Caso inédito en la Justicia "civilizada" mundial. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado por revelación de secretos.

 

   El, de momento,  fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a sentarse en el banquillo de los acusados, por lo que su continuidad al frente del Ministerio Público es inviable desde cualquier punto de vista. Aun cuando siga convencido de su inocencia en la revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el deber profesional y moral de García Ortiz es irse. Un acusado como él no puede ni debe seguir impartiendo instrucciones y órdenes a los fiscales españoles para el ejercicio de sus funciones. No puede perseguir delitos quien va a ser juzgado por uno de ellos. Esta incompatibilidad entre la condición de acusado y la de fiscal general vive al margen de la presunción de inocencia. García Ortiz ha de asumir que el tribunal de apelación de la Sala Segunda del Supremo ha ratificado su imputación con una frase lapidaria, escrita en el largo, denso y detallado auto que se conoció ayer: la filtración del correo del abogado de González Amador «fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado, quien había reclamado el correo dos horas antes de su publicación con objeto de su difusión».

Es cierto que la decisión de ratificar la imputación de García Ortiz no ha sido unánime. Un magistrado ha emitido un voto particular a favor de su exoneración total. Sin embargo, la voluntad de un tribunal siempre la forma su mayoría y la diferencia de criterio entre los jueces responde a la libertad que cada uno tiene para valorar en conciencia el resultado de la investigación. Esa libertad, basada en la imparcialidad, es la que ha llevado al tribunal de apelación de la Sala Segunda a archivar el caso respecto de Pilar Rodríguez, la subordinada de García Ortiz. La exculpación de la fiscal jefe de Madrid refuerza aún más si cabe la solidez de la decisión frente a García Ortiz, porque demuestra que los magistrados han hecho una labor de discernimiento sobre la instrucción, evitando una decisión en bloque, carente de un análisis separado y pormenorizado de los indicios que afectaban a cada imputado. El auto que confirma la imputación de García Ortiz no prejuzga el resultado del futuro juicio oral, porque, como dicen los magistrados que lo firman, su misión no era condenar o absolver al fiscal general, sino decidir si había o no motivos suficientes para mantener la imputación. Y los hay, variados y suficientes, para ir a juicio oral.

 

  Políticamente, esta decisión perfila aún más una crisis institucional de la que solo son responsables García Ortiz y Pedro Sánchez, porque el Consejo de Ministros tenía motivos sobrados –y ahora ineludibles– para destituir al fiscal general del Estado en su puesto por incumplimiento grave de sus funciones. Aunque los hechos no fueran delito, García Ortiz se ha revelado como un maniobrero afín a los intereses partidistas del Gobierno y ha quedado descalificado para ostentar la jefatura de la Fiscalía. En pleno debate sobre la falta de una respuesta suficiente a la corrupción, y tras las críticas de la Comisión Europea a la injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales, la continuidad de García Ortiz aumenta el descrédito de España como Estado de derecho fiable y alineado con los valores de una democracia constitucional. La toxicidad de Sánchez en las instituciones tiene un límite que se ha superado holgadamente con García Ortiz, quien hace tiempo debió haber dado un paso a un lado para no seguir dañando a quienes dice proteger, los fiscales españoles, cuando el único interés que protege es el del Gobierno socialista.

 

El poder y buen hacer de Ayuso. Una tropelía del Fiscal General a su novio, arrolla a todo el sanchismo.

 

Un fiscal servil a los intereses del Gobierno

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en Barcelona. | EF

Lo que ha caracterizado sobre todas las cosas la actuación de Álvaro García Ortiz desde su nombramiento como fiscal general del Estado en agosto de 2022 ha sido su fidelidad al Gobierno, y a la persona que le propuso para el cargo, su anterior jefa, Dolores Delgado.

En la mañana del 16 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha comunicado su decisión de abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. La imputación se ha acordado por unanimidad de los cinco magistrados que componían la sala (Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo –ponente– y Carmen Lamela). No ha habido fisuras, pues, a la hora de dar un paso que cabe calificar de histórico, por cuanto nunca antes un fiscal general había sido investigado por el Supremo.

La Sala Segunda estima que hay suficientes indicios como para estimar que el fiscal general vulneró el derecho de defensa de Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso), al hacerse públicos por orden suya los correos entre el abogado de este, Carlos Neira, y el fiscal que llevaba el caso, Julián Salto.

Lo hechos sucedieron en el mes de marzo de este año. La nota de prensa, a instancias del fiscal general, se hizo pública el día 14 de ese mes, y era la respuesta a una noticia publicada por El Mundo unas horas antes, en la que se daba cuenta de un posible acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el presunto defraudador.

La fecha es importante porque enmarca lo sucedido en un contexto político complicado para el Gobierno. El 14 de febrero se aprobó en el Congreso la ley de amnistía, que no sólo concitó el voto en contra del PP y de Vox, sino el rechazo de la mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del PSOE. El día 21 de febrero se produjo la detención de Koldo García, el hiperactivo asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y, tal vez lo más importante, el 29 de febrero El Confidencial comenzó a publicar informaciones que afectaban directamente a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Viendo su trayectoria, no extraña que García Ortiz se empleara con tanto afán en "ganar la batalla del relato" a favor de Pedro Sánchez

En ese contexto, la investigación de Hacienda al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "la jefa", como la califica Pedro Sánchez, cobraba un valor extraordinario. Por ello, la Fiscalía filtró de manera inmediata la noticia que, previamente, García Ortiz había transmitido al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En efecto, el 12 de marzo elDiario.es publicaba en exclusiva que el novio de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía de Madrid "por defraudar a Hacienda 350.000 euros" a través de una de sus empresas, que se dedicaba a intermediar en la compra de mascarillas durante la pandemia. ¡Lo que salió de la boquita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero!

e marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso "un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras se judicializa el caso".

Esa exclusiva neutralizaba en gran medida los efectos de la bomba lanzada por elDiario.es. Ante esa situación, el fiscal general del Estado desplegó toda su capacidad de influencia y de mando para que la Fiscalía "ganara el relato". Es decir, para convertir a González Amador en un defraudador confeso que pedía clemencia a la Fiscalía para no ingresar en prisión.

La difusión de la nota de prensa para "ganar el relato" se hizo contra el criterio de la Fiscalía de Madrid, y en ella se transcribieron entrecomillados de los correos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.

¿Quién ganó la "batalla del relato"? No se sabe muy bien. Pero lo que ha quedado claro es que el fiscal general del Estado bordeó –como mínimo– la legalidad con tal de que en la opinión pública se hablara tanto de los trapicheos del novio de Díaz Ayuso como de las tropelías de Ábalos o los negocios de la esposa del presidente.

Viendo la trayectoria de García Ortiz no sorprende su disposición a poner la Fiscalía General al servicio de los intereses del presidente del Gobierno.

Un día después, el 13 de marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso "un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras se judicializa el caso".

Esa exclusiva neutralizaba en gran medida los efectos de la bomba lanzada por elDiario.es. Ante esa situación, el fiscal general del Estado desplegó toda su capacidad de influencia y de mando para que la Fiscalía "ganara el relato". Es decir, para convertir a González Amador en un defraudador confeso que pedía clemencia a la Fiscalía para no ingresar en prisión.

La difusión de la nota de prensa para "ganar el relato" se hizo contra el criterio de la Fiscalía de Madrid, y en ella se transcribieron entrecomillados de los correos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.

¿Quién ganó la "batalla del relato"? No se sabe muy bien. Pero lo que ha quedado claro es que el fiscal general del Estado bordeó –como mínimo– la legalidad con tal de que en la opinión pública se hablara tanto de los trapicheos del novio de Díaz Ayuso como de las tropelías de Ábalos o los negocios de la esposa del presidente.

Viendo la trayectoria de García Ortiz no sorprende su disposición a poner la Fiscalía General al servicio de los intereses del presidente del Gobierno.

La victoria del Fiscal General, Álvaro García Ortiz en la junta de fiscales, con sabor a derrota y dimisión.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | EUROPA PRESS

Álvaro García Ortiz echó ayer toda la carne en el asador para ganar la votación de la Junta de fiscales de Sala sobre la amnistía. Ganó, sí. Pero por sólo dos votos, el suyo y el de su anterior superior jerárquica, Dolores Delgado, que, en puridad, debería haberse ausentado de la reunión.

De hecho, el Fiscal General del Estado hubiera perdido si no se hubiesen admitido los votos telemáticos, que, finalmente, inclinaron la balanza a favor de conceder la amnistía total a Carles Puigdemont y el resto de los implicados en el procés.

Con esa pírrica victoria (19 votos contra 17) García Ortiz no puede sacar pecho, pero la votación le sirve para legitimar una decisión que ya estaba tomada: sustituir a Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, los ficales que ejercieron durante el juicio del procés y que piensan que la malversación no es amnistiable, por otros que seguirán al pie de la letra la posición de su jefe. Se trata de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala de lo Penal, Joaquín Sánchez Covisa.

Queda así dividida en dos la cúpula fiscal y no precisamente por su adscripción ideológica, ya que hubo fiscales considerados progresistas que votaron contra el Fiscal General y conservadores que le respaldaron, sino por diferencia de criterio jurídico. Ese hecho pone de manifiesto que en la Fiscalía no hay disciplina de voto, como tampoco lo hay entre los jueces del Supremo, por más que algunos quieran trasladar su estrechez mental a la judicatura.

García Ortiz ha hecho buena la tesis del presidente del Gobierno: ¿De quién depende la Fiscalía?

Hace ya unos meses, cuando se puso a rodar la ley de amnistía, recordamos en esta columna que la amnistía de ahora, la que se concede a cambio de siete votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, y la de 1977, se diferencian sustancialmente en dos cosas. Por un lado, la amnistía del 77 tenía toda la lógica ya que con ella se quería poner fin a un régimen de dictadura y comenzar una nueva etapa bajo la idea de la reconciliación, mientras que esta se da en plenitud democrática. Por otro, la ley del 77 concitó el apoyo de la inmensa mayoría del Congreso. Fue una ley que unió a los grupos políticos en una idea común: superar el pasado, mientras que esta ha roto en dos al Congreso y cuenta con el rechazo mayoritario del Senado.

La ley de amnistía a Puigdemont (se la puede apellidar así porque así es como se ha diseñado) ha tenido la gran virtud de dividir al país. Lo que sucedió ayer en la cúpula fiscal es un reflejo de lo que ha supuesto este cambalache para España. Con la diferencia de que, entre los españoles, la gran mayoría está en contra.

Dentro de unos días, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá que emitir su veredicto sobre la aplicación de la ley de amnistía a los condenados y procesados por el intento de separar a Cataluña de España vulnerando la legalidad. Por mucho que la Abogacía del Estado y la Fiscalía den su opinión favorable a borrar los delitos como si nunca se hubieran cometido, es la Sala Segunda del Supremo la que tiene la última palabra.

El Gobierno no puede utilizar su fuerza, como sí ha hecho a través del Fiscal General en la cúpula de la carrera, para que la Sala Segunda le dé la razón y, de esa forma, Puigdemont pueda volver a España sin miedo a ser detenido. Pero, eso sí, preventivamente, ha hecho todo lo posible para desacreditar a los magistrados que la componen. Sánchez se olvida que dio su visto bueno a que Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, fuera elegido presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial. Eso ahora ya no importa.

"Venceréis, pero no convenceréis", decía Unamuno. La de ayer fue una jornada triste para la Fiscalía porque se impuso la fuerza de la disciplina a la razón de los argumentos.

 

La Fiscal General, Lola Delgado renuncia y, ella misma nombra a su sustituto. ESTO ES UN GOLPE BAJO al estado de derecho.

 

Dos de las tres asociaciones de fiscales denuncian el papel activo de Álvaro García (socialista) en las principales polémicas que han envuelto el mandato de Delgado.

Por Juan Pardo

juanpardo15@gmail.com

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Blog de Juan Pardo

Estupefacción entre los fiscales por el perfil controvertido del sustituto de Delgado

 

La designación de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado ha suscitado «estupefacción» y «sorpresa» entre un sector mayoritario de la carrera fiscal. Dos de las tres asociaciones representadas en el Consejo Fiscal ven con suspicacia que, para sustituir a Dolores Delgado, el presidente del Gobierno haya optado por quien hasta ahora se desempeñaba como su mano derecha. Consideran que ha sido el «cooperador necesario» y el «álter ego» de Delgado en las principales polémicas que han envuelto los dos años de mandato de la hasta ahora titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

 

Entre las controversias en las que ha tenido una participación activa se encuentra la decisión de apartar al fiscal Ignacio Stampa del juicio por el caso Villarejo. Un proceso cuya «transparencia» García Ortiz defendió a capa y espada. «Quien le sucede es una apuesta por la continuidad con la gestión de Dolores Delgado. Álvaro García Ortiz ha sido su álter ego en algunas de sus decisiones más polémicas, como la de apartar al fiscal Stampa del caso Villarejo. En esa y otras polémicas, ha tenido una intervención clave», señala Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). «Con este nombramiento solo podemos esperar una línea continuista con la gestión que venía llevándose a cabo en la FGE»..

 

Más allá del caso Stampa, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) señalan que García Ortiz ha sido el «cooperador necesario» de Delgado en su polémica y «sectaria» política de nombramientos y ceses llevada a cabo en la FGE, donde las decisiones del Ministerio Público han sido a menudo puestas en duda debido a la falta de imparcialidad de una fiscal general que antes había sido ministra de Justicia con el PSOE. Los críticos con este nombramiento lamentan que Pedro Sánchez haya podido dejar pasar la oportunidad de dar una mayor imagen de independencia.

 

«La dimisión de Lola no nos ha sorprendido por razones de salud. Lo que sí nos ha dejado estupefactos es el nombramiento de su número dos», indica Salvador Viada, portavoz de la APIF. «Lamentamos que no se haya producido un cambio de rumbo con la salida de Lola. Durante su mandato el sectarismo en los nombramientos y ceses ha sido clamoroso, y Alvaro García ha sido cooperador necesario de Delgado en esos asuntos como su número dos», añade.

 

La UPF defiende al sustituto de Delgado

La Unión Progresista de Fiscales (PSOE), de la que fue presidente el hombre elegido por Sánchez para ocupar la FGE, se ha mostrado satisfecha por el nombramiento de García Ortíz. Destaca su perfil profesional y su trato «cordial y humano». Su presidenta, Inés Herreros, rechaza que haya sido nombrado por pertenecer a la misma asociación que Delgado y subraya que la polémica de esta con los nombramientos es falsa porque «los datos objetivos dicen que la mayor parte de ellos no pertenecen a la asociación».

 

Herreros se ha apresurado a desmentir los presuntos vínculos de García Ortíz con el PSOE. A preguntas de este diario ha asegurado que «nunca ha tenido carné del PSOE». Los fiscales tienen prohibido pertenecer a organizaciones políticas. No obstante, el PP acusa al nuevo Fiscal General del Estado de haber hecho campaña contra Feijóo en las últimas elecciones gallegas. Según los populares, participó el 14 de diciembre de 2019 en un mitin del PSOE de Galicia (PSdG) en un hotel de Santiago de Compostela.

 

La UPF sostiene que García Ortiz participó a título personal en ese evento que, en realidad, estaba organizado por un think-tank vinculado al PSOE y no formaba parte de los actos de campaña del partido. «No está cerca, ni mucho menos. Los fiscales damos en ocasiones charlas en fundaciones vinculadas a los partidos políticos y eso no significa que formemos parte de ellos», explica Herreros.

 

Entre el resto de asociaciones de fiscales lo que preocupa no es tanto la posible afinidad política de García Ortíz con el PSOE, sino su participación activa en muchas de las polémicas que han salpicado el mandato de Dolores Delgado. «Visto que ya se consideró idónea a Lola para el cargo, habiendo sido diputada por el PSOE, ministra de Justicia y de haber hecho campaña electoral en las elecciones generales por el mismo partido, que Álvaro García haya estado en algún mitin del PSOE en Galicia nos parece peccata minuta», indica Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria AF.

Fran Serrato

En la misma línea, la APIF no pone tanto el foco en los posibles vínculos con el PSOE del nuevo fiscal general del Estado. Preocupa más que, al concretarse la dimisión de Dolores Delgado, Pedro Sánchez no haya optado por dar un golpe de timón en una de las instituciones que más ha sufrido un deterioro en la percepción de imparcialidad por parte de los ciudadanos. «No sabemos qué ha ocurrido en la cocina de este nombramiento ni por qué Sánchez ha optado por él. Desconocemos si se va a apostar por una línea continuista o si por el contrario hay directrices para cambiar las cosas. Si quiere hacer las cosas bien, tiene mucho margen de mejora porque la situación en la FGE hoy es desastrosa», indica Salvador Viada.

 

«línea continuista» en la Fiscalía.  «Si Álvaro García comienza a funcionar y demostrar que es Fiscal General del Estado, y no Fiscal General del Gobierno, lo diremos y lo aplaudiremos. Pero en estos momentos no creemos vaya a ser así. Si no hace seguidismo partidista, estaremos contentos, pero si su nombramiento es simplemente una apuesta por continuar con la misma línea, vamos directos hacia el desastre», añade el portavoz de la APIF.

 

Por su parte, la AF da por hecho que el nombramiento de Álvaro García supondrá una «línea continuista» con la gestión de Dolores Delgado. Al mismo tiempo, admiten que la dimisión de la hasta ahora fiscal general del Estado «les ha pillado por sorpresa». «Nos parece que ha tardado tiempo en dimitir. Nunca consideramos que fuese una candidata idónea a FGE, ni por su procedencia política, ni por sus relaciones personales con otras personas del ámbito judicial, ni por las polémicas en las que se ha metido. Si es por salud, lo lamentamos, pero estamos satisfechos con su renuncia», asevera Cristina Dexeus.

 

Trayectoria de Álvarez Ortiz

Fiscal de carrera desde 1998, de la trayectoria profesional de García Ortiz destaca su trabajo como fiscal del ‘caso Prestige’, la mayor catástrofe medioambiental en aguas europeas, donde el Ministerio Público defendió la tesis de que «la Administración española no fue responsable de la catástrofe». El principal condenado fue el capitán del ‘Prestige’, Apostolos Mangouras, por un delito imprudente contra el medio ambiente en su modalidad agravada de deterioro catastrófico derivado de la catástrofe del vertido en las costas gallegas.

 

También sobresale en su trayectoria las investigaciones sobre incendios y el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017, después de que el por entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hablase de una actividad «delictiva homicida» y llegase a plantear el delito incendiario como «terrorista». García Ortiz fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía y aseguró que no tenían «evidencias de la existencia de ninguna trama» incendiaria. Este informe fue llevado al Parlamento de Galicia en la comisión que investigó la ola de incendios de aquel inicio de otoño.

 

En cualquier caso, y tras la designación por parte del Gobierno, se abre ahora un trámite por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá informar sobre el nombramiento de García Ortiz, y éste tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El CGPJ abordará su nombramiento en el pleno del próximo jueves.

 Por Juan Pardo

juanpardo15@gmail.com

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