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Robar no es pecado, si te sorprenden robando, SI.

Suele decirse que el pecado no reside en robar sino en el hecho de que te sorprendan haciéndolo. En política no es así, al menos no en la mexicana: el verdadero pecado, el único, es perder el poder. Humberto Moreira, exgobernador del Estado de Coahuila, fue sorprendido con riquezas inexplicables, endeudamiento criminal de las finanzas públicas y su tesorería falsificó documentos para engañar al fisco. Pero hoy se pasea impune gracias a que nunca perdió el poder: es amigo personal del presidente del país y un hermano lo sustituyó como gobernador de su estado.
Esta premisa será puesta a prueba en los próximos meses. El domingo pasado varios gobernadores conocidos por sus tropelías perdieron el poder a manos de un partido político rival. Tan pronto como se anunciaron los resultados electorales, los vencedores pregonaron su intención de llevar a la cárcel a los mandatarios corruptos. Y ciertamente no faltarán motivos: Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua y Jorge Herrera en Durango se caracterizaron por su voracidad y un reiterado desprecio a las legislaciones vigentes, siempre en beneficio de su voluntad. Gobernadores que operaron, justamente, como si nunca fueran a perder el poder.
Los analistas aún no se ponen de acuerdo sobre las razones de la derrota de todos estos gobernadores priistas: malos candidatos, hartazgo frente a la corrupción, imagen deteriorada del presidente, errores de operación del partido. Probablemente un mezcla de todas ellas.
Al margen de las causas, me gustaría detenerme en las consecuencias. ¿Qué efecto podría tener sobre el combate a la corrupción y el fin de la impunidad que estos gobernadores fueran llevados a tribunales?
El domingo pasado varios gobernadores conocidos por sus tropelías perdieron el poder a manos de un partido político rival
Para su desgracia no solo lo perdieron, sino que en su desesperación por conservarlo recurrieron a todas las estrategias posibles para dañar a los hoy vencedores. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes afrontó acusaciones de pederastia, enriquecimiento y presiones familiares. En Quintana Roo y en Durango, Carlos Joaquín y Rosas Aispuro, respectivamente, en algún momento temieron por su integridad física y la de su familia.
Así que a los argumentos jurídicos y a la enemistad política, los próximos gobernadores añaden las ofensas personales recibidas de parte de su antecesor. Si no bastaran las razones legales, quisiéramos pensar que el rencor podría ser la fuerza que impulse el procesamiento de estos facinerosos.
Por desgracia, en política solo hay intereses. Habrá que ver cuántos de estos ex gobernadores terminarán en prisión y cuántos negociarán un procesamiento meramente simbólico o, de plano, nulo.
Pero supongamos que los cuatro efectivamente son condenados en tribunales. Significaría que cuatro de los doce gobernadores salientes pagarían por sus delitos. Uno de cada tres. ¿Afectaría el comportamiento futuro de gobernadores y funcionarios públicos? ¿Modificará en algo el patrón universal de enriquecimiento a costa del erario que caracteriza a la cosa pública?
Ojalá, pero también sobre esto tengo mis reservas. Quizá modere un poco el apetito, al menos en sus expresiones más descaradas. Aunque mucho me temo que la verdadera moraleja que estos virreyes del territorio extraerán de las elecciones del domingo pasado sea otra: sus colegas van a la cárcel no por atascados sino por ineptos. La lección que muchos de ellos extraerán es que bajo ningún motivo pueden perder el poder; que imponer a su delfín e instalarlo en la silla nunca se había vuelto tan importante como ahora.
Y lo que vale para una gubernatura vale para la presidencia. Enrique Peña Nieto entenderá que la posibilidad de perder el poder a manos de un rival como Andrés Manuel López Obrador no sólo entraña consecuencias políticas sino probablemente penales. Imponer a su propio candidato o ceder el trono ante un candidato rival pero asequible será la obsesión presidencial en los próximos dos años.
De donde se desprende una consecuencia que no es menor. Si el PRI no es capaz de ganar las próximas elecciones, el último recurso para Peña Nieto consistiría en apoyar a Margarita Zavala por el PAN: él trató con algodones a su antecesor; podría esperar lo mismo de su esposa.

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El más que sospechoso, Peña Nieto, debe seguir y sudar la gota gorda para esclarecer "las barbaries".

Posiblemente, no sea un artículo del agrado de los colegas de izquierda o del 62 por ciento de los mexicanos que reprueban la gestión de Enrique Peña Nieto (y sospecho que son mucho más: las encuestas que miden el rechazo al Presidente fueron realizadas hace semanas y todavía no tenían el efecto “Casa Blanca”).



El problema es que a partir del 1 de diciembre se cumplieron dos años de gobierno, lo cual significa que ante la ausencia del ejecutivo por renuncia o fallecimiento la constitución establece que este sea designado por el Congreso de la Unión. Es decir, la decisión no pasa por los ciudadanos ni por las urnas, sino por la partidocracia. Peor aún, el PRI y sus partidos satélite elegirían a uno de los suyos sin necesidad siquiera de que el perfil resulte atractivo a los votantes, como tienen que hacerlo cada seis años.


Se me dirá que la renuncia de un presidente como resultado del repudio de la calle sería un logro histórico; sentaría un precedente y la clase política tendría que enmendarse en el futuro. Asentaría la noción de que el poder reside en última instancia en personas de a pie y no en los políticos engreídos de sí mismos.

En la práctica, lo que sucedería es que los políticos nombrarían a un colega, cambiarían un rostro por otro, y la gente se iría muy contenta de regreso a casa. La élite asumiría que la pareja bonita que forman Peña Nieto y Angélica Rivera no les funcionó, y optarían por otra mezcla para apaciguar los ánimos y retomar el control. Al final poco habría cambiado, salvo la exaltación popular por el triunfo momentáneo.


Particularmente,  preferiría otro desenlace. Si los poderosos van a ceder algo como resultado de la presión popular preferiría que no fuera un cambio de rostro sino una transformación de instituciones. Esto es lo único que tendría un impacto duradero en el México desigual e injusto que “existe”.

En el régimen de Ernesto Zedillo, luego de la crisis del 95, el repudio generalizado al PRI obligó al gobierno a conceder cambios sustanciales en el entramado institucional. Reconocimiento de la oposición, un IFE ciudadano (aunque efímeramente), mayor autonomía a la Suprema Corte, proliferación de comités de regulación, fortalecimiento de la CNDH, etc. La mayor parte de estos espacios se cerrarían con el tiempo, pero mientras duraron fueron suficientes para dar un vuelco en la historia electoral del país con la derrota del PRI y abrieron una pequeña ventana de oportunidad para una “primavera democrática” mexicana.



Es cierto que se desperdiciamos esa oportunidad con Fox y con la apatía ciudadana que le caracterizó durante los siguientes doce años, pero eso no quiere decir que no se pueda abrir otra andanada de modificaciones de fondo. Luego habría que hacer la tarea para hacerlas irreversibles, pero esa será una tarea para el segundo tiempo. En el primero hay que meter los goles; en el segundo, defender.


El tema de fondo es que México no va a mejorar mientras sigan creyendo que la solución consiste en encontrar a la persona adecuada para gobernar o, en su defecto, en quitar del poder a la inadecuada, por más que tenga un efecto tan liberador en el espíritu. Es preferible que por ahora sigan los que están y eso alimente la rabia popular y sostenga el pulso, el pulso de la calle.

No es confiando en la honestidad de la condición humana como hay de construir una sociedad menos injusta. La única posibilidad reside en la instalación de un entramado de instituciones que permitan muchos ojos y una incesante rendición de cuentas en la cosa pública para que deje de ser la “cosa nostra” de esa casta que ha tomado el poder.

Es preferible que Peña Nieto siga allí permanentemente acosado por la opinión pública y por las redes sociales para obligarlo una y otra vez a recorrer la mojonera y entregar espacios públicos al escrutinio y a la intervención de los ciudadanos. Hasta ahora ha creído que bastaba con el maquillaje de 10 puntos sobre inseguridad y a poner ante las cámaras a su esposa para ofrecer una explicación. Pero no tengo duda de que si los ciudadanos siguen presionando y poniendo a la autoridad contra la pared comenzaremos a ver concesiones importantes para evitar que los contratos vayan a parar a los amigos o para ventilar lo que hasta ahora se hace en secreto. Y no lo harán por graciosa concesión sino por tratar de salvar el pellejo frente a la presión.



No se trata de que un ex gobernador o un líder sindical sea metido a la cárcel (ya sucedió con Mario Villanueva, Granier o Elba Esther Gordillo). Se trata de instalar los mecanismos que impidan que esos y otros canallas se enriquezcan a mansalva y que si lo hacen no exista impunidad. El sistema no puede salirse con la suya mediante el simple expediente de entregar a uno de los suyos a la picota. Sea un ex gobernador o incluso el propio presidente.




Peña Nieto debe sudar la gota gorda por la presión popular que sudando en una terraza el sol de Miami tras ser sustituido por una versión similar. No deben desmayar  los ciudadanos, los blogueros y los medios de comunicación crítica en una de esas se conseguirá a tirones y mojones algunos de los cambios tan necesitados para la ciudadanía mexicana.