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Sanchez piensa como entregarse o fugarse de España. Algún día, le tenía que llegar la hora.


Ninguna dimisión, salvo la suya, cierra el deleznable negocio ilegal montado sobre el drama mortuorio de la pandemia

La escandalosa trama de mordidas con la venta de mascarillas a, que se sepa ya, al menos dos ministerios y otros tantos gobiernos regionales, no se aclara ni se cerraría con la dimisión de José Luis Ábalos como diputado.
 
No estamos ante una rápida reacción de Sánchez y del PSOE para atajar un caso de corrupción repentino, del que nada podían intuir, sino ante un vulgar cortafuegos levantado para intentar que las llamas no arramblen contra todo el Gobierno.
 
Porque nada de lo que pueda haber hecho Koldo Aguirre, un subalterno señalado como imposible cerebro de la trama, pudo prosperar sin la autoridad de su jefe, el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del partido.
Y tampoco habría sido tan rentable sin las arbitrarias decisiones de Sanidad, Interior, Canarias y Baleares; firmantes de los contratos «a dedo» que beneficiaron a las empresas que, según la investigación judicial, abonaban a su vez las comisiones ilegales a los conseguidores.
 
La secuencia culmina en el propio Sánchez, por acción u omisión. Porque sólo él pudo ceder la gestión de las compras centralizadas a Ábalos, solo él impulsó un sistema de contratación urgente descontrolado y solo él controlaba a sus ministros, que difícilmente tomarían nunca decisiones de calado sin informar al presidente y obtener su visto bueno.
 
Lo cierto es que, mientras el Gobierno cerraba la actividad económica en toda España, provocando una de las dos peores caídas de PIB del mundo, una trama de socialistas se dedicaban a hacerse millonarios con dinero público, en un contexto de muerte, miedo y empobrecimiento.
 
Ningún dirigente serio puede pretender detener un caso tan escandaloso, con decenas de millones viajando incluso a paraísos fiscales, con una dimisión y cuatro compromisos retóricos.
 
Pero mucho menos uno que llegó al poder a lomos de la decencia impostada y la transparencia pretendida y ahora encabeza al partido protagonista, tal vez, del peor caso de corrupción de la historia. Porque ha habido muchos, y alguno tan obsceno como el de los ERE, pero éste es el único que se aprovechó del estado de shock de una sociedad encerrada en sus casas o, peor, en un tanatorio.

Populismo e inquisición.


Tras muchas negativas a declarar reside una abierta resistencia a dar cuenta de la gestión política, y una búsqueda de la impunidad a través del voto popular

En campaña electoral, los políticos son personajes de ficción que explican lo que dicen ser. Es la ejecución política lo que cuenta, porque somos nuestros actos, no nuestras palabras. Por eso es interesante fijarse en la actividad legislativa mientras dura el campanilleo de la feria electoral. Si han puesto oído estas semanas, la palabra mágica es Inquisición. Llamados a declarar en comisiones parlamentarias, en sesiones de control y en requerimientos informativos, muchos políticos se han negado a acudir alegando que no piensan someterse a procesos inquisitoriales. Bueno es que se reconozca a la Santa Inquisición como una vergüenza nacional, un episodio negro. Eso quiere decir que con retraso, quizá, veremos a los españoles avergonzarse de actitudes muy patrióticas y soliviantadas, de persecuciones y crímenes cometidos por una supuesta buena causa. Hay esperanza para el Valle de los Caídos, por ejemplo, de aquí a cuatrocientos años.
Pero detrás de esas negativas envueltas en vilezas históricas reside una abierta resistencia a dar cuenta de la gestión política y la búsqueda de la impunidad a través del voto popular. Una de las columnas vertebrales de la democracia es el control institucional. La victoria en la competición electoral no es una bendición con agua sagrada. Por eso, cuando los españoles votan no renuncian de manera automática a una auditoría solvente y cierta de sus representantes. Llamar a esa auditoría de la gestión proceso inquisitorial es un retruécano moral. Por ese camino podemos negarnos a una inspección de Hacienda alegando que es una invasión de nuestra privacidad. Ya muchos utilizan esta argumentación y así se niegan a hacer pública su declaración de bienes pese a ocupar cargos públicos o consideran la revelación de los papeles de Panamá, la lista Falciani o la nómina de los premiados con la amnistía fiscal como una intromisión en la intimidad.
La Inquisición, precedente religioso de las modernas purgas ideológicas, las confesiones forzadas y los campos de tortura justificados en aras de un bien supremo, ha sido arrinconada en el cajón de la infamia. Por eso, cada vez que vuelvan a escuchar a un político negarse a dar cuenta de su gestión económica aduciendo que no quiere someterse a un proceso inquisitorial, tengan claro que lo que pretende es eludir su responsabilidad y esquivar la obligación de rendir cuentas del uso que hace de lo público. Llamar inquisidores a los auditores, a los investigadores, a los inspectores o a los diputados es un insulto que tan solo pretende perpetuar la impunidad. Al día de hoy no buscamos herejes, solo ladrones, para así tratar de preservar la tambaleante fe en los servidores públicos.

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