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La corrupción e ineficacia de sus ministros, su mujer y su necedad en política, obligan a que Pedro Sánchez adelante las elecciones al 3-02-19


Blog de Juan Pardo

El Presidente del Gobierno del Reino de España, en Guatemala admite que como consecuencia de la postura incívica de los independentistas catalanes y la falta de aprobación de los PGE, las turbulencias se han disparado y, posiblemente, haya adelanto de las elecciones. Aunque en realidad es porque  su mujer, Begoña Gómez  va a ser procesada, de inmediato, por un tribunal de EEUU, asunto relacionado por el caso Grupo Inmark (Oxfam).

Aquella bandera de recuperación con enmienda democrática que enaltecía, Pedro Sánchez, su a su llegada a La Moncloa fue un espejismo propulsor de demagogia aplicada que ha terminado como el Rosario de la Aurora.  El caso de hoy, referente a la ministra de Economía, Nadia Calviño, nunca tenía que haber pasado y tanto ella como la ministra de Justicia, Lola Delgado no tenían que haber aceptado dichos ministerios. Tras las justificadas dimisiones de Màxim Huerta y de Carmen Montón, el Gobierno ha decidido olvidarse de sus promesas de transparencia y ha impuesto el silencio como pauta de comportamiento, lo que le delata más y mejor. El primero que se negó a dar explicaciones fue el propio Sánchez, de cuya fraudulenta tesis los españoles no han podido saber nada, ni cómo se redactó ni cómo se formó el tribunal que le concedió la máxima nota. Como tampoco se pudieron conocer los detalles de la sociedad creada por Pedro Duque para pagar menos impuestos por su chalé, ni por qué se mantuvieron en su puesto La Lola Delgado, a pesar de que quedó demostrado que se reunió varias veces con el corrupto comisario Villarejo, o Borrell, tras conocerse que la CNMV le impuso una multa por usar información privilegiada cuando era consejero de Abengoa.

Y para no dejar en evidencia al que supuestamente era el Gobierno más cualificado de la democracia, Isabel Celaá salió ayer en defensa de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y de la secretaria de Estado de Deportes, María José Rienda, pese a que ambas crearon sendas sociedades instrumentales para pagar menos impuestos. La primera cuando se compró una casa; la segunda, según publicó este periódico, a la hora de tributar por sus ingresos sobre derechos de imagen en su etapa de esquiadora profesional. Al igual que han hecho Calviño y Rienda, Celaá se negó a dar más explicaciones y a valorar un comportamiento tributario que, antes de ser presidente, Sánchez consideraba poco ético, tal y como expresó en Telecinco en 2015 en referencia a Monedero: "Es inmoral crear una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería". 

Esa persona, concluyó tajante, "al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva". Callar ahora es un acto de cinismo que no se merecen los ciudadanos españoles. Quizá por eso Susana Díaz ha intentado marcar distancias con Pedro Sánchez, ante el que perdió en las primarias para ocupar la secretaría general del PSOE y con quien nunca ha mantenido una relación fluida. En la que quizás sea la campaña más personalista de cuantas hayan protagonizado los socialistas andaluces, con una candidata que ha adoptado los métodos populistas de primar su nombre antes que el del partido, Díaz aludirá lo menos posible a la política nacional. Y limitará a solo dos días la presencia del presidente en Andalucía e intentará no coincidir con los ministros que participen en la campaña. Díaz sabe que más que una ayuda, Sánchez y su Gobierno podrían convertirse en un lastre para revalidar su mayoría en las urnas, ya que los votantes andaluces se muestran bastante críticos con la alianza del líder socialista con los independentistas catalanes, de quienes en última instancia depende la aprobación de los Presupuestos. 

En Andalucía, los asuntos relativos a la unidad de España y a la solidaridad interterritorial, cuestionadas discursivamente desde Cataluña, pueden pasar factura a una candidata que nunca ha ocultado sus deseos de dar el salto a la política nacional. Los andaluces, sin embargo, tienen la oportunidad de mostrar su rechazo a un Gobierno que en tan solo seis meses ha dilapidado las expectativas que generó tras el triunfo de la moción de censura contra Rajoy.

Etiquetas:
Junta de Andalucía, Pedro Sánchez, PSOE, Perro Sánchez, Pedro Duque, Màxim Huerta, Nadia Calviño, Begoña Gómez, Isabel Celaá, Susana Díaz, Dolores Delgado, Carmen Montón, Abengoa, Podemos, Corrupción,

El presidente del gobierno, Pablo Iglesias y su correveidile, Pedro Sánchez envían a Bruselas unos presupuestos populistas que abren más brecha entre ricos y pobres.


Blog de Juan Pardo

El presidente del gobierno, Pablo Iglesias, a través de su correveidile, Pedro Sánchez ha remitido a Bruselas un plan presupuestario que, en palabras de la portavoz Isabel Celaá, “blinda el estado de bienestar”. Podemos dormir tranquilos. Es una pena que el gobierno socialista de Zapatero no supiera que eso se podía hacer, con lo que se hubiera evitado los recortes que tuvo que hacer como consecuencia de la crisis financiera tras la caída de Lehman Brothers, de la que se acaban de cumplir diez años.

La autosatisfacción es uno de los denominadores comunes de los ministros de un gobierno que, pese a su escaso apoyo parlamentario, cree estar llevando a cabo una transformación histórica de la sociedad y la economía española.

A lo que vamos, números. El borrador del presupuesto prevé un recorte del déficit público para 2019 de 0,9 puntos porcentuales de PIB (lo que significa bajar la diferencia entre ingresos y gastos en unos 11.000 millones respecto al déficit que se espera para este año). Ese es un ajuste muy importante, pero veremos si suficiente para los criterios comunitarios.

La Comisión Europea tiene que aceptar, de entrada, que España cambie sustancialmente sus objetivos. El gobierno de Rajoy se había comprometido con la Comisión a rebajar el déficit al 1,3% del PIB el año que viene y el gobierno de Pedro Sánchez eleva ahora esa cifra al 1,8%; es decir cinco décimas más. Cada vez que hablamos de una décima de PIB hablamos de más de 1.000 millones de euros, por lo que esa diferencia no es baladí.

El comisario Moscovici, escaldado de los regateos de última hora, ha adelantado que “con España siempre hay sorpresas”. Claro que teniendo sobre la mesa el plan presentado por Italia (que pretende triplicar su déficit), lo de Sánchez le puede parecer hasta gracioso.

Con los números presentados, el gobierno no cumplirá el déficit en 2019. Pero lo relevante es si el presidente logra el apoyo de los independentistas

Con los presupuestos uno tiene siempre la sensación de que el gobierno está vendiendo una burra ciega: se les puede bautizar como “presupuestos del cambio”; “presupuestos de consolidación fiscal”; “presupuestos que garantizan el estado de bienestar”, etc. Al final, lo que hay que descubrir es dónde está el truco.

Con el borrador presentado el lunes por las ministras Nadia Calviño (Economía) y María Jesús Montero (Hacienda) lo primero que hay que decir es que es prácticamente imposible saber es si las cuentas se van a cumplir o no, porque nos faltan datos básicos para saberlo (como, por ejemplo, cuánto va a aumentar la recaudación por IRPF, por IVA, etc.). El gobierno, en su afán propagandístico, ha incluido en los cuadros de ingresos y gastos partidas de diferentes administraciones (comunidades autónomas o ayuntamientos), cuando no de la Seguridad Social (revalorización de pensiones, subsidio a mayores de 52 años, etc.), de tal manera que es difícil saber qué se incluye en las cuentas del Estado cuando se calcula la cifra de déficit.

La aseveración de la ministra Calviño de que España hará una reducción de déficit estructural (el que no depende de que la economía vaya mejor, sino de reducciones de gastos o subidas de impuestos) del 0,4% del PIB (lo que supone 4.800 millones) no sabemos cómo se va a cumplir, más allá de la voluntad expresada por la titular de Economía.

El voluntarismo está presente en la escasa y confusa información aportada el pasado lunes: la recaudación por el nuevo impuesto a las empresas tecnológicas se eleva a 1.200 (el gobierno anterior lo había establecido en 600 millones); la lucha internacional contra el fraude se estima que generará unos ingresos de 500 millones (una cifra sin ningún sustento), o los 218 millones que se esperan recaudar con la limitación al pago en efectivo por encima de los 1.000 euros, que no se conoce en base a qué se obtiene tan redonda cifra.

Pero, incluso dando por hecho que todas esas estimaciones se cumplieran, según el borrador presentado, la reducción del déficit estructural se limitaría a 2.500 millones y suponiendo una mejora en los ingresos fiscales de 6.400 millones (lo cual es mucho decir), la reducción del déficit quedaría ligeramente por debajo de los 9.000 millones de euros: es decir, que en 2019 España superaría ligeramente el 2% de déficit y se quedaría a más de 2.000 millones de distancia de lo comprometido en el plan.

Las trampas no van a provocar el descarrilamiento de la economía, aunque sí la van a colocar en peor situación para afrontar una desaceleración

Sin embargo, no debemos dejar que los árboles nos impidan ver el bosque. El presupuesto es un instrumento político y, para el gobierno, su aprobación significa estabilidad. Nadie se va a fijar en esas pequeñeces, unas décimas arriba o abajo, qué más da. De hecho, la medida estrella del pacto entre Sánchez y Pablo Iglesias, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, no tendrán impacto en el techo de gasto del presupuesto.

El presidente del gobierno ha presentado un borrador que, con correcciones, seguro que terminará contando con el visto bueno de Bruselas. Si España baja del 3% este año, dejará de estar sometida al procedimiento de déficit excesivo. Las trampas no van a provocar el descarrilamiento de la economía, aunque sí la van a colocar en peor situación para afrontar una desaceleración que ya se apunta en el horizonte cercano (el gobierno ha reducido el crecimiento para este año y para el próximo una décima).

Lo relevante es si Pedro Sánchez consigue que los independentistas le den su apoyo. El del PNV puede darse por seguro, si logra algo a cambio. ERC parece bizcochable, pero JxCat se resiste (sobre todo Puigdemont y su vicario Torra, que quieren mantener el pulso mientras el gobierno no ceda en la autorización de un referéndum de autodeterminación).

Lo que está en juego no es el futuro inmediato de la economía, sino si Sánchez logra que los independentistas le den un voto de confianza ¿A cambio de qué? Eso tampoco he podido descubrirlo en este farragoso borrador.