito previo para su ejercicio que, en este caso, se sustancia en la
posesión de un título habilitante obtenido a través de los planes de estudio
que establecen, bajo la tutela del Ministerio de Educación, las diferentes
universidades.
Quizá sea este un buen punto
para referirse a la curiosa relación de títulos que según la dirigente de Vox
la habilitan para la profesión que puede ejercer desde 2009 —año en que aprobó
su proyecto de fin de carrera (PFC)— y en ningún caso antes. Señalaba
Monasterio en su cuenta de Twitter:
En España coexisten varias
acreditaciones relativas al ejercicio de la Arquitectura, las anteriores y las
posteriores al plan Bolonia. Antes se obtenía el título de arquitecta tras
cursar las asignaturas y entregar y aprobar un PFC. En la actualidad, tras un
grado no habilitante de cinco años de duración y un máster habilitante de un
año se obtiene el título de Máster Habilitante en Arquitectura. Ambos títulos
son, como no podría ser de otra forma, equivalentes y se equiparan a un nivel
europeo MECES 3 (máster).
La suplantación profesional
y las responsabilidades civiles y penales
Esta precisión en los
términos con respecto a cómo llamamos a las cosas no es en absoluto baladí. El
título de arquitecta posee una serie de atribuciones exclusivas para la
redacción y control de proyectos, recogidas en la Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE), como la capacidad de asumir ciertas responsabilidades
—civiles y penales— por la especial relevancia económica y de seguridad que
implica el ejercicio de la profesión. El empleo del título, incluso en una
tarjeta de visita, no es pues una cuestión menor.
Sin necesidad de entrar en
cuestiones jurídicas, y por hacer sencillo lo que suele complicarse demasiado,
alguien que no posea el título puede desarrollar los mismos proyectos que un
bachiller: la única titulación que se poseía a falta de aprobar el proyecto de
fin de carrera. Estos son exclusivamente "proyectos de obra menor".
En otras palabras: el que cualquier ciudadano sin relación alguna con la
arquitectura podría solicitar de un Ayuntamiento. Se trata de obras de muy
escasa entidad, que no necesitan proyecto y que, en ningún caso, afectan a
elementos estructurales ni implican demoliciones de entidad, excavaciones,
rehabilitaciones, etcétera.
Si la cuestión ética no es
menor, resulta mucho más singular que su firma manuscrita aparezca en
certificaciones de obra que incluyen demoliciones de muros de carga bajo el
epígrafe de "dirección facultativa". Esta figura es aquella facultada
—de ahí el nombre— para controlar la ejecución y el pago de las obras
correctamente ejecutadas y resulta por tanto improcedente que, sin estar en
posesión del título, se pretenda formar parte de un agente cuyas atribuciones y
obligaciones, de nuevo, están meridianamente claras en la LOE.
Lo que dicen el COAM y el
CSCAE
Desde esta perspectiva,
resulta siempre recomendable acudir a una arquitecta titulada. La titulación es
la primera garantía (aunque no la única) de la capacidad profesional y de la
habilitación legal de quien contratamos. Es así entendible que la profesión
defienda el título dándole siempre su justo valor.
Lejos de proteger a los
arquitectos o resolver sus cuitas, la deontología está para proteger a los
ciudadanos de la mala praxis profesional. Demasiado acostumbrados a una
relación distante con la sociedad a la que sirven (son entidades de derecho
público, no lo olvidemos), los colegios de arquitectos—pese a notables
esfuerzos de modernización en los últimos años— siguen siendo lentos a la hora
de cumplir con esta función de servicio.
Sin embargo, y sin tener por
qué entrar en la cuestión personal de Monasterio, el Colegio de Arquitectos de
Madrid —al que ahora sí pertenece la diputada de la Asamblea de Madrid— tiene
entre sus funciones asignadas la protección de la profesión y de los
consumidores y usuarios de servicios de arquitectura. No se me ocurre mejor
manera de cumplir con este cometido que pronunciarse a este respecto, poniendo
en valor los títulos profesionales de sus colegiados y colegiadas, recordando
—como decíamos— que son la primera garantía de buen hacer y de profesionalidad,
y no algo que se pueda "olvidar", sin prestar atención a la gravedad
de las responsabilidades que implica.
Algunos de los grupos de
representantes que pertenecen al COAM, entre ellos NuevoCoam y ADN-Coam, así lo
habían solicitado a través de sus comunicaciones quincenales o de sus redes
sociales.
El comunicado, que
finalmente ha sido conjunto entre el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos (CSCAE) y el COAM, incide en la paradoja de Monasterio, sobre quien
el colegio no tenía autoridad, pues de hecho no era arquitecta. Lo hace quizá
con una excesiva carga legislativa que, pese a ser entendible, me temo
producirá el habitual alejamiento entre nuestras instituciones y la sociedad.
Nos entendemos muy poco con los ciudadanos.
La realidad, en ocasiones,
requiere de una mayor claridad. El objetivo es sencillo: la conveniencia de
advertir a los ciudadanos contra cualquier actuación que, diciéndose
profesional, se mueva en zonas grises en las que se busca bordear la normativa
antes que observarla. Es necesario subrayar que el control de la Administración
y los procedimientos no son laberintos burocráticos que hay que sortear, sino
procesos garantistas sin los que el principal perjudicado es siempre el
ciudadano.
