¿Embestirá Pedro Sánchez a Pumpido, Pte del Tribunal Constitucional contra el Supremo?

 

A la vista del nombramiento de Teresa Peramato muy sanchista como Fiscal General, todo es previsible.En realidad la ha nombrado, Dolores Delgado por feminista y sanchista. El Constitucional no es un tribunal de casación del Supremo. Al crearse las Autonomías con sus diversos Parlamentos, se hacía necesario, como en otras naciones europeas, un tribunal que decidiera sobre la constitucionalidad o no de las leyes y decisiones de las Comunidades Autónomas. Algunos abogados ilustres y varios magistrados presuntuosos pretendieron convertir al Constitucional en un tribunal por encima del Supremo en cuestiones que a este último correspondían. Y comenzaron a producirse sentencias del Constitucional que enmendaban la plana al Supremo.

La reacción fue inmediata y la Sala Segunda del Tribunal Supremo estuvo preparando una querella contra el Tribunal Constitucional. El escándalo hubiera sido mayúsculo en toda Europa. Pascual Sala, de ideología cercana al socialismo, magistrado independiente de máximo prestigio judicial, evitó, con el apoyo del Rey Juan Carlos, la colisión entre ambos tribunales.

Pedro Sánchez ha anunciado ya que movilizará al Tribunal Constitucional contra el Supremo en el caso García Ortiz. Gravísimo error que zarandeará la estabilidad judicial en España. La sentencia del Supremo debe terminar ahí y cualquier intento de desvirtuar al alto Tribunal desencadenará un tsunami judicial y político. Son muchos los que aseguran que Pedro Sánchez, que está profundamente dolido, no reparará en cuestiones constitucionales y que, además de lanzar a Conde Pumpido contra el Supremo, medita incluso hacer ministro de Justicia a García Ortiz.

El Fiscal General, Álvaro García Ortiz, pactará con la fiscalía.¡MANDA HUEVOS¡

 

Uno de mis buenos amigos, al menos así lo tengo yo inventariado, tiene por costumbre leer cada día un capítulo de El Quijote -por cierto, a ver si me acuerdo de preguntarle cuántas vueltas completas le ha dado a la novela de don Miguel-. No me consta sin embargo que Álvaro García Ortiz, hombre de altas y muy absorbentes responsabilidades, tenga tiempo para hacer algo ni remotamente parecido, aunque sin duda será de los que en algún momento de su vida han leído el magistral relato de Cervantes, y recordará que en el capítulo LXXIV de la segunda parte, justo antes de morir, don Quijote recupera la cordura, y retractándose de la fábula en la que había vivido confiesa ser Alonso Quijano.

Si el fiscal general del Estado, que en estos días pasa por el amargo trance de sentarse en el banquillo de los acusados (aunque ocupe una silla en el lugar reservado a la defensa), pudiera como don Quijote rebobinar, que no puede, es muy probable que no actuara como lo hizo el 13 y el 14 de marzo de 2024. Si pudiera decir toda la verdad, que ni tiene obligación como acusado, ni le dejan (aunque le acabarán dejando tirado), reconocería que las decisiones que tomó aquel infausto día estuvieron condicionadas por las presiones recibidas desde instancias políticas, y en concreto desde la Presidencia del Gobierno de España.Si García Ortiz pudiera desandar el camino, quizá les diría a quienes le conminaron a precipitarse para “ganar el relato” que ni las prisas son buenas consejeras ni es función de la Fiscalía entrar de lleno en la batalla mediática; que el estatuto orgánico de la institución que dirige establece como principio fundamental que del fiscal general para abajo todos los fiscales tienen el deber de reserva y sigilo, así como la obligación de respetar el secreto de las actuaciones; y que los tiempos políticos no son los mismos que los de la justicia. Dicho de otro modo: les hubiera dicho que no era posible hacer lo que le pedían, porque iba contra la ley.

La lógica de ‘l’omertà’

Así lo entendió la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien le echó en cara la filtración a su superior sin ser objeto de la correspondiente réplica. Así lo entendió Juan Lobato, que se cubrió las espaldas ante notario. Como también entendió después la gravedad de la maquinación otro de los personajes clave de aquella noche fatídica, la jefa de Gabinete del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, cuya inevitable amnesia ha convertido su inverosímil atestado en una de las más elocuentes piezas de la acusación.

Pedro Sánchez ha declarado que el fiscal es inocente, “y más aún tras lo visto en el juicio”. Ahora me explico mejor lo de sus gafas en el Senado. No sé qué juicio es el que está viendo el presidente, y sin embargo su afirmación es coherente, porque responde a la lógica de l’omertà, la que refleja el supuesto, tantas veces por desgracia constatado, del subordinado que por un erróneo sentido de la lealtad acaba cometiendo un delito de obediencia, del que García Ortiz no está siendo juzgado, pero que será el que más le va a pesar el resto de sus días, ocurra lo que ocurra.

No es verdad que Sánchez crea en la inocencia del fiscal general, porque sería como no creer en sí mismo. Simplemente utiliza su gran potencia de fuego mediático para presionar al tribunal y alimentar, en caso de condena, el guion de un nuevo capítulo de la serie “La única justicia válida es la justicia del pueblo”. Sánchez conoce, como todo el que no se deja distraer por lo accesorio, que existe la posibilidad de que los magistrados concluyan que no está del todo claro, que hay duda razonable sobre la autoría de la filtración. Pero también sabe que ahí no acaba la responsabilidad del fiscal general.

Pongamos que García Ortiz no filtró. Pongamos que tampoco ordenó que se filtrara. Mucho poner, pero pongamos. ¿Pero dejó hacer? ¿Dictó o no él mismo los términos de una nota considerada por el decano del Colegio de Madrid de “inusitada gravedad”? ¿Consintió o no que para desmentir un bulo se divulgara información reservada? Y cuando supo que esta se había filtrado, ¿por qué no ordenó como era su deber que se abriera de inmediato una investigación para identificar a los responsables? Al fiscal general no solo se le juzga como posible ejecutor directo de un delito de revelación de secretos; también por la decisión (presuntamente) consciente de no impedir, como era su deber inexcusable, su propagación.

‘Terroristas emocionales’

No hay un solo magistrado de los siete que componen la sala que juzga a García Ortiz que considere injustificada la decisión de sentarle en el banquillo. Cosa distinta es la valoración que cada uno de ellos haga de la prueba a efectos de sentencia. Tanto la condena como la absolución por duda razonable han de estar fundamentadas en Derecho y, en ese terreno, el estrictamente jurídico, los criterios de aplicación casi nunca son uniformes.

Tal y como va el juicio, y en contra de la opinión improcedente del presidente del Gobierno, la condena de García Ortiz es más que probable. Quizá no por lo que hizo (que también: el borrado injustificado de sus mensajes, por ejemplo), sino por lo que dejó hacer; o dejó de hacer. Y, sin embargo, puede que la decisión de los magistrados no zanje la batalla política, sino que la encone.

Una resolución condenatoria alcanzada por unanimidad, o por 6 a 1, incluso por un 5 a 2, complicaría mucho cualquier maniobra de descrédito del tribunal. Pero un 4 a 3 convertiría la sentencia en gasolina para “terroristas emocionales”, en expresión de una de las letras de Rosalía (La Perla), y trasladaría casi con toda seguridad la batalla, en forma de recurso de amparo, al Tribunal Constitucional.

En una hipótesis de cuasi empate, sería inútil cualquier llamamiento a recuperar la cordura. Y lo más urgente: el crédito de la Fiscalía.

El Magistrado del TS, Ángel Luis Hurtado acaba de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos

  

¡SE ACABÓ LA FIESTA DEL SANCHISMO¡

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha procesado este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la causa que investiga la filtrción de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid también ha sido procesada por el mismo delito.

Hurtado señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, "de común acuerdo" admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Un correo que le fue remitido por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Hurtado destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de González Amador, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.

¿Quién tirará antes de la manta, el Fiscal General, García Ortiz o el Exministro, Ábalos?.

 

El fiscal general amenaza con delinquir

En esta semana nos han dejado muy claro que son dos caras de la misma moneda. García Ortiz se siente respaldado y por lo tanto es imposible que se le pueda pasar por la cabeza proceder contra ningún miembro del Gobierno que lo nombró para el cargo

En el desbarajuste que vivimos por la pérdida de toda referencia, nos hemos encontrado en las últimas horas con la entrevista al todavía fiscal general del Estado en el Canal 24 Horas de TVE. Ya sabemos que cuando todo se derrumba sólo se puede acudir a los periodistas de máxima confianza. Allá se fue don Alvarone García Ortiz a responder a las denuncias diciendo que «los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar o para filtrar de cualquier manera». La frase no tiene desperdicio.

Ese material «muy sensible» que manejan ¿les llega por la policía judicial? Si no es por esa vía, ¿es por declaraciones voluntarias de gente que acude a la Fiscalía a ofrecer informaciones que pueden revelar delitos? No sé si existe una tercera vía de información. Quizá sí. Pero la pregunta relevante es ¿si el fiscal general del Estado tiene informaciones que pueden conllevar la comisión de delitos, por qué no los ha denunciado ya? ¿Qué quiere decir tener «muchísima información» que no se usa para insinuar? Informar es una cosa e insinuar es otra. Si el fiscal general del Estado tiene datos concretos de faltas o de delitos cometidos por cualquiera, su deber es proceder contra ellos. Ya comprendo que no lo hace porque si, con la montaña de informaciones muy concretas que tiene sobre su mesa respecto a las actividades de la familia del presidente y del entorno gubernamental y partidista del señor Sánchez, no hace nada contra ellos, sería especialmente grave que insinuara nada contra terceros. Hasta ahí podríamos llegar.

La segunda parte de esta desfachatez gubernamental es la reacción unánime y sin matices de todos los ministros habidos y por haber, del PSOE y de Sumar, que han salido a defender al fiscal general como uno más de los suyos. Ni uno ha hecho una declaración diciendo que esto no ha pasado nunca y quizá fuera bueno que García Ortiz reconsiderara su situación tras abrirse el proceso de imputación. Nada, nada. Eso son detalles irrelevantes. La Oficina de Agitación y Propaganda de Moncloa -auténtica heredera de la AgitProp nazi- ha ido sacando un ministro tras otro a respaldar al fiscal general. Lo nunca visto. No solo es algo inédito porque es la primera vez en la Historia de España que el Supremo imputa a un fiscal general, sino porque nunca vimos a un fiscal general y un Gobierno considerándose tan hermanados en sus labores y objetivos. En esta semana nos han dejado muy claro que son dos caras de la misma moneda. De una moneda en la que ya no podemos incluir a la Fiscalía porque ayer vimos como don Alvarone fue derrotado por sus compañeros tanto en el Consejo fiscal como en la Junta de Fiscales de Sala.

Pero él se siente fuerte porque tiene el respaldo del Gobierno. Y, consecuentemente, es imposible que se le pueda pasar por la cabeza proceder contra ningún miembro del Gobierno que lo nombró para el cargo. Aquí, como con Lope de Vega en el siglo XVII, «Todos a una, Fuenteovejuna».

Los cuatro fiscales del 'procés' están dispuestos a plantear un artículo 27 si el fiscal general pretende cambiar su criterio.

Los fiscales del 'procés' dinamitarán la amnistía con la malversación y abrirán un cisma si García Ortiz se opone

Los cuatro fiscales del 'procés' están dispuestos a plantear un artículo 27 si el fiscal general pretende cambiar su criterio. Fuentes fiscales explican que habrá una malversación amnistiable y otra que no

Los fiscales del 'procés' al fondo y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en primer plano

Para los cuatro fiscales del procés -- Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena-- está claro: la amnistía no será posible para todos los líderes del independentismo condenados y procesados en el Tribunal Supremo. Lo tienen tan cristalino que, si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aboga por un criterio distinto (que por jerarquía debería prevalecer) están dispuestos a llegar hasta el final y articular el mecanismo que conllevará un cónclave en el Ministerio Público para que la treintena de fiscales de Sala aborde la ley. El choque de trenes ha llegado sin que la norma del perdón esté siquiera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por su parte, García Ortiz se reúne hoy con los fiscales de la Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas y los jefes de Cataluña.

La ronda de encuentros comenzó este jueves con los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo que presentaron a García Ortiz un abultado informe en el que habían trabajado ya muy a fondo la postura que quieren mantener una vez el Supremo les dé traslado de la amnistía. Habiendo sido aprobada ya en el Congreso de los Diputados, la norma debe pasar por el BOE y a partir de ahí los jueces darán un periodo de diez días a las partes para que se pronuncien.

Zaragoza, Moreno, Madrigal y Cadena siempre han ido unidos en la cuestión independentista sin fisuras entre ellos y, esta vez, no ha sido distinta. Fuentes fiscales explican que el informe que le han entregado al jefe del Ministerio Público, ahonda en la idea de que la cuantía malversada para el referéndum ilegal del 1-0 afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y, por tanto, no es posible amnistiarlo. "Querían financiar un proyecto de quebranto de la integridad de España. Esto generaba una reducción en el presupuesto de la Unión y mermaba los intereses comunitarios", revelan.

García Ortiz se ha comprometido a estudiar este enfoque que dejaría fuera del perdón a la mayor parte de los cabecillas juzgados y fugados por el secesionismo catalán. Ni el líder de ERC, Oriol Junqueras, ni el expresident Carles Puigdemont, ni los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa podrían ser amnistiados.

Si el fiscal general aboga por otra tesis y ordena impulsar el archivo y la desintegración de todos delitos que afectan al independentismo (incluida la malversación), los cuatro fiscales del procés y pesos pesados de la Fiscalía presentarán un artículo 27 del Estatuto Fiscal, es decir, una herramienta por la que los funcionarios buscan evadir una orden que consideran "contraria a las leyes" o "improcedente".

Este resorte permite que se sienten a debatir la treintena de fiscales de mayor rango de la carrera en un debate que no se anticipa fácil. "Me recuerda a cuando se empeñaron en lo de la 'ley del solo sí es sí'", recuerda un fiscal sobre el criterio que mantuvo el Ministerio Público para evitar la rebaja de penas a agresores sexuales y que luego el Tribunal Supremo no ratificó. La última vez que se reunió esta Junta de fiscales de Sala fue el pasado 24 de abril para discutir sobre la revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. En ese caso, el criterio que adoptó la mayoría de la Fiscalía tampoco fue ratificado por los jueces que decidieron iniciar una investigación.

Este asunto puede volver a complicársele a García Ortiz que en los últimos meses ha visto su mandato envuelto en distintas polémica. La decisión final, eso sí, es de él por el principio de jerarquía de la institución. En cualquier caso, diga lo que diga la Fiscalía, el tribunal de la Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena puede acordar lo que convengan. Si triunfa el criterio de los cuatro fiscales del procés, el borrado total de los delitos podría volverse prácticamente imposible porque supondría que el Supremo ni siquiera acudiera a Europa a preguntar por la ley y todo terminara como cuando el Gobierno abarató la malversación, sin que de facto tuviera ninguna consecuencia en las condenas de los políticos.

El enriquecimiento y los fondos europeos

Los delitos que persisten en el Tribunal Supremo después de las reformas del Código Penal que el Gobierno pactó con ERC y Junts en la anterior legislatura son tres: desobediencia, desórdenes públicos y malversación. Los fiscales del procés sí ven amnistiables los dos primeros puesto que en la ley se explica que abarcará "cualquiera que sea su naturaleza que hubiera sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares".

En cambio, la desviación de fondos se ha redactado en otros términos. En el artículo 1 de la norma incluye el perdón para los delitos malversación "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento". El Gobierno y Junts limaron la redacción para que no hubiera suspicacias y aclararon que "no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos [...] cuando no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

Pero los fiscales creen que "es claro" que tanto los procesados como los rebeldes se apropiaron de fondos públicos con un beneficio propio "en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo [organizar un referéndum] que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y ánimo de lucro". No se trata de enriquecerse como tal, hay un matiz, se trata del "beneficio patrimonial de los autores".

Y no es la única gotera por la que se escapa la amnistía a su juicio. La ley dice que tampoco se amnistiara el delito de malversación si afecta a fondos europeos. La consulta independentista no se organizó con fondos comunitarios, pero los fiscales hacen una lectura más amplia de la Directiva de la UE [1371/2017] del año 2017 sobre los delitos de corrupción y estiran el concepto de afectación de la Unión. Este documento señala delictivo "utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión".

"La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", defienden citadas fuentes.

Hay malversaciones que sí ven amnistiable

Visto así, puede parecer que ninguna malversación tiene cabida en el perdón que el Congreso acaba de aprobar. Pero no es así. Los fiscales defienden que sí habrá beneficiados que hayan sido condenados por este delito.

El artículo 432.1 del Código Penal contiene dos modalidades de desvío de fondos: una activa y otra de omisión impropia o comisión por omisión. En la primera, es el funcionario público el que se apropia del dinero que tiene a su cargo. En la segunda, el funcionario consiente que otro se apropie del patrimonio público. Son estas segundas malversaciones --en las que no hay ánimo de lucro en el autor-- "las que admitirían la amnistiabilidad", pero no las primeras, a cuya categoría pertenecen los líderes del procés.

Para los fiscales, los cabecillas sustrajeron millones de euros para ejecutar decisiones que el Tribunal Constitucional ya había declarado ilegal en un "proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia".

Sobre las medidas cautelares

En lo referente a las medidas cautelares la historia es sencilla: como las conductas de Puigdemont y el resto de fugados acusados por malversación no entran, a su juicio, en el ámbito de la amnistía, no podrán levantarse las medidas cautelares.

"Sólo puede acordarse [la extinción de las órdenes de detención] en el caso de que el órgano judicial competente estime que las conductas imputables a los procesados y que son objeto de la causa se hallen comprendidas en el ámbito objetivo de la presente ley lo que no sucede en el presente caso en relación al delito de malversación", destacan.

Con estos mimbres, si el expresident volviera a España podría ser detenido. Además, sucede igual con las penas de inhabilitación de Junqueras, Turull, Romëva y Bassa que "no pueden considerarse finalizadas y extinguidas ya que las acciones por las que fueron condenados no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía".