El Tribunal de la UE con
sede en Luxemburgo, dictará sentencia el próximo viernes sobre el recurso
interpuesto por el Gobierno de Maduro contra las sanciones impuestas por el
bloque, que Caracas considera contrarias al Derecho Internacional.
El Gobierno venezolano ha
recurrido las sanciones alegando que no están fundadas, entre otras razones
porque los países europeos no aportaron pruebas "suficientes" para
justificarlas, y tras denunciar que erraron en su apreciación de los hechos
para justificar las sanciones. También les afea que vulneraron su derecho a ser
escuchado antes de adoptarlas.
La Unión Europea (UE) impuso
en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para
la represión o la vigilancia y aprobaron la base jurídica para poder congelar
los activos de personas, empresas y organismos responsables de graves
violaciones o abusos de los Derechos Humanos, de la represión de la sociedad
civil y la oposición o socavar la democracia y el Estado de Derecho en
Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a éstos.
Hasta el día de hoy, un
total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos
Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy
Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal
Supremo venezolano, Maikel Moreno, han sido sancionados por la UE en dos
rondas. Sus activos bajo jurisdicción europea están congelados y tienen
prohibida la entrada a la UE.
EEUU viene presionando meses
al bloque para que endurezca las sanciones al Gobierno de Maduro, aunque los
Veintiocho han apostado por privilegiar la vía diplomática para tratar de
llegar a una solución pacífica y democrática, que implica la celebración de
nuevas elecciones presidenciales libres, algo que Maduro rechaza de plano.
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