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Farsa e indignante campaña electoral con dinero público.


Afortunadamente, solo quedan tres días de caravana electoral. Digo, afortunadamente, porque todo lo que gira en torno a las campañas electorales es una farsa total en la que se trata a los ciudadanos como si fueran menores de edad en medio de un gigantesco e inútil derroche de fondos públicos y privados. Todo el mundo sabe perfectamente, aunque nadie lo dice, que el rosario de mítines que se suceden durante quince días por toda España no sirve para absolutamente nada. Ninguno de estos miles de actos que teóricamente se celebran para que el ciudadano se informe de las propuestas de cada partido y decida a quién votar, sirve en realidad para captar un solo voto, por el hecho evidente de que todos aquellos que acuden a un mitin de un determinado partido tienen ya más que decidido que van a votar a esa fuerza política. De hecho, la inmensa mayoría de los que asisten a esos eventos para agitar banderas y aplaudir a los candidatos cuando se les indica, lo hacen a través de medios de transporte pagados por los propios partidos y por sus organizaciones autonómicas, provinciales o locales. Cada día sabemos menos de las fuentes de financiación, solo que Bárcenas sigue en la cárcel y Blesa destruyendo pruebas incriminatorias del caso Bankia.

¿Debates? En el cara a cara de TVE1 a duras penas se habló de programa o de Europa. Arias Coñete representaba al Gobierno y Valenciano a la o”posición”. O sea, igual de lo mismo. Los debates entre candidatos, teóricamente con los mismos fines que los mítines, tampoco son tales. Se trata más bien de un aburrido espectáculo con tiempos tasados y respuestas y argumentos precocinados, sin el más mínimo contraste de ideas o diálogo entre los contendientes. Y, aún así, hay quien es capaz de meter la pata, como acabamos de ver. La llamada caravana electoral, en la que supuestamente los medios de comunicación conviven con el candidato en su periplo de mítines, es otro sinsentido en el que se dilapidan recursos sin cuento. Los partidos se dedican a pastorear por toda España y a tratar de intoxicar a unos periodistas que en casi ningún momento entran en contacto real con los principales postulantes.

Es indígnante el que por ley se obligue a las televisiones privadas a emitir bloques de información política con un reparto de tiempo tasado con criterios de representación política y al margen del interés periodístico de las informaciones, lo que les convierte en forzados medios de propaganda gratuita para los partidos, limitando así de forma flagrante la libertad de prensa y el derecho a la información. Ninguno presenta programa.


Del mismo modo resulta ridículo y anacrónico  el que en pleno siglo XXI se prohiba publicar sondeos durante los cinco días anteriores a las elecciones, hurtando así de manera gratuita a los ciudadanos esa información relevante, o que se imponga una obligada jornada de reflexión, como si alguien fuera realmente a decidir su voto en el último minuto y necesitara aislarse del mundo exterior para poder hacerlo. Si lo que quieren es nuestro voto, empiecen por dejar de tratarnos como a imbéciles y de dilapidar nuestro dinero estérilmente.

Los nuevos candidatos del PPSOE, también, son mentirosos


Aun recuerdo las humillaciones de algunos ministros del PP hacia el bachiller Montilla y la directa de Aznar a Corcuera por su bajo nivel académico.

Los tiempos pasan y ellos los prefieren incapaces. El caso de Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre cuya cabeza se posó el Espíritu Santo encarnado en el dedo de Rajoy para anunciarle que será el líder de los populares andaluces, pone de actualidad un asunto recurrente en España: el de los políticos que inflan sus currículos o directamente se los inventan. El historial académico de Moreno, al que algunos llaman joven y prometedor pese a haber cumplido ya los 43 años, edad a la que Felipe González y Aznar eran ya presidentes del Gobierno, se estira o se contrae a voluntad. Y así, mientras en el año 2000 se presentaba en el Congreso como «Licenciado en Administración y Dirección de Empresas» con un máster en la misma especialidad, en el 2004 su reseña como diputado solo indicaba que tenía «estudios» en Dirección y Administración de Empresas. Ya en el 2008 desaparece de su biografía cualquier referencia a estudios superiores. Y en el 2011, al ser nombrado secretario de Estado, decide dar un giro y presentarse como licenciado en «Protocolo y Organización de Eventos», en realidad, solo tiene bachiller.

Para no ser menos, la otra pinocha del PSOE y, actualmente, vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ungida también por un dedo divino como candidata socialista para las elecciones europeas, en este caso el de Alfredo Pérez Rubalcaba. Durante los nueve años que ejerció como eurodiputada, Valenciano se presentaba en la web del Parlamento Europeo como «licenciada en Derecho y Ciencias Políticas», especificando además que había terminado ambas carreras en 1980, cuando tenía solo 20 años. Lo cierto es que Valenciano no es licenciada en nada. Y que cuando se le hizo notar la mentira flagrante, alegó que lo que ella posee son «estudios» en esas materias, es decir, que estuvo matriculada, omitiendo que fue ella misma quien rellenó la ficha en la que figuraba como licenciada. Falsificar un título académico es DELITO.

Ese recurso, el de afirmar que se tienen «estudios, es habitual entre nuestros políticos. Y así hemos tenido en España un ministro nada menos que de Industria, José Montilla, que en algunos sitios declaraba que «estudió Derecho y Económicas» y en otros que tenía «estudios» de ambas materias, aunque la verdad es que no pasó nunca de segundo curso en ninguna. También el exministro José Blanco hace constar aún hoy en su ficha del Congreso que tiene «estudios de Derecho», carrera que nunca terminó. Y el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, llegó al límite al falsear su currículo oficial en la página de la Moncloa, haciendo constar que era médico, cuando jamás se licenció en esa carrera.


Lo que no se entiende es el porqué de esta fiebre por la mentira o el inflado académico, cuando todo el mundo sabe que, aunque para ser taxista en Sevilla o cantar en la calle en Madrid hay que superar un duro examen, para ser diputado o ministro el único documento exigible es el DNI y como virtud ser mentiroso o incapacitado mental.