Cuca Gamarra, ejemplo de POLÍTICA, sería, responsable y eficaz deja, abre paso a guerreros que combatan el virus socialista.

 

 Nunca he saludado, personalmente, a Cuca Gamarra. No la conozco. Nunca mantuve con ella una conversación. Así que escribo hoy sobre ella porque me parece de justicia dejar constancia de su calidad en la vida política española. La objetividad exige el reconocimiento de los méritos ajenos. Y Cuca Gamarra es una mujer política seria, rigurosa, excelente dialéctica, sagaz analista siempre de la actualidad. Nada se le escapa. Sabe valorarlo todo. Es ecuánime hasta el punto máximo que puede serlo un político. Tiene una sólida formación universitaria y conoce también a fondo el mundo municipal español.

En el Congreso de los Diputados ha demostrado cien veces su eficacia. Es uno de los activos más sólidos del Partido Popular. Ha ocupado los cargos con dedicación, capacidad de trabajo y entrega personal. Tendrá defectos, Cuca Gamarra, como los tenemos todos. Pero el balance es en ella altamente positivo. Ha representado al Partido Popular en el Congreso de los Diputados con lucidez y generalmente con acierto que nadie discute.

Seguramente habrá razones para que deje los cargos que ahora ocupa, pero me parece obligado el reconocimiento de lo que ha hecho. Puede sentirse orgullosa de su trabajo político y del tiempo que a él ha dedicado. Decía Cánovas del Castillo, el gran hombre de Estado del siglo XIX, que “lo relevante en política no es un éxito aislado, sino la continuidad del esfuerzo y la dedicación sin reparos”.

Cuca Gamarra, en fin, se merece especial atención en esta hora en que deja las funciones que con tanto éxito ha despeñado en los últimos años. El Partido Popular hará bien en no olvidar a quien le ha servido lealmente con un esfuerzo prolongado y sin fisuras.

Demasiados errores políticos en la OPA del BBVA al Banco de Sabadell.

 

Carlos Torres.

 

El presidente del BBVA ha logrado algo que parecía imposible: ha puesto de acuerdo a todos los partidos que se presentan a las elecciones catalanas en su oposición a la OPA hostil que ha lanzado sobre el Banco Sabadell. Más difícil todavía: la Generalitat de Cataluña (ERC), la Generalitat de Valencia (PP), y el Gobierno (a través del ministro de Economía, PSOE, y de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Sumar) también han coincidido en rechazar la operación.

Un funcionario de alto rango decía en privado ayer tras conocerse el anuncio de la OPA hostil: "Algunos banqueros parece que viven fuera de este mundo".

Es difícil hacer las cosas tan mal, sobre todo en la elección del momento. Torres puede convertirse en el único banquero que ha tropezado dos veces en la misma piedra. Recordemos que ya en 2020, en plena pandemia, intentó hacerse con el banco catalán y fracasó.

¿Cómo es posible que el BBVA haya incurrido en este patinazo?

1º) Una filtración inoportuna.

Torres ha insistido en su rueda de prensa del jueves en que una filtración (Sky News adelantó la noticia el 30 de abril) precipitó los acontecimientos. Carlos Torres había hablado con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, a mediados de abril y había quedado con él en enviarle un documento con las líneas maestras de la oferta el último día de abril (justo cuando se produjo la filtración). Por tanto, la filtración es interesada y no sabemos muy bien si para precipitar la compra o para frustrarla. En el BBVA acusan al Sabadell.

Un fallo como este en la confidencialidad que requiere todo proceso de fusión es algo que una gran entidad no se puede permitir.

2º) En lugar de rebajar expectativas para ganar tiempo y evitar presiones externas, el BBVA confirmó su deseo de compra a la CNMV.

El anuncio se hizo cuando todavía el consejo del Sabadell no tenía una posición tomada. Torres se había limitado a comentar al Banco de España que estaba interesado en retomar las conversaciones para fusionarse, pero no dio al regulador la impresión de que la OPA estaba tan avanzada.

3º) Cuando Torres habló con Oliu a mediados de abril ya se sabía que las elecciones catalanas se celebrarían el 12 de mayo. Plantear una fusión con el Sabadell a menos de un mes de los comicios es un error de bulto. ¿Por qué no esperó el BBVA hasta después del 12-M? ¿A qué tanta prisa?

4º) Todavía peor ha sido convertir lo que era, en principio, una OPA amistosa en una OPA hostil. Ese cambio, ¡a cuatro días del 12-M!, era la garantía de que todos los partidos se iban a posicionar en contra. Sobre todo, cuando el Sabadell es un banco con un fuerte arraigo en Cataluña, dado que es la entidad que presta más dinero a las pequeñas y medianas empresas.

5º) Torres debería haber medido mucho mejor sus riesgos. En su día fracasó con el Sabadell (algo que no gustó al Banco de España) cuando el precio era mucho más asequible. Una parte del exceso de capital obtenido tras la venta de su filial en EE.UU. se empleó en una OPA sobre el banco turco Guaranti y en la recompra de sus propias acciones. Ahora se ha quedado sin músculo para mejorar su oferta sobre el banco catalán.

La negativa del Sabadell a aceptar la oferta amistosa dejaba a Torres en mal lugar, lo que tal vez le haya llevado a precipitarse.

La mala elección del momento, junto a otros errores de bulto, pueden hacer fracasar una operación que, desde el punto de vista financiero, tiene sentido

6º) Una fusión es ya de por sí complicada. Incluso cuando todo va sobre ruedas. El último ejemplo de concentración amigable fue el de Caixa y Bankia. Fainé y Goirigolzarri no sólo cuidaron mucho su propia relación, sino que dedicaron semanas a "masajear" el acuerdo, hablando con tirios y troyanos. La OPA del BBVA, por contra, parece la obra de un imprudente. Todo lo que no ha hecho hasta ahora, lo tendrá que hacer a partir de ahora, pero con el viento en contra.

7º) La carta enviada a Oliu el pasado domingo, en la que Torres le transmitía que no tenía margen de maniobra para mejorar la oferta (una acción de BBVA por 4,83 de Sabadell) es un error táctico de libro. Se ha cerrado la posibilidad de mejora de la oferta. Es un 'lo tomas o lo dejas' sin dar la oportunidad al consejo del banco que se pretende adquirir de solicitar una mejora en las condiciones.

8º) Las OPAS hostiles no han salido bien en España. Incluso la del Banco de Bilbao sobre Banesto (1987), con todos los parabienes del Gobierno, fracasó. La capacidad que tiene una red bancaria para parar una OPA, cuando más del 50% del capital está en manos de particulares, como es el caso del Sabadell, es enorme. Pero lo que ya es casi imposible es que la OPA se acepte si no se paga al menos una parte del precio en metálico. Papelitos por papelitos puede ser un juego apetecible para un gran fondo, pero se entiende mal si el que tiene los títulos es un empleado o un jubilado al que no le seducen las consolidaciones financieras.

9º) Torres tiene sobre su cabeza la espada de Damocles de su posible imputación en el 'caso Villarejo'. Declaró como testigo el pasado mes de octubre y en los próximos días la Fiscalía Anticorrupción presentará ante el juez García Castellón su escrito de conclusiones. Su imputación tendría consecuencias inmediatas sobre su continuidad en el cargo. ¿Ha sido este un elemento que le ha llevado a plantear una OPA de forma un tanto atolondrada? No lo sabemos.

Lo triste de este caso es que, desde el punto de vista financiero, la unión de BBVA y Sabadell tiene sentido. Son bancos complementarios (uno centrado en grandes empresas y particulares; otro, en pymes; uno con demasiado peso en México y Turquía -BBVA-, otro muy implantado en Cataluña y Valencia y con su problema británico ya resuelto,...). El BBVA necesita ganar tamaño y asegurarse la continuidad de los ratios de rentabilidad de los últimos años. Para ello, el Sabadell es una buena oportunidad.

Sin embargo, la cadena de errores cometida por su presidente, puede llevar al traste la operación, que, por otro lado, ha hecho aflorar el tic intervencionista del Gobierno. El ministro Cuerpo ha dicho que el Gobierno tiene la última palabra en esta fusión, cosa que no es verdad. Si la unión de BBVA y Sabadell afecta a la competencia, cosa que es probable en Cataluña y Valencia, que sea la CNMC la que dictamine. Economía ya se ha anticipado a Competencia dando su veredicto. Este gobierno no sólo se caracteriza por sus ganas de controlar a la Justicia o a los medios de comunicación, sino que tiene una peligrosa tendencia a querer mandar en las empresas.

La filosofía política del sanchismo es nociva para la salud.

 La filosofía política del sanchismo

La filosofía es un cuerpo que no tiene ojos, pero muerde. Solo el pensamiento y la reflexión de los votantes podrían dar vida para combatir al social-comunismo.

Este artículo pretende cuestionar cierto maniqueísmo presente en la reflexión teórica sobre la política: por un lado, una filosofía política, orientada a la fundamentación moral de la política; por otro, una teoría política entendida como razonamiento de “segundo orden” de la ciencia política o, en todo caso, una forma mixta de investigación empírico-normativa. Frente a esa enquistada contraposición, la concepción de la filosofía política contemporánea a partir del análisis de un conjunto de tareas distintivas y de nuevas misiones de aquella, al tiempo que se impulsa una perspectiva interdisciplinar y orientada a la acción de la política. La hipótesis general desarrollada en este artículo es que filosofía política y teoría política son intercambiables; su objetivo es pensar y evaluar la vida política no en los términos de un lenguaje moral abstracto sino desde un punto de vista más sensible al mundo real de la política. Para ello la filosofía política se hace cargo del “hecho de lo político” y de las múltiples dimensiones de la política, evalúa las instituciones políticas e identifica las posibilidades de cambio. Y si bien no corresponde a la teoría política normativa determinar lo que los ciudadanos tienen que hacer, sí puede aquella ayudar a estos a la hora de tomar decisiones y en la formación de un juicio político razonable, informado y prudencial.

Pedro Sánchez prepara una trampa parlamentaria para evitar cambios en la reforma laboral

 

Sánchez ‘engañaría’ a sus socios aceptando la tramitación como proyecto de Ley, pero prorrogando sine die el plazo para presentar enmiendas

 

En el Gobierno contemplan todos los escenarios. El plan A: que el decreto de la reforma laboral salga adelante conforme a lo pactado con sus socios gracias a la abstención de sus aliados preferentes: el PNV y ERC. El Plan B, el más probable: que tengan que recurrir a la vía alternativa de Ciudadanos y partidos minoritarios. Y el Plan C o último recurso: la aceptación de la tramitación del decreto como proyecto de Ley para no perder el favor de sus socios y evitar una quiebra en la alianza Frankenstein.

 DE TU INTERÉS

Iglesias vuelve a la política pasiva para evitar que Yolanda Díaz se apodere de Podemos 

De momento, se trata de una última opción, pero está en la mente del Ejecutivo. Tras el ultimátum de sus socios ERC,Bildu, BNG y la Cup este jueves en el Congreso, a algunos estrategas en el Palacio de la Moncloa se les ha encendido la bombilla: «Ponen como condición que aceptemos tramitar el decreto como proyecto de Ley. ¿Eso quiere decir que están dispuestos a apoyar la reforma laboral si a cambio aceptamos introducir modificaciones?».

 

El ‘no dudoso’ de ERC y Bildu a la reforma laboral

Fuentes de Moncloa consultadas por THE OBJECTIVE dejan así en evidencia a los aliados gubernamentales, recordando que el trámite para aceptar modificaciones consiste en una votación, a continuación de la convalidación del decreto, que solicita al Gobierno si acepta su tramitación como proyecto de Ley, pero una vez haya conseguido aprobar el decreto con el apoyo de sus socios. Es decir, que «ERC y Bildu han aceptado sin saberlo que están contemplando apoyarlo a cambio de esa condición».

 

En el Palacio de la Moncloa aprecian cierta «rebaja en el tono» de los partidos citados, que admiten que «contemplan la opción de apoyarlo y no expresaron un no tajante», al margen de otras sutilezas como que los verdaderos interlocutores del Gobierno, Aitor Esteban del PNV, y Gabriel Rufián de ERC, no quisieran personificar esa supuesta ofensiva en la sala de prensa del Congreso. Argumentos por los que el Ejecutivo no acaba de cerrar la puerta de la primera opción, aunque admiten que sea «improbable».

 

La trampa parlamentaria

Pero hay una última carta que se guarda Pedro Sánchez por si las situaciones se tornaran críticas con sus socios, después de que Podemos les alertara de que pactar con Ciudadanos es entrar en «zona peligrosa». Se trata de una trampa parlamentaria que el Gobierno ya ha explorado previamente y cuyo precedente se encuentra en la Comisión de Secretos Oficiales.

 

La última carta de Pedro Sánchez sería la de ‘engañar’ al Congreso y a sus socios aceptando la tramitación como proyecto de Ley pero posponiendo sine die el plazo de presentación de enmiendas hasta que decaiga con el final de la legislatura. Dos años que se quedan cortos respecto a los más de tres años y medio que lleva bloqueada la Comisión de Secretos Oficiales por el veto mutuo que se impone sobre ERC y Vox para conseguir un representante en el órgano parlamentario.

 

Bolaños y Bal, el lunes

Pese a todo, el escenario más realista es que el decreto salga adelante con Ciudadanos y los grupos minoritarios, entre los que se encuentran los dos diputados de UPN, CC, Nueva Canarias, Compromís, Más País, PRC y Teruel Existe. Fuentes gubernamentales explican que los contactos ya se han iniciado pero queda que se sellen por parte de los dos negociadores: el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su secretario de estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien ha asumido un papel crucial.

 

Fuentes de la formación naranja informan a THE OBJECTIVE que este lunes se producirá una conversación formal entre Bolaños y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, para cerrar su apoyo. El pasado martes, ambos hablaron al término del pleno en el Congreso. Ambas partes confirman que «no habrá una negociación formal», puesto que Bal reiteró a Bolaños que la única exigencia es que «el Gobierno no ceda al chantaje nacionalista y separatista y no modifique ni una coma del decreto». Una promesa que se podría cumplir tanto en el caso de que el Gobierno active el plan A, el plan B, o el plan C. Lo único que cambiaría es el sujeto del engaño.

Pablo Llarena, juez del TS, comunica al fiscal general de Alemania que, posiblemente, se esté dando un trato de favor a Puigdemont.

Pablo Llarena advierte que en el auto sobre la causa de rebelión ya se incluía la orden de detención de los fugados. Por tanto hay mala voluntad a la hora de interpretar el auto de procesamiento. Acto seguido, el fiscal alemán, pide disculpas al magistrado, Llarena y le indica que desde el primer momento, ordenó la extradición de quienes dicen ser presos políticos. Solo por cuestiones políticas, la justicia alemana está dilatando en el tiempo la entrega de los procesados.     

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha adelantado a la decisión de Alemania sobre la entrega del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y le informa que para “evitar un error de interpretación” tenga en cuenta que en el auto de procesamiento sobre la causa de rebelión ya se recogía la orden de detención e ingreso en prisión respecto de los fugados.

Llarena, alemana después de tener conocimiento de que la Justicia belga había rechazado la entrega de los exconseller Antoni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret por un error de forma, que consistía en que para emitir la euroorden previamente debía existir una orden nacional de detención, extremo que para el tribunal belga no se daba, pero que con el mero hecho de presentar dicha euroorden, estaba más que argumentaba la orden de detención.

El instructor del Tribunal Supremo considera que se trata de un error de interpretación y por eso ha remitido un escrito poniendo en conocimiento de lo sucedido a la Justicia alemana antes de que resuelva sobre la entrega de Carles Puigdemont y evitar que ocurra lo mismo.

En este escrito, Llarena explica que el auto de procesamiento contra Puigdemont que sustenta la Orden Europea de Detención (OED) librada el pasado 23 de marzo “es equiparable a una orden de detención y por tanto cumple los requisitos de la decisión Marco relativa a la orden de detención europea”.

En esta carta dirigida a la fiscal jefe del tribunal alemán que debe resolver la entrega del ex presidente de la Generalitat, Llarena explica que ayer un tribunal de Bruselas denegó la entrega de otros investigados en este mismo procedimiento, basándose en que la OED no mencionaba ninguna orden de detención nacional previa a su emisión y que no consideran que el auto de procesamiento que contempla nuestro ordenamiento jurídico fuera equiparable a esa orden de detención, pese a que el Tribunal Supremo español le informó de lo contrario.

Contrario al “principio de confianza” entre países miembros de la UE o, sencillamente, por principios de cualquier otro país.

Llarena considera “contrario al principio de confianza recíproca” que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la que el Tribunal Supremo ha informado que tienen.

El magistrado, en aras de “ evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error”, informa a Alemania de que el auto de procesamiento se incluiría como una de las resoluciones judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Decisión Marco del Consejo, según el cual, la información que debe contener una OED es “ la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2”.

El instructor recuerda que el auto de procesamiento que sustenta la OED que ha cursado recogía los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigdemont, una vez terminada la fase de investigación y se acordaba la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la misma.

A partir de ese momento, en España, añade LLarena, “dicha resolución es la resolución ejecutiva respecto de la prisión provisional de Carles Puigdemont”. En virtud de esa resolución, Puigdemont sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión si fuera encontrado en España o se procediera a su entrega.

Juan Pardo.

juanpardo15@gmail.com

En Perú han votado no elegir.

A las presidenciales del domingo pasado en Perú se presentaban dos candidaturas, que tienen al país dividido en partes prácticamente iguales: la de Keiko, hija de Alberto Fujimori, expresidente golpista, y Pedro Pablo Kuckzynski (PPK), líderes ambos de coaliciones básicamente negativas, en contra del otro tanto o más que a favor de sí mismas. La del exbanquero, derecha clásica, contaba con un único elemento aglutinador, Todos-Contra-Fujimori; y la de Keiko era una vaga marea populista, sobre todo de origen rural y modestos medios, contra la élite limeña, pero igualmente conservadora. Y la nación en vez de votar sí a quien sea, parece que ha preferido decir ‘no’ a la hija de Fujimori, que anoche perdía, como se dice en inglés, ‘por la piel de los dientes’.

El fujimorismo carece de fuerza para imponerse claramente y el antifujimorismo no tiene contenido propio, lo que pone al país en una situación de tablas permanente. Una pista sobre el futuro de ese cul de sac podría darla la capacidad de Keiko de preservar la existencia de su partido más allá de su comportamiento electoral, aunque ya se especula, en la mejor tradición nacional, con que parte de sus diputados estarían dispuestos a trabajar con PPK. Así es como Perú eligió el domingo no elegir.La democracia peruana, con prensa independiente, libertad de expresión y elecciones cuando toca, padece, sin embargo, graves disfuncionalidades, la mayor de las cuales puede ser la inexistencia de un sistema estable de partidos, que aparecen en coyuntura electoral y desaparecen sin dejar rastro. A todo ello puede haber contribuido el fujimorato (1990-2000), la gobernación del padre, que en 1992 se dio un auto-golpe de Estado para moverse sin trabas constitucionales y a consecuencia del cual está hoy en prisión. Y la gran ironía es que Keiko había creado, Fuerza Popular, lo más parecido a un partido político moderno, que ha sido la única fuerza realmente vencedora en las toldas del fujimorismo porque obtuvo en las legislativas 73 escaños de 130; resultado, este, que completa el galimatías de una opinión que da la mayoría absoluta al partido de la hija, pero que cuando hay que votar a la persona solo le concede el empate técnico con un adversario especialmente átono y que hasta hace muy poco tenía nacionalidad norteamericana.

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Robar no es pecado, si te sorprenden robando, SI.

Suele decirse que el pecado no reside en robar sino en el hecho de que te sorprendan haciéndolo. En política no es así, al menos no en la mexicana: el verdadero pecado, el único, es perder el poder. Humberto Moreira, exgobernador del Estado de Coahuila, fue sorprendido con riquezas inexplicables, endeudamiento criminal de las finanzas públicas y su tesorería falsificó documentos para engañar al fisco. Pero hoy se pasea impune gracias a que nunca perdió el poder: es amigo personal del presidente del país y un hermano lo sustituyó como gobernador de su estado.

Esta premisa será puesta a prueba en los próximos meses. El domingo pasado varios gobernadores conocidos por sus tropelías perdieron el poder a manos de un partido político rival. Tan pronto como se anunciaron los resultados electorales, los vencedores pregonaron su intención de llevar a la cárcel a los mandatarios corruptos. Y ciertamente no faltarán motivos: Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua y Jorge Herrera en Durango se caracterizaron por su voracidad y un reiterado desprecio a las legislaciones vigentes, siempre en beneficio de su voluntad. Gobernadores que operaron, justamente, como si nunca fueran a perder el poder.

Los analistas aún no se ponen de acuerdo sobre las razones de la derrota de todos estos gobernadores priistas: malos candidatos, hartazgo frente a la corrupción, imagen deteriorada del presidente, errores de operación del partido. Probablemente un mezcla de todas ellas.

Al margen de las causas, me gustaría detenerme en las consecuencias. ¿Qué efecto podría tener sobre el combate a la corrupción y el fin de la impunidad que estos gobernadores fueran llevados a tribunales?

El domingo pasado varios gobernadores conocidos por sus tropelías perdieron el poder a manos de un partido político rival

Para su desgracia no solo lo perdieron, sino que en su desesperación por conservarlo recurrieron a todas las estrategias posibles para dañar a los hoy vencedores. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes afrontó acusaciones de pederastia, enriquecimiento y presiones familiares. En Quintana Roo y en Durango, Carlos Joaquín y Rosas Aispuro, respectivamente, en algún momento temieron por su integridad física y la de su familia.

Así que a los argumentos jurídicos y a la enemistad política, los próximos gobernadores añaden las ofensas personales recibidas de parte de su antecesor. Si no bastaran las razones legales, quisiéramos pensar que el rencor podría ser la fuerza que impulse el procesamiento de estos facinerosos.

Por desgracia, en política solo hay intereses. Habrá que ver cuántos de estos ex gobernadores terminarán en prisión y cuántos negociarán un procesamiento meramente simbólico o, de plano, nulo.

Pero supongamos que los cuatro efectivamente son condenados en tribunales. Significaría que cuatro de los doce gobernadores salientes pagarían por sus delitos. Uno de cada tres. ¿Afectaría el comportamiento futuro de gobernadores y funcionarios públicos? ¿Modificará en algo el patrón universal de enriquecimiento a costa del erario que caracteriza a la cosa pública?

Ojalá, pero también sobre esto tengo mis reservas. Quizá modere un poco el apetito, al menos en sus expresiones más descaradas. Aunque mucho me temo que la verdadera moraleja que estos virreyes del territorio extraerán de las elecciones del domingo pasado sea otra: sus colegas van a la cárcel no por atascados sino por ineptos. La lección que muchos de ellos extraerán es que bajo ningún motivo pueden perder el poder; que imponer a su delfín e instalarlo en la silla nunca se había vuelto tan importante como ahora.

Y lo que vale para una gubernatura vale para la presidencia. Enrique Peña Nieto entenderá que la posibilidad de perder el poder a manos de un rival como Andrés Manuel López Obrador no sólo entraña consecuencias políticas sino probablemente penales. Imponer a su propio candidato o ceder el trono ante un candidato rival pero asequible será la obsesión presidencial en los próximos dos años.

De donde se desprende una consecuencia que no es menor. Si el PRI no es capaz de ganar las próximas elecciones, el último recurso para Peña Nieto consistiría en apoyar a Margarita Zavala por el PAN: él trató con algodones a su antecesor; podría esperar lo mismo de su esposa.

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Con el Estado Islámico se debe ser tolerante y agresivo.

Para que los pueblos sean grandes de grandeza, entre otras cosas, esta se mide por enfrentar en primer término los problemas más graves de entre los que son importantes, sabiendo priorizar. Y qué duda cabe de que el hambre, la pobreza extrema, la desigualdad, la amenaza del Estado Islámico, el cambio climático, la corrupción, y la tragedia de los desplazados involuntariamente ocupan ese doloroso primer plano. Los demás asuntos deberían quedar relegados a un segundo o tercer lugar.

Ciertamente, España, en el seno de la Unión Europea, debe responder a estos problemas sin olvidar ninguno, pero en este momento unir fuerzas frente al Estado Islámico y abordar la tragedia de los desplazados se sitúa en primer término. Son dos cuestiones diferentes y es necesario distinguirlas con claridad, porque algunos grupos están utilizando como coartada los atentados terroristas para cerrar todavía más las puertas. Como si el peligro no estuviera ya dentro, como si no fuera a través de las redes como se ha venido gestando hace mucho tiempo esta empresa criminal. Si Europa quiere seguir siéndolo debe unirse frente el terror y a la vez reforzar la exigencia de hospitalidad que nació en su seno, no sólo como hospitalidad doméstica, sino también institucional y universal.

En el mundo bíblico, en el griego y en el romano la acogida al extranjero era un signo de civilidad que no precisaba justificación. Y este deber de hospitalidad personal se convierte con la modernidad en un deber también legal, que corresponde al derecho del extranjero de ser acogido. La referencia obligada es Kant, en el escrito sobre La paz perpetua, en el momento en que trata de diseñar los trazos de un derecho cosmopolita. No habrá paz duradera sin eliminar las causas de la guerra, y eso sólo puede conseguirse en una sociedad cosmopolita, en la que todos los seres humanos se sepan y sientan ciudadanos, sin exclusiones. Para construirla, el derecho cosmopolita ha de poner las condiciones de una hospitalidad universal; y esto no es sólo filantropía, es un deber legal que corresponde a un derecho legal.

 

Sin embargo, con el tiempo, la construcción europea de la idea de hospitalidad rebasa con mucho el proyecto kantiano, que limitaba el derecho del extranjero a un derecho de visita, pero no se entendía como un derecho de huésped: para poder exigir ser tratado como huésped se hacía necesario sellar un contrato. Son otras tradiciones, también europeas, como la de Levinas y Derrida, las que recuerdan que las exigencias éticas van por delante de las obligaciones y derechos jurídicos.

Lo principal es unir fuerzas frente al Estado Islámico y abordar la tragedia de los desplazados. Según ellas, frente a las proclamas individualistas de un neoliberalismo errado, la característica básica del ser humano es la apertura al otro. De donde se sigue la exigencia incondicionada de acoger al necesitado de ayuda. La ley de la hospitalidad, incondicionada e infinita, trasciende los pactos y contratos, y exige abrir el hogar político a quien lo precise.

Pero para no quedar en utopía esta exigencia ha de encarnarse en leyes, y ése es el momento de la responsabilidad ética y política, que media entre el principio ético inspirador —la disposición a la acogida incondicionada—, y las condiciones que lo concretan en los países, en las uniones supranacionales y en el marco global. Tanto en el nivel de lo urgente como en el que requiere más tiempo, pero es igualmente necesario.

En el primer nivel, en el de las políticas de acogida e integración, la exigencia de hospitalidad debe presidir la asunción por parte de España de un amplio número de refugiados, recurriendo a impuestos proporcionales, amén de defender en el Parlamento Europeo que todos los miembros de la Unión asuman sus responsabilidades, y de emprender estrategias contra el tráfico de inmigrantes. Es indignante que las organizaciones ciudadanas que intentan acoger personas desplazadas encuentren trabas por parte de la Administración. Pero a la vez, la UE ha de implicarse en la tarea de construir la paz en los lugares de origen por todos los medios necesarios, en países como Siria, donde más de la mitad de sus habitantes se han visto obligados a desplazarse y más de 250.000 han muerto.

Y a la vez es preciso ir construyendo la sociedad cosmopolita, impulsando la Agenda 2030 del PNUD, sea desde una gobernanza global, desde un Estado mundial democrático o desde una federación de Estados. Pero teniendo como clave esa hospitalidad universal, que haría del mundo un hogar para todos los seres humanos como una obligación de justicia.

Política, desahucios, , escraches, bancos y otros actos propios de la tiranía

Política, desahucios,  escraches, bancos y otros actos propios de la tiranía

Los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere dejarse escuchar. Las contradicciones son útiles. Sirven para entender los conflictos existentes en la realidad y para intentar un acuerdo que permita imaginar soluciones. Los escraches han situado el debate político español en un lugar contradictorio por lo que se refiere a la  ideología y a los sentimientos.  Se trata así mismo de un lugar sintomático. El significado último de las presiones sobre los domicilios privados de algunos responsables del PP nos indica que la nación está al borde de un antagonismo social grave. Caminamos por el filo de un desequilibrio que empieza a ser difícil de soportar con paciencia.

 El expresidente Felipe González, Mister X, -Lleva el caso filesa esperando a ser juzgado más de 16 años y ahí como en el caso de la Infanta Cristina aparece, se reconoce, se sospecha, se deduce que está implicada su mujer, el no, pero por su aforamiento, DICE:   Los escraches son injustos porque ejercen violencia sobre la vida privada de algunos inocentes, por ejemplo los hijos de los políticos acosados. Y tiene razón. Pero esa razón choca con la realidad de que miles de niños en España están hoy aterrorizados. Temen las llamadas de los banqueros que presionan a sus padres o esperan la orden judicial que les deje sin una habitación en la que estudiar o en la que dormir. El desahucio es la forma más grave y cruel de escrache que pueda imaginarse. Cuando la política no soluciona la crueldad, lo legal deja de ser legítimo y la realidad se llena de protestas extremas que uno alcanza a entender de manera sentimental. No es que el conflicto se acerque al portal de una casa, es que llega hasta el cuarto de estar y la cama de las pesadillas. Llega incluso hasta el espejo del baño donde cada cual se mira a los ojos.

¿Cómo hacer que se respeten los domicilios de los políticos del PP? Hay una respuesta inmediata: haciéndolos respetables. El peligro inminente de un conflicto social grave en España invita a que todos pongamos de nuestra parte para sostener lo que nos queda de dignidad democrática. Se pueden fijar grados de responsabilidad en este asunto y las personas que hacen los escraches en una situación de angustia no son los más culpables.

Los Diputados que no soporten la cercanía de los electores que se marche de la política, ellos si te buscan a ti, hasta en tu casa, para que les votes.Si incumples lo prometido deja que te busque el pueblo a ti.  España, no es los diputados, es del pueblo.  Los primeros en poner de su parte deberían ser los banqueros. La Transición española fue un proceso limitado y lleno de carencias porque no afectó nunca a las élites económicas del franquismo. Todavía permanece hoy la prepotencia de una banca propia de la dictadura. Sus privilegios tienen poco que ver con la democracia como quedó de manifiesto en el dictado de la Unión Europea sobre nuestra ley hipotecaria. La crueldad de los bancos españoles es extrema, y no sólo contra los afectados por los desahucios, sino contra el PP. La política en España la dirigen los bancos. Son ellos los que de manera muy cruel no le han dado permiso a Mariano Rajoy para aceptar una iniciativa popular razonable sobre el cambio de la injustísima ley hipotecaria actual. Con ese grado de presión de la banca sobre el PP, no se puede esperar que una población acosada y empobrecida pueda respetar a los dirigentes del partido.

Conviene después considerar la responsabilidad de los propios militantes del PP. La situación en su cúpula es escandalosa. Cada vez queda más clara la trama de corrupción, de comisiones ilegales y de dinero negro que ha circulado entre las grandes empresas, los tesoreros y los dirigentes de su formación política. Sus declaraciones y sus estrategias están llenas de indignidad. Los papeles de Bárcenas son tan reales como el desmantelamiento de la sanidad pública, la pérdida de derechos laborales de los españoles y el empobrecimiento generalizado de la población. ¿Cómo no exigen los militantes del PP la dimisión inmediata de Mariano Rajoy y una regeneración profunda de su partido? Sería una forma de devolverle el respeto a sus siglas.

La Junta de Andalucía es la única que hasta ahora ha hecho algo para que los hijos de los políticos del PP no sufran el abucheo de los ciudadanos indignados. Más allá del debate legal, el decreto sobre la banca, las inmobiliarias y los desahucios, nos ha recordado que la política está para solucionar los problemas de los ciudadanos y que el mundo avaricioso del dinero debe someterse a las leyes de la convivencia justa. La consejera de Fomento ha presentado la primera medida de nuestra historia reciente que exige a la banca española una transición democrática. Por ese camino pueden solucionarse muchas contradicciones y pueden evitarse injusticias de carácter muy diverso. Ser Consejera, no es ser mi dueña.

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