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Robar no es pecado, si te sorprenden robando, SI.

Suele decirse que el pecado no reside en robar sino en el hecho de que te sorprendan haciéndolo. En política no es así, al menos no en la mexicana: el verdadero pecado, el único, es perder el poder. Humberto Moreira, exgobernador del Estado de Coahuila, fue sorprendido con riquezas inexplicables, endeudamiento criminal de las finanzas públicas y su tesorería falsificó documentos para engañar al fisco. Pero hoy se pasea impune gracias a que nunca perdió el poder: es amigo personal del presidente del país y un hermano lo sustituyó como gobernador de su estado.
Esta premisa será puesta a prueba en los próximos meses. El domingo pasado varios gobernadores conocidos por sus tropelías perdieron el poder a manos de un partido político rival. Tan pronto como se anunciaron los resultados electorales, los vencedores pregonaron su intención de llevar a la cárcel a los mandatarios corruptos. Y ciertamente no faltarán motivos: Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua y Jorge Herrera en Durango se caracterizaron por su voracidad y un reiterado desprecio a las legislaciones vigentes, siempre en beneficio de su voluntad. Gobernadores que operaron, justamente, como si nunca fueran a perder el poder.
Los analistas aún no se ponen de acuerdo sobre las razones de la derrota de todos estos gobernadores priistas: malos candidatos, hartazgo frente a la corrupción, imagen deteriorada del presidente, errores de operación del partido. Probablemente un mezcla de todas ellas.
Al margen de las causas, me gustaría detenerme en las consecuencias. ¿Qué efecto podría tener sobre el combate a la corrupción y el fin de la impunidad que estos gobernadores fueran llevados a tribunales?
El domingo pasado varios gobernadores conocidos por sus tropelías perdieron el poder a manos de un partido político rival
Para su desgracia no solo lo perdieron, sino que en su desesperación por conservarlo recurrieron a todas las estrategias posibles para dañar a los hoy vencedores. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes afrontó acusaciones de pederastia, enriquecimiento y presiones familiares. En Quintana Roo y en Durango, Carlos Joaquín y Rosas Aispuro, respectivamente, en algún momento temieron por su integridad física y la de su familia.
Así que a los argumentos jurídicos y a la enemistad política, los próximos gobernadores añaden las ofensas personales recibidas de parte de su antecesor. Si no bastaran las razones legales, quisiéramos pensar que el rencor podría ser la fuerza que impulse el procesamiento de estos facinerosos.
Por desgracia, en política solo hay intereses. Habrá que ver cuántos de estos ex gobernadores terminarán en prisión y cuántos negociarán un procesamiento meramente simbólico o, de plano, nulo.
Pero supongamos que los cuatro efectivamente son condenados en tribunales. Significaría que cuatro de los doce gobernadores salientes pagarían por sus delitos. Uno de cada tres. ¿Afectaría el comportamiento futuro de gobernadores y funcionarios públicos? ¿Modificará en algo el patrón universal de enriquecimiento a costa del erario que caracteriza a la cosa pública?
Ojalá, pero también sobre esto tengo mis reservas. Quizá modere un poco el apetito, al menos en sus expresiones más descaradas. Aunque mucho me temo que la verdadera moraleja que estos virreyes del territorio extraerán de las elecciones del domingo pasado sea otra: sus colegas van a la cárcel no por atascados sino por ineptos. La lección que muchos de ellos extraerán es que bajo ningún motivo pueden perder el poder; que imponer a su delfín e instalarlo en la silla nunca se había vuelto tan importante como ahora.
Y lo que vale para una gubernatura vale para la presidencia. Enrique Peña Nieto entenderá que la posibilidad de perder el poder a manos de un rival como Andrés Manuel López Obrador no sólo entraña consecuencias políticas sino probablemente penales. Imponer a su propio candidato o ceder el trono ante un candidato rival pero asequible será la obsesión presidencial en los próximos dos años.
De donde se desprende una consecuencia que no es menor. Si el PRI no es capaz de ganar las próximas elecciones, el último recurso para Peña Nieto consistiría en apoyar a Margarita Zavala por el PAN: él trató con algodones a su antecesor; podría esperar lo mismo de su esposa.

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  • Política, 26J, Blog de Juan Pardo, 

Del gran Pacto por México al triunfo de Peña Nieto (PRI)


El “Pacto por México” celebrado por las reformas que aprobó, los cambios que avaló, las transformaciones que encaminó. El gran triunfo político de la presidencia de Enrique Peña Nieto que lo consagró en la prensa internacional como un reformista comprometido, el salvador del país. El gran instrumento legislativo para remontar la parálisis que había impedido a sus predecesores mover a México. Pero como argumentan José Merino y José Merino en su magnífico estudio “Eficacia y democracia: la reconcentración del poder en México”, el Pacto no es como lo pintan. Tuvo y tiene su lado oscuro. Tuvo y tiene sus características contraproducentes. Significó priorizar la eficiencia sacrificando parte de la democracia. Implicó pactar con  Satanás.

Cada vez que las élites políticas del país llegan a acuerdos. Con objetivos que tienen poco que ver con los ciudadanos a los cuales representan. Con soluciones mexicanísimas que en este caso entrañaron compartir el poder de otra manera entre élites partidistas, pero no repartirlo de otra manera entre los electores. El Pacto por México generó mayorías legislativas pero no una mayor rendición de cuentas. Operó dentro del sistema polÌtico preexistente, pero no lo modificó para que funcionara mejor en nombre de la población. El Pacto ayudó al Presidente, pero no al Congreso; de hecho los legisladores en los dos años de la LXII Legislatura desaparecieron como actores legislativos. Los diputados no llevaron al recinto legislativo las preocupaciones de sus representados. Se limitaron a discutir y publicar la agenda de Enrique Peña Nieto. Se volvieron sus escribanos. El rendimiento de la LXII Legislatura llevó a 3% de iniciativas de ley publicadas, de las cuales más del 50% provinieron del Poder Ejecutivo. De las 92 iniciativas de ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 50 las presentó el Ejecutivo federal. La agenda se concentró en sus iniciativas, en sus propuestas, en su visión. Y al margen quedaron los representantes electos que deberían haber planteado sus propias iniciativas y peleado por ellas. En lugar de ello simplemente avalaron las del Presidente, y dejaron morir las suyas. Basta con mirar su desempeño. En el segundo año de la Legislatura, del 100% de las iniciativas individuales presentadas por un diputado, no fueron publicadas 99% de las iniciativas del PAN, PVEM, MC, PANAL, PRD… 98% Así quedó anulado el trabajo legislativo de los diputados. Así acabó reconcentrada la agenda en el Ejecutivo. Así presenciamos tras bambalinas –o a base de “bonos”– una negociación que impidió analizar el proceso de construcción de esa agenda y asignar responsabilidades sobre cómo emergió. El Pacto por México deja tras de sí un Poder Legislativo atrofiado que no actúa como debería en la formulación de leyes. Deja como legado un electorado que, como no tiene acceso a mecanismos de rendición de cuentas por parte de la clase política, queda excluido de la discusión pública. Ni siquiera tiene forma de incidir en ella. La “solución” mexicana para “mover” al país sacrificó la representación. Minó el equilibrio de poderes. Afectó y para mal la deliberación y la salud de la democracia.

Y habrá quien diga que el fin justifica los medios. Que para forjar mayorías legislativas había que convertir a los diputados en marionetas.