Puigdemont no se ha presentado a las autoridades judiciales de Bélgica, lo que se entiende como fuga inmediata a Venezuela, su objetivo.
Es lamentable que un país
con tanta mafia como Bélgica siga siendo miembro de la UE.
El expresidente de la
Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados que le acompañan
en Bruselas no han comparecido por el momento ante las autoridades judiciales
belgas y la Fiscalía federal ve "poco probable" que se presenten este
sábado ante el juez de instrucción que se designe para decidir sobre las
órdenes europeas de detención y extradición que España ha cursado contra ellos.
La declaración ante el juez
"no será hoy o, en todo caso, es poco probable", han indicado a
Europa Press fuentes de la Fiscalía, que han subrayado que el proceso debe ser
conducido "paso a paso" y que las cinco personas que reclaman las
autoridades españolas "son localizables a través de sus abogados",
que han indicado su intención de "cooperar".
Las euroórdenes llegaron a
Bélgica a última hora de la tarde del viernes y afectan, además de a
Puigdemont, a los exconsejeros Maria Serret, Antoni Comín, Lluis Puig y Clara
Ponsanti.
"Desde el momento en
que los interesados son encontrados y llevados ante el juez de instrucción,
éste tendrá 24 horas para tomar una decisión", según ha indicado el
Ministerio Fiscal en un comunicado en el que recuerda que el magistrado deberá
decidir si se dicta prisión o libertad bajo ciertas condiciones para los
afectados.
Si el juez de instrucción
acepta tramitar la euroorden (porque es conforme a derecho y porque no hay
"causa de rechazo" evidente), trasladará el caso a la Cámara del
Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días
si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades
españolas.
Las partes podrán recurrir
la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para
pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con
el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.
La euroorden establece un
plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos
Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los
90, en casos excepcionales.
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