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| Cartilla de cuando eran cajas y sus dirigentes personas. |
Si ya estaba mosqueado con la raza política,
no es para menos. Ahora, no tengo la menor duda, son unos miserables ladrones. El que haya
tenido que ser UPyD quien lleve a los tribunales a los saqueadores de BANKIA,
¡Manda huevos¡ Ya que el PP aún se niega
a facilitar datos, nadie duda, de que les facilita el medio para
destruir pruebas ¿Verdad? ¿Dónde está el PSOE?
Caja a caja. Con nombre, apellidos y
razones, les voy a informar de TODOS los por menores que han utilizado para
llevar a cabo el robo que Rajoy está
cargando en nuestras cuentas.
Hoy, Caja de Ahorros del Mediterráneo,
CAM
Les relato el atraco a mano
armada/políticos de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo, permitido, e incluso apoyado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana
(Francisco Camps), que utilizó la (CAM)
para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra
Mítica, entre otros. Por cierto, Sabéis
que lo vamos a pagar nosotros; ellos, nunca pagan solo roban. Con esa ambición desmesurada de una banda política, en
este caso, del PP y sin ningún tipo de escrúpulos, en plena crisis económica y
con 5 millones de parados hacen desaparecer más de 12.000 millones de euros y
lo que te rondaré moreno. Tienen activos inmovilizados sobrevalorados en más
del 90% de su valor real. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque
insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los
últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como
director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco
de España.
Días
antes de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se
aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de
euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós,
no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión
vitalicia de 370.000. Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de
la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto
Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que
de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El
resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo
pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por
cada asistencia al consejo, por cierto, no asistían.
Las monstruosidades descubiertas en la CAM, con unas cañerías
alambicadas, plagadas de trampas contables, alcanzan el paroxismo. Un auténtico
escándalo, como lo calificó el viernes el gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de la reestructuración de
las cajas. "Uno entiende que la gente se escandalice, solo faltaba que no
se escandalizase; pero los clientes pueden quedarse tranquilos, cuando se
adjudique, por descontado, en subasta, la gestión va a estar en manos
serias", añadió. Va a estar, dice el gobernador; pero no, no ha estado. Aquí está el dilema.
El mecanismo comenzó a echarle un vistazo
con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con
otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid,
que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo
integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró
poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en más
de 5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido
desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tubo de
aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000
millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba
produciéndose no estrangulara la caja.
Tres interventores del FROB, convertidos
en los nuevos administradores de la caja mediterránea, tomaron sus primeras
decisiones y descubrieron quiénes eran los principales responsables del
desaguisado. El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de
administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y,
empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su
despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.
Modesto Crespo (Elche, 1943) había
escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la cúspide
empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el apoyo
del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana,
y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras
vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante, los ripollistas (seguidores
de Joaquín Ripoll, heredero político de Eduardo Zaplana). Además de sintonía política, Camps y
Crespo sumaban un mismo fervor religioso. (De hecho, el único cargo que
mantiene Crespo ahora es el de presidente del patronato del Misteri de Elche).
En todos los escalones por los que pasó dejó su impronta: fuerte personalismo y
querencia por el oscurantismo para blindar su gestión.
Crespo desempeñó la presidencia de la CAM sin sueldo oficial, pero
se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la
caja, la mercantil TI Participaciones. El "sombrío y religioso"
empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de los más beneficiados
por los préstamos blandos que la caja concedió a los consejeros. Entre 2004 y
2010, la CAM
había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos casos al 0%, y con el
permiso de la
Generalitat. Crespo, apenas aterrizado en el cargo, consiguió
cinco millones al 2,5% de interés.
Crespo entregó la cuchara la mañana del
pasado 21 de julio, cuando en un "patético" consejo -según definición
de uno de los presentes- comunicó que a las 0 horas del día siguiente se iba a
producir la entrada del FROB. Esto es, la pérdida de la autonomía de la caja a
favor del Estado. Tan solo dos días antes de la intervención, Crespo había
permitido que la CAM
comprara pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%,
para inyectar liquidez en las arcas autonómicas.
Los administradores del FROB no pudieron
destituir al resto de la cúpula directiva. Estos, encabezados por Roberto López
Abad, aprovecharon el ERE que la entidad impulsó a finales de 2010 para
rescindir su relación laboral a cambio de millonarias prejubilaciones. Ello le
permitió alejarse del fracaso de la caja en la fusión. A falta de datos
oficiales, fuentes sindicales cifran en 5,8 millones la indemnización que se
embolsó en virtud del salario de 700.000 euros que percibía como director
general. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín Llorca, que se embolsó dos
millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel
Sagristá, 1,5 millones) completan la selección de ases del ERE.
Al mismo tiempo se supo que el exdirector
general tampoco le había hecho ascos a otra prebenda de la CAM, la denominada mesada. Se
trata de una paga extra equivalente al salario de un mes, que se entrega a
todos los empleados con motivo de su boda. En noviembre pasado, López Abad
recibió unos 70.000 euros cuando contrajo matrimonio con la mujer con la que
llevaba años de convivencia, una directiva del tercer escalafón de la entidad,
que también se llevó su parte correspondiente.
López Abad (Alcoi, 1956) ocupó la
dirección general de la CAM
desde 2001 hasta noviembre de 2010. Su etapa al frente de la dirección de la
caja estuvo marcada por un primer periodo de expansión basado en el boom inmobiliario.
Admite tener un riesgo de 11.000 millones en créditos a sociedades promotoras,
aunque otras fuentes cercanas a la caja lo estiman en 16.000 millones, casi el
30% del total del crédito de la entidad, lo que está fuera de toda ortodoxia.
López Abad embarcó a la CAM
hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector del ladrillo. Eran
los años en los que, según exconsejeros, la caja avalaba préstamos a
constructores con un simple solar rústico, suponiendo que en un par de años su
precio se iba a multiplicar como consecuencia de la especulación y la
recalificación.
El artífice de la ficticia escalada de la CAM hasta el cuarto puesto de
la lista de cajas españolas se marchó sin dar la más mínima explicación pública
de su gestión. La vacante de López Abad fue cubierta por su mano derecha, María
Dolores Amorós (Alicante, 1962). Licenciada en Económicas por la UNED, tiene funciones
ejecutivas en la entidad desde 1988, tanto en la caja como en el grupo de
empresas de la entidad. Hija de un empleado de la caja y con varias hermanas
también trabajadoras en la misma, ella es, según sus colaboradores más
próximos, una ejecutiva de perfil eminentemente técnico. "Se limitó a
mantener la maquinaria heredada de López Abad, una dirigente que desarrolló su
papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias", señalan esas
fuentes.
Amorós asumió el reto de conducir la
última etapa del intento de fusión sin rechistar. Pero antes también se aseguró
su futuro económico personal con sueldo y pensión vitalicia, lo que la
equiparaba a sus excompañeros en la cúpula directiva, ya que no pudo acogerse
al ERE por motivos de edad. Amorós ocultó su contrato y la pensión tanto a la
comisión de retribuciones como al consejo de administración de la caja. La
nueva directora general optó por la huida hacia adelante en busca de un socio
privado salvador. El mirlo blanco no
aparecía y la entidad siguió a la deriva; eso sí, jaleada por los cantos de
cisne de los poderes fácticos de la provincia (empresarios y representantes
públicos) que, una vez más optaron por cerrar los ojos y seguir apostando por
un futuro en solitario de la CAM.
Los interventores del FROB mantuvieron a
Amorós en el cargo apenas tres semanas. El 10 de agosto fue destituida
temporalmente. En esas semanas, Amorós se mantenía oficialmente en el puesto,
pero de hecho tenía congeladas sus competencias. La destitución provisional se produjo
apenas una semana después de que un colectivo de fiscales (la Asociación Internacional
contra la Prevaricación)
anunciara una demanda por prevaricación si la alta ejecutiva de la caja seguía
en el ejercicio de sus funciones. Los fiscales sostenían que la ex directora
general podría ser sancionada por ocultar información al Banco de España; por
mantener en el puesto al director general de la división inmobiliaria, Daniel
Gil, imputado en la trama del caso Brugal; por la gestión del crédito
inmobiliario, con una compra a precio superior al de mercado; por la apertura
masiva de oficinas sin ningún criterio de sostenibilidad; o por aprobar un
canje de acciones por deuda con la promotora Hansa Urbana, participada por la CAM.
El primer dato que levantó la sospecha de
los nuevos administradores fue el balance de resultados del primer trimestre de
este año, con unas ganancias de 39 millones de euros. Ese balance no estaba
auditado, como tampoco el correspondiente al segundo trimestre. El informe
final de la caja presentado por el FROB registra que la entidad había perdido
1.136 millones en los seis primeros meses del año. Tras examinar su contrato
millonario con la CAM
y verificar un supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad, los administradores
del FROB despidieron sin indemnización a la directora general. El FROB
considera que Amorós había realizado lo que en la jerga bancaria se conoce como
contabilidad creativa en alguna
operación concreta, con objeto de obtener un beneficio propio.
Ante tantos indicios de actuación
fraudulenta, los letrados del Banco de España analizan ahora si pueden exigir
la devolución del dinero embolsado y si abren expediente sancionador a los
gestores, como ocurrió con los responsables de la administración de Caja
Castilla La Mancha
(CCM) y Cajasur. Con estos precedentes, todo indica que el expediente es
inevitable.
Por otro lado la Fiscalía Anticorrupción,
en plena instrucción del denso sumario del caso Brugal (la mayor trama de corrupción de
Alicante ligada al negocio de la basura y el urbanismo, con más de un centenar
de personas implicadas), espera al informe final de los interventores del FROB
para abrir diligencias penales a la antigua cúpula de la CAM. Desde la
intervención, la Fiscalía
ha recibido un total de cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos,
que el ministerio público mantiene congeladas.
Fuentes del FROB aseguran, además, que
Crespo pudo haber incurrido en desobediencia por omitir al consejo de
administración los sucesivos requerimientos, por escrito, del Banco de España
para que la que entidad recondujera su contabilidad. Esas fuentes señalan que
el órgano supervisor envió varios escritos en ese sentido en los meses previos
a la intervención. Exconsejeros de la caja aseguran que Crespo solo leyó ante
el consejo una misiva del Banco de España, la remitida en vísperas de la
intervención, el jueves 20 de julio. "Nunca antes Crespo leyó ante el
consejo ninguna carta o circular del Banco de España", asevera el
exconsejero y empresario Jesús Navarro.
La intervención de la CAM era la puntilla de los “robos” en las cajas con a anuencia de
los políticos. Hoy, ya desbancada, lo es BANKIA
Joaquín Meseguer (eX director general de Participaciones)
El ex
director general de Participaciones Empresariales de la CAM, cargo al que accedió en
mayo de 2007, fue nombrado más tarde presidente de la empresa Crédito
Inmobiliario, que la caja compró en México para financiar la construcción de
25.000 viviendas. Fue uno de los altos cargos pionero en desvincularse de la
entidad por la vía de la prejubilación anticipada. Se estima que ha recibido
dos millones de euros.
Vicente Soriano (Exdirector de Recursos Humanos)
El
exdirector de Recursos Humanos de la caja era un hombre de la máxima confianza
del ex director general, Roberto López Abad. Antes de este puesto ocupó la Secretería General de
la entidad. Se acogió al plan de prejubilación el pasado febrero con una
indemnización de 1,5 millones de euros.
Agustín Llorca (Ex director general adjunto)
Asumió
el cargo de director general adjunto el pasado febrero. Llorca sustituyó a
María Dolores Amorós, cuando esta iba a ser la directora general. El paso de
Llorca por ese puesto fue efímero. El 21 de julio, un día antes del desembarco
del Banco de España en la CAM,
se apuntó al ERE. Llorca se ha retirado con una indemnización por prejubilación
de dos millones de euros.
Gabriel Sagristá (Ex director de la zona norte de la CAM en la provincia de
Alicante)
Ocupaba
el cargo de director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante. En 2002 fue
director de Explotación de la caja. También se acogió al expediente de
regulación de empleo (ERE) el pasado mes de marzo y logró una indemnización de
1,5 millones de euros.
Aniceto Benito (Exconsejero de la CAM)
El
exconsejero de la CAM llegó
al cargo desde el trampolín del fútbol. Fue presidente del Hércules entre 1992
y 1997. Accedió a la CAM en 2006
a propuesta del Ayuntamiento de Alicante, entonces presidido por Luis Díaz
Alperi, del PP. La propuesta no extrañó, dado que Benito había sido presidente
provincial del PP hasta que le sucedió Eduardo Zaplana en 1991. El exconsejero
obtuvo préstamos blandos por 47,5 millones en cuatro años.
Roberto López Abad (Ex director general de la CAM)
El ex
director general de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo ha podido alejarse del fracaso de la entidad
acogiéndose al ERE impulsado por la propia caja. Esta circunstancia le ha
reportado una indemnización estimada por fuentes sindicales en 5,8 millones de
euros. No ha dado explicaciones de su gestión. Le sustituyó María Dolores
Amorós, hasta la intervención del FROB.
