En realidad, mujer no se
nace, pero se consigue. Emma Watson: “No te sientas estúpida si no te gusta lo
que a los demás fingen amar y hasta puede que seas amada.” La mujer sabe que es
mujer como el hombre sabe que su madre, esposa e hijas son mujeres sin tener que oficializar el imperativo de la
Viceministra, Carmen Calvo “SI O SI”. Ella se ha casado varias veces y la última
de ellas con el novio de su única hija, 31 años menor que ella ¿Amor u odio?
Ese hombre se casa con ella por temor a la valía de su poder dominante, o sea,
o conmigo o en la cárcel. Luego es una ventajista por fracasada.
Además, lo reitera en su
comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado ha dicho: «Proteger la
libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las
mujeres tienen que ser creídas sí o sí, como en cualquier otro tipo de delito.
Las víctimas deben contar con la solidaridad del Estado».
Una nueva andanada contra
las garantías del Estado de Derecho. Sorprende el mensaje de la señora
vicepresidenta: «Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí», de manera que la
denuncia presentada por una mujer relativa a su libertad sexual siempre ha de
tomarse como una verdad incuestionable; por lo tanto, el tribunal debe condenar
al denunciado sin dudarlo y, si no lo hace, se arriesga a ser escrachado como
corresponsable del mismo delito denunciado y cómplice de una execrable justicia
heteropatriarcal.
Hace años que desde ciertos
sectores se intenta socavar la presunción de inocencia en aquellos casos que
tienen componente «de género»; esto es, cuando la denunciante pertenece al
«grupo víctimas» (todas las mujeres, siempre sinceras y en posesión de la
razón) y el denunciado al «grupo verdugos» (todos los hombres, siempre
mentirosos y malvados). De este modo, la justificación de una denuncia no
dependerá de un juicio con todas las garantías, sino del colectivo o grupo al
que pertenezcan la denunciante y el denunciado. Forma parte de la asfixiante
corrección política imperante, en la que se enmarca el mensaje de la señora
vicepresidenta del Gobierno.
Condenar sin pruebas o con
dudas razonables es, sencillamente, una aberración. Supone pervertir nuestro
sistema de garantías y retroceder en el túnel del tiempo
Ahora bien, en el citado
mensaje se olvida que el moderno enjuiciamiento criminal no admite «testigos
incuestionables» (técnicamente: no se admiten pruebas tasadas). En un Estado de
Derecho, todas las pruebas, también la declaración de las víctimas, han de ser
ponderadas y sometidas a una valoración racional (no pasional ni emocional) por
parte del tribunal. Los «actos de fe» no
casan nada bien con la función de enjuiciar. Negar esta premisa es hoy
inconcebible; más aún si se hace desde posiciones que se autodenominan
progresistas.
Olvida también la señora
vicepresidenta que es el fiscal quien, como acusador público, tiene la
obligación de llevar a juicio las pruebas que permitan concluir, sin ningún
género de duda razonable, la culpabilidad del acusado. Condenar sin pruebas o
con dudas razonables es, sencillamente, una aberración. Supone pervertir
nuestro sistema de garantías y retroceder en el túnel del tiempo a un pasado
inquisitorial. El juez que hiciera algo así no merecería llevar la toga. Otra
cosa es lo que sucede en los regímenes totalitarios, donde la presunción de
inocencia puede ser pisoteada y el principio in dubio pro reo absolutamente
ignorado.
Precisamente son estas
garantías del Estado de Derecho, que las declaraciones de la señora
vicepresidenta del Gobierno ponen en cuestión, las que dan «confianza» al
sistema judicial. Pasar del enjuiciamiento al linchamiento es una involución,
un gravísimo retroceso desde la civilización a la barbarie. El profesor Tomás y
Valiente, en uno de sus trabajos sobre la Inquisición española, apuntaba que
«tanto arraigó, tan hondas y recias y vitales fueron sus raíces, que
mecanismos, hábitos e intransigencias inquisitoriales dijérase que todavía
anidan entre nosotros». ¡Qué razón tenía el maestro!
Sugiero a la vicepresidenta
que modifique la Constitución: “Todos los hombres denunciados por cualquier
delito de violencia de género serán presumidos culpables”
Si la vicepresidenta del
Gobierno quiere que todas las denuncias sobre la llamada (con notorio error
semántico) «violencia de género», también conocida como «violencia machista o
heteropatriarcal», acaben en condena, le sugiero que se atreva a modificar
algunos textos legales, comenzando por el artículo 24 de la Constitución, que
podría decir algo así: «Solo algunas personas tienen derecho a la presunción de
inocencia; por excepción, todos los hombres denunciados por cualquier delito de
“violencia de género” serán presumidos culpables sin posibilidad alguna de
demostrar lo contrario» (lo que en Derecho se llaman presunciones iuris et de iure,
es decir, indestructibles).
Podría seguir con el
artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el siguiente sentido: «Los
jueces apreciarán con arreglo a la sana crítica y a las reglas de la lógica las
pruebas practicadas en el juicio, salvo en los casos sobre cualquier tipo de
“violencia de género”, en los que la declaración de la denunciante será prueba
plena de la comisión del delito, con independencia de que sea o no convincente
y de que no existan otras pruebas que la corroboren».
Por último, se impone
reformar también las agravantes en el Código Penal: «En los delitos sobre
“violencia de género”, al acusado se le impondrá la pena superior en grado si
se probase que es verdad lo denunciado».
De este modo, al iniciarse
los juicios sobre este tipo de delitos, no sería necesario advertir al acusado
de sus derechos, pues no los tendría. Bastaría llamarle a la sala de vistas
diciendo: ¡Que pase el condenado!
Alfredo de Diego Díez es
miembro de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente
