El Estado de derecho y la calidad institucional en España: los males de un Estado de partidos
El Estado de derecho en España, como pilar fundamental de la democracia, enfrenta una serie de desafíos que comprometen la calidad institucional del país. Aunque teóricamente España es una democracia plena, en la práctica se encuentra atrapada en lo que científicamente se ha denominado un «Estado de partidos«. Esta estructura política, basada en el control hegemónico de los partidos políticos sobre las instituciones públicas, ha generado una serie de disfunciones que afectan tanto la independencia del sistema como la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
El «Estado de partidos»: Una degeneración del Estado de derecho.
El concepto de «Estado de partidos» fue abordado por el jurista alemán Heinrich Triepel, quien describía este fenómeno como una transformación en la que los partidos políticos dejan de ser mediadores entre sociedad y Estado para convertirse en hegemónicos dentro del aparato estatal. Según Triepel, este control termina distorsionando la separación de poderes y convierte al Estado en una herramienta al servicio de las élites partidistas, afectando gravemente la neutralidad de las instituciones públicas.
Carl Schmitt también analizó críticamente el «Estado de partidos«. En su obra «El guardián de la Constitución«, Schmitt advertía que el parlamentarismo, dominado por los partidos, se degrada en una lucha de intereses privados, socavando la legitimidad del Estado y el bien común. Esta partidocracia genera una crisis de representación, pues las decisiones políticas dejan de estar guiadas por la soberanía popular y pasan a depender de las dinámicas internas de los partidos políticos.
Consecuencias para la calidad institucional
La primera consecuencia de un sistema así es el debilitamiento de la garantía constitucional de la independencia judicial. El poder judicial, fundamental para garantizar el Estado de derecho, ha sido sometido a una autentica lucha para su control político. Esto se ve reflejado en la tardanza y dificultad para renovar los cargos del CGPJ, el cual se ha llevado años paralizado debido a las disputas entre los principales partidos. La politización del sistema judicial genera desconfianza y afecta negativamente a la percepción pública de la justicia, que ve como el gobierno de los jueces pretende ser asaltado sin ningún escrúpulo y sin que surja un mínimo de cordura para darse cuenta que ofrecen un bochornoso espectáculo cual hienas sobre sabrosa carroña.
Falta de controles eficaces y corrupción
En un Estado de partidos, los órganos de control administrativo y económico, como el Tribunal de Cuentas o las agencias regulatorias, son igualmente susceptibles de control político. Esto afecta su capacidad para actuar con independencia, lo que a menudo facilita prácticas corruptas o negligentes. Los partidos dominantes, al controlar estos organismos, evitan una verdadera y efectiva rendición de cuentas.
La politización de los medios
En los últimos años, se ha observado en España una creciente tendencia hacia el control de los medios de comunicación por parte de los poderes políticos. Diversos gobiernos han intentado influir en la prensa, limitando su capacidad para actuar como un verdadero contrapoder. Esta situación ha sido evidenciada a través de presiones sobre periodistas, regulaciones restrictivas y el uso de subvenciones públicas o favores económicos para condicionar la línea editorial de medios clave. Un ejemplo es el control sobre los medios públicos como RTVE, donde los nombramientos de directivos y los contenidos informativos han sido objeto de controversias por su alineación con los intereses del gobierno de turno.
Además, la falta de independencia en los medios ha generado un deterioro en la libertad de prensa, contribuyendo a una polarización de la información y afectando la calidad del debate público. Esta estrategia busca, por una parte, neutralizar el rol fiscalizador de la prensa, fundamental en una democracia consolidada, y por otra, persigue señalar, atacar y manchar la reputación profesional de aquellos que han intentado ser críticos con la política del gobierno.
Fragmentación del mercado y regulación ineficiente
Según informes recientes de la Comisión Europea, la fragmentación del mercado y el exceso de regulación son obstáculos que impiden la productividad en España. El exceso de normativas muchas veces responde a intereses partidistas y regionales, lo que genera un entorno empresarial difícil, afectando a la competitividad económica del país.
Definir el sistema de partidos actual tal y como lo hiciera Hans Kelsen –democracia de partidos-, es una auténtica tomadura de pelo. No solo porque la democracia exija representación política y separación de poderes que en un sistema político semejante no es posible, sino porque la tan ansiada democracia material, es decir, aquella que busca la igualdad antes que la libertad se ha comprobado en España, en este último tiempo, que dicho valor constitucional no tiene ninguna fuerza ni afectación cuando el gobernante de turno, ansiado de poder, entrega a manos ajenas como contrato de caución de su sillón: la igualdad ante la ley, la solidaridad entre todos los territorios de España, el cumplimiento de la ley penal y la devolución de los caudales públicos por responsabilidades contables. Y lo peor de todo, es que nadie ni ninguna institución puede evitarlo, pues se hallan bajo su poder y control.
Desgaste en la confianza pública
La combinación de una justicia politizada, una regulación fragmentada y una corrupción endémica afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. España ha experimentado un acusado descenso en varios índices internacionales de calidad democrática, donde factores como la percepción de corrupción y la falta de independencia judicial juegan un rol determinante.
Impacto en el Estado de derecho
El resultado de este modelo es un Estado de derecho no debilitado sino caquéxico, donde las decisiones de los partidos políticos prevalecen sobre los intereses generales. Heinrich Triepel subrayaba que en un sistema así, las instituciones se vacían de contenido democrático y se subordinan a los dictados de las cúpulas partidistas. A su vez, Carl Schmitt sostenía que este control de los partidos sobre el aparato estatal transforma la política en una «lucha de poder» constante, erosionando la soberanía popular.
En España, la estructura del «Estado de partidos» ha contribuido a la erosión de la independencia judicial y el control de las instituciones, afectando directamente la calidad institucional y el Estado de derecho. Este problema sistémico es evidente en la falta de reformas significativas que puedan devolver a las instituciones su autonomía frente a la política partidista, un mal que aqueja tanto a la administración pública como al sistema judicial.
El Estado de partidos en España ha provocado una serie de disfunciones que afectan gravemente a la calidad institucional y, por ende, al Estado de derecho. Sin una separación clara de poderes ni una verdadera independencia de las instituciones, el sistema de libertades español corre el riesgo de seguir deteriorándose. Solo a través de reformas estructurales y constitucionales que limiten el poder de los partidos sobre las instituciones y promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, España podrá recuperar la democracia que demanda su sociedad. Mientras tanto, seguirá creciendo el partido más democrático que existe: el de la abstención.
