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El día negro de Cristina Kirchner en la Justicia sucedió un día después de la tragedia electoral del peronismo en Chaco, donde perdió nada menos que alguien, Jorge Capitanich,
que pensaba ser en el futuro candidato presidencial y ya no lo será.
¿Casualidad? Lo único cierto es que los jueces de la Cámara de Casación
que le zamparon dos juicios orales más a la actual vicepresidenta, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone,
decidieron que su catastrófica resolución se conociera luego de las
elecciones primarias del 13 de agosto pasado. Si la noticia hubiera
ocurrido antes de esos comicios, ¿no les habrían dado argumentos a los
acusados para que denunciaran que había razones electorales? ¿Para qué
entonces, si era mejor que se hiciera pública entre las primarias y las
elecciones generales del 22 de octubre, lejos de cualquier especulación?
Parece difícil que sea casualidad, en cambio, que la resolución se haya
dictado solo doce días después de que la Corte Suprema de Justicia
echara de su cargo a Ana María Figueroa, jueza de la
misma sala que integran Barroetaveña y Petrone, ya que ella solo
escribió un fallo sobre los casos Hotesur y Los Sauces (o lo mostró) en
junio pasado. En el próximo mes de noviembre se cumplirán dos años desde
que un tribunal oral sobreseyó sin juicio previo a Cristina
Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y a los empresarios Lázaro Báez
y Cristóbal López por el supuesto delito de lavado de dinero. La
exjueza Figueroa fue imprescindible en la Casación para demorar una
resolución sobre dos casos muy graves que inculpan a la expresidenta.
Debe subrayarse que aquellos jueces de la Cámara de Casación no
resolvieron definitivamente sobre la culpabilidad de los acusados; solo
decidieron que la vicepresidenta y su séquito sean sometidos a un juicio
oral y público por el eventual delito de lavado en Hotesur y Los Sauces
y por el encubrimiento de los culpables del genocidio en la AMIA. Si
bien se mira el decurso de las cosas, ahora se explica mejor que nunca por qué el kirchnerismo intentó vanamente renovarle el acuerdo en el Senado a Figueroa
luego de que esta cumpliera 75 años, la edad límite que fija la
Constitución para el ejercicio de la magistratura. Fue magia, y la maga
de las lentitudes fue la exjueza Figueroa.
