Odiar el delito no es odiar
al delincuente. Eso enseña la doctrina cristiana. La verdad es que cuesta
trabajo atenderla cuando se trata de Carlos Puigdemont. El daño que ha hecho
este mequetrefe ha sido inconmensurable. La España de la Transición, sin mácula
durante 40 años, ha deformado su imagen internacional por culpa del
expresidente felón. La Cataluña seria, próspera, prestigiosa, ha sido
zarandeada hasta la náusea por un botarate que ni siquiera ha sido capaz de
ponerse al frente de la proclamación de la independencia. Ha escondido su voto
en el anonimato y después se ha fugado a Bruselas para evitar que la Justicie
le procese y le encarcele. Pocos casos de cobardía tan repugnante se
encontrarán en la Historia de España.
El instinto certero del
pueblo ha calado la condición miserable del expresidente y por eso en las
manifestaciones el grito más repetido y más abrumador ha sido “Puigdemont, a
prisión”. No corresponde al Gobierno, en el Estado de Derecho que es España,
encarcelar a Carlos Puigdemont. Tampoco a la opinión pública. Corresponde a los
jueces. Carlos Puigdemont tiene derecho a un juicio justo, con los
correspondientes recursos y, si los jueces así lo sentenciaran, purgará sus
delitos, que todavía son presuntos, tras los barrotes de la prisión.
Después de la última
payasada, Carlos Puigdemont se enfrentó con la realidad: el Gobierno belga no
le va a conceder asilo político. Pretendía el escándalo y se ha quedado en el
ridículo y el esperpento Como ciudadano europeo puede permanecer en Bruselas,
pero la Justicia española solicitará a la Interpol, cuando proceda, la
detención del expresidente y su traslado a España para que responda ante el
juez por sus presuntos delitos. La Justicia de la II República española condenó
a Luis Companys, que en 1934 proclamó no la independencia sino el Estado
catalán dentro de la República Federal española, a 30 años de prisión. Después,
el dictador Franco cometió la atrocidad de fusilarle. Pero no fue el dictador
sino la II República la que le condenó a prisión.
Al chiquilicuatre que ha tratado
de despedazar 500 años de Historia de España y que ni siquiera se ha atrevido a
dar la cara en el Parlamento catalán, le espera una peripecia jurídica, y tal
vez carcelaria, concorde con la atrocidad cometida.
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