Le den las vueltas que le den, al que menos, le van a caer 20 años de prisión. Vender la vida por la "imposible" independencia es de ser mamelucos, mamelucos de Jordi Pujol. La juez de la Audiencia
Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para los ocho
exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el vicepresidente, Oriol
Junqueras, que este jueves han declarado en la Audiencia Nacional, acusados de
rebelión, sedición y malversación. En el caso de Santi Vila, exconsejero de
Empresa, se ha dictado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.
Así, el exvicepresidente
Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos
Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell
Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) serán
trasladados de inmediato a prisión. Borràs y Bassa ingresarán en Alcalá de
Henares. Turull y Romeva, a Valdemoro; Rull a Navalcarnero; Forn y Junqueras a
Estremera; y Mundó y Vila a Aranjuez.
Entre los argumentos para
justificar su decisión, la juez tiene en cuenta para el riesgo de fuga el alto
poder adquisitivo de los imputados y el hecho de que otros imputados han salido
al extranjero eludiendo la acción de la justicia, en clara referencia al
expresidente Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín, Clara
Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. “La acción de los querellados fue
meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos
años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional
en pro de la independencia”, señala el auto de prisión de la juez Lamela. Para
justificar el riesgo de fuga, los consejeros, según el auto, han actuado
"dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por
asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible
huida de la justicia”.
La juez también considera el
riesgo de que destruyan pruebas “teniendo en cuenta los cargos que han
ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del
Govern”. Por último, sobre la posibilidad de que vuelvan a delinquir, Lamela
subraya que los presuntos delitos “se han venido planificando y realizando de
forma consciente por los querellados durante más de dos años”. Todos ellos,
sigue la juez, “reincidieron constantemente en actuaciones contrarias a las
resoluciones del Constitucional”. La juez también cita, para analizar el riesgo
de fuga, “las elevadas penas que suponen los delitos de rebelión (25 años),
sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez años)”.
Los imputados, según la
juez, para conseguir la independencia de Cataluña “se valieron de la población
alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia
colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras,
calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un
incesante acoso”.
Para sustentar la imputación
por malversación, la magistrada afirma que los querellados “han hecho posible
la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho,
sino constitutivo de delito en tanto vulnerador de la declaración de
inconstitucional acordada por el Tribunal Constitucional”.
Mención a los Mossos
La magistrada hace una
mención específica a la actuación de los Mossos durante la jornada del
referéndum. “En la gran mayoría de los casos, la actitud mostrada por los
Mossos d’Esquadra fue pasiva, manteniéndose al margen de cualquier actuación
desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en los
que miembros de la Guardia Civil eran agredidos”. La magistrada señala que
incluso en algunos casos las agentes de la policía autonómica “llegaron a
increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil que
en el ejercicio de sus funciones se encontraban en el lugar”.
La magistrada asume las
tesis, e incluso los términos, de la querella de la Fiscalía cuando señala que
la declaración de independencia “llevaba anudada la asunción en exclusiva del
mando sobre los Mossos, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos
armados, con el potencial efecto intimidatorio” que estos representaban. Y
recuerda que los querellados barajaron la posibilidad de otorgar a la policía
autonómica funciones de seguridad externa y/o defensa.
Los agentes bajo el mando
del cesado Josep Lluís Trapero “llegaron a espiar las acciones de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de
que las citadas fuerzas del orden se dirigían hacia determinados lugares”.
"Serenidad" de los
imputados
El abogado de parte de los
exmiembros del Govern, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que sus clientes
han reaccionado con "serenidad" la decisión de la juez: "Mis
clientes están muy serenos y hacen un llamamiento a la calma, que no se
produzca ningún episodio violento", ha dicho al salir de la Audiencia.
En el auto, la juez menciona
tanto el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre como la declaración de
independencia del Parlament del pasado día 27, aunque consideran que los hechos
se remontan a 2015, cuando se aprobó la resolución que dio inicio al proceso
independentista. En este punto, la magistrada destaca la relevancia del
documento denominado EnfoCATs, que fue incautado en el departamento de Economía
de la Generalitat cuyo último máximo responsable era Junqueras. “Este
documento, en la práctica, se corresponde perfectamente con todos los pasos
ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años
transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia (DUI)”.
El documento EnfoCATs, la
hoja de ruta soberanista, según la magistrada "contemplaba (...) una única
y exclusiva alternativa para Cataluña: su independencia y la configuración como
un Estado propio separado de España" siendo un elemento
"necesario" para su consecución "la celebración de un
referéndum, al margen de la validez del mismo".
El auto subraya el papel
fundamental de las asociaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana
y Òmnium Cultural. La juez recuerda que algunos de los consejeros son miembros
de estas asociaciones. En concreto, los exconsejeros Ponsatí (Educación) y Forn
(Interior) son socios de la ANC, mientras que Romeva (Exteriores), Turull
(Presidencia) y Bassa (Trabajo), pertenecen a Òmnium.
La Fiscalía de la Audiencia
Nacional había pedido prisión incondicional para ocho de los nueve miembros del
Govern imputados. Vila, que dimitió antes de que el Parlament votará la
declaración de independencia, ha sido el único exconsejero que ha respondido
ante la juez a las preguntas de todas las partes y el único para el que la
fiscalía no ha pedido prisión incondicional.
Los exconsejeros acusados de
rebelión en la Audiencia Nacional se han negado a responder a las preguntas de
los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, según han señalado fuentes
presentes en la diligencia. El único en contestar al ministerio público ha sido
el exconsejero y posible candidato del PDeCAT Santiago Vila, que ha declarado
durante unos 45 minutos.
Las declaraciones han comenzado a las 10 de la mañana ante la
juez Carmen Lamela. El primero en hacerlo ha sido elexconsejero de Presidencia
Jordi Turull y luego ha iniciado su comparecencia el exconsejero de Territorio
Josep Rull, tras el que lo han hecho Santi Vila (Empresa), Meritxell Borrás
(Gobernación), Joaquim Forn (Interior), el exvicepresidente Oriol Junqueras y
los exconsejeros Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia)
y Dolors Bassa (Trabajo).
Quienes no han acudido este
martes a la Audiencia Nacional son el expresidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. Lluís Puig (exresponsable de Cultura),
Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y
Clara Ponsatí (Educación), después de que este miércoles por la noche
anunciaran que permanecerían en Bélgica y no volverían a España para comparecer
ante los tribunales.
La incomparecencia de
Puigdemont y de cuatro exconsejeros obedece, según señalaron anoche en un
comunicado firmado por el "gobierno legítimo de Cataluña", a que
consideran ambas actuaciones penales un juicio político "efectuado al
dictado del Gobierno del Estado español". Añadían que parte de los
exconsejeros comparecerían ante la jueza Carmen Lamela "como denuncia de
la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de
perseguir ideas políticas", mientras que el resto permanecerá en Bruselas
para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.
El abogado de Serret y de
Comín, Gonzalo Boyé, sí ha acudido a la Audiencia Nacional para solicitar estar
presente en las declaraciones, que se hacen bajo secreto, pero le han
comunicado que, en todo caso, lo debe hacer por escrito.
La Fiscalía presentó una
querella contra todos los miembros del Govern, todos cesados, por los delitos
de rebelión sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el
desarrollo del denominado 'procés' y la declaración unilateral de independencia
de Cataluña.
