Todo socialista es un dictador camuflado.

 

Político o científico de la corrupción.

Por Juan Pardo Navarro

Vivimos una época marcada por el pensamiento neoliberal. Tras el hundimiento de casi todos los sistemas socialistas y la creación del capitalismo totalitario en China, en la actualidad todo el mundo alaba los valores del individualismo, o sea, liberalismo, La palabra “liberal” tiene fuertes connotaciones en las discusiones políticas modernas. Muchas personas se auto-identifican como liberales en sus puntos de vista políticos, pero evitan tal etiqueta. Todo esta confusión se debe en parte a que las raíces históricas del Liberalismo han producido un sistema rico y diverso de ramas filosóficas. De hecho, muchas de estas ramas del Liberalismo destacan por ser opuestas entre sí en muchas cuestiones políticas y económicas. La palabra “liberal”  no refleja adecuadamente la definición de este concepto filosófico.

 

Liberalismo

 

El Liberalismo fue el producto del pensamiento ilustrado. John Locke es considerado el padre del pensamiento político liberal, basado en su prolífica escritura acerca de los derechos naturales de los individuos, la separación entre Estado y religión, el contrato social y otros conceptos filosóficos – muchos de los cuales se incorporaron en las revoluciones democráticas que tuvieron lugar décadas después de su muerte. Lo cual hizo del Liberalismo un movimiento que facultaba el papel del individuo y desafiaba a las monarquías absolutas

 

Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX , el Liberalismo pasó de ser una filosofía individualista a una que es más común en la naturaleza humana. Inspirándose en concepto utilitario de John Stuart Mill de proporcionar “la mayor felicidad para el mayor número de personas”, el Liberalismo trató de defender el “bien común”;  es decir, un sistema político y económico que maximiza el progreso social para el grupo en su conjunto y no para beneficiar a una porción de  individuos. Franklin D. Roosevelt es quien mejor encarna este valor con el “New Deal” en la década de 1930. Este cuerpo de legislación, produjo una infraestructura gubernamental a gran escala; que se caracterizó por proyectos de obras públicas, redes de seguridad social, el bienestar y las reformas de las instituciones financieras. Con el propósito de mitigar los efectos del individualismo desenfrenado que se asoció comúnmente con la Gran Depresión en 1929.

 

Hoy en día, la interpretación moderna del Liberalismo se asocia con causas de izquierda. Inspirándose en el New Deal, el pensamiento económico liberal faculta fuertemente a las instituciones públicas como medios para apoyar a las personas que se ven afectadas negativamente por los efectos externos - como la pobreza y la contaminación – del Capitalismo de libre mercado. En temas de los derechos políticos, el Liberalismo se esfuerza por asegurar las libertades civiles de los grupos minoritarios; desde el movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos en la década de 1960 hasta la actual lucha por la igualdad de matrimonio para la comunidad gay.

 

Neoliberalismo

 

Durante las últimas décadas, una nueva forma de Liberalismo o más bien una reinterpretación del concepto original  surgió en la forma Neoliberalismo. No contentos con la falta de poder del Liberalismo moderno en favor del Estado, los filósofos neoliberales vuelven a los principios fundamentales que ofrece “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith. Considerado como uno de los ejes para el Capitalismo de libre mercado, Smith describe la necesidad de que la actividad económica humana sea impulsada por la “mano invisible” del mercado, en lugar de alguna institución gubernamental.

Para citar a Smith: “Si todas las personas se esfuerzan tanto como pueden en emplear su capital en apoyo de la industria nacional, asimismo pueden dirigir esa industria para la cual su producto puede ser de gran valor. Cada individuo trabajaría necesariamente para hacer que los ingresos anuales de la sociedad sean tan grandes como puedan”.

Es decir, a los ojos del Neoliberalismo; permitir que los individuos sean libres de comerciar en los mercados sin restricciones produciría una mayor cantidad de riqueza y las condiciones necesarias para una sociedad opulenta.

El neoliberalismo – que también es conocido como ”liberalismo clásico”; ya que toma prestado algunos principios filosóficos del siglo XVIII - se debe principalmente a una escuela de pensamiento económico. Puso de relieve la importancia de la desregulación de los mercados y la privatización de las instituciones públicas. La transición de esta filosofía de la economía a un movimiento político ha cobrado impulso en los últimos años con el aumento de Liberalismo en los Estados Unidos. Aunque los liberales modernos pueden ser equiparados con lo que se considera “conservadurismo moderno” (si bien esas ideas son liberales en algunas políticas económicas, están en total desacuerdo con las políticas que se relacionan con el papel del Estado en la vida privada de los ciudadanos); para ser más específicos, los derechos de los ciudadanos a casarse libremente, no pueden ser objeto de vigilancia del gobierno y la libertad para la compra y producción de sustancias prohibidas como la marihuana. Para esta corriente, el individuo es el verdadero árbitro de una sociedad libre; tanto en términos económicos como políticos.

 

Se supone que el individuo aislado es el protagonista de la vida económica, en la que desarrolla sus iniciativas, así como de la vida política, social y afectiva, en la que cada cual tiene derecho a desarrollarse y expresarse según sus necesidades. Se olvida sin embargo que los verdaderos protagonistas de todos los campos de la vida humana no son los individuos, sino las instituciones. El mercado está regido por las instituciones económicas (empresas, instituciones públicas e instituciones financieras), que son las que marcan las reglas del juego. Un inversor aislado puede mover su dinero en la Bolsa, pero esta es una institución que se rige por unos mecanismos específicos, y que puede ser manipulada no por los individuos aislados, sino por los grandes inversores institucionales, compradores básicos de las acciones y de la deuda pública.

 

El pensamiento neoliberal es una exaltación de lo que C.

B. Macpherson llamó en 1962 la teoría política del individualismo posesivo. De acuerdo con esta teoría, desarrollada en el siglo XVIII, los derechos básicos del individuo serían la vida, la libertad y la propiedad, pero de modo tal que la propiedad a veces tendría prioridad sobre las otras dos. La defensa de la propiedad se consagró en Europa en los códigos penales, en los que las penas por los delitos contra ella eran cuantitativamente desproporcionadas en relación con los demás delitos. En la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, pequeños hurtos se castigaban con grandes penas, y el Imperio británico montó una colonia penal de la que nació Australia. Si los condenados hubiesen sido asesinos, violadores o psicópatas, sus descendientes probablemente hubieran generado una sociedad muy problemática. No fue así, y Australia llegó a ser un país muy civilizado porque sus padres fundadores solo habían cometido pequeños hurtos.

 

El olvido del papel de las instituciones es general en todos los campos. La vida política no la protagonizan los individuos aislados, sino los partidos, y todo el entramado de las instituciones públicas; la religión no es una relación personal de cada individuo con la divinidad, sino que está protagonizada por las diferentes iglesias.

 

Y lo mismo podríamos decir de las instituciones militares, judiciales? La antropóloga Mary Douglas dedicó todo un libro, titulado Cómo piensan las instituciones (1986), a reivindicar el papel esencial de las olvidadas instituciones. No solo existen y tienen unas reglas, sino que siempre están controladas por grupos de personas, ya sea para el bien de la mayoría o en perjuicio de la misma.

 

Existe una curiosa institución en España, la universidad pública, cuyo costo es superior a los 15.000 millones de euros anuales, en la que el individualismo posesivo está creciendo de una forma asombrosa. De acuerdo con él, profesores, investigadores y aspirantes a serlo se consideran protagonistas exclusivos de la vida institucional. Si se midiese las veces que muchos profesores utilizan el pronombre yo y los posesivos de primera persona, descubriríamos la importancia que le dan a su ego. Es normal oír cosas como: «La universidad está muy mal, pero a mí no me importa porque yo tengo lo mío»; «Yo tengo mis proyectos»; «Yo tengo un gran índice de citas»; «Porque mi currículo?». Estos protagonistas de la vida académica predican la guerra de todos contra todos y luchan por monopolizar los recursos de todo tipo que el Estado ofrece a sus instituciones. Podríamos decir que hay profesores que hasta padecen una especie de síndrome de Diógenes, porque si les dejasen se quedarían con todo: proyectos, plazas de investigador para sus grupos, plazas de profesor para sus asignaturas, aparatos, libros, y hasta edificios. El límite de su ambición solo lo frena la ambición de los demás. En contra de lo que pueda parecer, no existe un libre juego competitivo entre todos estos individualistas posesivos, porque, de la misma manera que el mercado lo controlan las instituciones, los juegos académicos de reparto de proyectos, medios y dotación de plazas forman parte de un entramado institucional que en el caso de la Universidad, como en el de todas las demás instituciones conocidas en la historia, está controlado por determinados grupos de personas, que son las que ejercen la autoridad y las que distribuyen los recursos. El problema no es que a las universidades las controlen grupos de personas, lo que es inevitable, sino que las controlen para el beneficio colectivo o para la creación de pequeñas oligarquías que van devorando a la institución, consolidándose como un grupo de poder que actúa como si fuesen propietarios de una empresa, que no existe porque es una institución pública, y de la que ellos no tiene el derecho de propiedad.

 

Todas las oligarquías están regidas por la ley de Michels, que afirma que para mantenerse en el poder necesitan ofrecer una cooptación limitada, es decir, que alguna gente pueda aspirar a integrarse en ellas. Pero solo unos pocos, porque de lo contrario dejarían de ser oligarquías. Sabemos que existen oligarquías financieras, económicas, militares, políticas y de todo tipo. El problema es que cuando grupos de funcionarios se convierten en una oligarquía dentro de una institución pública, esa institución va directamente camino del desastre entonando alabanzas al mercado, al emprendimiento y a la iniciativa que teóricamente permitiría a algunos hacerse ricos gracias al conocimiento, y a sus conocidos.

 

Juan Pardo Navarro 

 

juanpardo15@gmail.com

Políticos de alta gama, alcaldes o bribones del dinero

«La persona, el humano es un número mortal con defectos y virtudes que no adquiere entidad propia por el hecho de desempeñar un cargo público.» (Juan Pardo)

Un político y dentro de su jerarquía, un alcalde corrupto, siempre será  eso, un bribón del dinero. El sistema y sus entresijos lo acreditan. El nuestro tiene trampa. Trampas, en plural. Por ejemplo: cuantas más instituciones y organizaciones públicas tiene un estado, más difícil es de gestionar, especialmente «de forma legal». Dicho de otra manera: existe otra corrupción, la que proviene de la misma configuración estructural del sistema, de un entramado institucional intencionadamente complejo, abigarrado, burocratizado, y que, precisamente por esa complejidad, siempre va a ser mucho más anárquico y arduo de controlar.

Esta es una reflexión que vale para cualquier Estado, porque no hay ninguno ahora mismo en nuestro entorno que esté a salvo de la mayoría de estas problemáticas, pero hoy en particular me refiero a España, donde la política actual consiste en multiplicar los focos de poder político, un poder casi siempre utilizado para presionar y solo en contadas ocasiones para colaborar; en tener el control de los órganos teóricamente independientes; y en ejercer otras «malas prácticas» (somos generosos con el término), como tensionar, polarizar, insultar e intentar utilizar recursos públicos o posiciones de privilegio para perseguir objetivos particulares. Por si fuera poco, vivimos en una continua e inacabable campaña electoral: discursos, descalificaciones, demagogia… ¿Y la gestión para cuándo? Los problemas de las personas no se resuelven solos. 

Vaya por delante que un servidor no se mueve por los titulares de prensa, los estímulos mediáticos y otros escándalos debidamente presentados, sino por la experiencia profesional de veinticinco años, tiempo de sobra para observar tendencias, evoluciones e involuciones. Por eso no nos referimos a nada ni a nadie en concreto, sino a todo y a todos en general, y tampoco al momento presente, porque llevamos mucho tiempo en la Administración y vemos que lo de ahora no es sino la culminación de aquel viejo refrán que reza: «De aquellos polvos, estos lodos». Como dijimos en su momento: «El principio de división de poderes ya no es lo que era. Después de más de dos siglos desde la Revolución Francesa, no podemos decir que haya un solo poder legislativo ni  ejecutivo, y aunque en realidad sí hay un único poder judicial según la Constitución, incluso este está organizado territorialmente hacia dentro y presenta un importante matiz hacia fuera por la existencia de tribunales europeos e internacionales con jurisdicción propia. Valga como ejemplo el demostrado difícil encaje de la jurisprudencia del TJUE en nuestro entramado legal de corte administrativista. Con respecto al poder legislativo, la cuestión se torna aún mucho más compleja. En cada centímetro cuadrado de nuestro suelo rigen conjuntamente tres poderes constitucionales o cuasi constitucionales (europeo, estatal y autonómico), cuatro poderes legislativos ordinarios (supranacional, europeo, estatal y autonómico), y cuatro poderes reglamentarios (estatal, autonómico, provincial y municipal). Se trata, sin duda, de un sistema jurídico muy complejo que cabe interpretar correctamente. La consecuencia, un BOE que echa humo y miles de normas que aplicar, no favorece en absoluto la seguridad jurídica.»

En cuanto a los diferentes niveles de gobierno territorial, se rigen por los principios de descentralización y desconcentración. Seguramente era la solución menos mala, pero no por ello menos caótica. En la práctica echamos de menos otro principio importante, el de coordinación. A la postre, unos tienen las competencias y otros teóricamente las pagan porque, sobre todo los Ayuntamientos, no se pueden autofinanciar. A veces, en realidad en la mayoría de ocasiones, las competencias son compartidas. De hecho se solapan. Abundan los conflictos de competencias, tanto los positivos (ambas Administraciones creen que deben actuar) como los negativos (ambas se desentienden), siendo nefasto este segundo caso para la ciudadanía y como mínimo engorroso el primero. Otras veces se firma un convenio que, sobre todo tras el cambio de legislatura, cae en el olvido y no se aplica. Mientras tanto, en cualquiera de nuestras provincias e islas tenemos Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos o Consejos, y delegaciones territoriales autonómicas y estatales, además de tres o cuatro cuerpos de seguridad. Y todavía nos faltaría entrar en el proceloso mundo de los entes instrumentales (organismos autónomos, mercantiles de capital público, fundaciones públicas…), caracterizado por su crónica ineficiencia y por el fenómeno llamado «huida del Derecho administrativo» (y de los controles propios del mismo), el cual, por el avance del concepto «sector público» y la influencia del Derecho comunitario, se ha acabado convirtiendo en una simple «huida del Derecho», lo cual es igual o peor.

En definitiva, muchas entidades públicas y muy heterogéneas. Máxime considerando esta complicación y confusión, cobra si cabe más fuerza el papel de los órganos e instituciones de control (más entes para nuestra lista), la contrabalanza y el freno natural a las aludidas malas prácticas que con los años se han consolidado incluso en las mal llamadas democracias avanzadas. Pues bien, en el control falla algo. Que nadie dude de nuestra defensa de los entes y órganos de control. El problema de un contrapeso institucional es que, aunque aparezca teóricamente equilibrado, por algún motivo no funcione en la práctica. Y no funciona cuando es meramente formal, no efectivo. Pero España, precisamente esa España compleja que hemos analizado en la anterior radiografía institucional, no se puede permitir el lujo de que las instituciones de control no siempre funcionen de forma objetiva porque sus máximos responsables se nombran bajo criterios políticos, y si abrimos por un segundo el debate del poder judicial, mucho menos el de que el mismo principio de división de poderes se ponga continuamente en entredicho, o en peligro, que es casi lo mismo. España no se puede permitir estos lujos porque hablamos de un país demostradamente corrupto, donde, sin ir más lejos, algunas personas dotadas de poder público y/o privado, vieron un negocio en una desgracia y utilizaron la pandemia para lucrarse. Esto es deleznable. La ciudadanía debería reclamar responsabilidades con vehemencia. Mal cuando juegan con nuestro dinero; pero mucho peor cuando juegan con nuestra salud movidos por un instinto básico llamado avaricia. El interés general queda en las antípodas de esto.

Otro problema. A pesar de la aludida heterogeneidad institucional, en lo que sí coinciden tantas entidades pertenecientes al sector público es en que casi todas están altamente politizadas. Preguntábamos que para cuándo la gestión. Pero tampoco aquí el sistema lo pone fácil. Cada cuatro años, a veces mucho antes, cambia toda la cúpula directiva en muchas entidades públicas. Ocho mil de ellas son Ayuntamientos (con sus correspondientes entes instrumentales, una figura recurrente a partir de un tamaño de municipio, digamos, mediano). Pues bien, en los Ayuntamientos, estos directivos no se sabe muy bien quiénes son, qué hacen o incluso de dónde salen, pues frente a la deseable profesionalización, siguen predominando los altos cargos de libre nombramiento y el personal eventual. De ahí no puede salir nada bueno, evidentemente. Y no vamos a abrir el melón de la libre designación en el cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional, prevista legalmente para la provisión de los «mejores» puestos de trabajo, pero qué duda cabe que cuando a uno le nombran, seguramente con merecimiento pero no más que el que tiene el resto, secretario o interventor de un Ayuntamiento enorme o una Diputación, con la consiguiente nómina, igual de enorme, y un estatus de órgano «altísimo cargo», en el pensamiento del Alcalde o concejal queda automáticamente descartado que ese funcionario vaya a ser en absoluto estricto fiscalizando. No juzgo a ningún compañero en particular, que conste, porque quiero pensar que pese a todo va a conservar su independencia, pero es fácil hacer esta lectura psicológica, al menos desde la óptica del político. Y entonces chocarán, salvo que los dos entiendan perfectamente su rol, algo que, no seamos ingenuos, no siempre ocurre. Pero la culpa es nuevamente del sistema, que pone al fiscalizado como jefe supremo del fiscalizador, y en estos casos hasta con el poder de cesarlo (un cese que tendría que motivarse, por cierto, no vaya a confundirse con el cese del personal eventual).

El sistema y sus entresijos. El nuestro tiene trampa. Trampas, en plural. Por ejemplo: cuantas más instituciones y organizaciones públicas tiene un estado, más difícil es de gestionar, especialmente «de forma legal». Dicho de otra manera: existe otra corrupción, la que proviene de la misma configuración estructural del sistema, de un entramado institucional intencionadamente complejo, abigarrado, burocratizado, y que, precisamente por esa complejidad, siempre va a ser mucho más anárquico y arduo de controlar.

Esta es una reflexión que vale para cualquier Estado, porque no hay ninguno ahora mismo en nuestro entorno que esté a salvo de la mayoría de estas problemáticas, pero hoy en particular me refiero a España, donde la política actual consiste en multiplicar los focos de poder político, un poder casi siempre utilizado para presionar y solo en contadas ocasiones para colaborar; en tener el control de los órganos teóricamente independientes; y en ejercer otras «malas prácticas» (somos generosos con el término), como tensionar, polarizar, insultar e intentar utilizar recursos públicos o posiciones de privilegio para perseguir objetivos particulares. Por si fuera poco, vivimos en una continua e inacabable campaña electoral: discursos, descalificaciones, demagogia… ¿Y la gestión para cuándo? Los problemas de las personas no se resuelven solos. 

Vaya por delante que un servidor no se mueve por los titulares de prensa, los estímulos mediáticos y otros escándalos debidamente presentados, sino por la experiencia profesional de veinticinco años, tiempo de sobra para observar tendencias, evoluciones e involuciones. Por eso no nos referimos a nada ni a nadie en concreto, sino a todo y a todos en general, y tampoco al momento presente, porque llevamos mucho tiempo en la Administración y vemos que lo de ahora no es sino la culminación de aquel viejo refrán que reza: «De aquellos polvos, estos lodos». Como dijimos en su momento: «El principio de división de poderes ya no es lo que era. Después de más de dos siglos desde la Revolución Francesa, no podemos decir que haya un solo poder legislativo ni  ejecutivo, y aunque en realidad sí hay un único poder judicial según la Constitución, incluso este está organizado territorialmente hacia dentro y presenta un importante matiz hacia fuera por la existencia de tribunales europeos e internacionales con jurisdicción propia. Valga como ejemplo el demostrado difícil encaje de la jurisprudencia del TJUE en nuestro entramado legal de corte administrativista. Con respecto al poder legislativo, la cuestión se torna aún mucho más compleja. En cada centímetro cuadrado de nuestro suelo rigen conjuntamente tres poderes constitucionales o cuasi constitucionales (europeo, estatal y autonómico), cuatro poderes legislativos ordinarios (supranacional, europeo, estatal y autonómico), y cuatro poderes reglamentarios (estatal, autonómico, provincial y municipal). Se trata, sin duda, de un sistema jurídico muy complejo que cabe interpretar correctamente. La consecuencia, un BOE que echa humo y miles de normas que aplicar, no favorece en absoluto la seguridad jurídica.»

En cuanto a los diferentes niveles de gobierno territorial, se rigen por los principios de descentralización y desconcentración. Seguramente era la solución menos mala, pero no por ello menos caótica. En la práctica echamos de menos otro principio importante, el de coordinación. A la postre, unos tienen las competencias y otros teóricamente las pagan porque, sobre todo los Ayuntamientos, no se pueden autofinanciar. A veces, en realidad en la mayoría de ocasiones, las competencias son compartidas. De hecho se solapan. Abundan los conflictos de competencias, tanto los positivos (ambas Administraciones creen que deben actuar) como los negativos (ambas se desentienden), siendo nefasto este segundo caso para la ciudadanía y como mínimo engorroso el primero. Otras veces se firma un convenio que, sobre todo tras el cambio de legislatura, cae en el olvido y no se aplica. Mientras tanto, en cualquiera de nuestras provincias e islas tenemos Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos o Consejos, y delegaciones territoriales autonómicas y estatales, además de tres o cuatro cuerpos de seguridad. Y todavía nos faltaría entrar en el proceloso mundo de los entes instrumentales (organismos autónomos, mercantiles de capital público, fundaciones públicas…), caracterizado por su crónica ineficiencia y por el fenómeno llamado «huida del Derecho administrativo» (y de los controles propios del mismo), el cual, por el avance del concepto «sector público» y la influencia del Derecho comunitario, se ha acabado convirtiendo en una simple «huida del Derecho», lo cual es igual o peor.

En definitiva, muchas entidades públicas y muy heterogéneas. Máxime considerando esta complicación y confusión, cobra si cabe más fuerza el papel de los órganos e instituciones de control (más entes para nuestra lista), la contrabalanza y el freno natural a las aludidas malas prácticas que con los años se han consolidado incluso en las mal llamadas democracias avanzadas. Pues bien, en el control falla algo. Que nadie dude de nuestra defensa de los entes y órganos de control. El problema de un contrapeso institucional es que, aunque aparezca teóricamente equilibrado, por algún motivo no funcione en la práctica. Y no funciona cuando es meramente formal, no efectivo. Pero España, precisamente esa España compleja que hemos analizado en la anterior radiografía institucional, no se puede permitir el lujo de que las instituciones de control no siempre funcionen de forma objetiva porque sus máximos responsables se nombran bajo criterios políticos, y si abrimos por un segundo el debate del poder judicial, mucho menos el de que el mismo principio de división de poderes se ponga continuamente en entredicho, o en peligro, que es casi lo mismo. España no se puede permitir estos lujos porque hablamos de un país demostradamente corrupto, donde, sin ir más lejos, algunas personas dotadas de poder público y/o privado, vieron un negocio en una desgracia y utilizaron la pandemia para lucrarse. Esto es deleznable. La ciudadanía debería reclamar responsabilidades con vehemencia. Mal cuando juegan con nuestro dinero; pero mucho peor cuando juegan con nuestra salud movidos por un instinto básico llamado avaricia. El interés general queda en las antípodas de esto.

Otro problema. A pesar de la aludida heterogeneidad institucional, en lo que sí coinciden tantas entidades pertenecientes al sector público es en que casi todas están altamente politizadas. Preguntábamos que para cuándo la gestión. Pero tampoco aquí el sistema lo pone fácil. Cada cuatro años, a veces mucho antes, cambia toda la cúpula directiva en muchas entidades públicas. Ocho mil de ellas son Ayuntamientos (con sus correspondientes entes instrumentales, una figura recurrente a partir de un tamaño de municipio, digamos, mediano). Pues bien, en los Ayuntamientos, estos directivos no se sabe muy bien quiénes son, qué hacen o incluso de dónde salen, pues frente a la deseable profesionalización, siguen predominando los altos cargos de libre nombramiento y el personal eventual. De ahí no puede salir nada bueno, evidentemente. Y no vamos a abrir el melón de la libre designación en el cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional, prevista legalmente para la provisión de los «mejores» puestos de trabajo, pero qué duda cabe que cuando a uno le nombran, seguramente con merecimiento pero no más que el que tiene el resto, secretario o interventor de un Ayuntamiento enorme o una Diputación, con la consiguiente nómina, igual de enorme, y un estatus de órgano «altísimo cargo», en el pensamiento del Alcalde o concejal queda automáticamente descartado que ese funcionario vaya a ser en absoluto estricto fiscalizando. No juzgo a ningún compañero en particular, que conste, porque quiero pensar que pese a todo va a conservar su independencia, pero es fácil hacer esta lectura psicológica, al menos desde la óptica del político. Y entonces chocarán, salvo que los dos entiendan perfectamente su rol, algo que, no seamos ingenuos, no siempre ocurre. Pero la culpa es nuevamente del sistema, que pone al fiscalizado como jefe supremo del fiscalizador, y en estos casos hasta con el poder de cesarlo (un cese que tendría que motivarse, por cierto, no vaya a confundirse con el cese del personal eventual).