Los portavoces del PP, Vox y Ciudadanos han preguntado de manera reiterada al titular de Interior su opinión sobre los posicionamientos de Unidas Podemos pero Grande-Marlaska ha evitado en todo momento condenar directamente a su compañero de gobierno.
Por ello, la diputada del
PP, Ana Belén Vázquez ha acusado a Grande-Marlaska de negarse a condenar sin
matices los disturbios de los manifestantes que protestaban contra la prisión
de Pablo Hasel. Unos altercados, que, recordó, han sido alentados por Unidas
Podemos a través de las redes sociales, en concreto por el portavoz de la
formación morada, Pablo Echenique. La portavoz de los populares en la comisión
de Interior criticó que Grande-Marlaska no haga una condena de los disturbios
sin ambages como sí exigía él entonces en 2019 al presidente de la Generalitat
Quim Torra. “Ustedes exigían al señor Torra que condenara la violencia de
manera firme y rotunda, sin adjetivos ni medidas tintas, la misma que yo le
exijo”
Los sucesos vandálicos de estos días en Madrid, Barcelona
y otras ciudades no pueden quedar como un episodio más de los que protagoniza
la actual versión de la kale borroka por uno u otro motivo. En este caso, coinciden
unas circunstancias que exigen esa singular atención, y no sólo por su
violencia.
El desencadenante es el ingreso en prisión por orden
judicial de un rapero para cumplir la condena a la que viene obligado por
reincidencia en la comisión de diversos delitos. Y la reacción se pretende
«justificar» por considerar que es la libertad de expresión la condenada en su
persona. Lo singular es que desde las filas del Gobierno se aplauda esa
violencia, y simultáneamente se exija además un control sobre los medios de
comunicación. Es un signo de estos tiempos y esta sociedad el «señalamiento» a
los periodistas y a los medios, mientras se apoya a quienes violentamente en
las calles afirman defender la libertad de expresión.
Las palabras y las ideas tienen consecuencias y, así,
estamos en una sociedad, un país y un Estado democrático gobernados por quienes
tienen por referencia y como objetivo dictaduras comunistas en su versión
bolivariana o soviética. En un Estado de Derecho, el respeto a la ley y a la
autoridad legítima es innegociable, y tienen consecuencias sociales ejemplos
como el de Cataluña, convirtiendo en héroes políticos y socios del Gobierno a
quienes burlaron la ley desde el poder. El papel de los antisistema no es
gobernar el sistema.
