Está pendiente de que se le
comunique una inhabilitación de 5 años por avalar con dinero público a
familiares que no han devuelto. Más de 500 millones de euros en 2009.
Nunca fue socialista, si
del núcleo duro de Podemos de donde fue expulsada- Fundadora del Partido de los
Trabajadores de España -otra estafa- , ahora incluido en el PSOE.
Un piso protegido en
Alcorcón -como el de la Imagen- para el hermano de la portavoz del PSOE.
Se escrituró con una fórmula
inédita, diseñada por la edil socialista, que hacía prestamista al Ayuntamiento
Un hermano de la concejal
socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, que también es hoy la portavoz del
Grupo Municipal del PSOE, tiene un piso de protección oficial en el Ensanche
Sur de este municipio. El préstamo hipotecario de dicha vivienda está avalado
por el Ayuntamiento, a través de su empresa pública Emgiasa, y a la postre por
todos los vecinos de Alcorcón.
Esta «fórmula» de aval,
prácticamente inédita en España, se denomina «condición resolutoria» y se
acordó legalmente por el Consistorio durante la etapa del alcalde socialista
Enrique Cascallana. De su equipo ya formaba parte Natalia de Andrés.
La «condición resolutoria»
supone que Emgiasa asume no sólo el préstamo hipotecario de los adjudicatarios
de las viviendas protegidas sino que también lo hace ante el riesgo de impago
de las letras mensuales por parte de alguno de ellos.
Para acceder a este cómodo
tipo de aval, diseñado por Cascallana y De Andrés, al peticionario del piso le
tenían que haber denegado un préstamo bancario al uso. Para obtener una
vivienda en el Ensanche Sur se presentaron unas 20.000 peticiones. Unos 5.000
solicitantes tuvieron que renunciar a ellas porque el banco les negó el
crédito. A sólo 111 Emgiasa les ha «concedido» el peculiar aval.
De esos 111 agraciados, uno
es el hermano de la actual edil socialista. Él aportó los documentos por los
que dos entidades bancarias le denegaban el crédito hipotecario que había
solicitado, según era preceptivo.
Los tiempos en este proceso
resultan no poco llamativos. Las primeras viviendas de protección oficial en el
Ensanche Sur comienzan a escriturarse en 2009. En mayo de ese año, el equipo de
Cascallana aprueba la «condición resolutoria».
Tienen que pasar dos años
para que el hermano de la edil socialista firme el contrato de compra. Lo hace
el 13 de abril de 2011. En ese momento, Cascallana es el presidente de Emgiasa
y Natalia de Andrés una de las consejeras de esta empresa pública de vivienda
de Alcorcón. Además, ocurre en plena campaña electoral y a un mes de los
comicios autonómicos y municipales de mayo, cuando las urnas decidieron que los
socialistas dejaran de gobernar en Alcorcón y que el PP asumiera el mando de la
mano de David Pérez.
En menos de dos meses —el 7
de junio de 2011—, el familiar de Natalia de Andrés ya está firmando la escritura
de compraventa de su piso que incluye la cláusula de «asunción de deuda y
condición resolutoria». Ese 7 de junio de 2011 Cascallana ya había perdido las
elecciones, era alcalde en funciones (como todo su equipo), y sólo faltaban
cuatro días para que el PP tomara posesión del Ayuntamiento.
El hermano de De Andrés
obtuvo, como queda reflejado, su vivienda y sus escrituras en un tiempo récord:
dos meses. Resulta curioso porque otros compradores del Ensanche Sur tardaron
mucho más desde que firman el contrato —una vez adjudicado el piso de
protección oficial—, hasta que rubrican su escritura con ese aval tan especial
que incluye de «condición resolutoria». Un retraso de años.
Hay ejemplos de esa espera.
De los 111 casos que se benefician del cómodo aval diseñado por los
socialistas, un comprador de la fase 2 firma el contrato de compra el 1 de
marzo de 2007 y hasta el 8 de marzo de 2011 no rúbrica la escritura. En otro
caso, el comprador espera desde el 11 de marzo de 2007 hasta el 7 de junio de
2011, el mismo día en que firma el hermano de Natalia de Andrés. Tres años
aguarda un comprador de la fase 3: desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 10 de
junio de 2011, también con un equipo de gobierno municipal en funciones.
La «condición resolutoria»
de Cascallana estipula que Emgiasa «estará facultada para pagar cualquier
cantidad vencida derivada del préstamo , aun cuando el comprador no la haya
ingresado puntualmente en la cuenta de la parte vendedora.
Con esta peculiar forma de
aval, el comprador de la vivienda oficial adquiere su piso en condiciones más
ventajosas que el resto de los adjudicatarios, se evita trámites bancarios y el
coste de suscribir un préstamo hipotecario al uso. Y todo ello sin olvidar la
tranquilidad de que le avala el Ayuntamiento. Hay 44 casos con «condición
resolutoria» que tienen una o varias letras sin abonar.
Se culpa a Natalia de Andrés
de llevar a la ruina la empresa del suelo, Emgiasa, junto a Cascallana y otros
ediles
Piden la inhabilitación por
cinco años de la portavoz del PSOE de Alcorcón
La Fiscalía Provincial de
Madrid ha pedido al Juzgado de lo Mercantil número 6 que inhabilite durante
cinco años a la actual portavoz socialista del Ayuntamiento de Alcorcón,
Natalia de Andrés del Pozo, para administrar bienes ajenos, así como para
representar o administrar a cualquier persona física o jurídica. El motivo, su
presunta culpabilidad en el perjuicio patrimonial de la Empresa Municipal de
Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Emgiasa (en liquidación), durante el gobierno
de Enrique Cascallana. De Andrés, junto a otras ocho personas del antiguo
Ayuntamiento, entre ellas el exalcalde, formaban parte del consejo de
administración de la entidad.
Entiende el fiscal en su
escrito de calificaciones que el concurso de acreedores debe declararse
culpable por haber aprobado las cuentas de los ejercicios de 2009 y 2010
omitiendo 115 sentencias que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
sobre actuaciones desfavorables a los intereses de Emgiasa.
Según el tribunal,
Gesmansur, la empresa encargada de prestar servicios jurídicos, técnicos,
administrativos, fiscales y otros relacionados con la ejecución del Plan
Municipal de Vivienda de Alcorcón a Emgiasa, incrementaba los justiprecios de
las expropiaciones.
Además, redacta la Fiscalía,
el consejo de administración aprobó repartir dividendos y beneficios por una
cuantía superior a 35,4 millones de euros, a sabiendas de que había que hacer
frente a los pagos de la construción del Centro de Creación de las artes de
Alcorcón (CREAA), que superaba los 114 millones de euros. «Todos estos acuerdos
agravaban la situación de insolvencia de la deudora» y era de sobra conocido
por el consejo de administración.
El fiscal solicita en el
informe, del 10 de noviembre de 2015 al que ha tenido acceso ABC, tres años de
inhabilitación para Cascallana; José Jiménez Nista, quien fuera director
general de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento; Tatiana Ercolanese
Muñoz, que ocupó la concejalía de Salud y Consumo, y para Antonio Elviro Arroyo
y Manuel Lumbreras, actuales concejales. Para Natalia De Andrés; Francisco
Siles Tello, edil del PSOE en Alcorcón; Salomón Matías Matías, exconcejal de
Seguridad hasta 2011, y Adela Otero Juidiaz, de IU, solicita cinco años de
inhabilitación. Además exige que cubran el déficit patrimonial que generaron a
la sociedad por la sobrefacturación abonada a Gesmansur por un importe de
1.573.170 euros. La administración concursal de Emgiasa hizo la misma petición
en octubre.
El 7 de mayo de 2012,
Emgiasa solicitó el concurso voluntario por encontrarse en situación de
insolvencia. El 26 de mayo de 2014 se abrió la fase de liquidación.
Nuevo capítulo en la
liquidación de la empresa municipal de la vivienda del municipio madrileño de
Alcorcón. El juez de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores ha
dictado un auto en el que obliga a los administradores a vender casi 2.800
plazas de aparcamiento y 70 locales desde un euro. El magistrado justifica esta
decisión en que ya se han intentado enajenar en tres ocasiones anteriores y no
se ha conseguido dada “la saturación del mercado”. El PSOE ha recurrido el
auto, al entender que era gravoso para los intereses de los vecinos.
La Empresa Municipal de
Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa, 169.500 habitantes) entró en
concurso de acreedores voluntario hace siete años, después de que el
interventor municipal certificará una deuda de 333 millones de euros. El
titular del Juzgado de lo Mercantil número 6, Francisco Javier Vaquer Martín,
ha dictado un auto en el que obliga a sacar 2.100 plazas en aparcamientos
municipales y 693 en edificios del barrio del Ensanche Sur “por precio igual o
superior a un euro”. Tendrán que ir libres de carga y los gastos, los tributos
y los costes de transmisión serán por cuenta del comprador. El mismo sistema se
adoptará para 70 locales que permanecen vacíos.
El magistrado justifica la
decisión en que ya se ha intentado la venta de estas plazas en tres ocasiones
anteriores. La primera, en febrero de 2017, por un precio igual o superior al
80%. La segunda, en diciembre de 2017, por un coste igual o superior a 5.000
euros. Y la tercera, el pasado enero, por una cuantía no inferior a 3.000
euros. Todas ellas resultaron “infructuosas”, ya que en conjunto se vendieron
63 plazas. En el caso de los locales sólo se pudieron enajenar 22 de los 92 que
se ofertaron. El juez de lo Mercantil afirma que se está ya en la fase final
del concurso de Emgiasa y que es necesaria la enajenación de estas propiedades.
También justifica el bajo precio de salida en “la compleja y actual saturación
del mercado de plazas de garaje en Alcorcón”, según el auto.
El PSOE, con su portavoz a
la cabeza, ha recurrido el auto judicial al entender que el magistrado se ha
extralimitado en su decisión. Los solicitantes de la venta, en este caso los
administradores concursales, no habían pedido un precio tan bajo (un euro) en
la solicitud de enajenación: “Implica un desajuste o inadecuación entre la
parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes
formularon sus pretensiones”.
Los socialistas también
creen que se vulneran “los intereses del concurso y del patrimonio de todos los
ciudadanos del municipio”: “No debemos olvidar que el patrimonio de la sociedad
[Emgiasa] procede del Ayuntamiento y a su vez del patrimonio común de todos sus
vecinos”. A ello se une que al no haber un límite en el precio de venta, unos
compradores pueden adquirir los aparcamientos y los locales a precios más
beneficiosos que otros. El PSOE concluye que se obvia “el interés general y del
concurso simplemente por el interés de liquidar lo más rápidamente la
sociedad”.
Fuentes de Ayuntamiento de
Alcorcón mantuvieron que la situación que se está viviendo con Emgiasa proceden
de la mala gestión de anteriores equipos de gobierno socialistas, en el que se
acumularon 333 millones de euros de pasivo. También afirman que el juez ha
tomado esta decisión ya que el concurso se encuentra en la última fase antes de
liquidar la sociedad.
Este nuevo capítulo de la
empresa municipal se suma al auto dictado por el juez por el que obligaba a los
93 beneficiarios del llamado plan Permuta a que compraran los pisos que les
había cedido Emgiasa o a que lo abandonaran para que pudieran ser vendidos. Los
mayores se han negado dado que tienen un contrato vitalicio de usufructo.
