La Justicia no busca “derrocar” al Gobierno, menos aún, “socavar la democracia” como acaba de declarar Pedro Sánchez por la decisión del Tribunal Supremo de derogar la ley de nietos, el pucherazo urdido por el Ejecutivo de conceder el pasaporte español y el derecho a votar a los descendientes de los exiliados españoles del franquismo. La Justicia independiente sólo cumple con su deber de defender la ley que, en muchos casos, equivale a lo contrario de lo que esgrime el presidente del Gobierno: defender la democracia. Y el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y muchos magistrados independientes lo demuestran cada día.
La resolución del Alto Tribunal impide que puedan ejercer el voto todos aquellos que hayan obtenido la nacionalidad sin acreditar que descienden de exiliados por motivos políticos, de orientación o de creencia y no, por ejemplo, por motivos económicos, como también pretendía el Gobierno. Así, aunque cautelarmente, el Alto Tribunal suspende los efectos electorales de la inscripción en el censo de esos “nuevos españoles”. Ha frenado la adulteración del resultado electoral que busca Pedro Sánchez con la incorporación, sólo de momento, de dos millones y medio de votantes, lo que podría alterar nada menos que 23 escaños en las próximas elecciones generales.
Pero Pedro Sánchez ha puesto el grito en el cielo por el temor a perder esos supuestos votos con los que intenta evitar el batacazo electoral anunciado. Pues, según todas las encuestas independientes, ahora el PP ganaría holgadamente las elecciones y, con el apoyo de Vox, superaría los 200 escaños en el Congreso de los Diputados. En su desesperación ante el riesgo de perder el poder.
A la espera de la sentencia final, el Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe a la maniobra de Pedro Sánchez de cometer un fraude electoral enmascarado, por muy legal que pudiera terminar siendo. Pues la resolución ha destapado ese fraude perpetrado por el presidente del Gobierno para atrapar los votos de unos “nuevos españoles” que ni viven ni tributan en nuestro país, que no sufren la crisis política, institucional y económica que ha provocado el Gobierno.
En su desesperado intento de revertir el batacazo electoral anunciado, Pedro Sánchez ha vuelto a atacar la independencia judicial. Ha vuelto a criticar al Tribunal Supremo que no le ha tembló el pulso al condenar al exministro Ábalos y a su asesor Koldo a duras penas de cárcel por actos de corrupción. Mientras, la jueza Tardón investiga con valentía quién organizó y por qué se produjo la invasión de Ceuta, el juez Peinado estudia si Begoña Gómez se ha parapetado tras el poder de su marido para enriquecerse, el juez Pedraz busca saber la verdad sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE, el magistrado Calama acusa a Zapatero de cobrar millonarias comisiones por sus chanchullos con dictaduras como la venezolana o la Audiencia de Badajoz ha condenado al hermano del presidente por prevaricación. Todos estos casos, y muchos más, alteran e indignan al Gobierno, por lo que recurre reiteradamente a acusar al Poder Judicial de “lawfare”, de esa imaginaria conspiración judicial para derrocar al Gobierno. Pero se trata de una burda excusa para intentar tapar sus turbias maniobras para amarrar el poder o para ocultar sus atracos al dinero de todos los españoles con la pura y dura corrupción.
