Es tal el deterioro humano inducido al que obliga Maduro que podría llegar la esclavitud y la venta de órganos.

Venezuela está inmersa en la más severa crisis económica que haya encarado país latinoamericano alguno en la historia moderna, con sombrías perspectivas de recuperación económica en el corto plazo y sin que se vislumbre una voluntad política decisiva para diseñar e implementar un programa económico integral, que atienda los desequilibrios macroeconómicos, las profundas distorsiones de los precios relativos y la disfuncionalidad de instituciones que mantienen la economía en un estado de caos.

La economía venezolana acumula en los últimos cuatro años una caída abismal del pib cercana a 40%, en un cuadro de escasez que no solo afecta a las empresas por la ausencia de insumos, materias primas y bienes de capital importados, sino a la población en general que hoy dedica buena parte de su tiempo de vida a la búsqueda de bienes esenciales para la subsistencia. El Banco Central de Venezuela (bcv) se ha quedado sin reservas internacionales operativas, en un contexto en el que los menguados ingresos petroleros ya no alcanzan para cubrir la pesada carga de obligaciones financieras externas heredadas de la bonanza, que en promedio se han comido 45% de las exportaciones anuales de la economía durante los últimos cuatro años. Para cubrir el desequilibrio externo, el gobierno de Maduro ha recortado las importaciones (en todo su espectro de bienes y servicios) en casi 76% en el mismo periodo. Con inmensas dificultades para cubrir la demanda interna de divisas, el rígido mecanismo de control de cambios que ha regido el país desde 2003 ha colapsado y, desde septiembre del año pasado, la economía se ha quedado sin mercado cambiario legal u oficial y a merced de un mercado paralelo no legalizado, cuya tasa de cambio ha adquirido un comportamiento explosivo.

El sector externo no es el único en problemas en Venezuela. La economía atraviesa una crisis fiscal como resultado de la pesada carga de la deuda externa acumulada, de la caída de los ingresos petroleros y de la no menos importante caída de los ingresos de origen no petrolero, que han sido erosionados por la inflación. El país ha entrado en un proceso de hiperinflación que, según los datos del índice de precios que publica la Asamblea Nacional, movió los precios en el último trimestre de 2017 a una tasa promedio mensual de 62%. El proceso de aceleración inflacionaria, que retrospectivamente se remonta a finales de 2012, ha acabado por completo con los logros transitorios y cíclicos de los programas de desarrollo social de la Revolución Bolivariana. En solo dos años, entre 2015 y 2016, 10 millones de personas fueron enviadas al casillero que se ubica por debajo del umbral de pobreza, y de acuerdo con el proyecto Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), cerca de 80% de los hogares se encontraba en situación de pobreza para finales de 20161.

¿Cómo se explica esta dinámica que ha convertido a un país tradicionalmente percibido como próspero en una sociedad aplastada por una catástrofe que ya adquiere signos humanitarios? Desde luego, hay factores estructurales que condicionan el devenir de ciertas economías y preparan el terreno para el advenimiento de una crisis. En el caso venezolano, la persistente dependencia de un recurso natural exportable cuyos ingresos exhiben un comportamiento altamente volátil, la tendencia a acumular gestiones fiscales deficitarias, el peso excesivo del Estado en la economía, el escaso dinamismo del sector privado no petrolero para proyectarse internacionalmente, la alta dependencia de las importaciones, la sobrevaluación crónica de la moneda, la caída secular de la productividad, son todos factores que se conjugan para proyectar, con un elevado grado de certeza, el advenimiento de una crisis. También puede apelarse a la caída abrupta del precio del petróleo y de los ingresos de origen petrolero como la razón que explica el advenimiento de la crisis, y no ha faltado quien se aferre a ese argumento. Sin despreciar la influencia que estos factores pueden haber tenido en el desarrollo de la crisis venezolana, el momento, la prolongación y la magnitud de lo que ha ocurrido en Venezuela requieren de otros elementos explicativos, la mayor parte de los cuales, si no todos, responden al enfoque con que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han encarado los desafíos económicos encontrados. Abrazados a ideales pero también a una comprensión primitiva de cómo trabaja una compleja y heterogénea economía en desarrollo, los gobiernos de la llamada Revolución Bolivariana fueron promoviendo un modelo «distribucionista» dirigido por el poder discrecional del Estado y apalancado en los recursos de origen petrolero. Pero este mismo modelo fue cultivando las condiciones para la generación y profundización de la crisis. El modesto propósito de este ensayo es demostrar cómo tres dimensiones de la crisis –el aislamiento financiero y la crisis externa, la crisis productiva, y la crisis fiscal– condujeron a la economía venezolana a un destructivo proceso de hiperinflación.

El manejo de la restricción externa

A pesar de los cuantiosos recursos que la economía del país registró en el pasado superciclo del precio del petróleo, la deficiente gestión macroeconómica y una administración frágil de los ingresos petroleros llevaron a la economía venezolana a un grave problema de escasez de divisas y a una situación en la que se hacía imposible, con el régimen cambiario imperante, cumplir simultáneamente con las obligaciones externas y con las importaciones requeridas para mantener la «normalidad» económica. Venezuela ha venido cabalgando con una crisis externa que se ha convertido en una crisis de deuda, con sus típicos ciclos de euforia y deflación en los precios de los títulos de la nación.

Animado por la bonanza petrolera, el gobierno de Chávez aprovechó la altísima disposición de los mercados financieros internacionales a prestar recursos en tiempos promisorios de elevados precios de los commodities y en escasamente seis años, entre 2006 y 2012, cuadruplicó la deuda pública externa del país2. La deuda con los bancos de desarrollo de China creció inmensamente, así como la deuda con la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (pdvsa). En el caso de los préstamos recibidos de los bancos de desarrollo chinos, la mitad del endeudamiento se hizo a plazos cortísimos (de tres años) y con pagos en envíos de crudo petrolero. Así, a finales de 2012, la deuda pública externa ya remontaba los 113.000 millones de dólares (v. cuadro), con vencimientos concentrados en el muy corto plazo.

A fines de 2012, antes de que el precio del petróleo comenzara a caer, la economía venezolana ya se encontraba con graves dificultades externas. El país había agotado casi todo su nivel líquido de reservas internacionales y había perdido acceso a los mercados financieros externos3. Dos desarrollos institucionales importantes permiten explicar por qué Venezuela agotó sus reservas internacionales líquidas aun antes de haber recibido el choque de precios del mercado petrolero mundial. Ambos se vinculan con la reforma que Chávez promovió en julio de 2005 en la ley que gobierna el bcv4. Por un lado, esta reforma permitió que el gobierno se apoderara de una cuantía significativa de las reservas internacionales, que fueron gradualmente traspasadas a un fondo para las inversiones del sector público (fonden). Así, entre los años 2005 y 2013, el bcv traspasó al fonden cerca de 53.500 millones de dólares de sus reservas internacionales. Por otro lado, la reforma anuló la cláusula según la cual pdvsa tenía la obligación de vender las divisas de origen petrolero al bcv a la tasa de cambio oficial. Así, con la reforma, todo el poder sobre las divisas de origen petrolero fue desplazado a pdvsa. Con un flujo de entrada limitado de dólares y un flujo de salidas sin restricciones, el stock de reservas líquidas se fue agotando.