Los animales marcan sus
terrenos dominados meándose en puntos estratégicos. No con eso quiero
decir que “Lola Delgado y Garzón” se vayan meando en las ruedas de todos los coches,
postes de la luz…. Son millones de puntos –menuda meada-, pero sí que con su última
fechoría anticonstitucional autorizan a sus socios de Gobierno a que vayan
impregnando de orín los puntos delimitadores de sus territorios. Pautas e
inflexiones, de momento las seguirá marcando Garzón y comunicadas por su
amiguísima y portavoz “Lola, la ministra”.
Ayer se consumó el mayor
ataque del Gobierno El Gobierno al Estado de derecho del régimen
constitucional. Con las indicaciones políticas a la Abogacía del Estado para que
cambiase su criterio en el escrito de acusación a los encausados en el procés
-sustituyendo el grave delito de rebelión por el más leve de sedición-, el
Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en suspenso, para regocijo de los golpistas
y de sus apoyos fuera de España, el principio esencial de toda democracia: la
separación de poderes.
Los representantes de los
servicios jurídicos del Estado crean un disolvente conflicto institucional al
poner en entredicho la rigurosa instrucción del juez Pablo Llarena -un magistrado
acosado reiteradamente por el nacionalismo desde Cataluña y desde determinados
tribunales de la Alemania de Merkel y Bélgica- y la posición firmemente defendida por los
cuatro fiscales del Tribunal Supremo, que nunca dudaron de que los hechos de
septiembre y octubre de 2017 eran constitutivos de un claro delito de rebelión.
Así, además, lo justifican en el escrito de acusación que la Fiscalía presentó
ayer ante el Supremo, en el que describen una acción "combinada y sincronizada"
entre las instituciones catalanas -el Parlamento y el Gobierno de Cataluña,
los partidos que las sostenían Junts pel Sí -coalición formada por la antigua
Convergència y ERC- y la CUP) y las asociaciones soberanistas encargadas de
movilizar a la calle (ANC, Òmnium y AMI), para consumar su objetivo de provocar
una secesión territorial de Cataluña.
Para todo ello, fundamenta
la Fiscalía, se valen "de la fuerza intimidatoria que representaban, por
una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones
ciudadanas instigadas y promovidas por ellos y, por otra parte, el uso de los
Mossos como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos
aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones". No es
casual que, en paralelo, también ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
donde se instruye el caso contra Trapero, haya pedido para el entonces Mayor de
los Mossos 11 años de prisión por un delito de rebelión. Y que la Fiscalía pida
25 años para el ex vicepresident, Oriol Junqueras, y 17 para Carme Forcadel y
los Jordis, los cuatro máximos responsables de un golpe encaminado a subvertir
el orden constitucional. A pesar del cinismo y el descaro mostrado ayer por la
vicepresidenta del Gobierno, que sin rubor alguno intentó convencer a la
ciudadanía de que Sánchez no había cambiado de criterio sobre los supuestos
delitos cometidos por el Gobierno de Carles Puigdemont, lo cierto es que debido
a la forma en que el líder socialista llegó a La Moncloa, le ha obligado a
claudicar ante el Govern rebelde y a enviar un inequívoco mensaje político a
Torra y sus aliados de ERC. Por eso, Carmen Calvo, cuya irresponsabilidad y
arrogancia recuerdan cada vez más a las de cualquier líder populista, llegó a
defender un posible indulto, si la sentencia fuese condenatoria, como única
forma de compensar a sus aliados soberanistas. Justo el precio que han puesto
para seguir sosteniendo a Sánchez en el poder, aun a costa de erosionar las
instituciones democráticas del Estado, como recordó Pablo Iglesias tras su
visita a Junqueras en la cárcel de Lledoners. Esa es la única razón por la que
se forzó el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, cuya intención fue
siempre acusar por el delito de rebelión, como demuestra el hecho de que
preguntasen por él durante la fase de instrucción. Tras las directrices
políticas del Gobierno, sin embargo, del escrito de acusación se borró el
concepto de violencia, palabra que no aparece en ningún momento, para reducir
los hechos a meros "incidentes contra el orden público". Pero no solo
eso. Para rebajar de manera más espectacular aún la petición de penas, los
abogados del Estado han utilizado una argumentación conocida como
"concurso medial" que, en este caso, consiste en considerar que el
delito de malversación fue solo un medio para perpetrar el más grave de
sedición, por lo que el cálculo de la condena es más favorable a los encausados
que si se contabilizasen los dos delitos por separado. En base a este
argumento, para Junqueras solo se piden 12 años de prisión, frente a los al
menos 16 que le corresponderían sumando los dos delitos de manera individual.
La grave crisis institucional abierta irresponsablemente por el Gobierno
amenaza con socavar la credibilidad del Poder Judicial y debilitar la acción
del Estado frente al más serio intento de destruir nuestra democracia, como
anhelan populistas y nacionalistas. En solo cuatro meses, Sánchez ha perdido su
legitimidad y debe convocar elecciones cuanto antes, para que sean los españoles
los que decidan sobre su futuro.
Con estas declaraciones de la
innoble, ministra de Justicia, Dolores
Delgado, negando que haya habido “guiños” a los independentistas en la decisión de la
Abogacía del Estado al no calificar de rebelión los delitos para el
vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, nada ni nadie puede poner en duda que España
está siendo gobernada por una banda dependiente del crimen organizado con una
buena e imprescindible ayuda del sectarismo dominante en el mismo.
En la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, Delgado ha subrayado que la Abogacía del
Estado ha actuado bajo criterios de "profesionalidad" basándose en
"parámetros técnicos y jurídicos" y, por tanto, ha insistido, "no
es una cuestión de gestos".
A la pregunta de si esta
decisión podría afectar al apoyo de los independentistas a los presupuestos
generales, Delgado se ha limitado a decir: "Sirva o no sirva, no tengo ni
idea".
