El juez Peinado propone al Supremo investigar a Bolaños por malversación y falso testimonio.

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(Foto: EFE/ Fernando Alvarado)

Declaró como testigo en abril en la investigación sobre la contratación de la asistente de Begoña Gómez.

El juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha propuesto al Tribunal Supremo investigar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio en relación con la contratación de una asesora de la mujer del presidente del Gobierno.

Considera el magistrado que existen "indicios razonables, sólidos y cualificados" de que Bolaños, cuando era secretario general de Presidencia, pudo incurrir en ambos delitos -el de malversación en calidad de coautor- y por ello ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que decida si lo investiga, ya que el ministro es aforado.

En su resolución, fechada el 23 de junio y a la que ha tenido acceso EFE este martes, Peinado ve indicios de malversación en el nombramiento de la asesora Cristina Álvarez al considerar que fue contratada con fondos públicos, si bien realizó funciones de carácter "estrictamente privado" en atención a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Peinado, que alude a Bolaños como el "ahora investigado" a pesar de que la decisión de investigarle dependerá del Tribunal Supremo, sustenta el presunto falso testimonio en que el ministro faltó a la verdad en su declaración como testigo el pasado 16 de abril, donde -dice- omitió "con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento".

Tras declarar en abril, el juez reprochó al ministro que "contestara con evasivas" y sonriera durante su declaración como testigo en la investigación sobre la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno.

Además de a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, el juez investiga a otras tres personas en esta causa: el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; y el exconsejero madrileño y directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes.

Begoña Gómez admite que "utilizó" una asesora de Moncloa y de la fiscalía general, cuya copia de los e-mails entregó al juez.

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Begoña Gómez se autoinculpa.

Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, comparece en la primera sesión de la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid. | EFE

El abogado de Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que incluya en la causa unos correos electrónicos que demuestran que si la mujer del presidente del Gobierno firmó el Pliego de Prescripciones Técnicas del software que se desarrolló para el máster que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue porque la propia institución se lo indicó "expresamente" en ellos.

En los correos, a los que ha tenido acceso El Independiente, figura como destinataria María Cristina Álvarez Rodríguez, asesora de Moncloa por aquel entonces, hecho que probaría que Gómez utilizó a una persona que trabajaba en el palacio presidencial para realizar gestiones privadas. En uno de ellos, Mª Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM, se dirigen directamente a ella para realizar una gestión: "Estimada Cristina: perdona, que me ha hecho un renuncio el ordenador. El contrato de cesión de derechos válido es este que se acompaña ahora".

La defensa pide al magistrado que llame a declarar en calidad de testigo a la persona que firma los correos, María Jose Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, y a María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad, para que ratifique lo que dijo el otro día en la Asamblea de Madrid: que la firma se realizó de acuerdo a las normas de la Complutense.

Gómez también aporta correos que, según su abogado, ponen de manifiesto que el registro del dominio de la página web del máster, que no de la propiedad intelectual, fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia Universidad Complutense. En este punto, pide que declaren dos miembros de la OTRI