Uno de mis buenos amigos, al menos así lo tengo yo inventariado, tiene por costumbre leer cada día un capítulo de El Quijote -por cierto, a ver si me acuerdo de preguntarle cuántas vueltas completas le ha dado a la novela de don Miguel-. No me consta sin embargo que Álvaro García Ortiz, hombre de altas y muy absorbentes responsabilidades, tenga tiempo para hacer algo ni remotamente parecido, aunque sin duda será de los que en algún momento de su vida han leído el magistral relato de Cervantes, y recordará que en el capítulo LXXIV de la segunda parte, justo antes de morir, don Quijote recupera la cordura, y retractándose de la fábula en la que había vivido confiesa ser Alonso Quijano.
Si el fiscal general del Estado, que en estos días pasa por el amargo trance de sentarse en el banquillo de los acusados (aunque ocupe una silla en el lugar reservado a la defensa), pudiera como don Quijote rebobinar, que no puede, es muy probable que no actuara como lo hizo el 13 y el 14 de marzo de 2024. Si pudiera decir toda la verdad, que ni tiene obligación como acusado, ni le dejan (aunque le acabarán dejando tirado), reconocería que las decisiones que tomó aquel infausto día estuvieron condicionadas por las presiones recibidas desde instancias políticas, y en concreto desde la Presidencia del Gobierno de España.Si García Ortiz pudiera desandar el camino, quizá les diría a quienes le conminaron a precipitarse para “ganar el relato” que ni las prisas son buenas consejeras ni es función de la Fiscalía entrar de lleno en la batalla mediática; que el estatuto orgánico de la institución que dirige establece como principio fundamental que del fiscal general para abajo todos los fiscales tienen el deber de reserva y sigilo, así como la obligación de respetar el secreto de las actuaciones; y que los tiempos políticos no son los mismos que los de la justicia. Dicho de otro modo: les hubiera dicho que no era posible hacer lo que le pedían, porque iba contra la ley.
La lógica de ‘l’omertà’
Así lo entendió la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien le echó en cara la filtración a su superior sin ser objeto de la correspondiente réplica. Así lo entendió Juan Lobato, que se cubrió las espaldas ante notario. Como también entendió después la gravedad de la maquinación otro de los personajes clave de aquella noche fatídica, la jefa de Gabinete del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, cuya inevitable amnesia ha convertido su inverosímil atestado en una de las más elocuentes piezas de la acusación.
Pedro Sánchez ha declarado que el fiscal es inocente, “y más aún tras lo visto en el juicio”. Ahora me explico mejor lo de sus gafas en el Senado. No sé qué juicio es el que está viendo el presidente, y sin embargo su afirmación es coherente, porque responde a la lógica de l’omertà, la que refleja el supuesto, tantas veces por desgracia constatado, del subordinado que por un erróneo sentido de la lealtad acaba cometiendo un delito de obediencia, del que García Ortiz no está siendo juzgado, pero que será el que más le va a pesar el resto de sus días, ocurra lo que ocurra.
No es verdad que Sánchez crea en la inocencia del fiscal general, porque sería como no creer en sí mismo. Simplemente utiliza su gran potencia de fuego mediático para presionar al tribunal y alimentar, en caso de condena, el guion de un nuevo capítulo de la serie “La única justicia válida es la justicia del pueblo”. Sánchez conoce, como todo el que no se deja distraer por lo accesorio, que existe la posibilidad de que los magistrados concluyan que no está del todo claro, que hay duda razonable sobre la autoría de la filtración. Pero también sabe que ahí no acaba la responsabilidad del fiscal general.
Pongamos que García Ortiz no filtró. Pongamos que tampoco ordenó que se filtrara. Mucho poner, pero pongamos. ¿Pero dejó hacer? ¿Dictó o no él mismo los términos de una nota considerada por el decano del Colegio de Madrid de “inusitada gravedad”? ¿Consintió o no que para desmentir un bulo se divulgara información reservada? Y cuando supo que esta se había filtrado, ¿por qué no ordenó como era su deber que se abriera de inmediato una investigación para identificar a los responsables? Al fiscal general no solo se le juzga como posible ejecutor directo de un delito de revelación de secretos; también por la decisión (presuntamente) consciente de no impedir, como era su deber inexcusable, su propagación.
‘Terroristas emocionales’
No hay un solo magistrado de los siete que componen la sala que juzga a García Ortiz que considere injustificada la decisión de sentarle en el banquillo. Cosa distinta es la valoración que cada uno de ellos haga de la prueba a efectos de sentencia. Tanto la condena como la absolución por duda razonable han de estar fundamentadas en Derecho y, en ese terreno, el estrictamente jurídico, los criterios de aplicación casi nunca son uniformes.
Tal y como va el juicio, y en contra de la opinión improcedente del presidente del Gobierno, la condena de García Ortiz es más que probable. Quizá no por lo que hizo (que también: el borrado injustificado de sus mensajes, por ejemplo), sino por lo que dejó hacer; o dejó de hacer. Y, sin embargo, puede que la decisión de los magistrados no zanje la batalla política, sino que la encone.
Una resolución condenatoria alcanzada por unanimidad, o por 6 a 1, incluso por un 5 a 2, complicaría mucho cualquier maniobra de descrédito del tribunal. Pero un 4 a 3 convertiría la sentencia en gasolina para “terroristas emocionales”, en expresión de una de las letras de Rosalía (La Perla), y trasladaría casi con toda seguridad la batalla, en forma de recurso de amparo, al Tribunal Constitucional.
En una hipótesis de cuasi empate, sería inútil cualquier llamamiento a recuperar la cordura. Y lo más urgente: el crédito de la Fiscalía.
