El presidente del gobierno,
Pablo Iglesias, a través de su correveidile, Pedro Sánchez ha remitido a
Bruselas un plan presupuestario que, en palabras de la portavoz Isabel Celaá,
“blinda el estado de bienestar”. Podemos dormir tranquilos. Es una pena que el
gobierno socialista de Zapatero no supiera que eso se podía hacer, con lo que
se hubiera evitado los recortes que tuvo que hacer como consecuencia de la
crisis financiera tras la caída de Lehman Brothers, de la que se acaban de
cumplir diez años.
La autosatisfacción es uno
de los denominadores comunes de los ministros de un gobierno que, pese a su
escaso apoyo parlamentario, cree estar llevando a cabo una transformación
histórica de la sociedad y la economía española.
A lo que vamos, números. El
borrador del presupuesto prevé un recorte del déficit público para 2019 de 0,9
puntos porcentuales de PIB (lo que significa bajar la diferencia entre ingresos
y gastos en unos 11.000 millones respecto al déficit que se espera para este
año). Ese es un ajuste muy importante, pero veremos si suficiente para los
criterios comunitarios.
La Comisión Europea tiene
que aceptar, de entrada, que España cambie sustancialmente sus objetivos. El
gobierno de Rajoy se había comprometido con la Comisión a rebajar el déficit al
1,3% del PIB el año que viene y el gobierno de Pedro Sánchez eleva ahora esa
cifra al 1,8%; es decir cinco décimas más. Cada vez que hablamos de una décima
de PIB hablamos de más de 1.000 millones de euros, por lo que esa diferencia no
es baladí.
El comisario Moscovici,
escaldado de los regateos de última hora, ha adelantado que “con España siempre
hay sorpresas”. Claro que teniendo sobre la mesa el plan presentado por Italia
(que pretende triplicar su déficit), lo de Sánchez le puede parecer hasta
gracioso.
Con los números presentados,
el gobierno no cumplirá el déficit en 2019. Pero lo relevante es si el
presidente logra el apoyo de los independentistas
Con los presupuestos uno
tiene siempre la sensación de que el gobierno está vendiendo una burra ciega:
se les puede bautizar como “presupuestos del cambio”; “presupuestos de
consolidación fiscal”; “presupuestos que garantizan el estado de bienestar”,
etc. Al final, lo que hay que descubrir es dónde está el truco.
Con el borrador presentado
el lunes por las ministras Nadia Calviño (Economía) y María Jesús Montero
(Hacienda) lo primero que hay que decir es que es prácticamente imposible saber
es si las cuentas se van a cumplir o no, porque nos faltan datos básicos para
saberlo (como, por ejemplo, cuánto va a aumentar la recaudación por IRPF, por
IVA, etc.). El gobierno, en su afán propagandístico, ha incluido en los cuadros
de ingresos y gastos partidas de diferentes administraciones (comunidades
autónomas o ayuntamientos), cuando no de la Seguridad Social (revalorización de
pensiones, subsidio a mayores de 52 años, etc.), de tal manera que es difícil
saber qué se incluye en las cuentas del Estado cuando se calcula la cifra de
déficit.
La aseveración de la ministra
Calviño de que España hará una reducción de déficit estructural (el que no
depende de que la economía vaya mejor, sino de reducciones de gastos o subidas
de impuestos) del 0,4% del PIB (lo que supone 4.800 millones) no sabemos cómo
se va a cumplir, más allá de la voluntad expresada por la titular de Economía.
El voluntarismo está
presente en la escasa y confusa información aportada el pasado lunes: la
recaudación por el nuevo impuesto a las empresas tecnológicas se eleva a 1.200
(el gobierno anterior lo había establecido en 600 millones); la lucha
internacional contra el fraude se estima que generará unos ingresos de 500
millones (una cifra sin ningún sustento), o los 218 millones que se esperan
recaudar con la limitación al pago en efectivo por encima de los 1.000 euros,
que no se conoce en base a qué se obtiene tan redonda cifra.
Pero, incluso dando por
hecho que todas esas estimaciones se cumplieran, según el borrador presentado,
la reducción del déficit estructural se limitaría a 2.500 millones y suponiendo
una mejora en los ingresos fiscales de 6.400 millones (lo cual es mucho decir),
la reducción del déficit quedaría ligeramente por debajo de los 9.000 millones
de euros: es decir, que en 2019 España superaría ligeramente el 2% de déficit y
se quedaría a más de 2.000 millones de distancia de lo comprometido en el plan.
Las trampas no van
a provocar el descarrilamiento de la economía, aunque sí la van a colocar en
peor situación para afrontar una desaceleración
Sin embargo, no debemos
dejar que los árboles nos impidan ver el bosque. El presupuesto es un
instrumento político y, para el gobierno, su aprobación significa estabilidad.
Nadie se va a fijar en esas pequeñeces, unas décimas arriba o abajo, qué más
da. De hecho, la medida estrella del pacto entre Sánchez y Pablo Iglesias, la
subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, no tendrán impacto en
el techo de gasto del presupuesto.
El presidente del gobierno
ha presentado un borrador que, con correcciones, seguro que terminará contando
con el visto bueno de Bruselas. Si España baja del 3% este año, dejará de estar
sometida al procedimiento de déficit excesivo. Las trampas no van a provocar el
descarrilamiento de la economía, aunque sí la van a colocar en peor situación
para afrontar una desaceleración que ya se apunta en el horizonte cercano (el
gobierno ha reducido el crecimiento para este año y para el próximo una
décima).
Lo relevante es si Pedro Sánchez
consigue que los independentistas le den su apoyo. El del PNV puede darse por
seguro, si logra algo a cambio. ERC parece bizcochable, pero JxCat se resiste
(sobre todo Puigdemont y su vicario Torra, que quieren mantener el pulso mientras
el gobierno no ceda en la autorización de un referéndum de autodeterminación).
Lo que está en juego no es
el futuro inmediato de la economía, sino si Sánchez logra que los
independentistas le den un voto de confianza ¿A cambio de qué? Eso tampoco he
podido descubrirlo en este farragoso borrador.
