Ayuso inicia una ofensiva contra el impuesto a las grandes fortunas.

La Comunidad de Madrid presenta nuevas medidas judiciales al considerar que “invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera”.

• Hacienda logra solo en Madrid casi el 90% de la recaudación del impuesto a grandes fortunas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.

La Comunidad de Madrid ha presentado nuevas acciones judiciales contra el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, impulsado por el Gobierno central, al considerar que “invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera”.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior a la reunión Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos. En esta ocasión, se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación.

Esta es la segunda iniciativa que emprende el Ejecutivo madrileño contra este impuesto estatal que ya recurrió en marzo ante el Tribunal Constitucional.

“Consideramos que este impuesto invade las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, lesiona, además, de forma muy grave, la seguridad jurídica y viola el principio de lealtad institucional”, ha expuesto el ‘número dos’ del Gobierno regional, según Europa Press.

Concretamente, ha detallado que se vulnera la Carta Magna en seis aspectos. Por un lado, desde el Ejecutivo madrileño apuntan a que “invaden competencias” porque creen que “se ha creado un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de Patrimonio que tienen las comunidades autónomas, quebrando ese principio de lealtad constitucional”.

Se rompe la “autonomía financiera”

Asimismo, inciden que con este impuesto se rompe “la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que afecta a la política fiscal de cada región” así como se viola el “principio de igualdad, porque no se trata por igual a los contribuyentes españoles”. Consideran que afecta, concretamente, a los madrileños y los andaluces.

Además, creen que se ha vulnerado “el procedimiento”. En este sentido, García Martín ha criticado que se aprobase “mediante un procedimiento que ha impedido que los diputados puedan presentar enmiendas, además de no contar con ninguna memoria económica ni dictamen de ningún tipo” así como se ha lesionado la “seguridad jurídica”, ya que se ha aprobado un impuesto “con efectos retroactivos”.

Por último, el titular de Presidencia ha denunciado la “falta de motivación”, ya que “el Gobierno de España con esa subida generalizada de los impuestos y también con esa subida de la inflación está en recaudaciones históricas”.

García ha sostenido que en Madrid seguirán “apostando por una fiscalidad equilibrada con impuestos bajos que ha demostrado ser eficaz para dinamizar la economía, mejorar la recaudación y con ello mejorar los servicios públicos”. “En todo lo que podamos vamos a defender los intereses de todos los madrileños porque, en definitiva, detrás este impuesto hay un perjuicio para la región”, ha defendido.

 

El Tribunal de Estrasburgo, por unanimidad, descubre la falsedad de los independentistas catalanes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechaza de pleno la demanda contra España interpuesta por 76 diputados secesionistas del Parlamento de Cataluña -encabezados por su ex presidenta Carme Forcadell y el prófugo Puigdemont- por considerarla "manifiestamente infundada". La decisión del Tribunal, la segunda en la que se pronuncia sobre el procés, supone, por los términos en los que está redactada, un sonoro revés para los golpistas que están siendo juzgados en el Supremo, cuyas esperanzas han estado siempre depositadas en Estrasburgo. Otra prueba del absoluto desprecio que los independentistas han manifestado siempre hacia el Estado de derecho español.

En este caso, los independentistas habían denunciado que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera un pleno previsto para discutir los efectos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, alegando que de esta forma se había violado el derecho de reunión y la libertad de expresión de los parlamentarios autonómicos. Los siete magistrados de Estrasburgo, sin embargo, han dado la razón al TC español argumentando que la suspensión del pleno respondía a "un bien social imperioso" y que fue "necesaria", como lo habría sido en cualquier "sociedad democrática". La resolución añade que la convocatoria del pleno supuso una "falta de respeto manifiesta" a la decisión que el TC había tomado para proteger el orden constitucional. Por lo tanto, concluye el Tribunal, no se debía admitir a trámite una demanda que exigía la convocatoria de un pleno incompatible con los principios democráticos y el ordenamiento legal. Y recuerda a los demandantes que, al día siguiente del pleno suspendido, el ex presidente Puigdemont compareció ante el Parlamento y declaró unilateralmente la independencia, contraviniendo la ley española y el derecho internacional. Hay que felicitarse por la resolución de Estrasburgo porque, más allá de su importancia en este caso concreto, sirve de advertencia a los golpistas juzgados y a los fugados: la Justicia europea nunca aprobará la desintegración territorial de un Estado de la UE.

Pero los separatistas recibieron otra mala noticia judicial, esta vez desde la Fiscalía del Tribunal Supremo. Después de tres meses y medio de vista oral, los cuatro fiscales que participan en el juicio han anticipado que en las conclusiones definitivas, que harán públicas en los próximos días, mantendrán contra la mayor parte de los procesados las acusaciones por delito de rebelión, no de sedición, así como las penas de cárcel que se pedían en el escrito provisional elaborado antes del juicio. Por más intentos que han hecho los secesionistas para evitar el juicio, incluida su pretensión de ampararse en el aforamiento, nada evitará que se sometan al imperio de la ley.