Felipe VI conmemorará este
domingo el octavo aniversario de su reinado. Al caer en jornada dominical y
coincidir con las elecciones andaluzas, el Rey tiene la agenda despejada, por
lo que no va a haber ninguna celebración del aniversario, después de que el
pasado año lo festejara con la entrega de condecoraciones a más de una veintena
de ciudadanos anónimos por su tarea durante la pandemia.
Los ocho años como jefe de
Estado de don Felipe han estado salpicados de sucesivas crisis de distinta
índole y momentos complejos que le han obligado a tomar decisiones de calado
tanto en el plano familiar como institucional.
Uno de los asuntos que más
impacto ha tenido en su trayectoria como Rey ha sido el caso de su padre, del
que lleva alejado desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidió
investigarle hace más de dos años por el dinero que manejó en el extranjero
antes y después de dejar de ser jefe de Estado.
A pesar de archivarse la
causa al prescribir las irregularidades o estar protegido por la inviolabilidad
que gozó hasta 2014, sigue siendo incierto su futuro y hasta cuándo mantendrá
su residencia en Abu Dabi, unas incógnitas acrecentadas después de que
suspendiera su segundo viaje a España una vez que lo había anunciado en
vísperas de mantener una larga charla con su hijo en el Palacio de la Zarzuela.
Al tiempo que ha criticado
con dureza a Juan Carlos I, el Ejecutivo ha reafirmado su apoyo firme a Felipe
VI por su empeño en renovar la Corona ante el deterioro causado por el caso del
emérito y la necesidad de diferenciarse de su reinado.
Una compromiso plasmado en
la inédita decisión del monarca de revelar su patrimonio, cifrado en 2,5
millones de euros, y de recogerse en un real decreto las medidas de
transparencia puestas en práctica desde 2014, con la novedad de que el Tribunal
de Cuentas auditará la contabilidad de la Casa del Rey, aunque sin control del
Congreso.
“Son medidas que refuerzan
la confianza en la institución y en el rey. Si algo le define, es su sentido
del deber, la responsabilidad, la búsqueda de los intereses generales, el
respeto a la ley y la primacía de los principios éticos y morales sobre cualquier
consideración”, sostienen fuentes de la Jefatura del Estado.
Desde la Zarzuela, se hace
hincapié en que el discurso que Felipe VI pronunció en su proclamación en el
Congreso, en el que se comprometió a “una monarquía renovada para un tiempo
nuevo”, representa “la guía de su comportamiento y las decisiones que ha tomado
y que seguirá tomando”.
El goteo de noticias sobre
don Juan Carlos ha seguido alimentando los ataques a la Corona por parte de
Unidas Podemos y de los partidos independentistas, partidarios de avanzar hacia
un horizonte republicano.
No obstante, la
vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha suavizado estas críticas y ha
defendido que “no es el momento de hacer un referéndum” sobre el modelo de
Estado.
El PSOE, con el apoyo de PP
y Vox, ha cerrado también la puerta a abrir un debate sobre la inviolabilidad
del rey, amparándose en la postura de los letrados del Congreso de que esta
propuesta no es procedente mientras no se modifique la Constitución y se
suprima el blindaje legal.
Otro de los retos que Felipe
VI tiene pendiente es normalizar su relación institucional con la Generalidad
de Cataluña ante el veto al que le somete desde su discurso contra el
referéndum ilegal del 3 de octubre de 2017.
Un rechazo que volverá a
constatarse en la entrega de los premios Princesa de Girona previstos el 4 de
julio, que se celebrará, por tercera edición consecutiva, en Barcelona ante la
negativa del Ayuntamiento de la capital gerundense a ceder un recinto en la
ciudad.
En paralelo a las medidas de
regeneración, Felipe VI puso punto final en la pasada Semana Santa a la
tradición que instauró su padre en 1995 de asistir a la misa del Domingo de
Resurrección en la catedral de Palma, en un nuevo gesto de relegar los actos
religiosos al ámbito privado.
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