Soluciones de Gestión,
una empresa zaragozana sin experiencia en la venta de material
sanitario fue la elegida en 2020 para importar millones de mascarillas
encargadas por el Gobierno en lo más duro de la pandemia. Es el punto de
partida del escándalo de corrupción que estos días está haciendo temblar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Un complejo entramado de empresas y personajes con un nexo común; Koldo García Izaguirre, el asesor personal de José Luis Ábalos.
No era un ministro cualquiera. Además de manejar Transportes -el
departamento con mayor presupuesto de la Administración- el dirigente
valenciano tenía en sus manos todo el poder orgánico del PSOE.
Los movimientos
societarios de la trama investigada levantaron hace tiempo las sospechas
de la Agencia Tributaria. En paralelo, el abogado aragonés Ramiro Grau alertó hasta en hasta seis escritos de las presuntas irregularidades a La Moncloa. Un día escribió a Isabel Díaz Ayuso
y, en marzo de 2022, una denuncia del PP madrileño activó una
investigación judicial que mantiene en vilo al Ejecutivo por las
ramificaciones del caso -como el rescate público de la aerolínea Air Europa- y los implicados en el mismo.
¿Qué se investiga?
Los agentes de la Guardia Civil pusieron bajo la lupa contratos millonarios de empresas públicas como Puertos del Estado y ADIF; el Servicio Canario de la Salud, el Servicio de Salud de las Islas Baleares; y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En total, 13 expedientes por valor de casi 54 millones de euros.
Transportes
encomendó en 2020 a Puertos del Estado la compra de mascarillas por su
capacidad de contratación. Y fue la primera empresa pública en adjudicar
el contrato a la firma Soluciones de Gestión por 20 millones de euros. A
partir de ahí, otras compañías seleccionaron a este proveedor. Adif
realizó un pedido de 12 millones de euros.
Los investigadores
tratan de averiguar hasta qué punto -en la situación de escasez de
material y de emergencia que existía por aquel entonces- los
administradores de la empresa se valieron de sus vínculos con Koldo
García para hacerse con los millonarios contratos y lucrarse de manera
ilegal. ¿Estaba concertada la adjudicación entre la empresa y la
Administración?
El pasado 20 de febrero se precipitaron las detenciones de los investigados. La Guardia Civil sitúa al empresario murciano Rogelio Pujalete en
el centro del chivatazo. Dueño de un depósito judicial, la clave está
en dilucidar cómo se enteró de que los investigadores tenían bajo su
radar a la trama.
Los otros protagonistas
Además de Koldo y el citado Pujalte, los otros nombres propios de la trama son los de los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama,
presidente también del Zamora Fútbol Club y presunto conseguidor de los
contratos. El primero -conocido por un caso de venta de armas al
Gobierno de Angola- habría logrado presuntamente 9,6 millones de euros
por la red corrupta, mientras que el segundo se habría embolsado otros
5,5, millones.
La investigación judicial ha puesto también en entredicho a la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol,
ahora presidenta del Congreso y tercera máxima autoridad del Estado. El
Gobierno regional que presidía compró 1,7 millones de mascarillas FPP2
por un valor de 3,7 millones de euros. Aunque no tenían la calidad
requerida, su administración certificó la entrega y no reclamó el dinero
hasta pasados tres años de la misma. Una reclamación que los afectados
habrían tratado de frenar presuntamente a través de Koldo.
Los empresarios, según las conversaciones del sumario al que ha accedido El Independiente, hacen referencias directas también al ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Por aquel entonces, era presidente de Canarias y contrató un pedido por valor de 12 millones.
En las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, algunos de los
empresarios de la trama corrupta aseguran tener trato directo con él
cuando era presidente regional.
Herencia envenenada para Puente
El actual ministro de Transportes, Óscar Puente,
está teniendo que cabalgar con la herencia de aquella época y ha
ordenado abrir una auditoría interna. Hace solo unos días dictó el cese del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Peña,
encargado de la compra de las mascarillas y que según la investigación,
tenía un trato estrecho con Koldo García. Por escrito negó a la Oficina
Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que Puertos tuviera alguna
relación con Aldama.
El ex alcalde de Valladolid mantiene en su puesto, eso sí, al subsecretario
del Ministerio, el funcionario con mayor peso técnico. Todo a pesar de
haberse reunido a finales de 2023 con el exasesor personal de Ábalos y
haber reconocido a los investigadores que le dio documentación sobre los
contratos de aquella época para que se los entregase al exministro. Lo
hizo en La Chalana,
la marisquería madrileña cercana al Bernabéu donde Koldo estableció su
centro de operaciones. Quién y desde cuándo conocía el Gobierno esas
operaciones es otra de las dudas que deja el caso
De Delcy a Air Europa
El caso de las mascarillas tiene también una deriva venezolana. Antes de la pandemia, el empresario Aldama había sido contratado por Globalia -la
matriz de la aerolínea Air Europa- para recuperar 200 millones de
dólares que la compañía no podía sacar de Venezuela. Tras fracasar la
intermediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro, la familia Hidalgo recurrió a este empresario.
No está claro si consiguió recuperar el dinero, pero un informe de Hacienda lo sitúa en el aeropuerto de Barajas la noche en que la vicepresidenta del régimen venezolano Delcy Rodríguez -quien tenía prohibida la entrada a territorio europeo- mantuvo un encuentro secreto con Ábalos.
Pero los
investigadores sospechan también de la posible influencia que tuvo en el
rescate millonario que el Gobierno concedió a Air Europa en un tiempo
récord, en noviembre de 2020. Entre préstamos de la SEPI y créditos avalados por el ICO, la compañía recibió más de 600 millones de euros. Antes, la aerolínea consiguió hacerse con contratos para el transporte de mascarillas desde China que el Gobierno había comprado a la empresa investigada.
Y las dudas se ciernen también sobre los contactos de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez
tanto con Hidalgo como con Aldama, con los que llegó a reunirse antes
de dicho rescate para presentarle distintas propuestas de negocio.
Aunque la relación venía de antes, esta se intensificó con la llegada a
La Moncloa del PSOE, según publicó El Confidencial.
"Presión" de Ábalos sobre Adif
Hasta ahora, la polémica no había alcanzado directamente al exministro salvo por su responsabilidad política in eligendo e in vigilando. Al fin y al cabo fue él quien seleccionó como hombre de máxima confianza a Koldo García, al que los investigadores han encontrado anotaciones sobre pagos periódicos en metálico de 10.000 euros.
Sin embargo -como adelanto El Independiente- hay altos cargos como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera,
que reconocieron en su declaración como testigo ante los agentes haber
recibido "presión" del propio Ministro para adjudicar el contrato de las
mascarillas "a la mayor brevedad posible".
De momento, Ábalos se agarra al escaño del Congreso de los Diputados
como parapeto frente a la investigación judicial que se sigue en la
Audiencia Nacional. Las consecuencias de la misma todavía están por
descubrir. La Fiscalía Europea ha abierto también una investigación por la compra de las mascarillas con fondos comunitarios. Si alguien acaba 'tirando de la manta' es algo que aún está por ver. Y el sucesor de Ábalos en el PSOE, Santos Cerdán, encargado de gestionar la repercusión interna del caso, es uno de los que podría estar en la diana.
