Pedro Sánchez ha respondido a la lógica y a su fatal atracción por el riesgo: ha convocado elecciones para el próximo 29 de noviembre a pesar de que los sondeos, también los que maneja Moncloa, dan a la derecha como probable ganadora.
El presidente es hombre acostumbrado a vivir en tensión. La derrota en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda la semana pasada le dejó sin margen de maniobra. Contaba con el "sí" de Junts para alargar la legislatura, pero Puigdemont, que ya prepara las maletas para volver a España, no está dispuesto a que los catalanes le vean como el salvador de Sánchez.
No hubo, por tanto, jugada maquiavélica, sino simplemente una derrota parlamentaria no esperada. A cambio –hacer de la necesidad virtud es uno de sus lemas favoritos– el presidente se encontró con la calle movilizada por un problema como la vivienda, en el que la demagogia prende con facilidad. Óscar Puente lo resumió con su magistral simpleza: las elecciones se deciden entre la V de vivienda y la B de buitre.
Desde el desahucio de Maricarmen, la agenda política ha girado en torno a la vivienda. Ceuta y la corrupción han quedado en un segundo plano. Sánchez no se hubiera imaginado un escenario mejor para él hace tan sólo quince días.
Ese giro copernicano de la atención mediática hacia los desahuciados implica también el coste de hacerle la ola a los concentrados en Sol, al Sindicato de Inquilinas y a la extrema izquierda. El debate en el Congreso sobre los dos decretos nos mostró el renacer de la lucha de clases y, lo que es más grave, la dialéctica de la deslegitimación del parlamento. Ione Belarra fue la que con más claridad definió el nuevo paradigma: la calle puede más que el Gobierno y el Congreso. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, en la misma línea que la líder de Podemos, dijo ayer que "el Congreso está vendido a los intereses de los rentistas". "El Gobierno tiene que escuchar a la calle y al pueblo", enfatizó. Volvemos a la vieja cantinela del 15-M: "No nos representan".
Hace quince años, el PSOE tuvo mucho cuidado de no hacerse eco de esos lemas antisistema. La sensatez la pagó a un precio muy alto. Podemos se llevó la rentabilidad política del 15-M y el PSOE se desplomó.
La diferencia ahora no está en los eslóganes –que son prácticamente iguales a los del 15-M–, sino en que el PSOE ha decidido ponerse a la cabeza de la manifestación.
Sánchez sabe que lo que va a aprobar el Consejo de Ministros atenta, no contra la legalidad, sino contra la decencia política
El riesgo que corre el PSOE al olvidar a su base de centro izquierda, a su votante más centrado. Ahora no tengo dudas de que Sánchez ha decidido jugárselo todo a la baza de la demagogia, del izquierdismo más infantil. Sin importarle los métodos.
No sabía yo el sábado lo que se estaba cociendo en Moncloa. Fue Juanma Romero el primero en informar del plan del Gobierno para llevar a la Diputación Permanente los dos decretos derrotados en el Congreso, maquillados un poquito para que no sean exactamente iguales. La treta puede ser legal, pero indica una falta de escrúpulos democráticos que iguala al PSOE con sus socios de la izquierda radical: el fin justifica los medios.
Por supuesto que Sánchez sabe que lo que va a aprobar este martes el Consejo de Ministros atenta contra la más mínima decencia. Pero no le importa. Al menos uno de los decretos se aprobará en la Diputación Permanente (con la complicidad vergonzante del PNV) y se creará una situación insólita. Con unas elecciones generales en puertas, en las que lo más probable es que gane la derecha, el gobierno y sus socios pergeñan una añagaza para poder decirles a los movilizados, "¡aquí tenéis!, estamos dispuestos a todo con tal de dar satisfacción a vuestras reivindicaciones". Esta decisión del Consejo de Ministros será un acto central de campaña. No sólo por lo que se aprueba, sino por la manera en que de hacerlo: vulnerando la lógica parlamentaria, de espaldas a la mayoría de la Cámara.
En paralelo, el Gobierno ha ordenado a la Policía Nacional que desaloje las playas y las calles de Ceuta, en una decisión que nos hace preguntarnos: ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué ha esperado Marlaska dos meses para intentar devolver la tranquilidad a los ceutíes?
Sin duda, esos desalojos y la visita de los reyes a Ceuta y Melilla la semana próxima bajarán la tensión sobre el ataque a la integridad territorial de España por parte de Marruecos. Además, los tribunales van a ralentizar –como ya se ha hecho otras veces– las causas que afecten al PSOE para que sus decisiones no incidan en la campaña electoral. Otro frente que, al menos momentáneamente, se difumina.
Sánchez tiene pues el mejor escenario posible dentro de su situación terminal. Movilización, campaña centrada en vivienda y arrinconamiento de la alternativa (el PP) en la extrema derecha. Buenos versus malos. Los que están en el lado correcto de la historia y los que merecen estar en el basurero de la historia.
Estas son las líneas maestras de una campaña que ya ha empezado y que va a poner a prueba la sangre fría de los españoles.
Nada está escrito. Mucho menos el resultado del 29-N. Sánchez quiere repetir la hazaña de 2023 y lograr una mayoría, sumando extrema izquierda e independentistas, contra todo pronóstico. El presidente se juega mucho y va hacer lo que sea por permanecer en el poder. El 5 de octubre lo recordaremos como una fecha agridulce. Por un lado, se abre la expectativa del cambio; pero, por otro, nos adentramos en la campaña más tensa y más demagógica de todas las que hemos vivido en España.
