EL MAMONEO DE LA BONOLOTO (TRUCADA) DE NUEVAS FARMACIAS.

En España existen tantos sistemas de asignación para  adquirir farmacias de nueva apertura, cuantos distintos entes autonómicos.  Es decir, cada comunidad autónoma establece su propia bonoloto. Y cada comunidad, lo hace de forma distinta, de tal modo que el mismo farmacéutico podría obtener farmacia en un territorio y no obtenerla en otro, aportando idénticos méritos.  Se dirá que esto es consecuencia de la asunción de competencias por parte de esas mismas CC.AA, pero siendo eso formalmente cierto a medias, la realidad es que cada CC.AA legisla en esta materia de forma totalmente arbitraria y con el sólo fin de favorecer a las personas o grupos de personas que en cada caso están más cerca del poder. Así, en unas CC.AA. tendrá más valor, en orden a la obtención de una licencia de farmacia, el ser funcionario de la escala superior de sanidad, aun cuando no se haya pisado una farmacia en su vida. En otras, podrá tener más valor la docencia universitaria (asignando distinto valor a las diferentes materias impartidas en la Universidad en función del candidato que se desee promocionar). En otras, el ser Farmacéutico Militar. En otras, como Aragón,  los directivos del colegio de farmacéuticos de Zaragoza, cuentan con grandes posibilidades de que les toque otra farmacia además de las que ya tienen,  que deberán ser vendidas por una pasta, o cedidas a sus hijos o parientes sin más mérito que el que otorga la genética (http://bit.ly/pOPPZ7 )

Con todo, resulta de todo punto imposible  establecer unos criterios objetivos en orden a esa asignación, y es por ello que TODOS LOS CONCURSOS (sorteos trucados de la bonoloto –amañada- farmacéutica) de adjudicación de nuevas farmacias de todas las CC.AA,  han sido declarados total o parcialmente nulos por los Tribunales de Justicia ( El último de ellos, el asturianowww.prejudicialasturiana.com )Sin ir más lejos, el concurso andaluz actualmente en marcha, tiene más de 70 impugnaciones (impugnaciones a la Orden en que se materializa), amén de estar recurrida por inconstitucionalidad la ley que le sirve de soporte (Ley de ordenación farmacéutica de Andalucía de 2007).  Recientemente se ha resuelto la primera de esas impugnaciones declarando nulos tres artículos de la Orden. Y vendrán más.

Con anterioridad a la declaración de nulidad del concurso asturiano, fue declarado nulo por el TS el concurso canario. Por motivos de espacio no vamos a entrar en las razones por las que el TS declaró nulo el concurso, pero sirva como aperitivo el saber que en ese concurso resultaban favorecidas personas muy cercanas a la propia administración autonómica canaria (a la sazón,  Partido Popular y Coalición Canaria). La ejecución de la sentencia del TS, suponía el cierre de las más de cien farmacias indebidamente abiertas. El Gobierno canario, ante ello, y para que ciertas personas no perdieran su botica, REPETIMOS, TRAS UNA SENTENCIA FIRME DEL TS QUE DECLARABA NULO EL CONCURSO, CON EFECTOS ERGA OMNES, Y QUE EXPRESAMENTE ORDENABA EL CIERRE DE LAS FARMACIAS Y LA RETROACCIÓN DE LAS ACTUACIONES HASTA EL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN QUE MOTIVÓ LA NULIDAD, se limitó a introducir un artículo en una ley que regulaba las camas hoteleras del archipiélago, estableciendo la “autorización provisional de apertura” para las farmacias que el Tribunal supremo había ordenado cerrar. En este enlace pueden ver los documentos judiciales: http://www.farmaceuticossinfarmacia.org/plafarma/index.php/es/mapa-de-distribucion/canarias.html

A fecha de hoy, las farmacias siguen abiertas. Y el Tribunal Supremo de España, también. Los favorecidos por la tropelía, siguen disfrutando de sus favores, y los perjudicados, siguen clamando por una JUSTICIA que ha desaparecido de la faz de nuestro solar.

Retomemos el asunto. Antes les hablaba de cómo había sido declarado nulo el concurso-bonoloto-trucado de adjudicación de farmacias de Asturias.  Dicho concurso ha sido declarado nulo por el TSJ de Asturias, como consecuencia de una impugnación presentada por dos farmacéuticos sin farmacia de Asturias. Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el que haya tenido que decirle al tribunal asturiano que el concurso-bonoloto-trucado era ilegal. Y se lo ha dicho, dándole además, las razones jurídicas pertinentes. Pues bien, el actual concurso andaluz, NO PASA EL TAMIZ DE ESAS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS que ha establecido el TJCE. La Consejera Montero, esa señora que dice ser socialista, lo sabe. Sabe que su concurso-bonoloto es ilegal. Principalmente y como acabarán diciendo los tribunales, porque conforme a los criterios del TJCE, se deberían haber convocado muchas más farmacias. ¿Y qué hace? ¿Rectificar y someterlo a Derecho? No. Ella sigue erre que erre, en la esperanza de que cuando sea declarado nulo, las farmacias ya estén abiertas…y el que venga detrás que arree como arrearon en Canarias. ¿Qué esas farmacias se abren contra derecho? ¿Qué los adjudicatarios de esas farmacias no son los que debían ser? ¿Qué los que sí deberían haber sido adjudicatarios, no lo son? ¿Qué EN LUGAR DE ABRIR MIL FARMACIAS SE ABREN SÓLO TRESCIENTAS? ¿Qué como consecuencia de la tropelía, decenas de pequeños (y no tan pequeños) pueblos se quedan sin farmacia para siempre?.... Y qué!!!!? Ellos a lo suyo: POPULISMO SOCIALISTA BARATO y  a tirar otros quince o veinte años..

Esto por no hablar de cuestiones más casuísticas del mismo concurso-bonoloto-trucado, como que hayan resultado beneficiadas, personas que hace unos años vendieron su farmacia (su licencia, no el local, ni otros bienes tangibles) por varios cientos de millones de pesetas, y ahora resulten agraciadas con una nueva farmacia mientras que miles de jóvenes (y no tan jóvenes) licenciados no pueden ejercer su oficio, SIN QUE HAYA CAUSA SANITARIA QUE JUSTIFIQUE TAL IMPEDIMIENTO “LEGAL” ? Ello por no hablar de agraciados en el concurso que hace unos años, cedieron gratuitamente sus farmacias a sus hijos, y ahora, obtienen una nueva farmacia. En vez de una, dos. Con dos cojones socialistas, señora Montero!!!  ¿Creen ustedes que a la Sra. Montero le importan mucho esas minucias de las que depende que miles de farmacéuticos puedan ejercer su oficio, y otras decenas de miles de ciudadanos, tener acceso a la farmacia de que nunca dispusieron ni dispondrán…hasta que este inmenso castillo de inmundicia y peculado llamado sistema mediterráneo de farmacia, no se derrumbe?

Pues sí amigos, eso es lo que son: SOCIALISTAS DE SALÓN. Trileros de la política. Vendidos a los lobbys, quitavergüenzas de los señoritos, mamporreros políticos. Pistoleros del BOJA.

El Gobierno está groggy, falsifica órdenes-directivas de la Justicia Europea, solo para mantener el monopolio de las farmacias.

¿Por qué el Gobierno falsifica y malinterpreta dolosamente las directivas de la CEE, solo para mantener activo el monopolio dictatorial en la adjudicación de nuevas farmacias?

El 16 de Septiembre de 1985, se publicó la Directiva 85/432) CEE del Consejo, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias, y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas. Cuando se publicó dicha disposición, nuestro país no pertenecía a la Unión Europea. Fue en el año 86, cuando nuestro país entró como miembro de pleno derecho en la Unión Europea. La incorporación como miembro de pleno derecho del Reino de España, implicaba una serie de condiciones, entre otras, la asunción, asimilación y recepción del acervo del Derecho Comunitario. Dicho en plata. Asumir como propias las normas europeas, y en especial, las normas sobre mercado único, como esta de que hablamos ahora.  Por tanto, la Directiva 85/432/CEE pasó a formar parte de nuestro ordenamiento, en especial cuando fue traspuesta en 1990, en pleno Gobierno de Felipe González.

Bien, dicha directiva, en su artículo primero venía y viene a decir que los países en que a fecha de la publicación de esa directiva (16/09/85) existiera un examen-oposición, una prueba objetiva y selectiva para la adjudicación de farmacias de forma objetiva, podrían conservar dicho sistema sin atentar contra el Derecho Comunitario, pero que los países en que no existiera tal sistema de selección, sería suficiente el título de licenciado en farmacia para poder ejercer libremente la profesión. Aplicando el tenor literal y el espíritu de la norma, el Gobierno tendría que haber procedido a liberalizar el sector. Sin embargo, no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que al traducir la directiva (los originales están escritos en inglés) cambió el sentido del término “oposición”. Y la norma, se tradujo del siguiente modo: “En los países en que a fecha de publicación de esta directiva existiera una oposición de los Estados al libre establecimiento profesional de los farmacéuticos de oficina, dicho estado podrá conservar el sistema restringido”. En la traducción falseada del texto, no se entiende oposición como examen, sino oposición en el sentido de oponerse. 

Ciertamente, en España, en 1985, no existía examen de oposición para ejercer la profesión. Pero sí existía la oposición del Estado al libre establecimiento profesional. Por tanto, al amparo de este ardid, de esta falsedad evidente, España no modificó su régimen restrictivo de planificación farmacéutica, que dicho sea de paso, trae causa de la más áspera legislación franquista de post-guerra. 

Ya con el gobierno de Zapatero, se publicó la DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, de 7 de Septiembre de 2.005. Esta norma, se publicó para homologar ciertos títulos universitarios y establecer el régimen común de ejercicio de determinadas profesiones tituladas. Entre otras, la de farmacéutico. Por tanto, volvió a recordar el principio general establecido en la directiva antes comentada. Y lo hizo, repitió lo que decía la Directiva 85/432/CEE pero con otras palabras. Más claras, si cabe. Pese a lo cual, el Gobierno español, en la traducción de esta directiva, volvió a cometer “el mismo error de traducción”, pese a que como decimos, el original expresaba el mismo principio pero con otras palabras, más claras todavía.

Sede del TJCE en Luxemburgo

Fue en este mismo año 2005 cuando la UE mandó una carta de emplazamiento al Gobierno Español para que rectificara su sistema farmacéutico por no ser adecuado al Derecho Comunitario. La respuesta a esa misiva, que se produjo, no es de acceso público. ¿Por qué? 

Bien, hasta aquí, dos directivas que son erróneamente traducidas por dos gobiernos distintos (pero del mismo signo político, es decir, del PSOE), justo en la frase que establece la libertad de ejercicio profesional. ¿Casual o causal? Pero no queda aquí la cosa. 

Dos farmacéuticos asturianos, conscientes de la inadecuación del decreto asturiano que establecía la adjudicación de nuevas farmacias, recurren al TJCE para pedir su anulación. Los colegios de farmacéuticos y el Gobierno de España, apoyan la adecuación a Derecho del referido decreto asturiano. Cuando el TJCE emite sentencia vinculante al respecto, se basa en ambas directivas para deponer su resolución. Pero, curiosamente, también el TJCE utiliza las versiones erróneamente traducidas cuando lo normal es que utilice la versión original, que es la única que establece el Derecho. Y es aquí que tenemos que el TJCE, en base a la traducción “errónea” de esas directivas, emite sentencia validando parcialmente la planificación restrictiva española (en este caso, asturiana). Es decir,  el TJCE encuentra apoyatura jurídica para validar este liberticidio, precisamente en una norma que correctamente traducida, establece taxativamente la imposibilidad de validar esa restricción. Sería algo parecido a que un tribunal penal dictara una sentencia de muerte para el reo, en base a la norma que prohíbe la pena capital. 

Este asunto, estimado lector, tiene mucha más enjundia de lo que a primera vista pudiera parecer. No se trata sólo del efecto que el referido “error de traducción” (vamos a llamarlo así, aun cuando ese error haya sido cometido por dos gobiernos distintos-aunque del mismo signo, PSOE-, en dos textos legales-Directivas- con distinta literalidad, y también por el más alto Tribunal de Europa, en momentos distintos), haya tenido en la vida de decenas de miles de licenciados en Farmacia a quienes se ha robado literalmente su derecho profesional. Se trata también del hecho en sí mismo considerado. Se trata de que los mismos poderes públicos que piden al pueblo respeto a la ley, sean los primeros no ya en saltársela, sino en falsearla, y para más escarnio, para favorecer el interés de los farmacéuticos ya establecidos, único sector a quien no interesa la liberalización de la profesión. ¿En manos de quienes estamos? ¿A qué quedan reducidos los derechos de los ciudadanos europeos cuando los propios gobiernos nacionales los ocultan, maquillan, manosean y los hacen desaparecer de las colecciones legislativas? ¿Dónde están estos derechos cuando ni los más altos tribunales los aplican, haciendo un vergonzoso seguidismo de una de las partes en conflicto? Pero a efectos políticos internos, la pregunta que dejamos por ahora en el aire es… ¿por qué dos gobiernos de signo político SOCIALISTA,  coinciden en favorecer el interés de un grupo económico perfectamente definido, hasta el punto de “errar” en la traducción de dos textos distintos que establecen de forma distinta, que no se puede seguir amparando el oligopolio mercantil de ese grupo que no es otro que el formado por los farmacéuticos de oficina, que además, controlan la casi totalidad del mercado mayorista de medicamentos en España? 

Sin duda este asunto traerá cola. Por lo pronto, la asociación de farmacéuticos por la libre apertura de farmacias, PLAFARMA, (www.plafarma.org) ya ha presentado la correspondiente denuncia ante las autoridades europeas, con fecha 9 de junio. Seguiremos informando.

EL LIBERTICIDIO FARMACÉUTICO.

¿POR QUÉ LOS GRANDES PARTIDOS PERMITEN EL LIBERTICIDIO FARMACÉUTICO? 

Pocos temas hay tan difícil de entender como este del liberticidio farmacéutico, a la luz de las supuestas teorías económicas, políticas y sociales sobre las que los dos principales partidos dicen amparar sus acciones.

A bote pronto, cualquiera que no tenga su dinero invertido en el negocio de las boticas, entiende, sin necesidad de ser un erudito, que lo que ocurre con la profesión de farmacéutico de oficina es un sinsentido y una sinrazón como la copa de un pino. Se preguntará entonces el lector por qué  semejante barbaridad es consentida, promovida, mantenida y auspiciada por los dos grandes partidos. Y la respuesta no es unívoca, sino que tiene varias componentes. Intentemos pues, responder a la pregunta. ¿Por qué los partidos consienten en pleno S XXI una regulación profesional fruto de las presiones de los ejercientes al Gobierno del General Franco nada más acabada la guerra civil? Aquí nació y así se gestó el liberticidio:  

http://www.plafarma.org/documentos/decreto%20franco%201941.pdf

Eso puede entenderse en la España de post-guerra. Pero no puede entenderse hoy. Sin embargo, los partidos, de una forma más o menos camuflada, mantienen las bases del sistema. ¿Por qué? La pregunta sigue sin ser respondida, pero al menos, ya sabemos de dónde partimos. De dónde partimos y de la legitimidad del razonamiento liberticida que sirve de sustento al actual sistema de ordenación farmacéutica. Prosigamos.Hasta el año 2000, la principal razón para que los partidos mantuvieran este oligopolio de oferta, era las presiones de los ejercientes, así como que en buena parte de las comisiones de sanidad de las diferentes cámaras legislativas, tanto nacional, como autonómicas, indefectiblemente se encontraban siempre varios farmacéuticos titulares de farmacias. Aquí puede verse un ejemplo reciente: 

http://www.farmaceuticossinfarmacia.org/plafarma/index.php/es/modelo-politico/politicos-con-intereses.html

Los Colegios de Farmacéuticos (que en teoría lo son de todos, pero que de facto, sólo defienden el interés de los farmacéuticos ejercientes en farmacia propia) se cuidan muy mucho de, por decirlo suavemente, infiltrar a sus miembros en las más altas instituciones autonómicas y estatales. Así, a fecha de hoy, por ejemplo, tenemos a Camps, en Valencia, cuya esposa es farmacéutica (debe decirse aquí que el colegio de farmacéuticos de Valencia es uno de los más activos en la defensa del actual modelo restrictivo de farmacias). De igual modo, tenemos a J.R. Bauzá, flamante presidente de Baleares, también farmacéutico con farmacia propia. Por el lado socialista, la Sra. Cava de Llano, Defensora del Pueblo, es esposa de un señor farmacéutico con probados intereses en la distribución de medicamentos….y así hasta la saciedad.

A partir del año 2000, surge un nuevo “motivo” para sostener el liberticidio farmacéutico. Si bien Aznar en el 96 bajó el ratio habitantes/farmacia posibilitando un considerable pero puntual aumento en las aperturas de nuevas farmacias, en su segunda legislatura, su ministro Rato y su ministra Villalobos, idearon un sistema que hizo que el Estado se aprovechara del liberticidio. El sistema se plasmó en el RD 5/2000 y consistió, básicamente, en establecer una escala de aportaciones que las farmacias deberían hacer al Estado una vez superaran una determinada facturación mensual. Más o menos, Rato dijo…”si hay que mantener esta injusticia, que el Estado se lleve su parte”. Y así lo hizo. Ese decreto fue revisado luego en 2004, y más tarde, con los socialistas en el poder, en 2010. En suma, el conjunto de decretos establecen un precio por el monopolio. Lo que hizo Rato, en realidad, fue afianzar más el liberticidio, toda vez que convierte al Estado en cómplice, en cooperador necesario y en suma, en beneficiario de esta restricción de derechos subjetivos en que se basa el llamado sistema mediterráneo de farmacias.

De modo que la pregunta prácticamente queda contestada. ¿Por qué ni PSOE ni PP cambian el sistema? Porque ambos tienen políticos e interesados en que no cambie, y porque ambos controlan Administraciones Autonómicas que se financian con el fruto del chantaje a que nos hemos referido.  La cuestión, es, querido lector, si a usted le parece razonable restringir derechos subjetivos económicos a cambio del pago de un chantaje, en el seno de una democracia occidental. Si la respuesta fuera afirmativa, debería probarse a hacer lo propio con el resto de actividades. Abogacía, arquitectura, medicina…..y que el Estado fuera cobrando chantajes a diestro y siniestro a todos…hasta acabar más o menos en la china comunista de Mao. Obviamente, en una democracia occidental no cabe el pago de chantajes por exclusividades profesionales que es lo que está sucediendo en la actualidad.

Y es llegado a este punto, cuando nos encontramos con la pregunta que bien pudiera hacer un habitante de Zurgena  respecto del desaguisado farmacéutico que tiene que soportar. Pues no desespere, buen hombre. Lo que le ocurre a usted y a sus vecinos, no es más que su pequeña aportación, en forma de vecinal sacrificio, al altar del sistema liberticida que intento describir. A fin de cuentas, lo que para los políticos es importante, no es que usted tenga derecho a elegir al farmacéutico que quiera, ni que este pueda libremente desarrollar su actividad ( como por cierto, era en tiempos de Cánovas, de Sagasta, de Primo de Rivera y de la II República), sino que para ellos lo importante es contentar a los influyentes y poderosos farmacéuticos instalados y cobrarles el chantaje que en el BOE se llama “aportación por volumen de facturación”. Cuantas menos farmacias, peor servicio, menos respeto a los derechos individuales de los españoles, pero…mayor volumen de aportaciones.

Ahora, ya sabéis por qué ni PSOE ni PP quieren cambiar el sistema. Porque a ambos les importa mucho más estar a bien con los poderosos y pasar la gorra a final de mes, que hacer, respectivamente, justicia social (PSOE) y respeto a la autonomía empresarial del individuo (PP).
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¿Por qué el Gobierno amaña la concesión de farmacias?

No hay, a fecha de hoy, ningún sector que escape a la regulación del Estado. El sector de las oficinas de farmacia, tampoco. Las regulaciones, en sí mismas, no son perniciosas, sino que  dependerá de la ratio legis, de la finalidad teleológica que el legislador persiga con la regulación.  El caso de la regulación del sector de venta de medicamentos al por menor, es un caso paradigmático de regulación en beneficio, no del interés general, sino del interés de los supuestamente regulados, es decir, de los farmacéuticos propietarios de oficinas de farmacia. (Razones de la regulación amañada).

Actualmente en España hay abiertas 21.600 oficinas de farmacia, seiscientas de las cuales lo están en la Comunidad Foral de Navarra, para dar servicio a una población de seiscientas mil personas. Aproximadamente, a una farmacia para cada mil personas en Navarra y una farmacia para cada dos mil trescientas personas en el resto de España. En números redondos, en Navarra hay el doble de farmacias por habitante que en el resto de España. Dicho de otro modo. En Navarra, el número de farmacéuticos EMPLEADOS EN SU PROPIA FARMACIA, es porcentualmente, el doble que en el resto del Estado. Y la atención farmacéutica que generan, el doble de personalizada toda vez que “les corresponde” la mitad de pacientes que atender. De igual modo, también en Navarra existe el doble de personal auxiliar tanto en oficinas de farmacia, como en  distribución mayorista de medicamentos. Es decir, en Navarra el sector da trabajo al doble de personas, en términos porcentuales.

Ello es así merced a la Ley Foral 12/2000 de 16 de noviembre de Atención Farmacéutica Navarra, más conocida por “Ley Cervera”, en honor de su promotor, D. Santiago Cervera Soto, a la sazón Consejero de Sanidad del Gobierno Navarro y en la actualidad, Presidente del PP de Navarra.  Cervera se dio cuenta de varios factores y los puso en relación. En primer lugar, observó que 24 de las casi 300 farmacias que había en el año 2000 en Navarra, estaban pendientes de resoluciones judiciales para su apertura por oposición de los ejercientes anteriores. Segundo, constató la gran cantidad de pequeños pueblos que carecían de farmacia. Tercero, SE HIZO ECO DE LAS DEMANDAS DE MUCHOS LICENCIADOS Y DOCTORES EN FARMACIA QUE QUERÍAN TRABAJAR y que no podían hacerlo porque el sistema que hasta entonces regía en Navarra, era sustancialmente igual al que sigue imperando en el resto de España a fecha de hoy.  Con estos  parámetros en la mano, Cervera se propuso articular un sistema que GARANTIZARA FARMACIAS A LOS PACIENTES, Y NO PACIENTES A LAS FARMACIAS, que es lo que sigue ocurriendo en el resto del Estado. De ese modo, encargó un estudio de viabilidad económica de las farmacias que demostró que una farmacia era (sólo con los datos de facturación al servicio público de salud) viable con sólo dar servicio a setecientos habitantes, es decir, la tercera parte de la media nacional española. A partir de ahí, Y CON NO POCA OPOSICIÓN DE LOS EJERCIENTES DE LA ÉPOCA, articuló una sencilla pero contundente Ley, que permitía la apertura de farmacias de forma libre aunque sujeta a ciertas limitaciones, dentro de los parámetros de 700 habitantes por farmacia, tomados en consideración, no pueblo a pueblo, sino en cómputo total sobre la población navarra. El resultado fue que en siete años se duplicó el número de farmacias. De 300 se pasó a 600. Dos de cada tres nuevas farmacias, fueron abiertas en entornos estrictamente rurales. Ningún navarro vio resentida su salud, antes bien, muchos tuvieron a su alcance la farmacia de que nunca anteriormente dispusieron. SE DUPLICÓ EL NÚMERO DE FARMACIAS, Y SE DUPLICÓ EL EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR.

Tras ello, miles de farmacéuticos del resto de España, instaron a las autoridades europeas que mediaran en el establecimiento de un régimen similar al navarro para el resto del Estado. Así, en 2005,  la Comisaría de Mercado Interior y Servicios ( CMIS ) de la Comisión Europea, envió una carta de emplazamiento al gobierno español advirtiéndole de que, en base a la experiencia navarra, la regulación española era excesiva en relación al   fin que confesaba garantizar.  El Gobierno respondió a tal carta de emplazamiento aunque ese documento permanece secreto. Nadie ha tenido que se sepa, acceso a él. En 2006, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España a través del conocido como Dictamen Motivado, que ponía el régimen Navarro como ejemplo de restricción mínima aceptable y como más idóneo para la creación de empleo. Tras una Sentencia del TJCE en que el abogado general (fiscal)  resultó ser esposo y padrastro de una farmacéutica propietaria en Francia, el asunto ha quedado solventado en sede judicial por el momento. A fecha de hoy, el Dictamen sigue abierto, España cuenta con más de 40.000 farmacéuticos que no pueden ejercer su profesión, y subsiste una casta de privilegiados que, por encima del bien y del mal, se apropian en exclusiva de todo el montante de la factura farmacéutica de la administración sanitaria.

Partido Popular y Partido Socialista, en connivencia evidente con los actuales ejercientes, negocian el mantenimiento del oligopolio a cambio del pago de un impuesto directo y progresivo al beneficio de las farmacias, antes del IRPF. Ese impuesto se llama “aportación por volumen de facturación”, y quedó explicitado en el RD 5/2000 (Siendo Ministra de Sanidad Celia Villalobos y de Hacienda Rodrigo Rato), y recientemente ha sido redefinido en virtud de los RRDDLL 4/2010 y 8/2010).  

De modo, yo que vivo en La Alfoquía, una barriada de Zurgena, pero cuatro veces más poblada que el pueblo, no tenemos opción a tener farmacia, a menos que el alcalde “por decretazo” autorice, de momento, un botiquin, cosa esta poco probable, tendría que ir al pueblo en tanque acorazado. 
Nota.- Botiquín es una 2ª farmacia que se le asigna a una farmacéutico titular de una farmacia principal, mientras decenas de miles de licenciados y doctores en Farmacia, no tienen ni farmacia principal, ni botiquín.
O una 2ª farmacia que abre mientras dura el correo de recetas y que nunca está de guardia.
Cabe otra opción, pedir la segregación del pueblo, lo que conllevaría la instalación de una farmacia, más servicios sanitarios, oficina de correos, oficina de desempleo, médico de guardia, etc. No, no me entra en la cabeza que donde debería ir uno, tenga que ir cuatro y no, precisamente, gozan de una salud envidiable quienes visitan la farmacia. Ya estoy lo suficientemente indignado como para, además, ser incomprendido.

¡¡Ay¡¡ cuando les va a entrar  en la cabeza a los junteros de mi Andalucía que estamos en el siglo XXI y socios, aunque pobres, de la UE.  
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