Después de tantos años, de tantos y tantos intentos de acuerdo, de pactos de estado, de consensos partidistas o institucionales, de esfuerzos corporativos o profesionales, pareciera imposible que este punto de destino fuese peor que el de inicio.
Pero así es: la Justicia española está hoy peor que hace cinco años, y que hace diez, y con mucha seguridad que hace veinte.
Sin necesidad de adentrarnos en pormenores técnicos o en reformas legales, sólo cabe asomarse un día azaroso por cualquier juzgado o tribunal, fiscalía u órgano de apoyo a estos para certificar la podredumbre que asola los cimientos de lo que -no debemos olvidarlo- es el poder del Estado llamado a salvaguardar la legalidad y, con ella, la paz social, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, al pleno y seguro desenvolvimiento de las relaciones jurídicas.
Las sociedades funcionan gracias a una ficción comúnmente aceptada que llamamos Derecho, a ese conjunto sólido e imperfecto de reglas y normas que ordenan nuestra actividad social, la economía, los servicios públicos o la celebración de negocios jurídicos. Pero esa ficción, como en cualquier ejercicio narrativo, sólo posee lógica y dimensión para el espectador (que aquí además es el protagonista) si éste acepta con plenitud las consecuencias irremediables del guion. Si esto no acontece, si el desenlace se desconecta del comienzo o si el final no llega porque la escena fenece anticipadamente en el nudo, la ficción se resquebraja y la ilusión se esfuma. Todo se viene abajo. La narración y también sus protagonistas. El telón cae. Las luces se apagan.
Lo que viene ocurriendo en nuestro país desde hace algún tiempo, y de forma especialmente acelerada en todo lo que ha sido este año, es, precisamente, lo anterior: la ruptura de la ficción que supone la aceptación del Derecho aplicado. Y por supuesto esta quiebra no ha sido resultado del azar o la (mala) suerte. Todo lo contrario. La desilusión de la esperanza del Derecho es el producto ordinario de una concatenación de factores preordenados a un mismo fin: la desnudez de la Justicia a través de la resignación a su propia inutilidad.
Cuando no se destinan medios económicos para garantizar un personal mínimo y eficaz al servicio de un órgano, cuando se produce el bloqueo interesado del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo o cuando se reputan plausibles tasas de pendencia que desincentivan la inversión y deterioran profundamente la confianza en nuestra economía, lo que se está haciendo por vía de la inacción es desmontar primero la tutela judicial efectiva y después el mismo Estado de Derecho. Nada más, nada menos.
Una sociedad democrática, moderna, progresista y comprometida con los servicios públicos y el impulso a la iniciativa privada se escandalizaría de comprobar cómo funciona la Justicia en España. Parece sin embargo que no ocurre así en nuestro país. Y la pretensión de resignar a todos para que con brevedad la Justicia deje de funcionar (ya ha dejado de importar) se augura exitosa. Y luego dará igual. O tal vez no. Es difícil saberlo. Las ficciones funcionan sobre la base de la aceptación y a su vez la aceptación se asienta donde la confianza actúa como simiente.
Sin confianza, sin aceptación y sin justicia sólo quedará un óbito, el nuestro. Un entierro al que no acuda nadie pero que lamentarán todos.
